El secuestro, un rompecabezas

Por Marga Parés y Ricardo Cortés / puertoricohoy@elnuevodia.com Un trabajador social forense estuvo hasta tarde, en la noche de ayer, entrevistando al niño de 6 años Alfrey Infante Pérez en las oficinas del Negociado de Investigaciones Federales (FBI), en un intento por armar el rompecabezas de su secuestro, que mantuvo en jaque por más de diez horas a las autoridades locales y estadounidenses.

El niño fue encontrado confundido, con hambre y buscando a su padre, a eso de las 4:40 de ayer, en la intersección entre la calle Segarra y la avenida Ponce de León, frente al edificio Mercantil Plaza, en Santurce. El mismo menor se acercó corriendo a una mujer que cruzaba la avenida, identificada como Nélida Muñoz, de 67 años. “Estoy perdido. Estoy buscando a mi papá”, le dijo el pequeño a Muñoz, según dijo la hija de esta, Margarita Frontera. Muñoz llevó al menor hasta uno de los guardias de seguridad del Mercantil Plaza quien -por el uniforme del niño- lo identificó como el secuestrado en la mañana de ayer en Barrio Obrero. El coronel Reynaldo Bermúdez, director de la Región Norte de la Policía, señaló que los agentes del cuartel de Hato Rey Este, que llegaron al lugar, encontraron al niño en buen estado de salud. “Solo dijo que tenía hambre”, dijo Bermúdez. Según Frontera, el menor le indicó a Muñoz que los secuestradores supuestamente le dieron donas y que, al dejarlo en libertad en los predios del edificio, le dijeron que su papá lo recogería allí. “El nene estaba como perdido porque no veía a su papá”, dijo Frontera. El niño fue llevado primero al cuartel de Hato Rey Este y luego, hasta las oficinas del FBI en la calle Chardón. En el edificio federal, el menor sería examinado por médicos, como usualmente se hace en estos casos. “Él estaba bien tranquilo, aunque no había comido nada desde por la mañana”, dijo el sargento Tomás González, del cuartel de la Policía de Hato Rey Este. Según dijo, el menor estaba preocupado porque los secuestradores le habían llevado su bulto escolar. “Le mandamos a buscar comida porque tenía mucha hambre”, dijo. Enmascarados El secuestro acaparó la atención pública poco después de las 6:15 de la mañana. Justo frente a la casa de la víctima en la avenida Borinquen, en Barrio Obrero, el padre del menor, José Alberto Infante Tronilo, montaba al chico y a su hermanito, de 4 años, en un vehículo para llevarlos a la escuela, cuando fue interceptado por los secuestradores. Eran cuatro; estaban enmascarados y llevaban guantes puestos. Se desconocía si los individuos estaban armados. Los sujetos golpearon al hombre en la cabeza y se llevaron a su hijo mayor a bordo de una guagua Jeep, Cherokee, de color oscuro. La madre de los menores, identificada como Frinett Pérez Vargas, de 33 años, se encontraba en la residencia al momento del secuestro. Un familiar del menor recibió una llamada una hora después del secuestro, presuntamente de los secuestradores, pero no le solicitaron dinero. Ayer, gran parte de los trabajos de recuperación de evidencia se concentraron en el negocio El Canasto del Caribe, propiedad del padre del menor. Esta familia reside en los altos del local. Abbas Khorsandi, socio iraní de Infante Tronilo, recordó que este había sido secuestrado en el 2004, pero que logró escapar de sus raptores. Ayer, en una entrevista inicial, el padre del niño reveló dicho rapto. En esa ocasión los delincuentes lo llevaron hasta un cajero automático para que retirara dinero. Sin embargo, hasta ayer no había reportado el incidente a las autoridades. Empleados del colegio Cupeyville School, donde el niño secuestrado cursa el primer grado, coincidieron ayer en que tanto el niño como su familia son buenas personas. “Son gente bien trabajadora”, dijo Raquel Luciano, empleada de la cafetería La Nueva Ingrid. De manera similar se expresaron los vecinos de la familia. Según Jordan Sebastián, Infante Pérez y su hermano son unos niños “muy estudiosos”. Tras el hallazgo del menor, las autoridades se concentraron en la captura de los cuatro secuestradores. El móvil del rapto no estaba claro ayer, según precisó Bermúdez. El FBI dirige la pesquisa. Diana Rosa, portavoz alterna del FBI, señaló que todavía es muy pronto para informar cómo procederán en la investigación del secuestro. “Hasta el momento, estamos recuperando información y trabajando con confidencias. Las llamadas (confidencias) son muy importantes”, dijo Rosa. Los reporteros Álex Figueroa Cancel, Lymaris Suárez, Frances Rosario, Alba Muñiz García, Rebecca Banuchi y Maribel Hernández colaboraron en esta historia.

Trata humana a la vista de todos

Por Aurora Rivera Arguinzoni / arivera@elnuevodia.com

Puerto Rico es fuente, puente y destino de trata humana, según reconoció el Departamento de Estado de Estados Unidos en su más reciente Informe sobre Tráfico de Personas, y a pesar de ello las agencias locales -estatales y federales- carecen de datos que evidencien la magnitud del problema. Tan es así, que en una década el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) sólo ha acusado a dos personas por trata en Puerto Rico: Rommel Cintrón Pons (alias Peluquín) y Betsian Carrasquillo Peñaloza. “Esos son los únicos dos casos que se han investigado en San Juan donde se han podido acusar a personas de trata humana desde que se creó el departamento en marzo de 2003. Esto no quiere decir que no haya habido otras investigaciones, sino que las únicas investigaciones donde se pudo acusar fueron estas”, reconoció Iván Ortiz, portavoz del ICE. Atribuyó la cifra tan baja a que los victimarios se ocupan de ocultar a las víctimas, amenazarlas y hasta de entrenarlas sobre cómo responder a preguntas sobre su trabajo y su vida. Mientras, la Policía de Puerto Rico sólo proveyó estadísticas de delitos de violación, actos lascivos y sodomía, pero sin detallar si alguno supuso el delito de trata. Y en el Departamento de la Familia, una portavoz mostró hasta desconocimiento de que el nuevo Código Penal de 2012 tipifica como delito la trata humana. “Hemos trabajado muchos casos de explotación que es lo más que vemos, y casos de abuso sexual donde existe la pornografía infantil. El tema de la trata para nosotros ha sido algo innovador porque no está contemplado en el código penal”, dijo Olga Rivas, administradora auxiliar de protección, preservación y fortalecimiento familiar de Familia. Han sido ciudadanos y organizaciones no gubernamentales los que han documentado y estudiado estos crímenes en el País, e incluso quienes lograron que el nuevo Código Penal de Puerto Rico de 2012 dedicara su Artículo 160 a la trata humana. El Código Penal reconoce entre sus modalidades: “explotación sexual, pornografía, trabajo o servicio forzado, servidumbre por deudas, matrimonio servil, adopción irregular, esclavitud o sus prácticas análogas, la servidumbre o extracción de órganos, aun con el consentimiento de la víctima”. De acuerdo con César Rey, sociólogo y coautor de un estudio comisionado por la Fundación Ricky Martin (entidad que dirige), también constituyen trata el turismo sexual y la pederastia (abuso sexual de menores), y todos menos el tráfico de órganos se han documentado en Puerto Rico de diversas maneras. “Trata por su definición es explotación. Tiene que haber una relación de subyugación, poder, coacción, siempre a cambio de un beneficio. La trata no estaba consignada hasta hace poco, que aparece en el Código Penal. Es un problema que se ha estado tratando con eufemismo”, reconoció Rey. Señaló los hogares sustitutos y los puntos de drogas como los principales centros de explotación infantil en Puerto Rico. Mencionó también barras y los llamados centros de masaje donde son víctimas de trata sobre todo inmigrantes dominicanas. Al ser entrevistada de forma separada, Rivas reconoció que existe una problemática con los hogares sustitutos. “Es una situación que estamos enfrentando, pero estamos trabajando con eso”, dijo sin poder entrar en detalles. Incluir la trata en el Código Penal ha sido el primer gran logro oficial en Puerto Rico para atajar este tipo de crímenes, a juicio de Rey y otras dos entrevistadas. “Se están dando los primeros pasos. Hemos avanzado bastante con tipificar el delito”, reconoció Karla González, directora de la Alianza de Puerto Rico contra la Trata Humana, entidad fundada hace un año para promover la identificación, documentación y atención adecuada de los casos, así como asistencia a víctimas. “No hay protocolo de referido, clínico, de intervención criminal. Necesitamos intervenir. Lo importante es qué se va a hacer”, recalcó ayer, poco antes de partir a Estados Unidos a participar como deponente en un evento del Departamento de Salud federal sobre el tema. Marisara Quiñones, abogada de Amnistía Internacional que entre 2010 y 2011 investigó aspectos legales de la trata en Puerto Rico y el mundo, opinó que ahora se deben aprobar leyes más sólidas que faciliten atender el problema de la trata en todos los niveles.

