Revolución en las universidades

Por Keila López Alicea / keila.lopez@elnuevodia.com Los cambios congresionales a las ayudas económicas federales para universitarios han puesto contra la pared a las universidades del País, que se han visto obligadas a reinventar sus ofrecimientos para evitar perjudicar a sus estudiantes. El golpe de estos recortes presupuestarios llegó a las instituciones universitarias, pero no fue tan fuerte como pudo haber sido. “No hubo reducción en la cantidad de dinero que se da con las becas Pell, se quedó en $5,500 anuales. Lo que cambió fueron los requisitos de elegibilidad”, señaló el presidente de la Universidad Interamericana, Manuel Fernós. En el pasado se propuso reducir el monto de la beca hasta en $1,000, recordó el presidente de la Universidad del Sagrado Corazón (USC), José Jaime Rivera. “Todas las instituciones del País, al igual que en Estados Unidos, vamos a estar buscando cómo ayudar al estudiante. Pero el impacto de verdad no se sabrá hasta agosto, así que los estudiantes tienen que llenar ya la FAFSA (siglas en inglés de la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes) y acudir a las oficinas de asistencia económica de las universidades para ver cómo les podemos ayudar”, expresó Rivera. El Congreso estadounidense avaló reducir de 18 a 12 semestres el tiempo durante el cual los estudiantes universitarios pueden recibir las becas Pell. Además, redujo de $30,000 a $23,000 el salario máximo de un estudiante o su familia para tener acceso de forma automática al máximo otorgado a través de la beca y prohibió que personas que no tengan su diploma de cuarto año, o su equivalente, puedan recibir esta ayuda. Estos cambios entrarán en vigor en julio próximo. No obstante, varios directivos universitarios destacaron que el efecto en los estudiantes no necesariamente será drástico, pues el Departamento de Educación federal toma en cuenta otras variables al momento de otorgar la beca. “A pesar de que se cambiaron esos requisitos, las características de las familias en Puerto Rico son diferentes (a las de Estados Unidos). Eso se toma en cuenta al momento de evaluar la fórmula de las becas Pell. Quizás la elegibilidad baja por esos requisitos, pero hay otras condiciones que se toman en cuenta, así que es muy difícil saber si se va a reducir la ayuda”, expresó el presidente de la USC. Se estima que más del 80% de los estudiantes de las universidades privadas en Puerto Rico recibe las becas Pell, mientras que el 60% de los alumnos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) obtiene esa ayuda. Además del salario familiar, el Departamento de Educación federal considera factores como la composición del núcleo familiar del estudiante, si es elegible para otras ayudas como pagos del Seguro Social, si hay veteranos en la familia y la cantidad de estudiantes universitarios, entre otros. El presidente de la UPR, Miguel Muñoz, no estuvo disponible para una entrevista sobre este tema. impacto directo En primer lugar, los estudiantes que se afectarán de manera inmediata con las nuevas regulaciones son aquellos que llevan más de seis años estudiando su bachillerato. Fernós indicó que en la Interamericana son alrededor de 700 estudiantes, mientras que el decano de asuntos estudiantiles de la USC, Pedro Fraile, estimó que son 120 los jóvenes que cursan su sexto año de bachillerato o más. “Ya hemos identificado unos fondos adicionales para nuestras becas institucionales para atender a esos estudiantes y ayudarles”, comentó el presidente de la Interamericana. La vicepresidenta de asistencia económica del Sistema Universitario Ana G. Méndez (SUAGM), Cynthia Rivera, indicó que cerca del 84% de sus estudiantes recibe asistencia del gobierno federal, por lo que ya han iniciado una evaluación para identificar a los alumnos que se podrían perjudicar con los cambios. “Hay otras ayudas, tenemos acceso a $5 millones en ayudas para los estudiantes, ayudas institucionales, y estamos en el proceso de hacer ese análisis”, señaló Rivera. Rivera expresó que en las tres instituciones del SUAGM -la Universidad del Turabo, la Universidad del Este y la Universidad Metropolitana- se realiza un análisis de sus programas académicos que toman entre seis y ocho años en completar para determinar si es posible reducir su extensión. “Estamos evaluando nuestra plantilla académica, nosotros analizamos los créditos que requiere cada programa para determinar cómo podemos ser más eficientes mientras ayudamos a nuestros estudiantes a terminar en el término que dispone la beca Pell ahora”, sostuvo Rivera. La mayoría de estos programas extensos son los que combinan varios grados universitarios, como las fusiones entre bachilleratos y maestrías. En el ámbito local se reconoce el importante rol que jugó la creación de ayudas económicas para estudiantes universitarios en abrir la puerta de la educación secundaria. Por esto, tanto Fernós como Rivera señalaron que es de suma importancia abogar por la permanencia de las becas Pell en la Isla y que las universidades tomen medidas para garantizar el acceso de los jóvenes a una educación de calidad. “Estos programas permitieron que se duplicara, se triplicara y hasta se cuadriplicara el acceso a la educación superior. El problema que tenemos es en cómo se usa esa ayuda, en el apoyo que damos a los estudiantes para que, con esa ayuda, tengan responsabilidad académica, y en cómo se crean las políticas de admisión y las estrategias adecuadas para garantizar que se usen bien”, dijo el presidente de la USC.

