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lunes, 10 de octubre de 2011

Informe federal no puede ser evidencia


Por Yennifer Álvarez Jaimes,

El secretario de Justicia, Guillermo Somoza Colombani, insistió en que el informe del Departamento de Justicia federal, que concluyó que la Policía de Puerto Rico ha violentado los derechos constitucionales de amplios sectores de la población, no debe ser considerado como evidencia en el Tribunal federal.


Somoza Colombani opinó que “el informe, en términos jurídicos, es una prueba de referencia” en el que se entrevistó a los denunciantes y no a los miembros de la Uniformada.

“Es prueba de referencia debido a que es a base de entrevistas de personas con conocimiento de ciertas circunstancias, pero no incluye las dos caras de la moneda. No se entrevistó, ni se le dio la oportunidad, ni al Gobierno ni a sus funcionarios de ser escuchados y considerados para hacer ese informe. Por consiguiente, no cumple con los requisitos para ser admitida”, aseguró.

Según el Titular de Justicia, “el estándar de prueba en lo federal es preponderancia de la evidencia”.

La controversia surge luego que el Departamento de Justicia se opuso a que la abogada de los estudiantes golpeados en la escalinatas del Capitolio el año pasado utilizara el informe para demostrar que las reclamaciones de sus clientes son justificadas.

De otro lado, el Secretario de Justicia informó que hoy retirará la moción de 15 páginas en la que expresa su rechazo a que el informe sea admitido como evidencia, por entender que el lenguaje que se utilizó no es el apropiado.

La moción que se presentó a nombre del Departamento de Justicia establece que el informe federal de 116 páginas no es confiable, es erróneo y sesgado, y dice que la metodología utilizada para llegar a su conclusión fue “bastante oscura”.

Somoza Colombai reconoció que la moción de 15 páginas está repleta de adjetivos inapropiados y que el escrito debe basarse estrictamente en Derecho.

A preguntas de EL VOCERO, Somoza Colombani dijo que tras el incidente se instruyó nuevamente al cuerpo de abogados de la agencia para que redacten los escritos basados estrictamente en Derecho y aseguren dejar de lado sus opiniones.
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martes, 2 de agosto de 2011

Abuso policial en Loíza

por Maribel Hernández Pérez


Una familia de la comunidad Villa Cristiana, en Loíza, vive con miedo desde que un contingente de supuestos policías llevara a cabo un allanamiento ilegal en su residencia, les tomara fotos y vídeos a ellos y a sus vehículos, destrozaran su hogar y le arrancaran las cámaras de seguridad, en medio de un “operativo” en el que buscaban a una persona que nunca identificaron, en violación a sus derechos civiles.


Han pasado más de dos meses del incidente que le marcó la vida. Fue el 12 de mayo, en la residencia #319 de la calle Santiago en Villa Cristiana, donde vive la enfermera Carmen Miranda Márquez, de 44 años, sus dos hijos, de 19 y 22 años, y sus padres sexagenarios. Sin embargo, aún no han recibido una respuesta de la autoridades justificando su intervención indebida, en las que hubo amenazas, faltas de respeto e intento de agresión, de acuerdo con sus alegaciones.

El incidente ocurrió pasadas las 3:30 p.m. y, aunque duró unos 15 a 20 minutos, su impacto emocional fue devastador para la enfermera y sus hijos.

Según narró a Primera Hora, la querellante ese día se encontraba en el baño cuando escuchó ruidos, como si le estuviesen rompiendo el portón de la marquesina de su casa.

Salió del baño y junto con sus hijos fueron a verificar los monitores de las cámaras de seguridad que tiene instaladas en su casa, ya que en su vecindario hay robos y escalamientos frecuentes. Allí observaron patrullas de la Policía y decenas de hombres, vestidos con ropa de civil y algunos con chalecos antibalas en los alrededores.

“Yo diría más de diez a 15 patrullas y sin exagerar de 50 a 60 policías… la calle como que la cerraron. Vemos en las cámaras que están rompiendo los portones con tijeras y con una barra en hierro, lo que le dicen pata de cabra, sale mi hijo al frente y dice por la ventana: '¿Qué pasa? ¿A quién ustedes buscan?' Y lo que dicen es: 'Abran ahí'”, narró la enfermera, quien lo pensó dos veces antes de acercarse, ya que no le presentaron la orden de allanamiento que ella requería.

Cuando la mujer llegó a la planta baja, ya los agentes estaban en la marquesina luego de romperle el portón con tijeras y una barra de metal. Cuando abrió la cerradura, la empujaron y la acorralaron junto a sus hijos en las escaleras. Aunque intentaron evitar que subieran a su hogar, los agentes continuaron avanzando hasta que la llevaron hasta la sala de su casa.

“Cuando meto yo la llave, ahí ellos me empujan. Me atrabancaron en la escalera junto con mis hijos y ahí nosotros hicimos fuerza, pero yo como en cuatro, cinco o seis ocasiones, le preguntaba que a quién buscaban, que por qué en mi casa y qué era lo que pasaba, pero ellos nunca me contestaron”.

En medio de este incidente, la mujer sufrió un ataque de hipertensión, recordó angustiada.

Uno de los supuestos agentes, que nunca se identificaron ni tenían ninguna identificación visible, le propuso que negociaran, ya que estaban “buscando a alguien”, pero sin indicarle a quién comenzaron a registrar las habitaciones de la casa. Mientras esto ocurría, a ella la custodiaba una mujer policía, que describió como de pelo rubio, con recorte tipo paje y ojos grandes, quien le dijo que lo hacía “por su seguridad”.

“Tumbaron dos clósets de los cuartos, eran tantos los policías que habían y a mis dos hijos los tenían atrabancados en las escaleras. Cuando entró esa tercera mujer policía, yo no podía lidiar con los tres. En ese momento dado, yo le digo a él: '¿Tú no estás diciendo que estás buscando a alguien? ¿Por qué en una gaveta estás buscando?' (Me respondió) 'No, señora, olvídese de eso, abre el clóset y mira ahí (parte superior)' Entonces, yo le digo: 'Pero es que ahí no puede estar una persona enganchada'. Todo el tiempo, ellos lo que hicieron fue faltarme el respeto, buscar en mi hogar sin el permiso, sin identificarse”, sentenció.

De una cajita que tenía en su cuarto, también le sacaron las llaves de los cuatro autos de la casa y los registraron y los fotografiaron.

A ellos, además, les tomaron fotos y mientras uno de los agentes lo hacía, su hijo logró tomarle una con su celular, cuya copia fue entregada a Primera Hora. En la foto se le ve portando un arma niquelada que tiene un sello color rosa.

“Uno de los policías coge una silla de la parte de abajo y le tiró a mi hijo mayor del balcón, le tiró con esa silla”, agregó.

Teme por su seguridad

En medio del confuso incidente, varios policías supuestamente le lanzaron una advertencia a su hijo menor, la cual interpretó como una amenaza de muerte.