Investigan abuso a menor en albergue

Por Osman Pérez Méndez / osman.perez@gfrmedia.com Una niña de 11 años refugiada en el albergue de testigos del Departamento de Justicia presuntamente fue víctima de actos lascivos por parte de otro menor de 15 años, en un caso que está bajo investigación y sobre el que ha transcendido poca información. A la secretividad que por ley rige los procesos que involucran a menores se suma el anonimato en que se sumergen las familias que buscan la protección de las autoridades en el albergue. Según explicó ayer la fiscal Arlene Gardón, subdirectora del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), la adolescente denunció haber sido víctima de actos lascivos por parte del otro adolescente, que también se encuentra con su familia refugiado en el albergue de testigos. El incidente, aclaró la fiscal, ocurrió el martes en horas del día, en una de las unidades de vivienda del albergue. Aunque las familias de ambos menores involucrados en el incidente se encuentran bajo la protección del Departamento de Justicia, ayer tanto la fiscal Gardón como el secretario Guillermo Somoza Colombani fueron enfáticos en que los menores están bajo la custodia de sus respectivos progenitores y no de alguna agencia gubernamental. “En el albergue de testigos hay personas adultas, que son varones solteros, féminas solteras, y hay familias. Cuando están las familias, se les da un apartamento. Lo que ocurre en ese apartamento, bajo la intimidad de ellos, le corresponde a los padres custodios velar por el bienestar de sus hijos”, comentó Somoza Colombani. El secretario recalcó que actuaron con prontitud al conocer del suceso. “Hay un protocolo... la niña, ocurren los hechos, la niña lo manifiesta, y ahí actuamos rápidamente y proactivamente”, dijo. Sobre el protocolo, Somoza Colombani explicó que “se le da la información a un agente que está en el negociado (NIE) en el albergue de testigos, se llama a (la División de) Delitos Sexuales de la Policía de Puerto Rico, se lleva a un hospital”. Gardón confirmó que la adolescente había sido llevada junto con su mamá a un hospital para recibir tratamiento médico, y que agentes de la Policía habían iniciado una investigación. Ayer, la dirección de la División de Delitos Sexuales de la región de Bayamón dijo que no se emitiría ningún comentario sobre la investigación. Según el resultado de esa investigación, se requeriría o no la intervención del Procurador de Menores y el Departamento de la Familia. En el caso del primero se encargaría de radicar faltas contra el menor, mientras que el DF se ocuparía de determinar si alguna de las familias de los menores involucrados, o ambas familias, incurrieron en algún tipo de negligencia. La secretaria del Departamento de la Familia, Yanitsia Irizarry Méndez, emitió un comunicado informando que la agencia estaba investigando el caso. Según la secretaria, la jovencita fue “sometida a evaluación médica” y que “el caso fue referido para evaluación en la Clínica Carlos Albizú, como parte de los servicios que ofrece el Departamento”. Añadió que personal de la agencia realizaba “las entrevistas de rigor a familiares y colaterales” relacionados con el suceso. Al encontrarse bajo protección en el albergue de testigos, era muy poco lo que se sabía de la menor, su presunto agresor y las familias de ambos. La fiscal Gardón apenas se limitó a decir que la menor llevaba tiempo en el albergue y estaba bajo la custodia de su madre, y el muchacho estaba bajo la custodia de sus progenitores.

Beneficiarios del PAN ponen el grito en el cielo

martes, 10 de abril de 2012
Leysa Caro González / Primera Hora

Carmen Benítez tiene 71 años. A su edad aún paga renta, agua y luz, tiene condiciones de salud que atender y depende del transporte público para moverse.


Mensualmente, la anciana recibe un cheque de seguro social de apenas $300 y una ayuda suplementaria del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) de $134.

Para Carmen, perder el beneficio de obtener el 25% de su asignación mensual en efectivo, que equivale a $33.50, sería nefasto. “A mí el dinero no me da. Ahora mismo debo la luz y vengo del médico y tengo que pagar $12 de deducible”, relató la septuagenaria.

Aunque el reglamento establece que ese porciento en efectivo debe ser invertido por el beneficiario del PAN en la compra adicional de alimentos elegibles, la realidad es que la apretada situación económica ha llevado a muchos a utilizar ese dinero para suplir parte de sus necesidades básicas.

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Carmen reconoce que una tajada de ese dinerito la usa para comprar detergentes, papel de baño y hasta medicamentos over the counter. El mismo panorama se vio en todos los abordados.

Como ella, son muchos los beneficiarios del PAN que han puesto el grito en el cielo luego que el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, anunciara la radicación ante la Cámara de Representantes federal de un proyecto que eliminaría dicho beneficio aunque, a la larga, según él, representaría mayores ingresos para los participantes.

Los usuarios no se comen ese cuento. “Hay personas que lo único que reciben es el PAN y con ese 25% ayudan a comprar cosas, como jabón y papel de baño que son cosas que no se pueden comprar con la tarjeta... para ese tipo de personas no sería factible, le quitarían una ayuda”, subrayó Carmen Berríos.

Actualmente, hay 640 mil familias beneficiarias del PAN que mensualmente reciben entre $110 y $450. El administrador de la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia, Esteban Pérez Urieta, respaldó la propuesta alegando que la legislación ofrece paridad de beneficios a las familias puertorriqueñas.

Zuleika Castro es madre soltera de seis niños. Ella depende del beneficio del PAN y de las pensiones alimentarias que recibe para sostener su hogar. “Si me quitan el 25%, con qué yo voy a ayudar a mis nenes, con eso es que compro el papel de baño y esas cosas necesarias de ellos y a veces ni da, imagínate”, planteó la mujer que retira en efectivo un promedio de $80 al mes. Adicional, recibe $260 en food stamps.

Luis Candelario no es participante, pero como trabajador para una compañía administradora de residenciales públicos, reconoce la necesidad que pasan muchas familias.

El hombre advirtió que esta medida provocaría una “criminalidad subterránea”, algo que se trató de minimizar cuando se hizo el cambio del pago del PAN de cheque a tarjeta de débito.

“Van a ir a comercios donde cambian las cosas por debajo de la mesa buscando escapatorias, buscando alternativas para poder suplir esa necesidad en esa área... la gente se va a ver pillada”, sostuvo.

sectores en división
El ex gobernador y ex comisionado en Washington, Carlos Romero Barceló, tal y como lo hizo en el pasado, se opuso a esta nueva restricción.

Fue bajo su mandato en la Gobernación que Romero Barceló consiguió la eliminación de los cupones y como comisionado alcanzó que los participantes usaran el dinero libre de restricciones.

“Cómo es que, si una persona necesita comprarle un par de zapatos a un niño o algo de emergencia, no puede utilizar ese dinero... al rico nadie le dice cómo gastar el dinero y al pobre vamos a decirle en qué gastar el dinero”, sentenció al agregar que la medida estimula el fraude contributivo.

Para Romero Barceló, el Gobierno “se entregó” a los grandes intereses de los supermercados en el 2001 al imponer que sólo el 25% se recibiría en efectivo.

Tanto la Alianza para una Alimentación Adecuada como la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico apoyaron la iniciativa de Pierluisi, pues redundará en mayores beneficios.

Muerte de niño refleja crisis social

por Maribel Hernández Pérez / Primera Hora

La cruel muerte de un niño desnutrido, sin oxígeno y quien supuestamente fue víctima del abandono de su madre es reflejo de la desintegración social por la que atraviesa el país.

En un análisis del cuadro de negligencia –revelado a Primera Hora por la Policía– que rodeaba la vida del niño de cuatro años y quien sólo pesaba 14 libras al momento de su deceso, el sociólogo José Rodríguez dijo que no es más que reflejo de cómo el individualismo extremo en el que se vive permite pasar por alto un acto tan inhumano.

“Esto que ocurrió representa la desintegración social, la falta de comprensión en términos de qué representamos nosotros como parte de la sociedad”, cuestionó el experto en conducta humana.

El sociólogo lamentó que haya casos aún peores ocurriendo en nuestra isla y que a consecuencia del individualismo y la crisis de valores en la que se está viviendo no se les dé la atención necesaria.

A pesar de todo eso, Rodríguez puntualizó que es muy importante tomar en consideración el historial de vida de la madre y si la mujer de 24 años padece de alguna condición de salud mental que le impida asumir su rol.

“Para que una madre, que usualmente cuida a sus hijos y que tiene esa línea de asistencia y sacrificio, no lo logre así, hay varias vertientes: desde una enfermedad mental hasta la desensibilidad del sujeto”, resaltó Rodríguez sobre el caso que impactó al país y del que hasta ayer no se sabían las razones por las cuales la madre del menor, que nació con problemas de salud y no recibió la asistencia médica requerida, supuestamente tomó la decisión de no cuidarlo.

“La responsabilidad es compartida, no sólo del Gobierno y sus agencias, porque mucha gente debe haber visto esa situación y qué pasa que no hubo una denuncia, que no se tomó en consideración la situación. Esto no va a ser excepción, hay muchas más situaciones ocurriendo hasta más tétricas”, alertó Rodríguez.

Por su parte, el psicólogo Carlos Andújar está convencido de que, si se comprueba que la mujer dejó morir al niño, la mente de ésta podría estar distorsionada. ¿Las causas? Podrían ser diversas y, agregó, tendrían que analizarse sus valores y desarrollo social.

“Hay que ver dónde estaba la mente de esa madre. Una cosa que hemos visto es que las ideas de los padres, en otras situaciones de sus hijos, tienden a ser distorsionadas… fuera de la realidad. Yo que soy padre de tres hijos doy la vida por ellos, pero hay que ver dónde está la mente de esa persona que decide tomar esa decisión”, reafirmó Andújar en entrevista con Primera Hora.

Sobre la aparente dejadez de sus abuelos y vecinos en denunciar la negligencia de la que era víctima la criatura, dijo que éste podría ser un caso en el que la familia oculta los problemas que ocurren en su núcleo, en el que se observa la falta de educación y la formación de valores.

“¿Qué estaba corriendo por la mente de esa madre? Tenemos que ver dónde están los valores, el desarrollo social de esta persona, dejar que esto le pase a un bebé es algo que tiene que ver con los valores de esa persona… Es el problema clásico que lo que pasa en la familia se queda en la familia”, declaró Andújar.

Al mismo tiempo, hizo un llamado al país a reflexionar sobre sus valores como familia.

Ante la muerte del niño, la secretaria del Departamento de la Familia, Yanitsia Irizarry, se limitó a decir ayer que la agencia se encuentra investigando a fondo los hechos.

“El personal del Departamento de la Familia continúa investigando el caso del menor de cuatro años que falleció tras ser llevado con desnutrición a una institución hospitalaria el pasado fin de semana. Nuestros trabajadores sociales se encuentran indagando sobre las presuntas condiciones de salud que padecía previamente el pequeño. Al momento, nos encontramos realizando entrevistas a familiares y vecinos como parte de la pesquisa. La agencia asumió la custodia de otros tres menores de edad, hermanos del pequeño que falleció, en lo que culmina la investigación”, dijo Irizarry.

Buscan uniformar la ley de custodia de menores

por Nydia Bauzá / Primera Hora

La Cámara de Representantes aprobó ayer un proyecto que busca evitar conflictos jurisdiccionales con los tribunales de Estados Unidos en casos de custodia de menores.

La medida obtuvo 36 votos a favor de la mayoría penepé y 16 abstenciones de la delegación popular.

La pieza legislativa, denominada Ley Uniforme para Establecer la Jurisdicción y Ejecución de la Custodia de Menores, propone que haya cooperación entre los tribunales locales con los distintos estados americanos con el fin de que una determinación de custodia de un menor sea emitida en el estado más apropiado para velar por los intereses del menor.

La medida pretende desalentar el uso del sistema interestatal para prolongar las controversias sobre la custodia de menores, detener el secuestro de menores, y prevenir la re-litigación de las determinaciones de custodia de estados en Puerto Rico. Además, facilitaría el cumplimiento de las determinaciones de custodia en nuestra jurisdicción.

El proyecto quiere consignar que la autoridad de los tribunales se circunscriba a si éste tiene jurisdicción para atender la solicitud de ejecución y si se cumplió con el debido proceso de ley al emitir la determinación original de custodia.

La legislación, que fue analizada por la Comisión de lo Jurídico, fue catalogada por el Departamento de la Familia como “una herramienta necesaria y de incalculable valor en el esfuerzo de lograr acuerdos efectivos entre los estados para evitar las controversias jurisdiccionales y evitar el secuestro de menores”.

Por otro lado, la Cámara aprobó en reconsideración, con el rechazo de la delegación popular, el Plan de Reorganización de la Administración de Servicios Generales (Plan de Reorganización 11). El mismo obtuvo 36 votos a favor y 16 votos en contra.

Igual votación obtuvo la reconsideración de la pieza que enmienda la “Ley para el Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales de Puerto Rico”, a fin de excluir la Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socioeconómico y la Autogestión de la aplicación de la Ley de la Administración de Servicios Generales.

Cámara de Representantes aprueba el proyecto de custodia compartida

por Nydia Bauzá / Primera Hora

Después de enfrentar una fuerte oposición, la Cámara de Representantes aprobó finalmente ayer el controvertible proyecto del senador Carmelo Ríos que establece como primera opción la custodia compartida de menores cuando la pareja está divorciada o separada.

La medida se aprobó con 43 votos de representantes de ambos partidos y cuatro en contra de los populares, Carmen Yulín Cruz Soto, Charlie Hernández, Víctor Vasallo y Jorge Colberg Toro, quien se abstuvo, pero como no lo anunció a tiempo, se le anotó como voto en contra.

“Como país tenemos que evitar la tentación de la politiquería, de decir que los que están en contra de la medida están en contra de la familia. Eso es falso. Yo soy una mujer divorciada que crié a mi hija con la corresponsabilidad de mis padres. Eso no es una familia tradicional, sin embargo, mi hija es un ser humano extraordinario”, dijo la representante Cruz Soto.

“Yo voy a hacer todo el esfuerzo posible para que esta medida, si concurrimos con las enmiendas, la llevemos a la consideración de la firma del Gobernador. Ésta para mí, de todas las reformas que he hecho, es el inicio de muchas soluciones a los problemas de la familia puertorriqueña del siglo XXI”, dijo el senador Ríos.

La medida fue aprobada con enmiendas básicamente para eliminar el concepto de presunción de que en todos los casos aplicaría la custodia compartida, informó la representante penepé Elizabeth Casado, quien preside la Comisión de Comunidades y Familia.

“En el análisis del proyecto, entendimos que se debe analizar caso a caso tomando como fundamento o norte el interés de los menores”, sostuvo.

En otro asunto, la Cámara devolvió a la Comisión de Educación, por discrepancias en fechas, un informe que recomienda referir al Departamento de Justicia al ex presidente de la Junta de Directores de la Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas (Cossec) y comisionado de Cecoop, Melvin Carrión Rivera, por alegadas “violaciones éticas, así como otras de naturaleza criminal”.

El informe sostiene que el asesor legal de Cossec, el ex representante penepé Ángel Cintrón, incitó a Carrión Rivera a destruir evidencia en medio de la investigación legislativa de la Comisión sobre supuestas irregularidades en el manejo de estas corporaciones.

El informe dice que Carrión Rivera destruyó grabaciones que le fueron requeridas por la comisión legislativa, el 17 de diciembre de 2010.

“A nuestro juicio, el asesoramiento del licenciado Ángel Cintrón y el mero asomo de la posible destrucción de una evidencia requerida por una comisión legislativa resulta en una afrenta y un menoscabo a los poderes constitucionales que nos fueran conferidos”, dice el representante Bernardo “Betito” Márquez en el informe. “Dicha falta de respeto por parte del licenciado Ángel Cintrón, otrora representante a la Cámara, debe ser repudiada desde lo más profundo de nuestro ser”, sostiene.

La Cámara baja acordó también investigar el funcionamiento, operaciones y los servicios de los party buses cuando haya menores de edad.

“Ha llegado a nuestro conocimiento que, en los casos en que los menores de edad utilizan los party buses, se distribuye alcohol y sustancias controladas, entre otras cosas”, dice la resolución que da paso a la investigación legislativa.

Van a rastrear acusados de violencia doméstica

por Leysa Caro González

Para Amárilis Pagán, del Proyecto Matria, el programa piloto de Supervisión Electrónica con Sistema de Posicionamiento Global (GPS) para imputados de violencia doméstica se queda cortísimo a la hora de intervenir con la raíz del problema de la violencia doméstica.

“¿Dónde queda el promover un cambio de mentalidad”, se cuestionó la licenciada.

“El Gobierno puede seguir invirtiendo millones en seguridad, pero si no invierte dinero y voluntad no van a dar abasto para detener a todos los agresores que el sistema está creando”, advirtió.

Sería más sencillo, indicó, que se incluya la enseñanza de perspectiva de género en el sistema de educación público y evitar las imágenes sexistas que se usan en campañas gubernamentales como “El Verdadero Amor Espera” y “Promesa de Hombre”.

El gobernador Luis Fortuño presentó el jueves el programa piloto de GPS para imputados de violencia doméstica.

La moderna tecnología permite rastrear la ubicación del agresor en todo momento, lo que garantizaría que se mantenga a distancia de la víctima.

“La iniciativa que presentamos es una nueva herramienta que le brinda a las víctimas de violencia doméstica la tranquilidad que merecen”, afirmó el primer mandatario.

El mecanismo tradicional, el grillete electrónico, sólo permitía ver cuando un imputado salía de su área de inclusión, y luego de eso se perdía su rastro por completo.

El programa piloto comenzó en la región de Bayamón, donde se estarán seleccionando 30 personas a las que se les acuse de la comisión de un delito de violencia doméstica y donde se le exija supervisión electrónica.

Fortuño explicó que con este nuevo sistema se podrá avisar a la víctima en el momento que el acusado entre al perímetro restringido y enviar agentes de inmediato.

“La respuesta rápida en estos casos es clave para salvar vidas”, recalcó.

Para demostrar la efectividad de la iniciativa, Fortuño hizo referencia a un estudio del Colegio de Criminología y Justicia Criminal de la Universidad de Florida que evidenció que los imputados monitoreados por esta tecnología tienen 37% menos probabilidad de violar una regla impuesta por el Estado.

Encontró también que los ofensores violentos utilizando el sistema de GPS son 91.5% menos propensos a cometer un delito cuando los comparan con los que no están siendo monitoreados.

Gobernador firma ley que amplía licencias por maternidad

San Juan- El gobernador Luis Fortuño, acompañado de la primera Dama Lucé Vela, legisladores y jefes de agencias, firmó hoy una ley para ampliar la licencia de maternidad y paternidad a los empleados públicos que adopten niños.

Junto a varias familias que pasaron por el proceso de adopción, Fortuño explicó que el estatuto, que enmienda la Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público, permite un período de 15 días para papá y mamá por la licencia que corresponda, para el ajuste familiar, en caso de menores de cinco años.

Antes, sólo la madre adoptante tenía ese beneficio.

Aquellos que adopten menores de más de cinco años, que ya están en la escuela, tendrán también los 15 días de licencia para ambos padres, a discreción del patrono.

Fortuño recordó que los padres “tenían que tomar tiempo de su periodo de vacaciones” para estar con el menor adoptado.

“Estos padres nos inspiran historias de amor, las que nos ayudan a seguir trabajando por esto que creemos que es la adopción”, dijo Vela.

El Gobernador instó a los ciudadanos que lo deseen a adoptar uno de los 110 niños mayores de siete años que esperan por tener una familia estable.

“En los casos de esos niños que no han logrado integrarse a una familia, sabes que hay un por ciento alto que acaba con problemas con la justicia. (La adopción) es un ahorro no un gasto, es una inversión no es un gasto”, indicó Fortuño.

Añadió que “es cierto que con los niños mayores un poco más difícil (la adopción) pero no imposible. Hay casos en que la familia se ha conformado, son niños modelo, llenan un vacío que quizás la familia no sabía que tenía”.

Betsy Díaz Pérez, madre soltera adoptante de un menor que hoy tiene 12 años, aseguró que el proceso “no fue difícil. El niño, desde el primer momento, se acopló en casa es súper cariñoso, no me ha dado problemas. No puse edad, me enfoqué en que es un regalo de Dios”.