Por Yaritza Santiago Caraballo / ysantiago1@elnuevodia.com A la cadena de cambios en los requisitos para ser elegible a las becas Pell se suma un nuevo ingrediente: tener el diploma de cuarto año de escuela superior, o de lo contrario el individuo no podrá recibir esta ayuda federal. Este nuevo requisito -que entrará en vigor a partir del 1ro. de julio- afectará cada año a cerca de 5,000 estudiantes de instituciones de educación postsecundaria. Además, dejará desprovisto al País de entre $40 millones a $50 millones de fondos para becas, sostuvo ayer el presidente de la Red Técnica Universitaria de Puerto Rico, Guillermo Nigaglioni. La ley de Título IV permite a aquellos individuos que no tienen diploma de cuarto año de escuela superior tener acceso a las becas Pell si pasan la prueba de conocimientos “Ability to Benefit Test” (ABT) o si completan al menos seis horas crédito o 225 horas regulares en una institución elegible para ayudas del referido estatuto federal. El programa ABT consiste en que los estudiantes aprueben un examen reconocido y aprobado por el Secretario de Educación de los Estados Unidos para determinar si poseen la habilidad o las destrezas necesarias para beneficiarse de los programa de estudios que ofrezcan las instituciones postsecundarias, aunque el estudiante no haya completado su cuarto año de escuela superior. Pero ahora -sin el diploma- el estudiante tendrá que costear sus cursos postsecundarios. Esto, según Nigaglioni -también presidente y principal oficial ejecutivo de EduK Group, que opera el Instituto de Banca, entre otras instituciones- amenaza con dejar en la calle a miles de individuos que buscan la oportunidad de estudiar y lograr un mejor empleo. “El estudiante que no se puede mover a lograr su cuarto año va a estar en la calle con menos probabilidades de conseguir algo”, dijo. “Nosotros como asociación e instituciones individuales apoyamos que el estudiante consiga su cuarto año, pero hay que trabajar con la realidad”, sostuvo. Golpe al desertor Y es que entre los estudiantes que completan el cuarto año de escuela superior a través de exámenes libres hay muchos desertores que con los nuevos requisitos de las becas Pell verán tronchados sus sueños de prepararse mejor. “Esto va a afectar a los que más necesitan, a los que quieren echar para adelante y eso puede crear más desempleo”, opinó la profesora y exsubsecretaria del Departamento de Educación, Ana Helvia Quintero. Si bien este nuevo requisito impacta al individuo, algunas de las instituciones postsecundarias que trabajan con el programa ABT también recibirán un cantazo en sus ingresos pues anticipan una merma en la matrícula de estudiantes. Armando Rodríguez, director de admisiones de MBTI, sostuvo que un 20% de los estudiantes matriculados en esa institución se afectarán en el próximo curso académico pues no cualificarán para estudiar con becas. MBTI cuenta con un total de 2,000 estudiantes en sus cuatro centros. “No es que no puedan venir, es que tendrán que costear los estudios si no tienen el diploma de cuarto año”, puntualizó. Asimismo, Mayra Vilanova, directora del Departamento de Asistencia Económica de John Dewey College, destacó que de los casi 10,000 estudiantes que tienen a través de sus nueve recintos, entre 15% y 20% se quedará sin servicios si no costea los estudios. “Es una oportunidad que se les cierra a las personas que han sido marginadas a través de los años, que han sido desertores escolares, que han sido jóvenes embarazadas que no han podido estudiar. Esto es un grupo grande que se queda sin el servicio. Es duro”, dijo. Ante este panorama, la profesora Quintero sostuvo que el gobierno tendrá que buscar alternativas para ayudar a esta población educativa.

PÉRDIDA NETA DE RECURSOS

Por Yaritza Santiago Caraballo / ysantiago1@elnuevodia.com La salida de 20,000 estudiantes del sistema público, que obedece principalmente a la baja en nacimientos y el éxodo hacia Estados Unidos, se traduce en pérdidas de recursos en las escuelas y la fuerza trabajadora futura, según expertos consultados. Las posibles consecuencias incluyen el cierre de más escuelas, menos fondos federales para la educación en la Isla y menos presupuesto para los planteles escolares. En su mensaje de presupuesto, el gobernador Luis Fortuño mencionó que el Departamento de Educación (DE) tendrá $162 millones menos para gastar. Gran parte de la rebaja en el presupuesto vigente de $3,500 millones que tiene la agencia se atribuye a que se esperan 20,000 estudiantes menos en las escuelas públicas. Esa reducción de alumnos se refleja principalmente en los grados primarios e intermedios. Según la demógrafa Judith Rodríguez, la baja de 29% que se ha experimentado en el número de nacimientos vivos durante la última década explica la merma de estudiantes. Para el año 2000 hubo 59,460 nacimientos, cifra que bajó en el 2010 a 42,195. Los altos costos de la crianza son un factor tras esa baja, combinado con el hecho de que mientras mayor nivel educativo tiene la madre menos hijos procrea. “El cambio en la cantidad de estudiantes se ve cuando entran a kinder, porque el sistema escolar empieza en ese grado, y se ha visto una baja de un año a otro”, sostuvo Rodríguez. Desde el 2006 al presente, las escuelas públicas en la Isla han perdido 90,000 estudiantes entre las edades de cinco a 17 años, según cifras del DE. La fuga de sobre 300,000 boricuas a los Estados Unidos también ha provocado el decrecimiento poblacional escolar, de acuerdo con el antropólogo Jorge Duany. A esto añadió que una buena cantidad de niños se están moviendo a escuelas privadas y centros de educación alternativa. Esta merma de estudiantes a nivel público levanta banderas, según los expertos, porque muchos fondos federales que recibe la Isla dependen de la cantidad de niños en las escuelas. Por ende, el cierre de escuelas podría ser la orden del día. De hecho, dos escuelas en Guaynabo ya fueron consolidadas en una. “Ya se ha visto que han cerrado escuelas en el casco de Río Piedras y el argumento ha sido que no hay suficientes estudiantes para ese plantel”, sostuvo Duany. No obstante, el secretario del DE, Edward Moreno, no ve peligro en el posible recorte de fondos, al explicar que gran parte de la inyección federal que se recibe se usa para capacitación y desarrollo profesional de los maestros. “No nos afectamos por los fondos y estamos satisfechos con el presupuesto que tenemos y con el cual podemos operar”, sostuvo Moreno, quien tampoco vislumbra una merma en los programas educativos por falta de matrícula. Esto, aunque maestros y directores denunciaron que en algunas escuelas varios cursos vocacionales serán retirados el próximo año escolar por falta de matrícula. No se esperaba que la reducción en la población de niños y jóvenes y en la fuerza productiva fuera tan acelerada, según Duany, por lo que teme que a largo plazo se disparen el desempleo y la pobreza. “Cada vez hay más personas viejas que no trabajan y dependen del trabajo de las personas de edad productiva, por eso la tasa de dependencia está aumentando”, dijo.

Tijera a las becas Pell

or José A. Delgado / jdelgado@elnuevodia.com

WASHINGTON - La forma en que miles de estudiantes puertorriqueños tienen acceso a las becas Pell, un programa que beneficia a 240,118 universitarios en la Isla y por el que se reciben poco más de $1,046 millones, cambiará en julio.

