Con fecha demanda contra Uniformada

Por Melissa Correa Velázquez
EL VOCERO
21 de abril de 2009 04:00 am

El juez federal Gustavo Gelpí pautó para el 26 de octubre el inicio del proceso judicial en relación a la demanda incoada por Liomar Márquez Arés, sobreviviente de la denominada “Masacre de Las Piedras”, contra la Policía de Puerto Rico al alegar que no tomaron acciones disciplinarias contra los convictos policías de estos hechos, Jesley Ann Márquez Arés y Javier Santiago Velázquez, a pesar de tener conocimiento sobre su comportamiento violento.Jesley Ann Márquez Arés y Santiago Velázquez fueron encontrados culpables por las muertes de Laudelino Márquez Cruz y Luz Eneida Arés (padres del demandante) y de su esposa Ruth Velázquez.Según la demanda, el 26 de mayo del 2006 el demandante radicó una querella en el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) del Departamento de Justicia estatal en la que alegaba sentirse intimidado y perseguido y que además temía por su vida debido a la conducta de los acusados.

Asimismo, indicó en la querella que tomaría represalias contra los imputados “antes de que lo mataran a él o a cualquier miembro de su familia”.Se indica que el 15 de junio de 2006 el director del NIE, Sergio Rubio Paredes en respuesta a su denuncia, le indicó que la misma había sido referida al ex superintendente Pedro Toledo Dávila porque era la agencia a cargo de éstos.“Toledo Dávila nunca tomó ninguna acción sobre la referida querella. Como resultado de la inacción de Toledo Dávila y su temerario desprecio en relación a la querella del 26 de mayo, los asesinatos que eran temidos por Liomar, fueron perpetrados por Jesley Ann y Javier”, expresa la demanda.

De igual forma, se alega que los otros demandados, Jaime Rodríguez, Francisco Quiñones y Margarita Carrasquillo, jefes de la división de Integridad Pública de la Policía, sabían o debían saber sobre el comportamiento violento de los policías acusados. “En vez de tomar acciones remediativas ellos decidieron hacerse los ciegos sobre esta situación. Fallaron en recomendar acciones disciplinarias, acciones remediativas o el despido de la Policía. Esta conducta puede ser descrita como negligencia atroz y deliberada indiferencia, la cual causó la masacre del 25 de enero del 2007. Si se hubiera tomado una acción remediativa, los asesinatos se hubieran prevenido”.Liomar alega haber sufrido daños emocionales, psiquiátricos, y físicos tras recibir nueve impactos de bala, por lo que solicita una indemnización de no menos de $12 millones.

Mientras que por los daños sufridos por sus hijos (quienes presenciaron los hechos), pide una indemnización de no menos de $3 millones.En cuanto a los daños punitivos solicita una indemnización de $900 mil a Toledo Dávila, $100,000 contra López, $250,000 contra Rodríguez y Quiñones y $150,000 contra el comandante de área de Humacao, Edwin Rivera.Los demandantes presentan cuestionamientos federales y alegan que se le violaron sus derechos contenidos en la cuarta, quinta y decimocuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos.