Residentes alegan discrimen por inacción

Por Liz Arelis Cruz Maisonave
EL VOCERO
26 de enero de 2009 04:00 am

CANÓVANAS- Residentes de esta zona perjudicados por el desbordamiento de aguas usadas en el Río Grande de Loíza reclamaron que el problema, que es recurrente en su comunidad, es una señal más del discrimen y marginación a la que viven sometidos.Guardamar estimó en 80 millones de galones diarios la cantidad de aguas pestilentes que se pierde en el cauce del río cada vez que hay desbordamiento, muy por encima de lo que han señalado las autoridades.

Reclamaron a las autoridades que declaren una veda en la pesca en el área y prohiban a las personas bañarse en el río pues en sus áreas aledañas se han depositado miles de millones de galones de agua con heces fecales que amenazan con provocar un brote de enfermedades como hepatitis C, gastroenteritis e, incluso, la cólera.“Esto es porque no son municipios autónomos. Esta carretera (PR-8874) conduce a Loíza, que es un pueblo que no está desarrollado. Los que viven aquí son pobres y marginados”, señaló Melquisedec Carrasquillo, uno de los residentes de Loíza perjudicados por la situación.

Ayer el desbordamiento de aguas servidas que había imperado por meses, se detuvo. No sabían qué medidas habían tomado las autoridades para lograrlo pues desde hacía unos diez meses era un problema ininterrumpido y, desde hace años, uno recurrente. Tienen la certeza que, dentro de unos días, la situación volverá a ser la misma.Isabelo Rivera, residente del Sector Parachofer, de Canóvanas, aseguró que el desbordamiento de aguas sépticas obedece a que la planta de tratamiento que hay en el lugar no tiene la capacidad de trabajar todo el líquido que se le envía desde pueblos como Río Grande, Canóvanas, Carolina y Trujillo Alto.

Cuando se rebasa su capacidad, empiezan a salir las aguas usadas. La alternativa, asegura, es que el desbordamiento de aguas de alcantarilla se distribuya en cada uno de esos municipios, en lugar de limitarlo a Canóvanas con un desbordamiento masivo, como actualmente ocurre.Mientras, la organización Guardamar estimó en unos 80 millones de galones diarios la cantidad de aguas sépticas que se desborda al Río Grande de Loíza cada vez que hay derrames.El cálculo, indicó el portavoz de la organización, lo sacaron de información que han provisto empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados cuya identidad prefieren proteger.

“Estos son heces fecales líquidas. Pueden ser causantes de hepatitis A o C. Pueden causar epidemias de cólera, y como mínimo, de una epidemia de gastroenteritis”, manifestó Ricardo de Soto, el Guardamar. “El impacto que está causando esta rotura es una catástrofe ambiental”.Edwin López, residente del Puente Indio, narró todas las gestiones que ha hecho con las autoridades desde hace meses para que tomen cartas en el asunto y no es hasta las recientes semanas, en que el caso a saltado a la palestra pública, que han comenzado a verse acciones.

Carasquillo lamentó que los que se denominan como líderes ambientalistas de Loíza han estado muy prestos para oponerse a proyectos de construcción que alegadamente tenían el potencial de ayudar al desarrollo económico de Loíza, mientras han brillado por su ausencia en una catástrofe ambiental que representa una amenaza constante a su salud.