La entrada en vigor de nuevas normas federales en las becas Pell coincide, a su vez, con esfuerzos de los republicanos de la Cámara baja federal para tratar de reducir el pago máximo anual de $5,500, que como consecuencia de la inflación aumentaría en unos $100 a partir del año fiscal federal 2013.

Como primer reto, las instituciones universitarias en la Isla se preparan para implantar la iniciativa que reduce de 18 a 12 los semestres en que un estudiante puede tener acceso a la asistencia federal, que puede, sobre todo, afectar a los que realizan estudios graduados.

Pero, en julio también entra en vigor el nuevo requisito que exige que los ingresos familiares no superen los $20,000 -$10,000 menos que el límite actual- para el estudiante poder obtener el máximo de asistencia de $5,500 anuales.

“En nuestro caso hemos identificado a 500 estudiantes” que se afectan por los nuevos requisitos, dijo ayer el presidente de la Universidad Interamericana, Manuel Fernós.

La otra nueva exigencia que se pone en marcha durante el verano es la que permite a las instituciones financieras comenzar a sumarle los intereses de los préstamos a los estudiantes tan pronto completan sus estudios.

De todos modos, los estudiantes mantienen el período de gracia de seis meses antes de comenzar a pagar los préstamos, indicó Fernós.

Las becas Pell tampoco estarán disponibles para institutos vocacionales que no requieren haber completado la escuela secundaria.

El comisionado residente Pedro Pierluisi sostuvo que los cambios son parte de las “decisiones difíciles” que tomaron los demócratas del Congreso y el gobierno del presidente Barack Obama para mantener el máximo de $5,500 anuales alcanzado en 2009.

En universidades como la Inter y el Sagrado Corazón (USC), por lo menos el 80% de los estudiantes depende de la asistencia económica federal.

“Un total de 4,566 estudiantes reciben las becas Pell en la USC, lo que representa un 83% de los estudiantes subgraduados”, señaló María Eugenia de la Madrid, portavoz de la USC.

En la Inter, más de 30,000 estudiantes reciben becas Pell, sostuvo Fernós.

Para lidiar con el problema, la Inter creó un fondo especial de $1.2 millones que le permitirá otorgar sus propias becas a los universitarios que estén en riesgo de perder los beneficios, dijo Fernós.


Los recortes republicanos

Las limitaciones al programa de las becas Pell que se ponen en vigor este verano pudieran complicarse más si lograra colarse – lo que por el momento se descarta – el plan fiscal aprobado en marzo por los republicanos de la Cámara baja federal para el año fiscal 2013, que reduce casi a la mitad el máximo de dinero a otorgarse.

Originalmente, los republicanos aprobaron un presupuesto que reduciría el pago máximo de las becas Pell de $5,500 a $3,000. Pero, últimamente han comenzado a proponer medidas que sólo evitarían que el pago pueda ir en aumento.

En su proyecto de presupuesto 2013, el presidente Obama propuso un aumento anual de $80.

“Reducir la asistencia sería una injusticia para muchos de los hijos e hijas de las familias que trabajan duro y quieren enviar sus hijos a la universidad. La educación universitaria es demasiado cara sin la ayuda de las becas Pell”, dijo el demócrata Rubén Hijonosa (Texas), portavoz de la minoría en el subcomité para Asuntos de Educación Universitaria de la Cámara de Representantes.

Para el congresista boricua Luis Gutiérrez, demócrata por Illinois, la amenaza de recortar los fondos de las becas Pell que existe en el plan fiscal republicano, elaborado por el presidente del Comité de Presupuesto, Paul Ryan (Wisconsin), “es una muestra de cómo legislan para los más adinerados”.

Gutiérrez descartó que el presidente Obama vaya a firmar una medida que reduzca los fondos asignados al programa de las becas Pell, porque “eso sería darle la espalda a nuestra comunidad”.

Los cálculos del Gobierno federal son que el plan Ryan, que busca cortar el programa Pell en $170,000 millones durante la próxima década, afectaría adversamente a cerca de un millón de estudiantes en Estados Unidos.

“Tendría consecuencias desastrosas”, dijo ante el Congreso el secretario de Educación de Estados Unidos, Arne Duncan.

El educador Fernós también cree improbable que se aprueben nuevos recortes. Pero, advirtió que si avanzara ese tipo de legislación republicana, de todos modos las mejores instituciones académicas saldrán al frente y los padres y estudiantes seguirán comprometidos con las universidades “de calidad”.

Beneficiarios del PAN ponen el grito en el cielo

martes, 10 de abril de 2012
Leysa Caro González / Primera Hora

Carmen Benítez tiene 71 años. A su edad aún paga renta, agua y luz, tiene condiciones de salud que atender y depende del transporte público para moverse.


Mensualmente, la anciana recibe un cheque de seguro social de apenas $300 y una ayuda suplementaria del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) de $134.

Para Carmen, perder el beneficio de obtener el 25% de su asignación mensual en efectivo, que equivale a $33.50, sería nefasto. “A mí el dinero no me da. Ahora mismo debo la luz y vengo del médico y tengo que pagar $12 de deducible”, relató la septuagenaria.

Aunque el reglamento establece que ese porciento en efectivo debe ser invertido por el beneficiario del PAN en la compra adicional de alimentos elegibles, la realidad es que la apretada situación económica ha llevado a muchos a utilizar ese dinero para suplir parte de sus necesidades básicas.

Visita Puerto Rico Decide.
Carmen reconoce que una tajada de ese dinerito la usa para comprar detergentes, papel de baño y hasta medicamentos over the counter. El mismo panorama se vio en todos los abordados.

Como ella, son muchos los beneficiarios del PAN que han puesto el grito en el cielo luego que el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, anunciara la radicación ante la Cámara de Representantes federal de un proyecto que eliminaría dicho beneficio aunque, a la larga, según él, representaría mayores ingresos para los participantes.

Los usuarios no se comen ese cuento. “Hay personas que lo único que reciben es el PAN y con ese 25% ayudan a comprar cosas, como jabón y papel de baño que son cosas que no se pueden comprar con la tarjeta... para ese tipo de personas no sería factible, le quitarían una ayuda”, subrayó Carmen Berríos.

