miércoles, 11 de junio de 2008
Antonio R. Gómez
Primera Hora
Apoyan medida para evitar suicidios.
El Departamento de Salud y la Comisión para la Implantación de la Política Pública en Prevención del Suicidio apoyaron ayer, condicionada a que se asignen fondos, legislación que requeriría la implantación de un protocolo para el control del suicidio en numerosas instalaciones públicas.
La medida está ante la consideración de la Comisión de Salud y Asuntos de la Mujer del Senado, que ayer celebró audiencias públicas.
Nilda Ortiz Burgos, ayudante especial de la secretaria de Salud, señaló que dicha agencia y la mencionada Comisión “concurren con el proyecto, pero advirtió que es importante señalar que la pieza legislativa propuesta no asigna fondos para poder viabilizar lo propuesto y las responsabilidades que se derivan de las encomiendas asignadas en contravención con las disposiciones de la ley para la Reforma Fiscal del Gobierno, que establece erogación de fondos públicos luego de aprobado el presupuesto general.
Ortiz Burgos sostuvo que entre 1980 y 2006 murieron por suicidio en Puerto Rico 8,271 personas y que el promedio fue de 306 por año.
Rechazó que “no alcanzar prestigio social, tener dificultades económicas o problemas de salud”— que son las razones señaladas en la exposición de motivos de la legislación sobre este grave problema social—, sean las causas más frecuentes de suicido aquí.
Indicó que más del 20 por ciento de estas muertes ocurren en adultos mayores de 60 años y que entre el 80 y el 90 por ciento de los suicidios ocurren entre varones.
La directora de la Comisión, la doctora Carmen Parrilla, aseguró que dicha entidad ha sido efectiva en la prevención del suicidio, a pesar del reducido presupuesto con que cuentan.
“Creamos conciencia sobre este problema, informamos a los ciudadanos, hemos logrado capacitar a profesionales de la salud para trabajar con estas personas en crisis, hemos hecho estudios de epidemiología”, indicó, al defender las ejecutorias del organismo, creado en el 2002 y que es dirigido por representantes de 11 agencias y de varias entidades privadas.
Monserrate Allende Santos, directora de la Línea PAS (Primera Ayuda Psicosocial) de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca), indicó que la intervención a través de este sistema preservó ya entre 400 y 500 vidas de personas que amenazaban con suicidarse.
Ésta suscribió la ponencia del Departamento de Salud.
Pero, el Departamento de Justicia dijo que no se requiere nueva legislación para el establecimiento de un protocolo en la prevención del suicidio, ya que la Ley 227 dispone sobre el particular y sobre la participación del sector público y privado en la implantación y promulgación del mismo.
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