Por otro lado, Nelly García y Alex Zullas adoptaron un pequeño de cuatro años porque se dieron cuenta que “estos niños necesitan, están faltos de amor, quieren conocer una estructura familiar. (El menor adoptado) no sabía lo que era tener una mamá o un papá, abuelito o abuelita, no sabía lo que era eso”.

Existen 284 esperando un hogar adoptivo y el proceso se puede iniciar al solicitar una cita para orientación en el Departamento de la Familia al 787 523-2323.

“Antes hacían ferias, le ponían número a los niños y paseaban los niños frente a los papás. Ahora hay un comité de profesionales que entrevistan a papá o a mamá… y logran establecer el perfil ideal para que el niño o niña tenga ese hogar que es idóneo para que entonces comience el proceso de adopción. La insensibilidad de lo que se hacía antes es imperdonable”, indicó Fortuño.

Se espera que las adopciones este año superen las de 2010, que alcanzó 378, pues hasta hoy se han adoptado 224 menores bajo los procedimientos que establece la Ley 186.
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La educación es la clave para evitar la violencia

por Arys L. Rodríguez Andino


Los reprochables eventos de violencia doméstica en los primeros seis meses del año son, a juicio de la procuradora de las Mujeres, Wanda Vázquez, “el resultado de varias generaciones donde no se trabajó con eso” y, aunque reconoció que se trabaja “sobre la marcha”, admitió que a largo plazo lo único que funciona es la educación.

“Lo único que tenemos que puede ayudar a esta sociedad a ser una más saludable es la educación”, señaló la ex fiscal al referirse a una propuesta que trabaja su oficina para que el Departamento de Educación incluya en los currículos materias dirigidas a prevenir la violencia doméstica.

Además de los consabidos valores de los que últimamente se habla tanto en las campañas gubernamentales, la propuesta de Vázquez incluye la equidad de género, un renglón que ya estaría cubierto si la administración Fortuño hubiera implementado el currículo dirigido a esos fines que fue aprobado durante el gobierno de Aníbal Acevedo Vilá.

“Es algo integrado. Tenemos que enseñarles a los niños y las niñas una educación de género, que los niños y las niñas (sepan) que tienen derecho a igual trato y a igual respeto”, reiteró sobre el proyecto que espera entregar a Educación en una semana.

Pero, como sabe que es tarde para que esté a tiempo para el próximo año escolar, la Oficina de la Procuradora ofrece recursos que van directamente a las escuelas a ofrecer adiestramientos para, de cierta manera, “subsanar” la falta de una clase completa. “Esto es con la oficina nuestra, pero Educación tiene varios programas como Promesa de Hombre y Tus valores cuentan”, mencionó.

A pesar de que se siente complacida con el trabajo que hace la Procuraduría, Vázquez recalcó que “la sociedad tiene que entender que esto es un problema de todos, no de una agencia en particular”.

Acerca de la respuesta policiaca al problema de violencia doméstica, la inspectora Margarita George, directora del Negociado de Violencia Doméstica y Hostigamiento Sexual en la Policía, señaló que esa agencia interviene cuando “ya lamentablemente hubo un suceso”.

Entre las cosas que la inspectora entiende que se pueden hacer y que ya ha propuesto está que las órdenes de protección incluyan un límite de espacio para que la víctima no tenga que estar expuesta a su agresor.

“Tengo un caso en Humacao que la persona vive al lado y no lo puedo sacar porque es la casa de la abuela”, mencionó. “Tengo más de 30 casos así”, añadió.

Durante la vigencia de la orden de protección “un personal mínimo” se encarga de darle seguimiento a la parte peticionaria. “En la región de Bayamón se puede hacer ese acercamiento una vez al mes”, reconoció.

Al igual que Vázquez, la inspectora cree que Educación debe trabajar con los niños y las niñas. Irónicamente, George reveló que “no son muchas las escuelas que nos piden orientación”.

Procuradora de los envejecientes truena contra Familia

07 Febrero 2011

Procuradora de los envejecientes truena contra Familia
La defensora de las Personas de Edad Avanzada reclamó mayor atención para esa población



Existen varias leyes que protegen a las personas de edad avanzada, según la procuradora Rossana López. (Archivo / El Nuevo Día)Por Ileana Delgado Castro / idelgado@elnuevodia.com

Totalmente negligente. Así catalogó la procuradora de las Personas de Edad Avanzada, Rossana López, el trabajo del Departamento de la Familia (DF) con los casos de ancianos que en las últimas semanas han sido encontrados viviendo en condiciones infrahumanas.

“No hay la voluntad ni la sensibilidad para hacer lo que tienen que hacer. Para mí es lamentable y penoso. El maltrato está viniendo por parte de familiares y por parte de la estructura gubernamental”, dijo López.

La funcionaria destacó que este tipo de situaciones han aumentado por varias razones como el cierre de oficinas o de servicios de salud que han sido privatizados, además del aumento en la población de personas de edad avanzada. A esto también se suma que más de la mitad de esa población vive bajo los niveles de pobreza.

“La realidad es que el DF no ha cumplido con su deber ministerial y eso lo hemos visto reflejado en los últimos meses”, señaló la Procuradora.

Un ejemplo que puso fue el de la pareja de ancianos del barrio Baramaya de Ponce, que la semana pasada fue encontrada viviendo en condiciones deplorables, sin comida ni agua potable. Según dijo, desde octubre de 2010 el caso había sido referido en dos ocasiones al DF y una a Emergencias Sociales y no se hizo nada.

“El DF no había hecho nada porque la persona que tenía el caso se jubiló y no se había asignado a otra persona”, agregó la Procuradora.

cientos de casos pendientes

Pero ese no es el único caso. Según López, su oficina tiene una demanda en el Tribunal Superior contra el DF debido a cientos de casos de personas de edad avanzada que necesitan protección y que no han sido atendidos. Asimismo, destacó que hay más de 300 casos con las mismas características de protección “inclusive con número de querella de Emergencias Sociales y no hemos recibido contestación”.

De hecho, López destacó que hay un protocolo que firmaron diversas agencias gubernamentales, como el DF, Emergencias Sociales, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca), el Departamento de la Vivienda y la Policía de Puerto Rico.

“Es un protocolo que se tiene que activar cuando se da un caso de personas viviendo en condiciones infrahumanas. Todos tienen que, en coordinación, dar un servicio y apoyar para que la persona salga de esa situación”, explicó la Procuradora, tras enfatizar que hay dos leyes que protegen a las personas de edad avanzada.

Una es la Ley 121 de 1986, según enmendada, que establece los derechos de las personas de 60 años o más y la Ley 168, del Programa para el Sustento de Personas de Edad Avanzada.

“Nuestra oficina fiscaliza a las agencias para que hagan lo que tienen que hacer. Hemos tenido que tirarnos a la calle e, inclusive, ir a los tribunales para que cumplan con la ley”, puntualizó López.

La funcionaria también enfatizó en que toda persona que tenga conocimiento o sospeche que están maltratando a un anciano, está obligado por ley a denunciarlo.

Lo puede hacer a través de la línea de Emergencias Sociales del Departamento de Familia (787-743-1333 / 1-800-981-8333) o por la Línea Pas de Assmca (1-800-981-0023).