Actualmente, hay 640 mil familias beneficiarias del PAN que mensualmente reciben entre $110 y $450. El administrador de la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia, Esteban Pérez Urieta, respaldó la propuesta alegando que la legislación ofrece paridad de beneficios a las familias puertorriqueñas.

Zuleika Castro es madre soltera de seis niños. Ella depende del beneficio del PAN y de las pensiones alimentarias que recibe para sostener su hogar. “Si me quitan el 25%, con qué yo voy a ayudar a mis nenes, con eso es que compro el papel de baño y esas cosas necesarias de ellos y a veces ni da, imagínate”, planteó la mujer que retira en efectivo un promedio de $80 al mes. Adicional, recibe $260 en food stamps.

Luis Candelario no es participante, pero como trabajador para una compañía administradora de residenciales públicos, reconoce la necesidad que pasan muchas familias.

El hombre advirtió que esta medida provocaría una “criminalidad subterránea”, algo que se trató de minimizar cuando se hizo el cambio del pago del PAN de cheque a tarjeta de débito.

“Van a ir a comercios donde cambian las cosas por debajo de la mesa buscando escapatorias, buscando alternativas para poder suplir esa necesidad en esa área... la gente se va a ver pillada”, sostuvo.

sectores en división
El ex gobernador y ex comisionado en Washington, Carlos Romero Barceló, tal y como lo hizo en el pasado, se opuso a esta nueva restricción.

Fue bajo su mandato en la Gobernación que Romero Barceló consiguió la eliminación de los cupones y como comisionado alcanzó que los participantes usaran el dinero libre de restricciones.

“Cómo es que, si una persona necesita comprarle un par de zapatos a un niño o algo de emergencia, no puede utilizar ese dinero... al rico nadie le dice cómo gastar el dinero y al pobre vamos a decirle en qué gastar el dinero”, sentenció al agregar que la medida estimula el fraude contributivo.

Para Romero Barceló, el Gobierno “se entregó” a los grandes intereses de los supermercados en el 2001 al imponer que sólo el 25% se recibiría en efectivo.

Tanto la Alianza para una Alimentación Adecuada como la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico apoyaron la iniciativa de Pierluisi, pues redundará en mayores beneficios.

Sube el telón para Pesquera

Por Eugenio Hopgood Dávila / ehopgood@elnuevodia.com

El nombramiento del nuevo superintendente de la Policía, Héctor Pesquera, no responde a instrucciones ni recomendaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, indicó ayer un portavoz de La Fortaleza.

“No, pero ciertamente lo conocen y han trabajado con él cuando estaba en Puerto Rico”, fue la respuesta de Edward Zayas, al preguntársele si Justicia federal lo había recomendado o había tenido un papel directo en su designación.

Un blog de Miami (nelsonhortareporta.com) había indicado el 26 de marzo que Pesquera, quien se desempeña como subdirector a cargo de seguridad del puerto de Miami, había sido nombrado asesor de seguridad del gobernador Fortuño por iniciativa de Justicia federal.

El miércoles el gobernador anunció que aceptaba la renuncia del general Emilio Díaz Colón a la superintendencia y el mismo día se filtró la información de que Pesquera sería su sucesor. Ayer Fortuño hizo el anuncio formalmente en un comunicado de prensa.

“Me complace anunciar el nombramiento de un gran puertorriqueño y un gran servidor público para dirigir nuestra Uniformada”, dijo el gobernador. Agregó que Pesquera “tiene el conocimiento, la experiencia, el liderato, el compromiso y la trayectoria de resultados probados para dirigir con éxito nuestra Policía”.

El comunicado oficial incluyó declaraciones del propio Pesquera, en las que hace énfasis en las “iniciativas de prevención y detección temprana”.

“Es con enorme sentido de compromiso que acepto este reto. Comparto plenamente la visión del gobernador de que no es suficiente combatir el crimen, tenemos que ir a la raíz del problema fortaleciendo nuestras iniciativas de prevención y de detección temprana. Y para esto es indispensable contar con el apoyo de todas nuestras comunidades”, declaró Pesquera.

Pesquera fue el número dos del FBI en Puerto Rico entre 1992 y 1995 y a finales de ese último año fue nombrado director de la oficina local, cargo que ejerció hasta 1998 cuando fue puesto a cargo de la oficina del Buró en Miami.

Como parte de su gestión en el liderato del FBI en Puerto Rico, participó en la coordinación de la llamada política de “mano dura” del entonces gobernador Pedro Rosselló, en medio de la cual se produjeron cifras de asesinatos que fueron un récord en ese renglón negativo, solo superados por los dos pasados años.

La Fortaleza informó que Pesquera, nacido en Santurce en 1946, estuvo 27 años en el FBI y se retiró en 2003.

En una acción sin precedentes, el comunicado del gobernador incluyó declaraciones elogiosas acerca de Pesquera por parte de varios funcionarios federales y estatales de condados de Estados Unidos, incluido el exdirector nacional del FBI Louis Freeh.

“Siempre ha tenido todo el apoyo del FBI y su reputación como un profesional de carrera es incuestionable”, declara Freeh, según el comunicado. “Es el líder de orden público por excelencia”, dijo por su parte el excomisionado de la Policía de Florida James Moore.

SENTIMIENTOS mixtOs

En la Policía, la reacción a la designación de Pesquera fue mixta. Oficiales de alto rango que hablaron con la condición de que no se revelaran sus identidades dijeron que no tenían problema alguno con que otra persona “de afuera” de la agencia viniera a dirigirla.

Mientras, otros no solo mencionaron que no lo conocían sino que entendían que era un buen momento para nombrar a un oficial de carrera. “Lo importante aquí es que venga a hacer el trabajo”, dijo un jefe de Homicidios del área norte.

Otro oficial de la rama investigativa mencionó que hubiese preferido que se nombrara a un policía como nuevo superintendente y dijo que no importa si Pesquera trae buenas intenciones, la clave para que pueda dirigir con efectividad será “domar” a los coroneles.

“Esos individuos, si estás de malas con ellos, te sacan sin ningún problema”, dijo un teniente, quien opinó que Díaz Colón ya se estaba “acoplando”.

Mientras, una oficial reconoció desconocer por completo el trasfondo de Pesquera. “Cuando estás a este nivel te das cuenta que tus jefes son aves de paso, aunque les tienes una lealtad”, manifestó.