“Ése es mi gran temor. Ellos expresaron que vamos a ponerlos a brincar. El policía le dice a él (hijo menor): 'Cuando te cojamos en la calle, te vamos a poner a brincar…'. Yo entiendo que brincar no es brincar cuica, yo entiendo que brincar es matarlo y ése es el temor que yo siento. Desde ese entonces, yo no he podido ni presentarme a mi trabajo porque yo no creo en la Policía, yo veo una patrulla y yo me descontrolo, porque creo que me van a hacer algo”, se reafirmó.

Cuatro horas después del incidente, decidió abandonar el hogar y envió de viaje a sus hijos con sus abuelos que estaban de viaje en la República Dominicana.

El 17 de mayo, varias de sus amistades la orientaron para que denunciara lo sucedido y acudió a las oficinas del Negociado de Asuntos Internos de la Policía estatal.

Le asesinaron a su hermano

La querellante indicó que el 30 de mayo de 2010 fue asesinado su hermano Ramón L. Miranda Márquez, de 42 años, cuando regresaba a su hogar de las parcelas Vieques, en Loíza, tras asistir a un quinceañero.

Su asesino fue acusado, pero el presunto autor intelectual del crimen del hermano, quien era fisiculturista, no fue encausado.

El día antes del allanamiento ilegal en su casa, ese sospechoso fue asesinado en la marginal del barrio Buenaventura, en Carolina. Fue identificado por la Policía como John Eric Mercado Franco, de 23 años, vecino del sector Las Carreras, en Loíza. Fue asesinado a tiros tras salir de visitar a su oficial probatorio en el Tribunal de Carolina.

Sin embargo, ella no ha logrado establecer ningún vínculo entre esos sucesos con la redada ilegal en su casa, ya que las escuadras que llegaron a su hogar jamás le indicaron que eran policías ni le presentaron órdenes de allanamiento ni mucho menos le dijeron a quién buscaban.

“No te puedo decir que tiene relación, eso me está raro… entiendo que no. El porqué la Policía entró a mi hogar sin orden, rompiendo portones, empujando, dando sillazos, cortando cámaras y llevándoselas, no tengo explicación”, respondió Mercado.

viernes, 3 de junio de 2011

Menores narran experiencia con “pepper spray”

Menores narran experiencia con “pepper spray”
Los tres adolescentes, Derick Negrón, Brandon Figueroa, y Michael Rivera, testificaron en la vista preliminar contra el policía José Ramos Colón, quien les roció en el rostro “pepper spray.
(Primera Hora / Archivo / Vanessa Serra Díaz )
viernes, 3 de junio de 2011
Istra Pacheco / Primera Hora

La vista preliminar contra el policía José Ramos Colón, acusado de rociarles gas pimienta a menores de edad, inició ayer con el testimonio de los tres chicos involucrados -Derick Negrón, de 14 años; Brandon Figueroa, de 12 años, y Michael Rivera, de 13 años.

Los menores narraron, a preguntas del fiscal Jan Mangual, que el 19 de abril llegaron a la plaza pública de Cidra, con la intención de hacer un vídeo de ellos jugando a la lucha libre.

Una vez allí comenzaron a jugar mientras Derick grababa. Los tres coincidieron en que no estaban peleando, y que el oficial Ramos Colón no les habló, sino que procedió a rociarles el gas de inmediato.

Rivera contó que la sustancia se sentía como si les quemaran la piel y los ojos. Aseguró que no quiso hacer mucho escándalo sobre el asunto porque había perdido a un hermano hacía 12 días y no “quería darle más problemas” a su mamá.

Figueroa señaló que el spray era tan fuerte que comenzó a gritar y a llorar. Por su parte, Negrón leyó una declaración jurada suya, que había rendido previamente, en la que indicaba que escuchó a una muchacha decir: “A que no le echa”, como si fuera un reto al policía.

Sin embargo, los menores discreparon en la hora de los sucesos, en cuánta gente había en el lugar y si alguno de ellos estaba o no gritando.

El abogado defensor, Manuel Grant, dijo a su salida que pedirá que se suprima de la evidencia el vídeo por entender que no fue custodiado debidamente.

Además, aseguró que posee otros cuatro vídeos de los chicos jugando un día después como si no les hubiera pasado nada.

Mangual, por su parte, lo retó a que presente la prueba.

La vista continuará hoy para darle oportunidad a su abogado a que presente testigos a su favor.

En caso de que los testigos no puedan acudir al Tribunal de Caguas, la jueza Sylkia Carballo decidirá si hay o no causa para juicio contra el agente.

jueves, 17 de febrero de 2011

Alerta ante presuntos abusos policiacos

17 Febrero 2011

Alerta ante presuntos abusos policiacos
Continúa pendiente la pesquisa federal sobre la Uniformada



Como parte de la investigación sobre normas y prácticas de la Policía de Puerto Rico, se examinan incidentes específicos, según Justicia federal. (Archivo / Ramón “Tonito” Zayas)Por José A. Delgado / jdelgado@elnuevodia.com

WASHINGTON - Cada vez que ocurre un nuevo incidente, la oficina de San Juan de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU) actualiza la querella que mantiene ante el Departamento de Justicia federal sobre presuntos abusos cometidos por la Policía de Puerto Rico.

Tan reciente como en diciembre pasado, fiscales de la División de Derechos Civiles de Justicia federal regresaron a San Juan a realizar nuevas entrevistas con autoridades gubernamentales, ciudadanos y la ACLU.

“Los procesos son lentos, pero la investigación es continua”, indicó ayer William Ramírez, responsable de la oficina de San Juan de ACLU y quien le ha referido a la División de Derechos Civiles todos los incidentes de los pasados dos años en que la Policía ha actuado con violencia contra estudiantes y miembros de sindicatos.

Xochitl Hinojosa, portavoz de la División de Derechos Civiles de Justicia federal, indicó que la investigación que realizan desde 2008 sigue vigente y se centra en alegaciones de que miembros de la Policía de Puerto Rico han utilizado “fuerza excesiva, realizado registros inconstitucionales y actuado discriminatoriamente”.

Ramírez indicó que la investigación comenzó por las denuncias de residentes de Villa Cañona, en Loíza, que sostienen que los agentes policiales entraban a su comunidad a golpear indiscriminadamente a ciudadanos.

Como parte de la investigación sobre normas y prácticas de la Policía de Puerto Rico se examinan incidentes específicos, según Justicia federal.

Las entrevistas periódicas que se han hecho en Puerto Rico incluyen a la dirección policial, organizaciones de policías, abogados, líderes comunitarios y personas que consideren que han sido víctimas de abuso.

Según portavoces de los gobiernos de Puerto Rico y Estados Unidos, la reciente reunión del equipo de seguridad pública del gobernador Luis Fortuño con funcionarios del Departamento de Justicia federal no llegó a tratar esa investigación.

“No puedo divulgar los temas discutidos en la reunión, pero puedo decir que la reunión no estuvo vinculada a la investigación que realiza la División de Derechos Civiles”, indicó Jessica Smith, otra portavoz de Justicia federal.

“Ese tema no lo trajeron a discusión”, afirmó, por su parte, el secretario de Justicia de Puerto Rico, Guillermo Somoza Colombani.