La Secretaria de la Familia es un ‘desastre’

12 Noviembre 2010

La Secretaria de la Familia es un ‘desastre’
SPU denuncia presuntas negligencias



El Departamento de la Familia ha estado bajo fuego por el manejo inadecuado de casos de maltrato de menores. (El Nuevo Día / Juan Ángel Alicea )Por Frances Rosario / frosario1@elnuevodia.com

El Departamento de la Familia es un “desastre”, debido a la incapacidad de la secretaria Yaritsia Irizarry para dirigir la agencia, la falta equipo y materiales, y el despido de 1,600 empleados públicos a causa de la Ley 7 de Emergencia Fiscal, aseguraron ayer líderes de Servidores Públicos Unidos (SPU).

La presidenta del gremio, Annette González, y el representante sindical de los trabajadores sociales y técnicos de la agencia, Julio Rodríguez, dijeron estar indignados por la “mala administración” de Irizarry.

Por su parte, la titular de la agencia rechazó los señalamientos y expresó que en su agencia “no hay espacio para la dejadez”.

En las pasadas semanas, la agencia ha sido criticada por su presunta negligencia en el manejo de casos de maltrato contra menores. Por ejemplo, recientemente la agencia no prestó asistencia debida a una adolescente de San Lorenzo que intentó suicidarse en su escuela. La agencia presumió que el incidente se trataba de un caso de despecho, según trascendió.

“Decisiones erróneas, desconocimiento de la alta gerencia de cómo opera realmente la agencia, (y) las ansias de privatizar a toda costa ciertos servicios por razones cuestionables son factores que en estos momentos han llevado a esta agencia al borde del colapso. Y los que están pagando el precio más alto son desgraciadamente nuestros niños”, expuso Rodríguez.

Entre las decisiones erróneas que se le imputan a Irizarry está el asignar los casos de emergencia social a las oficinas locales, las cuales atienden casos de seguimiento.

La asignación de emergencia a las oficinas locales provoca que los pocos empleados de la agencia “no tengan tiempo” para dar seguimiento adecuado a los casos que tenían asignados, según González. La Secretaria negó que haya tomado esta determinación.

Piden visitas de la secretaria

Los líderes sindicales señalaron que su petición principal a la Secretaria es que visite las oficinas locales para que conozca lo que atraviesa un empleado para poder realizar su labor.

Para Irizarry, estas denuncias del SPU tienen “algo de oportunismo”, ya que el último encuentro que sostuvo con González fue cuando la sindicalista presuntamente le solicitó que no permitiera que el sindicato ProSol hiciera campaña en Familia.

La funcionaria negó que culpe a los empleados por los problemas que han enfrentado en las pasadas semanas.

“A nivel central, las puertas están abiertas. Los invito a que cuando tengan un problema real, canalicen el reclamo”, indicó la funcionaria.

Los muchos asesinos de una niña

24 Octubre 2010

Los muchos asesinos de una niña
La crónica incapacidad de Familia la hace cómplice de muchas muertes de niños



La incapacidad del Departamento de la Familia contribuyó a la fatídica muerte de la bebé de Paola Rodríguez Acosta. (archivo)Por Benjamín Torres Gotay / btorres@elnuevodia.com

Puede que para muchos sea injusto responsabilizar a alguien por la muerte de una persona a la que otra apretó por el cuello hasta exprimirle la vida. La responsabilidad, generalmente, es de quien, aunque sea por un instante fugaz como un relámpago, se siente investido con la grave facultad de decidir que otro no debe ya vivir.

No obstante, como veremos a continuación, hay instancias, puede que muchas, en que quien quita la vida no es el único responsable de desenlaces tan estremecedores.

Esta semana, atestiguamos en Puerto Rico un caso en que muchos no hicieron lo que tenían que hacer y esa omisión desembocó en el terrible e irreparable desenlace de una niña que, en la soledad del baño de su casa, da a luz a otra niña y, según la denuncia que pesa contra ella, la aprieta por el cuello hasta hacerla morir.

No se puede responsabilizar por la muerte de la infante a nadie que no sea quien le arrebató la vida con sus manos. Pero, como veremos a continuación, hay personas e instituciones cuyas actuaciones fueron tan negligentes que es casi como si estuviesen hablándole al oído a la asesina e invitándola a que apretara el cuello de su bebé.

Se trata del caso de la adolescente de 16 años Paola Rodríguez Acosta, a quien las autoridades acusan de haber asesinado, el pasado viernes 15 de octubre, a una niña de 30 meses de gestación justo cuando acababa de parirla.

Hace dos años, cuando Paola tenía 14, quedó embarazada. Su caso le fue llevado a la atención del Departamento de la Familia (DF) cuyo deber primordial es proteger a los niños y las niñas de quienes no saben o no los quieren amar. Pero esta agencia, en lo que tristemente es sólo una muestra más de su crónica incapacidad, hizo unas pocas preguntas, se conformó con las escuetas respuestas que le dieron y dio por terminada su intervención enseñándole a Paola a cambiar el pañal, darle biberón y sacarle los gases a su bebé.

El DF despachó el asunto, según reconoció esta semana la secretaria de la Familia, Yanitsia Irizarry, como el caso de una niña “con una conducta sexualizada de forma precoz”, no activó los protocolos que, tal vez, hubieran llegado al fondo del asunto y evitado todo lo malo que pasó después, desoyó el hecho de que contra Paola se había cometido abuso sexual y ni siquiera reportó el caso a la Policía.

Tal vez, sólo tal vez, si el DF hubiera sometido a Paola al tratamiento que merecía, una intervención multidisciplinaria que hubiera llegado al fondo del asunto, se habría enterado entonces que la jovencita estaba siendo abusada por un primo de treinta y tantos años, posiblemente con la complicidad de sus propios padres, y se habría evitado el segundo embarazo y su secuela. Suena simple y cruel, pero así es.

La secretaria Irizarry debería responder por esta negligencia mortal. Pero, claro, el País ya sabe que es poco lo que se le puede pedir, si hasta que un reportero de este periódico se lo dijo el jueves ni siquiera sabía que una niña de 14 años no está legalmente capacitada para aceptar tener relaciones sexuales y que un embarazo a esa edad es prueba irrefutable de que fue abusada.

Como puede verse, esto es una tragedia por dondequiera que se le mire.

Y es más trágico aún porque se sabe que no es la primera vez, ni tristemente, tal vez, tampoco sea la última, que el DF falla de manera tan rotunda.

El DF, como es obvio para todo el que tenga un mínimo de sensibilidad, tiene una función vital. Pero como tantas otras agencias del Gobierno, es una bestia gulemba incapaz de cumplir con su misión, lo cual ha sido agravado por el machetazo que le dieron con la Ley 7, que la dejó prácticamente sin personal clerical que dé apoyo a los trabajadores sociales que deberían estar en la calle salvando las vidas de niños y niñas, y sin abogados que defiendan el derecho de estas criaturas a vivir en paz.

Pedir que alguien haga algo tal vez sería mucho en este país del relajo en el que nada funciona. Pero, de todos modos, hay que hacerlo: alguien, por favor, haga algo con esto.

DF no investigó abuso sexual contra menor acusada de asesinar su bebé

22 Octubre 2010

DF no investigó abuso sexual contra menor acusada de asesinar su bebé
Aunque Paola no tenía la edad para aprobar la relación


Yanitsia Irizarry dijo que para que se considerara abuso sexual tenía que llegar a la conclusión de que Paola no tuvo la capacidad de consentir. Pero según la ley, con 14 años no tenía esa capacidad legal. (Archivo / Carlos Giusti)
Por Ricardo Cortés Chico / rcortes@elnuevodia.com

El Departamento de la Familia (DF) no investigó como un caso de abuso sexual el primer embarazo de Paola Rodríguez Acosta, la adolescente de 16 años acusada de asesinar a la bebé que parió el viernes pasado en Mayagüez, porque supuestamente no había elementos que señalaran que se había cometido ese delito, dijo ayer la secretaria de esta agencia Yanitsia Irizarry.