Mientras, Jaime Morales y Diego Figueroa, líderes sindicales de la Policía, se expresaron cautelosos.

“No sé nada de él, solo que dirigió el FBI en los noventa. Lo ideal era que quien viniera haya sufrido el dolor de la Policía”, dijo Morales, director ejecutivo de la Corporación Organizada de Policías y Seguridad (COPS).

Figueroa, presidente del Frente Unido de Policías Organizados (FUPO), dijo que espera que Pesquera, de ser confirmado, se convierta en un motivador. “La Policía lo que necesita es que venga alguien a motivar”, dijo.

Empresario en lío federal por esquema fraudulento

por Francisco Rodríguez-Burns / Primera Hora

El abogado dijo que su cliente se sentía nervioso, y así parecía mientras el acusado comenzó a contestar las preguntas de un magistrado federal con un mero “Ok”. Sin embargo, se necesitaban respuestas afirmativas, contundentes, mientras el empresario Pedro A. Mora Mora se declaraba culpable de un cargo de fraude de valores en el que más de 200 inversionistas pudieron haber perdido $1.4 millones.

El empresario después comenzó a contestar las preguntas del magistrado Marcos E. López con un “sí, señoría”, aunque a veces su voz temblaba, delatando su nerviosismo.

A diferencia de su ademán en sala, el cargo que pesa en su contra refleja un nivel de planificación que contrasta diametralmente con el semblante y el estado emocional del estafador. Como muchos crímenes financieros, la acusación incluye términos técnicos, pero detrás de la frialdad del delito se esconden la calculación, las mentiras y mucha avaricia.

Según las autoridades federales, Mora, junto a individuos de una compañía identificada como Euro International Group, Inc., prometieron ganancias mensuales o trimestrales mediante la compra de productos en Europa y China, que nunca se materializaron. Los inversionistas recibieron pagarés que certificaban sus ganancias, pero el dinero provenía de sus propias inversiones. Los criminales se lucraron del fondo generado por las inversiones.

Ante el magistrado federal, Mora se declaró culpable de un cargo de fraude de valores. Firmó un acuerdo presentencia que sugiere una pena de cárcel de 51 a 63 meses, y accedió a la confiscación de $1.4 millones, producto de las ganancias ilegales obtenidas a través de la operación criminal. Accedió, además, a identificar dinero y bienes que puedan cubrir la pérdida, y aceptó que la confiscación pueda incluir propiedades en la urbanización Ciudad Universitaria, en Trujillo Alto, y en la urbanización Monte Mar, en Hatillo.

Se acabaron los chavos

Como muchos otros esquemas tipo Ponzi, los estafadores fueron descubiertos luego que se agotaran los fondos de las inversiones. El esquema se extendió entre agosto de 2004 y diciembre de 2007, pero en julio de este año los inversionistas dejaron de recibir sus pagos.

De hecho, en diciembre de 2007, los miembros de la conspiración enviaron cheques por correo de una cuenta de Washington Mutual que no tenía suficientes fondos para cubrir los pagos. Se estima que los inversionistas pagaron un total de $4.8 millones, y algunos pudieron recuperar parte de su dinero.

Mora salió del Tribunal Federal en Hato Rey luego de asegurar el pago de una fianza de $10,000. El magistrado sólo le permitió viajar al estado de Florida, donde hace negocios, y le ordenó que no incurriera en ninguna otra transacción.

A su salida del Tribunal Federal, el sujeto intentó tapar su rostro con su chaqueta mientras salía por la puerta principal, y no contestó ninguna pregunta de un fotoperiodista. Luego, volvió a tapar su rostro cuando se montó en su vehículo deportivo, de marca europea.

Las autoridades aseguran que la investigación contra Mora y EIG continúa. Varios intentos por contactar a un representante de la compañía resultaron infructuosos.

Ristra de fraudes
El esquema en el que Mora se vio implicado es sólo uno de muchos que se están detectando en Puerto Rico. Según indicó el coordinador de la División de Fraude Corporativo de la Fiscalía Federal, Charles R. Walsh, quien representa al Gobierno de Estados Unidos en el caso, los esquemas comparten características al prometer ganancias rápidas y, en ocasiones, un elemento de secretividad que sirve como un doble propósito: evitar la detección del estafador y prolongar la estafa.

“El motor principal es la avaricia. Se prometen grandes ganancias y, en muchas ocasiones, los propios inversionistas, las víctimas, se convierten, indirectamente, en los principales promotores del esquema. Al creer que es legítimo, contactan a familiares, a feligreses de su iglesia, la voz se corre y más personas caen en la estafa. Lógicamente, la gente descubre que han caído víctimas de un esquema cuando el dinero se agota”, indicó.

A pesar de que las autoridades federales no pueden hacer ningún comentario relacionado con una investigación en curso, la Isla también se ha convertido en un escenario para otros fraudes tipo Ponzi.

En un esquema conocido como “Prime Bank”, el estafador promociona una inversión a través de fondo especial o un banco secreto. Como en el Ponzi, las víctimas en ocasiones reciben pagos, pero el dinero se genera a través de las mismas inversiones.

“Si la persona tiene que tomar prestado para invertir, cuidado, esto podría ser una señal de que algo puede andar mal” , señaló Walsh.

Estudiantes quieren aprender de forma más amena

por Sara M. Justicia Doll / Primera Hora


Los estudiantes hablaron... Habrá que esperar para ver si fueron escuchados.

El secretario de Educación federal, Arne Duncan, sostuvo ayer un conversatorio con estudiantes del décimo y undécimo grado de la escuela University Gardens.

A pesar de que el secretario de Educación, Jesús Rivera, aseguró que la escuela había sido seleccionada aleatoriamente, fue evidente que el grupo que conversó con Duncan domina el inglés muy bien y está rodeado de buenos recursos educativos, a diferencia de muchos alumnos del sistema público.

La conversación entre el funcionario federal y los estudiantes fue moderada por el comisionado residente, Pedro Pierluisi, y fue dirigida a que los estudiantes le hablaran a Duncan sobre qué les hace falta en las escuelas, así como las cosas que dan resultado.

Varios jóvenes, que fueron desertores escolares pero ahora forman parte del programa Nuestra Escuela, a través del cual lograrán obtener su diploma de cuarto año, hablaron muy claro sobre lo que los llevó a abandonar las clases.