Por lo que se conoce públicamente, la reunión del pasado viernes -a la que asistió el gobernador Luis Fortuño- fue convocada para terminar de ordenar la sección referente a la lucha en contra del crimen del informe del grupo interagencial de la Casa Blanca sobre Puerto Rico.

El mismo día que se llevó a cabo la reunión en Justicia federal se produjo la renuncia del hasta entonces presidente de la UPR, José Ramón de la Torre.

Ya de regreso en San Juan, el gobernador Fortuño anunció la salida de la Policía del interior de la UPR, donde a principios de la semana pasada agentes de la División de Operaciones Tácticas protagonizaron uno de las intervenciones más violentas en contra de estudiantes. Para Fortuño, el retiro de la Policía buscó facilitar un nuevo diálogo en la UPR.

jueves, 10 de febrero de 2011

Heridos y arrestados en el tercer día de clases en la UPR

10 Febrero 2011

Heridos y arrestados en el tercer día de clases en la UPR
Llovieron piedras y macanazos en reyerta en la UPR

Mira la fotogalería Vídeo: Encontronazo entre la policía y estudiantes Vídeo: Arrestos en la UPR Video: “La Policía no pertenece a este lugar” Vídeo: Decretan paro de 24 horas Vídeo: Estudiantes toman la Torre Más vídeos de la huelga Por Keila López Alicea / keila.lopez@elnuevodia.com

Decenas de estudiantes arrestados, otros tantos heridos y cerca de una decena de policías agredidos fue el saldo de la reyerta ayer frente a la biblioteca José M. Lázaro en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

El presidente del Consejo General de Estudiantes de Río Piedras, Omar Ramírez, indicó que “muchísimos” estudiantes resultaron heridos a causa de los golpes propinados por los policías.

“Muchos estudiantes terminaron con golpes en diferentes partes del cuerpo, macanazos, heridas abiertas en la frente. No hubo heridos de gravedad, la mayoría simplemente se fue del recinto, no fueron a buscar asistencia médica como tal”, señaló Ramírez.

Al cierre de esta edición, el número exacto de estudiantes arrestados aún era incierto. El abogado Luis Rivera Santana informó en la tarde que 25 estudiantes universitarios fueron arrestados en medio de la reyerta. Mientras, el coronel Sergio Rubín informó que fueron 28 los universitarios arrestados. Los jóvenes fueron llevados a cuatro cuarteles alrededor de San Juan: el cuartel de la calle Loíza, en Santurce; el cuartel del residencial Monte Hatillo, el cuartel del residencial Manuel A. Pérez y el cuartel de Cupey.

Ramírez indicó que se esperaba que los estudiantes fueran dejados en libertad durante la noche, posiblemente con una citación para una fecha posterior.

Rivera Santana informó que de los siete estudiantes que fueron llevados al cuartel del residencial de Monte Hatillo, cuatro tenían golpes en la cabeza, cejas, costillas y espaldas. En el motín se observaron estudiantes a quienes los policías de la Unidad de Operaciones Tácticas golpearon repetidamente en el torso con la punta de sus rotenes, mientras que otros fueron lanzados contra el suelo.

“Uno de los estudiantes está bien golpeado y tiene un chichón en la espalda”, indicó el abogado, quien destacó que, tan pronto fueron arrestados, los heridos no recibieron asistencia de un médico, aunque sí de paramédicos.

En tanto, el coronel Rubín informó que siete policías resultaron heridos en la reyerta. El oficial indicó que dos son mujeres y cinco hombres, pero no los identificó ni señaló el tipo de heridas que recibieron. En medio de la confusión se observó que un agente de la Uniformada fue golpeado por varios jóvenes, mientras que otros fueron alcanzados por las piedras que le lanzaron los estudiantes.

“Yo estuve ahí, yo vi todo. Si no hubiese sido porque uno de los agentes me protegió, a mí me hubiesen tirado con dos piedras”, manifestó Rubín en una entrevista televisiva (Noticentro).

Las llamadas y mensajes enviados ayer por este diario a la portavoz del superintendente José Figueroa Sancha en busca de una reacción a lo sucedido no fueron contestadas.

Asimismo, Rubín le restó importancia a las acusaciones de estudiantes y empleadas del recinto que aseguran sentirse acosadas porque miembros de la Uniformada les lanzan besos y las siguen al baño. El coronel indicó que las personas deben radicar querellas “en los foros correspondientes” si se sienten amenazadas.

Pero más allá de las críticas que la presencia policiaca genera entre los estudiantes y la comunidad universitaria en el mayor recinto de la UPR , lo cierto es que la intervención indefinida de la Policía está creando un hoyo en el presupuesto de este cuerpo.

En una entrevista con Las Noticias Univisión, Figueroa Sancha indicó ayer que mantener a los policías en la UPR cuesta cerca de $3 millones mensuales, entre salarios y horas extras. Del mismo modo, el Superintendente destacó que le solicitó al gobernador Luis Fortuño extender hasta verano la activación de la Guardia Nacional para ayudar en el patrullaje policiaco.

Por su parte, el ayudante general de la Guardia Nacional, Antonio J. Vicéns, destacó que tener a 600 efectivos del cuerpo castrense en la calle realizando labores de patrullaje le cuesta $1.2 millones al mes. Vicéns sostuvo que no descarta mover a sus guardias hasta la UPR si se lo solicitan.

martes, 5 de octubre de 2010

Denuncian dominicanos patrón de abuso policiaco

05 Octubre 2010

Denuncian dominicanos patrón de abuso policiaco
Tronaron contra el superintendente José Figueroa Sancha y pidieron su destitución

Vídeo: Piden destitución de Figueroa Sancha
Stephany Bello, al centro, alega que una agente de la Policía le dio una cachetada en medio de una intervención. (El Nuevo Día / Ramón 'Tonito' Zayas)Por Limarys Suárez Torres / lsuarez1@elnuevodia.com

Un presunto patrón de abuso policiaco encabezado por una supuesta política de discrimen racial fue denunciado ayer por el Comité Dominicano de los Derechos Humanos, que solicitó al gobernador Luis Fortuño que destituya de su puesto al superintendente de la Policía, José Figueroa Sancha.

En una rueda de prensa en las oficinas del Comité en Santurce, la joven Stephany Bello junto a otros tres dominicanos denunció haber sido una de las víctimas del atropello que alegadamente recibe su comunidad por parte de la Policía.

“Pasó el 12 de septiembre cerca de las 11:00 a.m., casi al mediodía. Estábamos reunidos en un juego ilegal de una pelea de gallos, pero estaba en la puerta esperando a una persona. Luego salí, porque escuché un tiroteo, y me agarró la misma oficial que me golpeó y me dijo que me tirara al suelo. Nos llevaron al cuartel, mandé que buscaran mi residencia (documento) y seguro social a la casa. Cuando se la entregué me dijo que eran falsos y luego los cogió en mano, me los entregó y me dio una bofetada y me dijo que eso era para que yo aprendiera”, relató Bello.

