jueves, 29 de enero de 2009
Leysa Caro González
Primera Hora
Una nueva pugna amenaza a la clase magisterial del país con la radicación de una medida que busca practicarles exámenes psicológicas a los candidatos a maestros del país.
La misma, sin embargo, podría extenderse a los 45,250 maestros del sistema de educación público, de aprobarse enmiendas que así lo permitan.
La pieza legislativa, de la autoría del representante penepé Rolando Crespo, busca dizque garantizarle a toda persona “el derecho a recibir una educación que promueva el pleno desarrollo de su personalidad y el fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales”, tal y como reza el Artículo 4 de la Constitución.
Lee el proyecto de ley
“El exigir una evaluación psicológica a cada maestro, demuestra el compromiso con nuestros niños y niñas que requieren una educación de primer orden, gratuita y no sectaria”, lee la pieza en su exposición de motivos.
Pero, no sería más relevante exigirle al Departamento de Educación la compra de materiales didácticos y que tenga las escuelas en excelentes condiciones físicas.
O al Gobierno, que finalmente les pague a los profesionales que ofrecen servicios de terapia física y ocupacional a los alumnos.
Mejor aún: que el Estado cumpla con la ley que exige la presencia de un psicólogo en cada escuela, la cual no está siendo respetada, según la propia Asociación de Psicología.
O que cada escuela tenga un director y que cada salón tenga algo tan esencial como servicio de electricidad, de lo que carece un salón de la escuela José Julián Acosta, en San Juan.
Para pensar...
Como era de esperarse, la medida recibió el rechazo inmediato de los educadores y psicólogos quienes, como estudiosos de la conducta humana, cuestionaron la capacidad de una prueba psicológica para determinar si un maestro está apto o no para trabajar con niños.
“La prueba psicológica no tiene un poder de valor predictivo. Es un proceso que se complementa con otros métodos de evaluación”, destacó el psicólogo Eduardo A. Lugo, representante de la Asociación de Psicología de Puerto Rico.
La recomendación de la organización es que los maestros se sometan a una batería de exámenes que incluya pruebas psicólogicas, entrevistas, terapias y otras pruebas, ya que sería la única forma de conocer el verdadero perfil de ese profesional.
Agregó que la iniciativa debe ir más allá y plantear la necesidad de establecer servicios a los maestros que ya se encuentran en el sistema. Mencionó que se deben crear programas de apoyo.
Crespo aseguró que la intención es tener conocimiento del nivel de aptitud que puede tener algún aspirante a maestro con el propósito de poder identificar que sea “el más apropiado para la educación de los estudiantes”.
¿discriminatorio?
Aunque el legislador aseguró que el resultado de la prueba no se utilizará a la hora de “descalificar” o no a un aspirante a maestro, la realidad es que ése es uno de los mayores temores de la clase educadora.
También se destacó en la vista pública de ayer por la senadora popular Brenda López de Arrarás ya que se establece en el documento que las puntuaciones de las pruebas “se tomarán en cuenta a efectos de asignar turnos en los registros de elegibles”.
Pregúntese: ¿Seleccionarán al maestro que falló algunas de las pruebas independientemente de su capacidad académica, o al que obtuvo un excelente resultado en la prueba psicólogica?
Los propios representantes, miembros de la Comisión de Educación, tuvieron reparos con el proyecto por la forma en que está redactado, aunque coincidieron en que la propuesta puede ser una positiva si se extiende a los maestros que están en el salón de clases y sufre otras modificaciones.
Crespo insistió en que lo que busca es una mayor garantía de ir mejorando la educación. El legislador había sometido la medida durante el pasado cuatrienio, pero fue vetada por el entonces gobernador Aníbal Acevedo Vilá.
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