“Abandoné la escuela en el octavo grado porque las maestras estaban allí por la paga. Estuve seis meses fuera de la escuela y fue muy difícil para mí, pero ahora estoy enfocado en obtener mi diploma e ir a la universidad”, dijo en inglés Yancy Otero.

Su compañera en el programa, Erika González, señaló que fue estudiante de honor hasta el noveno grado, cuando sufrió varios problemas emocionales por situaciones familiares y, al parecer, los maestros y el personal en su escuela no la entendieron, por lo que bajó las notas y por poco se cuelga.

La estudiante del séptimo grado, de la escuela República del Perú, Milagros Margarita Carrasquillo, quien fue la única que habló español y en un tono muy bajito, a todas luces intimidada por los demás jóvenes que dominaban el inglés, pidió a Duncan que en su escuela haya más clases de música, arte y teatro.

En ese momento, el titular de Educación se levantó y aclaró que en dicho plantel sí hay maestros de esas disciplinas en ciertos grados. Primera Hora se acercó a la niña y ésta aseguró que en el séptimo grado no toma ninguna de estas disciplinas.

Duncan reiteró que hay que despolitizar la educación y que los asuntos educativos deben ser discutidos de una forma bipartita. Además, subrayó que Puerto Rico recibe muchos fondos federales y que se debe asegurar que éstos lleguen a manos de los maestros.

“Puerto Rico está en una encrucijada. Es momento de que se asuma liderazgo y las riendas de la educación. La despolitización es algo que ha tomado demasiado tiempo y que no ha pasado aquí, todavía es mucha la burocracia y la lucha ideológica”, dijo Duncan.

Por su parte, el secretario de Educación se inclinó a responsabilizar a los maestros de la situación.

“Tenemos que girar nuestro esfuerzo en beneficio del estudiante, planificar efectivamente, conocer a los estudiantes. Que los maestros tengan a los estudiantes como norte y no nos sigamos quejando con manifestaciones de personas que tienen otros intereses”, declaró Rivera.

Respecto al reclamo estudiantil por un mayor ofrecimiento de arte, música y teatro, el titular de Educación confirmó que “el énfasis son obviamente en las materias básicas; las bellas artes y la educación física son importantes, pero tenemos que ver las prioridades teniendo en mente las pruebas de aprovechamiento”.

Pierluisi, por su parte, pidió visitar la escuela República del Perú para indagar en el reclamo de la niña.

Federales adiestran a uniformados en Ponce

Darisabel Texidor Guadalupe / Para Primera Hora

Ponce. El superintendente de la Policía, general Emilio Díaz Colón, anunció el inicio de los adiestramientos que ofrece la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de fuego y Explosivos de los Estados Unidos (ATF por sus siglas en inglés) a los miembros de todas las unidades.

Una treintena de altos oficiales de la Policía de la zona sur fueron los primeros en participar de los talleres que iniciaron ayer en la Comandancia de Área, de Ponce.

Díaz Colón dijo que durante esta semana también estarán en las regiones de Caguas, Carolina, Bayamón y San Juan para brindar los talleres sobre armas de fuego ilegales, jurisdicción federal, cargos federales y elemento del delito.

Asimismo, indicó que los oficiales son adiestrados en cómo entrevistar a los acusados, admisión de culpa, intervenciones vehiculares y la comunicación entre las agencias federales y estatales.

El Superintendente destacó que estos adiestramientos forman parte de la reciente iniciativa presentada por el gobernador Luis Fortuño, denominada Illegal Firearms and Violent Crimes Strikes Force.

Bajo esta iniciativa se creó un grupo interagencial dirigido a contrarrestar el tráfico de armas ilegales y combatir el alza en los crímenes violentos, aumentando las penas para éstos.

El funcionario aseguró que en los pasados dos años la Policía ha establecido una estrecha relación con agencias federales de seguridad.

“Seremos un solo equipo, no tendremos protagonismo de ninguna clase”, aseguró.

Sobre si esta estrategia es parte de sus planes para resolver de alguna manera los señalamientos de un informe del Departamento de Justicia federal, que concluyó que la Policía de Puerto Rico ha violentado los derechos constitucionales de amplios sectores de la población , éste dijo que lo utilizará como herramienta.

“Vamos a cumplir con ese informe responsablemente y pronto publicaremos el status del mismo”, dijo el Superintendente, quien les dijo a los oficiales que asistieron al encuentro que “responderemos con la frente en alto”.

“Nos uniremos por la seguridad de nuestra gente y nuestras familias”, sentenció Díaz Colón

.Junte multisectorial por la 933

Por Carlos Antonio Otero, EL VOCERO

El gobierno de Puerto Rico, con el apoyo de la oposición política y el sector privado, cabildeará en Washington por la aprobación de un proyecto que compense los atributos contributivos de la desaparecida sección 936, dirigido a crear nuevos empleos.

La propuesta Ley de Promoción e Inversión de Puerto Rico (PRIPA, por sus siglas en inglés), lo que hace es tratar como a cualquier residente, a las empresas que elijan operar en la Isla como una corporación doméstica de los Estados Unidos, bajo la Sección 933 del Código de Rentas Internas federal. Esto, de ser aprobado en el Congreso, les permitirá no estar sujetas al pago de contribuciones federales sobre los ingresos que generen en la Isla.


El gobernador Luis Fortuño, dijo que la Sección 933a le permite a las compañías beneficiarias “distribuir sus ingresos a cualquier otra corporación en el resto de los Estados Unidos como dividendos, sujeto a tasas contributivas sumamente atractivas”. EL VOCERO/Archivo

Para acogerse a la Sección modificada –que sería la 933a-, las empresas deben tener el 50% de sus activos y operaciones en la Isla, informó Pedro Pierluisi, comisionado residente en Washington, quien llevará la principal parte de cabildeo a nivel del Congreso.

La medida, entre otro de sus atributos le permite a las compañías beneficiarias “distribuir sus ingresos a cualquier otra corporación en el resto de los Estados Unidos como dividendos, sujeto a tasas contributivas sumamente atractivas”, agregó el gobernador Luis Fortuño, en conferencia de prensa en La Fortaleza. “Esta medida es mucho mejor que otras alternativas que se han considerado”.