La joven de 20 años destacó que esa agente de la División de Drogas del cuartel de la 65 de Infantería, la que desconoce el nombre y la placa pero puede identificar si la ve, se expresó de forma despectiva en su contra y le indicó que sus papeles habían sido comprados en Río Piedras por $50.

“Le dije que mi papá me trajo a este País con mis dos hermanos y que no era ninguna delincuente para que ella me tratara así. Me dijo ca..., esa dominicana es una ca...; me dijo esa palabra. Luego me entregó la residencia en mano y me dio la bofetada que me hinchó la cara, sin decirle nada. Tengo más de 30 testigos”, reiteró Bello.

Por su parte, José Rodríguez, encargado de la comunidad señaló que el caso de Bello refleja la forma en que los dominicanos son tratados. “La Policía tiene una persecución feroz en contra de la comunidad dominicana y queremos pedir que Figueroa Sancha sea destituido. Él es un individuo agresivo y mentiroso habitual”, declaró.

En tanto, Esteban Reyes, presidente del Comité, indicó que la Policía se ha convertido en un brazo armado donde todo aquel que proteste o difiera se convierte en enemigo.

“Un policía no está capacitado para comportarse como un oficial de inmigración. El único delito aquí es que somos dominicanos”, dijo Reyes.

Por su parte, Figueroa Sancha reaccionó a las denuncias hechas por el Comité y sostuvo que siempre ha tenido una comunicación abierta con el cónsul de República Dominicana, Máximo Taveras, con el fin de conocer y actuar sobre el sentir y preocupación de dicha comunidad.

Asimismo indicó que gestionó ayer mismo con el consulado para que Bello acudiera al Cuartel General con el fin de tomarle una declaración sobre el presunto golpe que recibió de parte de una agente, pero no acudió.

“Espero que mañana (hoy) acuda al cuartel para tomarle una declaración sobre los hechos que ella denunció hoy (ayer) y si hay los elementos, puede estar segura que se abrirá una investigación”, dijo.

El superintendente de la Policía explicó que los hechos donde presuntamente terminó siendo agredida Bello se trató de una intervención que realizó la uniformada en Sabana Llana luego de recibir una confidencia que en la calle Rosario se estaban llevando a cabo peleas de gallo clandestinas.

“Nosotros impactamos juegos ilegales, no porque sean dominicanos, sino que aquí los operativos se hacen para atajar la ilegalidad. No se hacen por raza color, religión ni preferencia sexual. En Puerto Rico hay 109 galleras registradas bajo la Comisión Gallística y ésta no era una de ellas. Es cuestionable que un día antes de la vista de determinación de causa para arresto ocurran estas denuncias y que no lo hubiesen hecho antes”, puntualizó.

La policía citó para hoy en la mañana a 75 personas arrestadas el pasado 12 de septiembre en el operativo que presuntamente resultó agredida Bello al Centro Judicial de Hato Rey, en la Sala de Investigaciones.

viernes, 2 de julio de 2010

Llueven relatos de brutalidad policiaca en el Capitolio

viernes, 2 de julio de 2010
Sara M. Justicia Doll / Primera Hora
“Llegamos cantando consignas a las escalinatas del Capitolio. Queríamos entrar pacíficamente, pero no nos dejaron dialogar”.

Nelly Camile López Gutiérrez, de 18 años, estudiante de ingeniería del Recinto Universitario de Mayagüez, recibió el miércoles un macanazo que casi le cuesta el ojo izquierdo. Primero, le cayó encima gas pimienta y optó por sentarse en las escalinatas del Capitolio, sin embargo, al no poder moverse, un agente de Operaciones Tácticas la golpeó con una macana y provocó que perdiera el conocimiento por cerca de 10 minutos. Cuando volvió en sí, estaba en una ambulancia y con un enorme edema en el ojo izquierdo.

“Básicamente yo quería llegar a las gradas y ver cómo se cuadraba el presupuesto, pero es que ni nos dejaron dialogar para llegar hasta adentro”, comentó la joven ayer en una camilla del Centro Médico, justo antes de ser dada de alta.

Agresiones y macanazos en protesta estudiantil en el Capitolio El caso de Nelly no era sencillo, ya que tiene problemas de coagulación y el cuadro se pudo haber complicado, por lo que la refirieron del dispensario Hoare al Centro Médico de Río Piedras.


Con serenidad, la joven dice que “esto es algo que tenía que pasar para que la ciudadanía se dé cuenta de cómo verdaderamente están las cosas”.

A su papá, Ismael López, la llamada en la que le notificaron lo que le había pasado a su hija lo puso a temblar. “Yo la respaldo a ella en su forma de pensar, cuenta con mi apoyo. Sin embargo, cuando recibí esa llamada y me dijeron que algo había pasado, pues hasta que no la vi no estuve tranquilo... Imagínate, cuando le vi el ojo lo que pensé. Eso fue un abuso”.

A Nelly se le practicaron exámenes de la cabeza, el ojo y placas de la mandíbula, pero afortunadamente ayer pudo regresar a su casa. Aun así, su visión no se había reestablecido totalmente y el edema sobre su ojo era impresionante.

Le rompieron el cristal
El abogado ponceño Rafael Emmanuelli Jiménez se encontraba en Caguas cuando se enteró de lo que sucedía en el Capitolio, por lo que se movilizó hasta San Juan, ya que dos de sus hijos, estudiantes del Sistema UPR, estaban en la manifestación.

El abogado estacionó su auto cerca de la Lomita de los Vientos y caminó hacia el Capitolio. Sin embargo, justo minutos después tiraron los gases lacrimógenos, por lo que tuvo que correr.

Cuando, ya con sus hijos, iba saliendo de San Juan por la avenida Fernández Juncos, frente al ala sur del Capitolio, observaron una escuadra de Operaciones Tácticas caminando. La menor le pidió a su papá que abriera la ventana para grabarlos.

“Los policías no tenían identificación y yo estaba tan molesto que les dije: 'Qué bonito que no tengan sus nombres en la identificación'. El último policía que iba en la escuadra tomó una macana y rompió con un fuerte golpe el cristal trasero de mi carro, a poca distancia de donde estaba sentada mi hija”, narró el abogado. Éste dio marcha atrás, pero vio que un policía le apuntó con la pistola, temió por su vida y se fue.

En una estación de gasolina más adelante, el abogado se detuvo y allí trató de que el policía González, placa 24949, que manejaba la patrulla con tablilla GEO1786, le tomara una querella del incidente, pero el agente se negó. Tampoco lo hizo el sargento Rodríguez, placa 8-19877.

En el vídeo se escucha a Emmanuelli llamar “cabr...s” a los policías, y a uno de ellos mentarle la madre. Entonces se ve el macanazo, el cristal hecho añicos y se escucha al padre preocupado por su hija.

Ataque policiaco hizo más fuertes a madre e hija

viernes, 2 de julio de 2010
Sara M. Justicia Doll / Primera Hora
Caguas. Cual leona que defiende con sus garras y dientes a su cachorro del peor animal de la jungla, Betty Peña, de 52 años, intentó defender a su hija Elisa Ramos Peña, de 17 años, de los “depredadores” azules y, al final, lograron salir de la violencia que reinó el miércoles en el Capitolio.