Esto, a pesar de que en su primer embarazo la menor tenía 14 años, edad en que no estaba legalmente capacitada para consentir tener relaciones sexuales, por lo que cualquier relación de esa naturaleza con un adulto constituye el delito de violación técnica.

“Para que haya abuso sexual tengo que llegar a la conclusión de que hubo un contacto sexual (en el) que no tuvo la capacidad para consentir o que no fue deseado. Eso específicamente, los elementos de abuso sexual, nunca se desprenden del testimonio de ella ni del testimonio de las personas colaterales, de que había sido abusada. Lo que teníamos era una adolescente con una conducta sexualizada de forma precoz”, dijo Irizarry.

La Secretaria alegó que distinto sería el caso si la menor hubiese tenido 7 años, porque a esa edad “no hay forma en términos jurídicos de que tenga capacidad para consentir”. “Hay jóvenes que están activos sexualmente y en éste estamos hablando de un caso de negligencia pero no necesariamente de abuso sexual”, dijo Irizarry.

‘Patina’ Irizarry

Se le recordó a la Secretaria que el ordenamiento legal dispone que a los 14 años no existe capacidad jurídica para consentir a tener relaciones sexuales, y entonces cambió su respuesta.

“Lo que surge del informe es que se trata de una menor que dio a luz una criatura y que por la edad, se entiende que pudo haber el delito”, dijo Irizarry. La Secretaria aseguró que como parte del caso se activaron los protocolos de la agencia y reiteró que el caso de ellos era por negligencia, y que por ser una primera ofensa, lo que procedía era implantar un plan de servicios.

El plan de servicios consistió en referirla al programa Nido de Amor, que le orienta sobre el cuidado de un bebé.

Señaló que durante esa primera intervención la adolescente solo vivía con su madre por lo que se determinó que no estaba en riesgo de ser abusada sexualmente, a pesar de que en todo momento Rodríguez Acosta se negó a identificar a la persona que la embarazó.

El DF nunca determinó si la menor había sido coaccionada a no revelar la identidad de su agresor.

“Lo que la Ley 177 dice es que uno debe determinar si hay peligro presente. No lo había porque ella vivía sola con la mamá”, señaló la Secretaria, sin explicar cómo la agencia determinó que el único riesgo que corría la menor era en la casa en que vivía y no en cualquier otro lugar.

“Se siguió el protocolo”

A raíz del desenlace de su segundo embarazo, que terminó con el asesinato de la bebé recién parida a las 30 semanas de gestación, la menor ha identificado a Hernán Rodríguez, un primo de 37 años, como el padre de los dos menores.

Si se prueba la alegación de la menor, querrá decir que en el momento en que el DF la tuvo bajo su atención hace dos años, Paola había sido víctima de violación técnica. Irizarry indicó que la menor fue examinada por especialistas de abuso sexual y que en ningún momento presentó señales de que estaba siendo coaccionada por algún agresor sexual, aunque se negaba a identificarlo.

Dijo que la identificación del agresor sexual le toca a la Policía y no al DF. “Esto se refirió a las agencias de autoridad, que no somos nosotros, para que investiguen la posibilidad de que se cometió un delito, porque nosotros no intervenimos con delitos”, añadió.

“Hay casos que yo podría tener dudas. En este caso, no. En este caso se siguió el protocolo”, afirmó la Secretaria.

Falla Familia en el caso de Mayagüez

21 Octubre 2010

Falla Familia en el caso de Mayagüez
Experta dice que el DF no indagó tras embarazo inicial de Paola, acusada de asesinar a su bebé

Vídeo: Suspenden vista de custodiaPor Ricardo Cortés Chico / rcortes@elnuevodia.com

Mayagüez - El Departamento de la Familia (DF) falló en sus gestiones ministeriales al no profundizar su investigación en torno al primer embarazo de la adolescente Paola Rodríguez Acosta hace poco más de dos años, especialmente en lo referente a la identidad del padre del bebé y la posibilidad de que se haya incurrido en algún tipo de maltrato por negligencia de alguno de los padres.

Según la profesora de Trabajo Social y directora del Instituto de Terapia Familiar, Rita Córdova, desde finales del cuatrienio pasado existe un protocolo interagencial para trabajar con los casos de abuso sexual a través de profesionales de la conducta, para que las víctimas enfrenten la situación, superando la intimidación que usualmente ejerce el victimario en este tipo de casos.

La secretaria de la Familia, Yanitsia Irizarry, sin embargo, en lo que lleva en el cargo no ha puesto en vigor el protocolo, según denunció Córdova. En el caso específico de Rodríguez Acosta, la ausencia de estos servicios, en cierto modo, dio el espacio para que la agresión sexual contra la adolescente continuara, al punto de que ésta resultó embarazada en una segunda ocasión.

La gestación culminó el pasado viernes con un parto en la bañera de la casa que Rodríguez Acosta compartía con su abuela en la comunidad Valle Seco en Mayagüez, y el asesinato de la criatura recién nacida por parte de la adolescente, según versiones ofrecidas por las autoridades. Por estos hechos fue imputada de asesinato en primer grado y destrucción de evidencia. Carlos Torres Viada, abogado de la joven, indicó que la familia alega que la gestación en el segundo embarazo no culminó y que lo que ocurrió fue un aborto natural.

Indicó que la confesión dada por Rodríguez Acosta a la Policía será impugnada, entre otras cosas, porque la menor en ese momento estaba medicada.

EL PROTOCOLO QUE NO SE SIGUIÓ
Según las versiones iniciales de la Policía y del Departamento de la Familia, las respectivas investigaciones de estas agencias en torno al primer embarazo de la adolescente se vieron frustradas por la falta de cooperación de la menor y de sus padres. Estos, supuestamente, no quisieron revelar quién era la persona que la embarazó.

Córdova explicó que el protocolo nunca puesto en vigor por Irizarry establecía que, ante la negativa de una víctima de abuso sexual a denunciar la situación, se activa un grupo integrado por sicólogos, siquiatras y trabajadores sociales, entre otros profesionales de la conducta humana, para promover el ambiente necesario para que la perjudicada tenga la confianza de declarar.

Ayer la fiscalía interrogó a Hernán Rodríguez, el primo de la menor. Ésta lo identificó como el progenitor en sus dos embarazos. Si el sujeto es, en efecto, el padre de las criaturas, podría ser acusado de agresión sexual, delito que comenzó a investigar la fiscalía al conocer, con el asesinato de la recién nacida, que la adolescente tuvo un hijo a los 14 años.

Al parecer, ni el DF ni la Policía notificaron al Departamento de Justicia del caso hace dos años. El sujeto podría ser sometido próximamente a un examen de ADN.

Ayer, la fiscal Blanca Portela afirmó que no le leyeron los derechos al interrogado, como se hace con los sospechosos de cometer un delito.

CUSTODIA AL DF
También ayer, en el Tribunal de Ponce, hubo una vista ante la jueza María Negrón, en la que se otorgó la custodia provisional del primer hijo de Rodríguez Acosta al Departamento de la Familia. Olga Longoria Vélez, abogada de la familia de la adolescente, indicó que el lunes continuará el caso ante un pedido suyo de tiempo para prepararse, ya que fue contratada antes de ayer.