Aunque el proyecto llega casi dos décadas más tarde desde el puntillazo inicial a la Sección 936, que había sido el principal instrumento contributivo para las empresas con operaciones a nivel local, el Gobernador dijo que los cambios propuestos bajo la 933 representan un beneficio “buenísimo” para la generación de empleos en Puerto Rico y al mismo tiempo allegarle dinero a Estados Unidos.

El Comisionado Residente, quien ayudó a trabajar la propuesta, destacó que es el momento viable para la medida que presentarán a partir de esta semana en la capital federal. Aunque hubo un intento similar de su parte en la misma dirección a principios de este cuatrienio, entonces no prosperó y aseguró que ahora “hay buen ambiente”. Ocurre así toda vez que se habla de impulsar una reforma contributiva en Estados Unidos y se buscan vías para allegarle más dinero al Tesoro federal.

En un aparte con EL VOCERO, Pierluisi indicó que no hay una fecha programada de cuándo debería aprobarse el proyecto para enmendar la 933, pero aclaró que “con toda probabilidad para finales de este año debemos saber si esa reforma contributiva –que se busca en el Congreso- se va a dar o no y si nuestra propuesta se incluye o no”.

“Mi exhortación al sector privado es que comiencen ese proceso de cabildeo la primera semana de octubre, por que la última semana de septiembre estará el Congreso en receso. Mi oficina se ofrece para coordinar las reuniones de esos sectores en Washington”, añadió.

Apoyo de todos los sectores

Mientras tanto, sectores políticos y económicos coincidieron con el Gobernador en que la medida marca un momento histórico para Puerto Rico, ya que logra unir sectores divergentes para encaminar la maltrecha economía local.

Para Miguel A. Ferrer, de la casa de corretaje UBS Financial Services de Puerto Rico, no ha habido otro momento histórico de tal trascendencia para favorecer la economía local, desde la iniciativa para la creación de la Sección 936. La 936 se aprobó en 1976 y garantizaba exenciones contributivas sobre las ganancias producto de las inversiones locales de las compañías, principalmente farmacéuticas, que generaban miles de empleos bien remunerados.

“Llevamos impulsando esta iniciativa desde hace casi 18 años. Siempre uno de los partidos estaban en desacuerdo y ahora todos estamos empujando para un mismo lado, la industria y los dos partidos. Esto es un proyecto de todos”, declaró a este diario Ferrer.

Por su parte, Héctor Ferrer, portavoz del opositor Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes, acompañó al gobernador Fortuño en la conferencia, y dijo que apoyan la medida y será incluida como tema en las reuniones del presidente de su partido Alejandro García padilla, que ya tenía pautadas para los próximos días en Washington.

Fortuño anunció que se reunirá con congresistas demócratas y principalmente republicanos a partir de esta semana, pero no especificó los nombres.

“Lejos de obligar a las compañías a que se reclasifiquen, este proyecto les brinda una nueva opción. Además, no se repetirán los errores cometidos por medidas similares como la Sección 936, la cual se prestaba para abuso de parte de algunas empresas y la cual fue rechazada por el Congreso federal precisamente por esa razón”, abundó Pierluisi.

El secretario de Desarrollo Económico y Comercio, José Pérez Riera, dijo que participarán en la coordinación de los esfuerzos de cabildeo de los sectores industriales, con los cuales ya se han reunido. “Todas las diferentes entidades del gobiernos van a estar envueltas en este esfuerzo”, sostuvo.

Xenia Vélez, ex secretaria de Hacienda y directora del Comité de Reforma Contributiva, informó que la media, que se trabajó junto al equipo de Pierluisi, la oficina de Puerto Rico en Washington, y sectores industriales, igualmente será de beneficio para la capitalización del sector financiero de la Isla, que sufrió grandes pérdidas tras la salida de la Sección 936 de Puerto Rico.
.

A velar por los empleos de la Isla

Por Yamilet Millán Rodriguez,

El gobernador Luis Fortuño dijo ayer que viajará a Washington para asegurarse que Puerto Rico no se afecte con los cambios que puede sufrir en el Congreso el plan de creación de empleos del presidente Barack Obama.


El gobernador Luis Fortuño hizo las expresiones durante el anuncio de la reubicación de la Comandancia de la Policía Estatal de la Región de Fajardo; lo acompaña el alcalde de Luquillo, José González. EL VOCERO/Ingrid Torres

“Tenemos duda de cuánto va a ser aprobado finalmente. Es ahora que Washington ha comenzado a recortar gastos y reducir el déficit… no sabemos cómo las legislaciones que han aprobado pueden afectar el plan del presidente”, indicó Fortuño.

“Ya estamos dentro, ahora es importante que con los cambios que se vayan a hacer en el plan nos mantengamos dentro”, agregó.

Las expresiones las hizo durante el anuncio de la reubicación de la Comandancia de la Policía Estatal de la Región de Fajardo que permitirá centralizar todos los servicios en un municipio.

Asimismo, informó que en tres meses esperan iniciar la construcción del elevado sobre la PR 3, a un costo de $26 millones, que evitaría las inundaciones que por más de dos décadas han afectado a la región.

Según Fortuño, actualmente están en etapas de diseño y esperan por permisos federales para iniciar la construcción.

Con relación a la comandancia dijo permite integrar las divisiones y componentes de la región en un solo edificio “Esto, además, facilita el control y la creación de planes de trabajo y estrategias en conjunto entre todas las divisiones”, expresó el Mandatario.

Explicó que desde el 1998 las divisiones de Drogas, CIC, Comandante de Zona y de servicio al ciudadano están distribuidas en diferentes pueblos de la región. La nueva comandancia se ubicará en el pueblo en un edificio de tres niveles que pertenece al municipio.

Fortuño además inspeccionó la construcción del Terminal de Carros Públicos que incluirá un salón de espera para participantes de Programa para Tránsito, 24 estacionamientos adicionales y cinco estacionamientos para trolleys y guaguas del programa. La estructura es financiada con fondos ARRA y requirió una inversión de $670,524.

Por otro lado, dijo además que en Fajardo se invirtieron $5.2 millones para la modernización de la Escuela Santiago Veve y $1.2 millones para la reconstrucción del terminal de pasajeros de lanchas.