Ayer, tras el abusivo ataque que sufrieron por parte de la Policía, ambas aseguraron que el dolor físico les servirá de fuerza. Ese dolor no se compara con la gran angustia que les provocan los atropellos contra el pueblo, dijeron.

En las portadas de los principales diarios del país se observó a Elisa sujetar el brazo de un oficial de Operaciones Tácticas que la quería inmovilizar agarrándola por el cuello. Su madre permanecía en el suelo y con los ojos llorosos por los efectos del gas pimienta. Sobre ellas, un corpulento agente de la Unidad de Operaciones Tácticas con macana en mano.


Agresiones y macanazos en protesta estudiantil en el Capitolio Madre e hija ayer se hicieron exámenes médicos, ya que la menor sufrió contusiones en la cabeza, laceraciones en el brazo y efectos del gas pimienta en la cara, debajo de los ojos. Su madre, que sufre condiciones respiratorias, se vio afectada por el gas pimienta y dolores en la espalda.

“El reclamo que fuimos a hacer ayer, no es el reclamo de los estudiantes, es el reclamo de un pueblo, el país es nuestro y como líder comunitaria me veo en la obligación de reclamar un mejor futuro para mis hijos y nietos, se trata de defender lo que es de todos, este país de gente noble y de gente digna no es para los legisladores corruptos ni para unos pocos”, dijo ayer Peña maestra de la escuela Haydeé Caballero, de Caguas.

Betty y Elisa narraron a Primera Hora que llegaron en son de paz para unirse a la manifestación por lograr la garantía del acceso del público general a las gradas del hemiciclo.

“Estábamos en el área del estacionamiento con otras personas que participaban de la manifestación. De repente, nos dijeron que teníamos que desalojar esa área cercana al estacionamiento en el ala norte y todo fue con fuerza bruta. De momento caí y me agarraron por el pelo para sacarme, mi mamá tuvo que arrastrarse porque tiene problemas de espalda”, narró Elisa.

La joven cursará el grado doce y aspira a convertirse en contable después de estudiar en la Universidad de Puerto Rico.

“No voy a permitir que me pisoteen, tengo planes futuros para ir a la Universidad, por lo tanto tengo que luchar desde ahora. Volvería a participar de manifestaciones porque lo que no me mata me hace más fuerte, mejor persona”, dijo la jovencita.

Su madre sostuvo que es responsabilidad del pueblo luchar contra los narcotraficantes, contra los líderes corruptos, contra un “gobernador inepto, contra un secretario de Justicia que no está en el país y contra un superintendente que somete al pueblo a través de la obediencia, es decir, contra unos líderes que hacen lo que les da la gana”.

El doctor que examinó a Betty determinó que tenía las vías respiratorias bien inflamadas y que requeriría de terapia. Mientras, se espera por que el plan médico apruebe que se le realice un CT Scan a Elisa en la cabeza donde ayer todavía lucía chichones y sufría profundo dolor.

Ayer, Elisa le envió un mensaje al Gobernador para que pida la renuncia del superintendente de la Policía, José Figueroa Sancha.

Su madre aprovechó para recordarle a Luis Fortuño “ su palabra de hombre” y que evite que la propia Policía atente contra mujeres como se vio en el Capitolio.

jueves, 1 de julio de 2010

Llueven los golpes

01 Julio 2010

Llueven los golpes
Motín en el Capitolio luego de que se impidiera el paso a estudiantes

FotogaleríaVídeo: Sacan manifestantesVídeo: Protestan frente al CapitolioVídeo: Estudiantes se manifiestan
La Policía desalojó a los manifestantes de la plazoleta capitolina con empujones y macanazos.Por Marga Parés y Daniel Rivera / puertoricohoy@elnuevodia.com

El último día de la sesión legislativa fue el marco ayer de un violento choque entre la Policía y cientos de manifestantes en la plazoleta norte del Capitolio, protagonizado por las nubes blancas de gases lacrimógenos y las agresiones a diestra y siniestra.

Una manifestación convocada por estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) para “retomar la Legislatura” tras las acciones del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, de cerrar las gradas del hemiciclo a la prensa por tres días y al público por varios meses fue la convocatoria inicial que llevó a decenas de manifestantes hasta Puerta de Tierra.

Pero el caos comenzó poco antes de las 3:00 p.m., cuando se le negó el acceso al Capitolio a varios universitarios identificados como miembros de la prensa estudiantil y alternativa, a saber de Radio Huelga, Indymedia, Onda Alterna y Rumbo Alterno.

Una hilera de agentes de la Unidad de Operaciones Tácticas cercaba la entrada del histórico recinto por el lado norte mientras un helicóptero de la Policía sobrevolaba el área. En el vestíbulo de la Casa de las Leyes se confundían policías y personal de seguridad interna no identificados con miembros de la prensa.

Casi a las 4:30 p.m. se caldearon los ánimos cuando se le negó la entrada a varios ciudadanos que mostraban sus identificaciones para tratar de entrar a la sesión legislativa en su día de cierre y cinco miembros de la prensa alternativa se sentaron en el área donde ubica el detector de metales en señal de protesta.

El fuerte sonido de algo que cayó al suelo fue el detonante del caos que se formó. Los agentes de la Policía sacaron a los universitarios a empujones y macanazos, actos que quedaron plasmados por fotoperiodistas que cubrieron la escena y que se repitieron en varias ocasiones más durante la tarde. Gases lacrimógenos lanzados por la Uniformada se apoderaron del interior del Capitolio y dispersaron a la multitud, provocando que muchos salieran corriendo a las escalinatas del lado norte. Acto seguido, empleados del Capitolio y policías cerraron las puertas.

El representante Antonio “Toñito” Silva, presidente de la Comisión cameral de Hacienda, debatía con empleados del Centro de Recaudación de Ingresos Muncipales (CRIM) sobre la medida de la tasación de propiedades no registradas cuando la Policía lanzó el gas.

Una de las jóvenes que entró al vestíbulo fue rociada directamente en el rostro. La muchacha salió del Capitolio casi sin poder respirar y vomitó mientras bajaba las escalinatas.

Luego, los agentes golpearon a un hombre que se había colocado en posición fetal contra una pared y lo arrastraron fuera del Capitolio.

Adentro, el olor del gas era insoportable y los policías, agentes de seguridad del Capitolio y periodistas tosían fuertemente. Otras personas afectadas intentaban respirar aire fresco mientras se abanicaban la cara con papeles y las manos ante las ventanas abiertas del segundo piso.

Mientras que en la rotonda, con el rostro enrojecido, ojos húmedos y dificultad para respirar, un agente de seguridad interna se apoyó, de rodillas, en uno de los pilares que protegen la urna que guarda la Constitución de Puerto Rico.

Afuera, mientras enfrentaban el desafío de los manifestantes, más de 80 miembros de Operaciones Tácticas fueron empujando a los participantes de la protesta hasta formar un perímetro casi alrededor de toda la plazoleta del lado norte. Algunos manifestantes les tiraban vallas, botellas de plástico y huevos a los uniformados mientras estos contrarrestaban empujando y dando macanazos.

