Por Yanira Hernández Cabiya /yanira.hernandez@gfrmedia.com
Las acciones tomadas por el contralor electoral para restringir el derecho de expresión de entidades cívicas -y su posterior revocación temporera- parecen reforzar la idea de que la administración de Luis Fortuño ha establecido un régimen de represión a la disidencia.
Esta instancia, sin embargo, podría ser aún más espinosa debido a que ocurre en el marco de un proceso eleccionario en el que se espera que los ciudadanos puedan tener toda la información posible para poder tomar una decisión pensada.
Anoche, el contralor Manuel A. Torres revocó la paralización de una campaña de anuncios de la Asociación de Víctimas de Impericia Médica (AVIM) emitida el viernes ante la presunción de que eran ciertas las denuncias de unos médicos que alegan que la pauta es una comunicación electoral y que la organización no estaba cumpliendo con la Ley 22 para el financiamiento de las campañas políticas.
Esa orden inicial del contralor provocó que el mensaje estuviera cinco días fuera del aire y llevó a la organización a radicar un pleito en el Tribunal Federal.
La situación recuerda el cierre de las gradas del Capitolio mientras se discutía el presupuesto del país en el marco de la Ley 7 de Emergencia Fiscal o las restricciones que se establecieron en el nuevo Código Penal para permitir la limitación del trabajo de los fotoperiodistas en actividades públicas.
“Privar a la ciudadanía de expresarse sobre situaciones de alto interés público, sobre todo en medio del proceso electoral, es una forma de violar la libertad de expresión de los ciudadanos”, reclamó Osvaldo Burgos, presidente del Comité de Derechos Humanos del Colegio de Abogados. El letrado comentó que son los precedentes vividos durante los pasados tres años los que permiten levantar sospecha sobre las intensiones del gobierno al ordenar suspender una campaña en la que se critica una acción del gobernador en contra de un grupo civil.
“Esta es una administración que se ha distinguido por esa limitación de derechos. Durante la huelga, establecieron perímetros específicos para la gente expresarse y otros para que la prensa pudiera cubrir”, dijo Burgos.
Como consecuencia de estas acciones, dijo Burgos, el gobierno burla la esencia misma del sistema democrático que debe defender.
“El acceso a la información y la libre expresión de los ciudadanos, sobre todo en un periodo eleccionario, es el fundamento principal de nuestra Constitución y de la Constitución de Estados Unidos”, recalcó.
Para el profesor de ciencias políticas Roberto Mori este tipo de acciones represivas pone en peligro la participación activa de algunas voces de la sociedad que nos les interesa participar de la política activa, pero tienen causas por las cuales luchar contra el gobierno de turno
“Hay grupos que ante estas situaciones deciden quitarse del proceso, pero también hay otros que entienden que el país necesita cambios profundos y los inspira a luchar más fuerte”, manifestó Mori.
Derecho garantizado
El secretario de la Gobernación, Miguel Romero, indicó, sin embargo, que la administración Fortuño, lejos de limitar derechos, los ha garantizado.
“Tengo que diferir, porque una cosa es expresarse y otra impedir a alguien recibir tratamiento médico o estudiar”, dijo el secretario.
Romero sostuvo que dijo que la Ley del Contralor busca atemperar el estatuto local al federal para garantizar así la posibilidad de que corporaciones y sindicatos se expresen en una elección.
“El derecho de expresión se ha respetado ampliamente pero debe ser dentro del ámbito de la ley. No podemos llegar a la conclusión de que porque estemos en contra de un proceso eso quiere decir que existe una limitación a la libertad de expresión”, puntualizó.
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