En el caso de Luquillo, dijo, la inversión actual incluye la modernización de la Escuela Isidro A. Sánchez, a un costo de $8.2 millones y la construcción de la Troncal Sanitaria de Luquillo-Fajardo con una inversión de $12.6 millones.

Fortuño participó del programa Desarrollo para el Pueblo, que auspicia el Banco Gubernamental de Fomento y el Banco de Desarrollo Económico, que orienta y ofrece asistencia técnica a los interesados en establecer su propio negocio.

“Esta innovadora iniciativa propicia el desarrollo de nuevas empresas y la autogestión, para incentivar la creación de empleos y generar actividad económica. Les estamos dando las herramientas para que puedan forjar su propio camino al éxito, a la vez que crean nuevos empleos para sus comunidades”, manifestó el Gobernador.

Las actividades pautadas para en el municipio de Río Grande fueron canceladas por las malas condiciones del tiempo.
.

Impugnado el plan de redesarrollo de la antigua base Roosevelt Roads

por Antonio R. Gómez

El proceso utilizado por el Gobierno de Puerto Rico para obtener autorización federal a sus planes de redesarrollo de la antigua base Roosevelt Roads fue impugnado ante esas mismas autoridades por representantes de las comunidades vecinas.

El copresidente de la Junta de Restauración Ambiental de lo que era la base, el abogado Ramón David Figueroa, envió sendas cartas a la oficina de Cierre y Realineamiento de Bases de la Marina (BRAC) y al Departamento de Vivienda de Estados Unidos en las que detalla las violaciones de ley en que incurrió el Gobierno.

En su extensa exposición, Figueroa enumera las ocasiones en que la Autoridad para el Redesarrollo de la base obvió los procesos de consulta con las comunidades a los que viene obligada por ley.

“Se está impugnando el proceso por no cumplir con unos requisitos procesales ante la HUD, de hacer disponibles los documentos, llevar a cabo vistas públicas y someter comentarios escritos de la comunidad sobre las enmiendas al plan original”, explicó Figueroa a Primera Hora.

Ante la oficina de BRAC, cuestionó también el proceso seguido por la Autoridad cuando presentó el documento que pretende recoger el impacto ambiental que tendrán los cambios que propone esta administración al proyecto original, así como el documento que contiene esas enmiendas. El plan original de redesarrollo se presentó en el 2004 y ya había sido evaluado por los federales.

“Es importante señalar que la autoridad local para el redesarrollo de Roosevelt Roads nunca ha presentado el addendum (las enmiendas) del 2010 al Plan de Reúso a los residentes de los municipios de Ceiba y Naguabo”, dice Figueroa en su carta a BRAC.

“Esto es contrario a los requisitos de la Ley para el Cierre y Realineamiento de Bases de Defensa de 1999, según enmendada, que dispone que la Autoridad tiene que proveer oportunidad al público para comentar sobre un plan de redesarrollo antes que el mismo se someta al secretario de Defensa y al secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (HUD)”, agrega.

Documentos contradictorios
“Hay contradicciones en lo que ellos explican en el plan maestro (de zonificación o uso de terrenos) y lo que está en el documento ambiental”, explicó Figueroa a Primera Hora.

La diferencia, indicó, está en los desarrollos propuestos y la proyección de concentración urbana que contienen ambos documentos.

En su misiva expresa, además, su preocupación porque “hay documentos de planificación distintos bajo consideración de las autoridades locales y las federales” y explica que “el suplemento o cambio en la evaluación de efecto ambiental presentado por el US Navy BRAC Program está basado en el addendum del 2010 al Plan de Reúso. Mientras, las autoridades locales, particularmente la Junta de Planificación, están evaluando en estos momentos el Plan de Uso de Terrenos del 2011 para la antigua base naval, el cual es totalmente diferente”.

Agrega Figueroa que los distritos zonales que establece el Plan de Uso de Terrenos del 2011 permiten un desarrollo más intensivo y más denso que el que se presentó conceptualmente en el documento que enmienda el Plan de Reúso.

“Por tanto”, reclama, “respetuosamente solicitamos que la Marina de Estados Unidos, mediante un suplemento de efecto ambiental enmendado, analice los impactos ambientales significativos que tendrá el Plan de Uso de Terrenos de 2011 en vez del addendum al Plan de Reúso del 2010”.

Burlada la consulta
En ambas cartas se explica en detalle la forma en que el Gobierno incumplió con los requisitos de ley para que se consulte y se informe a las comunidades vecinas.

“En mayo de 2010, la Autoridad hizo una presentación del documento final del addendum (las enmiendas) del 2010 al Plan de Reúso, donde no se permitieron las preguntas y los comentarios del público. Por tanto, la Autoridad nunca ha presentado oficialmente copias impresas del documento para revisión o comentario público, en violación de la ley”, señala.

“Para hacer las cosas aún peores, agrega, los comentarios, recomendaciones e ideas presentados por los representantes de la comunidad en talleres celebrados en el mes de febrero de 2010 no están siquiera reflejados en los usos proyectados que se incluyen en el addendum del 2010”.

“Respetuosamente solicitamos que el US Navy BRAC Program solicite a la Autoridad que presente ese documento a revisión y comentarios públicos antes que el borrador del suplemento a la evaluación de impacto ambiental se considere final”, dice Figueroa.

En su carta a HUD amplía la denuncia, “este documento no cumple con los estándares legales mínimos que establecen los reglamentos federales. Las disposiciones legales requieren cumplimiento con los procedimientos que son requisitos de ley, y éstos han sido ignorados o incumplidos por la autoridad local para el redesarrollo”, sostiene.

Amenaza Ambiental
“La Autoridad simplemente ha desarrollado un Plan de Uso de Terrenos que no incluye un plan de zonas especiales, ni reglamentación para éstas. Por lo tanto, el suplemento de efectos ambientales (SEA) no puede utilizar esta declaración como medida de mitigación”, afirma en otra parte del documento.

“El desarrollo económico futuro de los municipios de Ceiba y Naguabo no puede estar basado en un documento conceptual como el addendum del 2010 al Plan de Reúso. Necesitamos instrumentos de planificación serios y de calidad que no abran estas tierras para ningún tipo de desarrollo que promueva mayor desparramamiento urbano y más urbanizaciones de acceso controlado, donde el desarrollo económico es mínimo”, advierte.