“Llamen a alguien que el compañero no puede ver y le dieron”, gritó una de las universitarias del componente de la “prensa alterna”. A los pocos minutos una ambulancia del municipio de San Juan llegó al lugar y varios manifestantes del conglomerado de “prensa estudiantil” acudieron a recibir auxilio.

El tránsito vehicular frente a la legislatura fue bloqueado durante varios minutos por los manifestantes mientras un “trolley” con algunos turistas se estacionó al frente del Capitolio mientras retrataban y grababan la protesta.

“Esto es consecuencia de las actuaciones que empezaron hace meses con la privación y obstrucción a los derechos democráticos del pueblo”, denunció el licenciado Osvaldo Burgos, quien junto a varios miembros del Colegio de Abogados actuaba como observador.

A lo largo de la tarde, El Nuevo Día observó cómo, además de helicópteros sobrevolando el área, aumentaba vertiginosamente la presencia policiaca con Operaciones Tácticas, la Unidad Montada y uniformados en motora.

“Es lo mismo, abuso de los que tienen el poder en contra del poder. El país tiene que decir basta ya, como lo están haciendo los estudiantes y la sociedad civil”, declaró la representante Carmen Yulín Cruz, quien antes de los incidentes estaba en la entrada del Capitolio para recibir a los manifestantes.

“¿Qué tenemos de diferente nosotros? Que somos estudiantes”, manifestó la estudiante Shariana Ferrer Núñez.

Después de las 6:30 p.m., la extensa formación policíaca -cientos de agentes rodeaban la Casa de las Leyes- que cerraba toda la plazoleta norte del Capitolio mantenía a raya a los manifestantes, encabezados por estudiantes.

El último incidente de violencia ocurrió cuando una escuadra de Operaciones Tácticas salía del área en medio de donde estaban los estudiantes.

Comenzaron los empujones, gritos, lanzamiento de zafacones y de barricadas de madera por parte de estudiantes, mientras que unos policías golpearon en el piso a manifestantes.

Decenas de personas resultaron heridas -entre ellos varios periodistas- aunque sólo un puñado recibió asistencia médica en el dispensario Hoare o en la enfermería del Capitolio. Asimismo, un número no especificado de vehículos estacionados en el exterior del edificio de mármol terminaron magullados y con cristales rotos.

Mientras, agentes de Operaciones Tácticas ubicados en la parte alta de las escalinatas dispararon unas pistolas de gas lacrimógeno. El humo comenzó a afectar a todos los presentes, se siguieron repartiendo macanazos y comenzó a despejarse la manifestación de cientos de personas. Incluso, agentes de la Unidad Montada persiguieron en sus caballos a los manifestantes.

“Así legislan aquí”, dijo alguien. “Dale con ellos”, dijo un empleado capitolino.

“Me empujaron, gas, pepper spray”, manifestó un estudiante llamado Edwin. “Esto fue innecesario”, agregó.

A lo lejos, en la Lomita de los Vientos, una de las pocas jóvenes que se quedó a eso de las 7:00 p.m. cerca del Capitolio cargaba una pancarta que decía: “Esto no es democracia”.

sábado, 22 de agosto de 2009

Abuso de palos y de la fuerza

sábado, 22 de agosto de 2009
Rosita Marrero
Primera Hora

Nadie cree que fue coincidencia.
Mientras más se observan las imágenes de lo sucedido en el área estudiantil riopedrense, más difícil es entender los motivos que llevaron a la Guardia Municipal de San Juan y a la Policía a provocar la violencia y a utilizar la fuerza para hacer cumplir un Código de Orden Público.
Esa demostración de brutalidad le ha ganado muchas críticas, aun de las personas que apoyan el que se limite hasta las 12:00 de la medianoche el expendio de bebidas alcohólicas.

Los estudiantes no son delincuentes ni estaban armados. Sólo compartían y bebían como siempre lo han hecho, sin que ninguna autoridad intentara con anterioridad establecer el orden.
En última instancia, las patentes de bebidas y los permisos para el expendio de bebidas alcohólicas los otorga el Municipio, no son los estudiantes. ¿Por qué la agresión? ¿Por qué no el diálogo?

“En esta oficina nos estamos sintiendo saturados con problemas de la Policía por la cantidad de violencia que hay hacia la ciudadanía”, dijo el activista de la American Civil Liberties Union, William Ramírez, quien dramatizó cómo es que la situación del estudiante con la lata de cerveza resultó en la movilización de toda una Fuerza de Choque.
“No creemos que sea una coincidencia que ocurra dos días después que se pronunció el Gobernador en una campaña para combatir el crimen. Se le ve la costura a esto”, dijo.
El letrado subrayó que el que los estudiantes estuvieran bebiendo no los convierte en criminales ni justifica el que se les agrediera.

“Siempre que hay una gran cantidad de personas en un lugar y la Policía usa la fuerza bruta, siempre van a ocurrir incidentes lamentables, porque las personas en grupo aglomeradas tienden a reaccionar a esa violencia”, dramatizó.

La catedrática de Derecho de la Universidad Interamericana, Jéssica Rodríguez Martín, expresó que el superintendente de la Policía, José Figueroa Sancha, debería estar más preocupado en controlar los actos de agresión de algunos miembros de su Fuerza, que en intervenir con estudiantes que dialogan y se toman una cerveza en la Ciudad Universitaria. “Son los primeros, y no los segundos, los que amenazan la paz y la tranquilidad”, denunció.

“Eso se llama supresión de las libertades civiles. Se nos está aboliendo el derecho a la asociación constitucional, a la asociación pacífica en este país. Los vídeos del incidente son claro ejemplo de brutalidad policiaca”, mantuvo.
“No es la primera vez en este mes que vemos escuadrones de hombres corpulentos y armados agrediendo a ciudadanos por el simple hecho de hacer valer su derecho a la expresión y a la asociación”, apuntó.

El que ocurran estos actos de agresión a los ciudadanos, según Rodríguez, sin que el Superintendente los censure, redunda en el envalentonamiento de sus subordinados e indirectamente alienta a que actos como éste sigan sucediendo. En tanto, la rectora del Recinto de Río Piedras, Gladys Escalona, expresó su preocupación ante los incidentes registrados en la avenida Universidad, y en las áreas verdes de la residencia estudiantil Torre Norte.

jueves, 9 de julio de 2009

Causan sorpresa arrestos del FBI

jueves, 9 de julio de 2009
Maribel Hernández Pérez
Primera Hora

Media vida de carrera en la Policía y su conducta criminal pasó desapercibida por años.
El agente Osvaldo Hernández Adorno, adscrito al Cuartel de Trujillo Alto Sur, fue arrestado ayer a las 7:00 de la mañana por tres agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) frente a quienes eran sus compañeros de trabajo y a ciudadanos que con asombro observaron el degradante espectáculo.

El comandante del precinto, capitán Jimmy Ortiz, explicó que el agente Hernández, que llevaba unos 23 años laborando en la agencia, estaba patrullando en el turno de 4:00 de la madrugada a mediodía cuando fue arrestado.
El comandante lamentó lo sucedido, pero advirtió que la mayoría de los miembros de la Uniformada no son corruptos y que aquel policía que incurra en algún delito debe pagar las consecuencias.

“Si realmente lo hizo, tiene que pagar, y más nosotros que tenemos que dar el ejemplo en todo momento”, sostuvo Ortiz.
Agregó que durante el año que lleva al frente del precinto no tuvo conocimiento de que Hernández Adorno enfrentara alguna investigación administrativa ni observaba una conducta irregular.

“Hacía su labor de policía, normal, no tenía problemas de disciplina. Por lo menos en el precinto durante el último año, que nos conste, no”, respondió Ortiz.
A pesar de que las labores en el precinto tras el arresto de Hernández Adorno continuaron con normalidad, Ortiz dijo que existía preocupación entre varios policías sobre la percepción de la ciudadanía en torno a ellos.

“Uno que otro se sentía mal porque a veces piensan que la ciudadanía juzga a una persona como si todos fueran iguales”, añadió el oficial.
El jefe de la zona de Carolina, Enésimo Calzada, quien lleva pocos meses en el puesto, declaró que este tipo de persona no puede considerarse un agente de la Policía.
“Son delincuentes uniformados, porque no los considero policías, tienen que ser extirpados de la agencia”, insistió Calzada.

En torno a otro de los arrestados, el ex sargento Noel Rosario Colón, se informó que fue miembro de la escolta del ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá menos de un año y que fue trasladado por el jefe de la escolta para el área de Carolina, por no cumplir con los requisitos del puesto.
Unos siete meses después Rosario fue arrestado por agentes de Aduana en Canóvanas. Carolina cooperó

Por su parte, el alcalde de Carolina, José C. Aponte Dalmau, aseguró que cooperó con el FBI en la pesquisa contra el policía municipal Daniel Cruz Andino, que fue arrestado ayer de madrugada, por ser miembro de la alegada pandilla dedicada a cometer secuestros y asesinatos.
“La Policía Municipal de Carolina está integrada por personas serias, profesionales, responsables y honestas. Esto ha permitido librar una efectiva batalla contra la criminalidad en nuestra ciudad”, declaró el Alcalde.

Otro Escuadrón de la Muerte

jueves, 9 de julio de 2009
Rosita Marrero / Primera Hora

Como en los viejos tiempos.
En la Uniformada operan una serie de sujetos de ley y orden, que se dedican a cometer fechorías, al punto de cometer asesinatos para su lucro personal, como ocurrió en un pasado cercano con lo que se llamó el Escuadrón de la Muerte y la ganga del convicto Alejo Maldonado.
Ayer, las autoridades federales arrestaron a una ganga integrada por 12 personas, que además de mantener una operación de narcotráfico, según se alega, se dedicaban a hacerse pasar por agentes federales para secuestrar personas y robarles incluso a otros delincuentes.


Se les imputa a tres policías (un estatal activo, uno que ya estaba preso por otros cargos de corrupción y un municipal de Carolina) el ser miembros de esa ganga que en el 2008 secuestró a Elizmanuel Andrades Tellería para robarle 14 kilogramos de cocaína, armas y dinero.
En ese caso, entre abril y mayo de 2008, varios de ellos, vestidos de negro aparentando ser de una unidad de operaciones tácticas federal, y otro vestido con su uniforme de Policía y utilizando una patrulla, detuvieron a su víctima en un semáforo de Trujillo Alto, lo arrestaron, le leyeron sus derechos, se lo llevaron a un taller de hojalatería y le tumbaron la droga y todo lo que encontraron.


Al final, un guardia municipal, en su uniforme y en su patrulla, lo mató a balazos porque Andrades reconoció a uno de ellos, se indicó.Policías en uniforme
Es así que agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y de la Policía de Puerto Rico se desplegaron por varios lugares ejecutando los arrestos de 11 de 12 personas acusadas el martes por un Gran Jurado, entre los que figuran el guardia municipal de Carolina Daniel Cruz Andino, y el policía Osvaldo Hernández Adorno, quien ayer mismo fue expulsado de la Fuerza.
Otro de los acusados, el ex sargento Noel Rosario Colón, ya estaba preso, cumpliendo una condena por otras fechorías cometidas.


“Se les acusa de conspirar para llevar a cabo un carjacking que resultó en la muerte de Elizmanuel Andrades Tellería.
La acusación incluye un cargo de conspiración por violación a los derechos civiles”, dijo la jefa de los fiscales federales, Rosa Emilia Rodríguez, en una rueda de prensa.
“Esta violenta organización es liderada por los primos Geffrey Torres Sobrado y Carlos Aponte Sobrado. El cuerpo de Andrades fue encontrado en un lugar de Trujillo Alto.
“Otro acusado, Osvaldo Hernández Adorno, vestido con su uniforme de la Policía, detuvo a la víctima. Éstos le explicaron que era un operativo federal y le leyeron los derechos”, dijo.
Noel Rosario Colón, Noel José Vizacarrondo Casanova y Michael Joseph Arpajo, dijo la fiscal, dejaron al secuestrado en un taller de hojalatería, Auto Body Repairs, que pertenece al acusado Antonio Vélez Rodríguez.


Luego, se alega, regresaron al lugar a buscar más dinero, armas y narcóticos y cualquier material de valor.
“Después Andrades fue asesinado a tiros mientras permanecía esposado en el vehículo por el oficial de la Guardia Municipal de Carolina Daniel Cruz Andino”, relató.
Se alega que se pusieron de acuerdo para dejarlo en un área rural de Trujillo Alto para evitar que encontraran su cuerpo.


Cuatro de los implicados son elegibles a penas de muerte o cadena perpetua, ya que los actos que les imputan contienen los factores agravantes para el castigo capital.
“Parece que volvemos a los tiempos de los 70 y 80 donde existían escuadrones en algunas unidades de las agencias de ley y orden”, dijo el director del FBI, Luis Fraticelli.
Al preguntársele cuán cierta es la aseveración, indicó que hay varias unidades en la Uniformada donde aparenta existir el germen de la corrupción para lucro personal.

martes, 21 de abril de 2009

Con fecha demanda contra Uniformada

Por Melissa Correa Velázquez
EL VOCERO
21 de abril de 2009 04:00 am

El juez federal Gustavo Gelpí pautó para el 26 de octubre el inicio del proceso judicial en relación a la demanda incoada por Liomar Márquez Arés, sobreviviente de la denominada “Masacre de Las Piedras”, contra la Policía de Puerto Rico al alegar que no tomaron acciones disciplinarias contra los convictos policías de estos hechos, Jesley Ann Márquez Arés y Javier Santiago Velázquez, a pesar de tener conocimiento sobre su comportamiento violento.Jesley Ann Márquez Arés y Santiago Velázquez fueron encontrados culpables por las muertes de Laudelino Márquez Cruz y Luz Eneida Arés (padres del demandante) y de su esposa Ruth Velázquez.Según la demanda, el 26 de mayo del 2006 el demandante radicó una querella en el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) del Departamento de Justicia estatal en la que alegaba sentirse intimidado y perseguido y que además temía por su vida debido a la conducta de los acusados.

Asimismo, indicó en la querella que tomaría represalias contra los imputados “antes de que lo mataran a él o a cualquier miembro de su familia”.Se indica que el 15 de junio de 2006 el director del NIE, Sergio Rubio Paredes en respuesta a su denuncia, le indicó que la misma había sido referida al ex superintendente Pedro Toledo Dávila porque era la agencia a cargo de éstos.“Toledo Dávila nunca tomó ninguna acción sobre la referida querella. Como resultado de la inacción de Toledo Dávila y su temerario desprecio en relación a la querella del 26 de mayo, los asesinatos que eran temidos por Liomar, fueron perpetrados por Jesley Ann y Javier”, expresa la demanda.

De igual forma, se alega que los otros demandados, Jaime Rodríguez, Francisco Quiñones y Margarita Carrasquillo, jefes de la división de Integridad Pública de la Policía, sabían o debían saber sobre el comportamiento violento de los policías acusados. “En vez de tomar acciones remediativas ellos decidieron hacerse los ciegos sobre esta situación. Fallaron en recomendar acciones disciplinarias, acciones remediativas o el despido de la Policía. Esta conducta puede ser descrita como negligencia atroz y deliberada indiferencia, la cual causó la masacre del 25 de enero del 2007. Si se hubiera tomado una acción remediativa, los asesinatos se hubieran prevenido”.Liomar alega haber sufrido daños emocionales, psiquiátricos, y físicos tras recibir nueve impactos de bala, por lo que solicita una indemnización de no menos de $12 millones.

Mientras que por los daños sufridos por sus hijos (quienes presenciaron los hechos), pide una indemnización de no menos de $3 millones.En cuanto a los daños punitivos solicita una indemnización de $900 mil a Toledo Dávila, $100,000 contra López, $250,000 contra Rodríguez y Quiñones y $150,000 contra el comandante de área de Humacao, Edwin Rivera.Los demandantes presentan cuestionamientos federales y alegan que se le violaron sus derechos contenidos en la cuarta, quinta y decimocuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

jueves, 5 de junio de 2008

Víctimas de abuso y discrimen racial

jueves, 5 de junio de 2008
Firuzeh Shokooh Valle
Primera Hora

Infundir miedo, aterrorizar, desnudar y registrar a un maestro en plena calle, insultar con epítetos de “negro sucio” o “cucaracha”, golpear a una persona con daño cerebral severo, asediar, pegarles a estudiantes que quieren ir a la escuela, disparar por la espalda.

No, no es Ruanda durante el genocidio, ni Darfur hoy día. Tampoco es Irak o Afganistán, por mencionar algunos escenarios de guerra. Cada una de estas palabras forman parte de testimonios de residentes de Villa Cañona II en Loíza, Puerto Rico.

Los residentes de Villa Cañona —una comunidad pobre y negra—, tuvieron la oportunidad ayer de ofrecer sus testimonios sobre el discrimen, el racismo, la brutalidad policiaca, la marginación y el abandono de su comunidad ante el relator especial de las Naciones Unidas sobre Racismo, Discrimen Racial, Xenofobia e Intolerancia, Doudou Diéne. Diéne está en Puerto Rico investigando denuncias de abuso policiaco y violaciones de derechos humanos contra personas negras, confinadas y sin techo que incluirá en un informe que presentará ante la ONU.

En el centro comunal de Villa Cañona II —fundada en tierras ocupadas en la década de 1980, unos años después de Villa Cañona I—, residentes de esta comunidad asistieron a la vista pública, organizada por la ONU con la sección local de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), para denunciar los atropellos constantes de la Policía que, según sus testimonios, los mantienen en un estado de terror.

Una madre clama justicia
Evelyn Rivera Colón no tiene tranquilidad desde que el 30 de mayo del 2007 varios agentes enmascarados y con las placas cubiertas agredieron a su hijo de 16 años con pepper spray y cuando ella lo defendió, también la rociaron. Ambos requirieron atención médica. En agosto del mismo año, varios agentes agredieron a su hijo con retardación mental —tiene 24 años, pero la edad mental de un niño de cinco— mientras corría bicicleta.

jueves, 18 de octubre de 2007

Denuncian abuso de poder en Yauco

jueves, 18 de octubre de 2007
Alex David
Primera Hora

Un grupo de agentes ha sembrado el temor entre vecinos del residencial Santa Catalina de Yauco, quienes alegaron la fabricación de casos en su contra.La tensión se ha elevado al punto que varios han radicado recursos para frenar lo que consideran un continuo abuso de poder.Entre éstos están Marisol Torres y su hijo Alexander Vargas, quienes a nueve años de mudados del barrio Susúa, nunca imaginaron confrontar problemas con las autoridades. Para ellos, igual que para sus vecinos, el 6 de julio fue uno para olvidar.

“Hubo varios allanamientos y me tocó a mí… había unos guardias frente al portón de mi casa diciendo ‘ábreme o te doy con esto’ y me señalaban un arma grande”, relató Torres. Afirmaban que tenían una orden de cateo que, insistió, nunca mostraron. “Cuando yo abro, entran y le pregunto a una agente qué es lo que pasa y ella me contestó: ‘No te importa, so canto e pu…’ y me metió tres puños en la cara”, aseguró la mujer. Dijo que otro agente empujó a su hijo y le impidieron ver el registro. Torres mantuvo que al concluir, un oficial expresó: “Vámonos pa’l ca… que aquí no hay nada”.

Sin embargo, a poco de hablar con otros oficiales presuntamente volvió a entrar por algo que se le quedó adentro.Fue entonces que gritó que había hallado una bala y marihuana que nunca le enseñaron.A ambos les radicaron cargos por posesión de drogas que están pendientes de vista preliminar. Torres y su hijo recalcaron que no tienen récord delictivo, pero sí tuvieron problemas con los mismos agentes en el 2005.

La yaucana relató que en ese año los oficiales la llamaron a la puerta y alegaron que vieron entrar un individuo al que perseguían. Al rechazar la alegación, dijo que entraron por la fuerza y la misma agente tomó a su hijo menor por el cuello y supuestamente le colocó un arma en la cabeza antes que otro uniformado asegurara que no era el que buscaban.Al cuestionarlos, dijo que fue esposada y golpeada, al igual que sus dos hijos.Aunque radicaron varios cargos a la familia, el caso se cayó por incomparecencia de los agentes a ratificar las denuncias.“Desde entonces (un agente) nos tiene persecución, nos alumbraba todas las noches el apartamento con la luz blanca y gritaba amenazas”, dijo Alexander, estudiante universitario de farmacia.

El abogado defensor Lawrence Latorre aseguró que “estas personas son víctimas de otras inescrupulosas que están más pendientes de las estadísticas que de que se haga justicia”. Otro intervenido el mismo día fue el pastor Axel Montalvo, a quien se le atribuyó posesión de un arma y drogas y cuyo caso, reseñado por este diario, está pendiente.