La secretaria del DF añadió, a través de su portavoz de prensa, Rossy Santiago, que “tras el parto del primer niño el Departamento comenzó a ofrecerle ayudas a través del programa Nido Seguro”.

En este programa a los participantes se les brindan orientaciones sobre la crianza de un bebé, la abstinencia sexual, el síndrome del bebé sacudido, la prevención del dengue y el virus AHIN1. Añadió que, durante la prestación de estos servicios, no notaron que Rodríguez Acosta estuviera nuevamente preñada.

En ningún momento, Irizarry hizo referencia en torno a algún plan para conocer al progenitor de la criatura, quien por los 14 años que tenía la menor entonces, implícitamente cometió abuso sexual. Tampoco, al parecer, se investigó la supervisión de la menor por sus padres ante un posible escenario de negligencia.

“Entiendo que, en este caso, puede haber ocurrido un maltrato por negligencia. La falta de supervisión de un menor implica negligencia”, dijo la experta en trabajo social.

Córdova explicó que el protocolo debe ponerse en vigor inclusive en casos anteriormente conocidos como violaciones técnicas, porque se trata de menores que, por su edad, no pueden consentir una relación sexual.

Córdova explicó que en muchos de estos casos las autoridades deben investigar a fondo el supuesto “consentimiento”, ya que en gran parte de los casos lo que se esconde de fondo es algún tipo de intimidación por parte del agresor.

“Es muy típico que las víctimas estén intimidadas. Todo apunta a que el DF lo ha manejado en desconocimiento”, añadió.

Investigación de Familia se centra en el padre

Investigación de Familia se centra en el padre
Por Melissa Correa Velázquez
EL VOCERO
Jueves 21 de Octubre de 2010


La secretaria de la Familia, Yanitzia Irizarry, defendió la labor de los empleados de su agencia en el caso de Paola Marie Acosta. EL VOCERO/Archivo
El Departamento de la Familia investiga si los familiares de Paola Marie Acosta -la adolescente que estranguló a su hija recién nacida en la bañera de su casa- tenían conocimiento de que el padre de la infante asesinada y del primer hijo de la acusada es su primo.
"El Departamento de la Familia está investigando si sabían o no quién es el padre. Parece ser que ella no quiso indicar quién era el padre de la criatura. Estamos entrevistando a los familiares. Es vital para el procedimiento de custodia del menor de dos años. Incurrirían en negligencia los custodios de esta adolescente que permitieron que quedara embarazada por segunda ocasión", informó la titular de la agencia, Yanitzia Irizarry.

La funcionaria aseguró que la dependencia atendió con premura a Acosta cuando quedó embarazada de su primer hijo y se le ofreció el programa de 'Nido Seguro'.

"Cuando se nos reporta que había dado a luz una adolescente que tenía 15 años, se le dieron los servicios completos, se hicieron visitas al hogar, se les ofreció educación sexual, de cómo criar al niño. Los adultos cercanos a la joven asumieron la responsabilidad y respondieron adecuadamente", afirmó Irizarry.

Aseguró que en la última evaluación que se le hizo a Acosta, el personal de la agencia no advino en conocimiento de que la joven estaba en estado de gestación. Esa evaluación data del pasado 29 de julio.

"Físicamente no parecía estar embarazada ni presentaba síntomas externos de que lo estuviera", acotó.

Opinó que este caso es una triste radiografía de los problemas de educación sexual en Puerto Rico y que le corresponde a la familia inmediata hablar de sexo con sus hijos antes que los maestros.

De regreso a los brazos de 'papi' y 'mami'

Viernes 09 de Julio de 2010 10:00

Lo primero que preguntó a sus padres preadoptivos fue si habían llorado en su ausencia. Luego de escuchar su respuesta, preguntó por el casco y el bate.


Después de recibir los besos y abrazos de la familia Nieves Torres, que lo crió por dos años y medio, comenzó a jugar con todos los juguetes que había dejado en el hogar y que seguramente extrañó por aproximadamente un mes.


Yanira Torres y Alberto Nieves recibieron al menor como a eso de las 8:30 de la mañana, tres horas y media antes de que se venciera el plazo que dio el juez Héctor Clemente, del Tribunal de Bayamón, al Departamento de la Familia (DF) para que devolviera al niño a las personas que estaban certificados como padres preadoptivos.


Torres contó que al principio estaba temeroso, pero poco a poco volvió a sentirse en su casa. "Fuimos al cuarto y me preguntó si había llorado y me dijo 'mami'", narró.'
El niño pedía el juego de motora del 'Playstation' y les enseñaba a todos el dominio y los "trucos" que le enseñó su hermano. Aunque necesitaba sólo un control para jugar, se puso el casco de pelota.


"Juega papi", le decía el niño a Nieves, quien confesó que dudó en un momento que volvería a ver al pequeño.


"La fuerza me la estaba dando Dios. Gracias a Dios ya lo tenemos aquí", dijo Nieves.


"Ahora vamos a disfrutar lo que queda del verano y todo lo que no pudimos disfrutar el tiempo que no estuvo con nosotros", agregó.


El pequeño de cuatro años disfrutó en la tarde de ayer de una fiesta que le organizó su familia. Con casa de brinco, globos, letreros que leían 'Welcome Home' y el tan esperado bizcocho. Vecinos y amigos celebraron la llegada del menor.




Lucharán por la adopción


Aunque no entiende el porqué su familia pasó por esta experiencia, está claro que "esto no termina aquí". "Vamos a luchar por la adopción, por eso hemos llegado hasta aquí", sostuvo Nieves.


Tanto Nieves como Torres piden a la secretaria de la Familia, Yanitsia Irizarry, que "nos dé la oportunidad de adoptar y seguir la vida que vivíamos antes que pasara todo esto".


"Queremos paz", expresó Nieves, quien en reiteradas ocasiones ha dicho que no se ha lucrado de la mensualidad que el DF le da para el niño. Esto, en respuesta a las expresiones de Irizarry a tales efectos.


Torres, por su parte, recordó los momentos que ha vivido con el niño desde que llegó a su hogar. "Él llegó a nosotros un 24 de julio de 2007 y lo veo como un hijo y lo aprendí a querer y amar aunque no lo tuve en mi barriga".


Contó que cuando recibieron el niño en su casa no se atrevía ni a bajar un escalón, poco a poco fue perdiendo el miedo y hasta sus hermanos le enseñaron a hablar.


Durante el proceso judicial se supo que la familia de Caguas que tenía al pequeño en su hogar, presentó la solicitud de adopción ante el Tribunal.


A esa nueva familia que interesaba adoptarlo, Torres le dio "las gracias por cuidarlo todo este tiempo y por el amor y el cariño que estoy segura le dieron en nuestra ausencia".


El 30 de junio la jueza Griselle Robles Ortiz ordenó a la agencia devolver la custodia del menor en un plazo de 24 horas. Luego de dicha orden, el Tribunal Apelativo validó dicha sentencia, desestimó la Solicitud Urgente de Oposición y Desestimación y denegó la Moción en Auxilio de Jurisdicción que presentó el DF.


Por su parte, el alcalde de Toa Baja, Aníbal Vega Borges, pidió a la Titular de Familia que "desista de privar a estos padres de la adopción que ellos quieren. Aquí hay un ambiente familiar de cariño y respeto"

Permanece la pesadilla de Capeco

jueves, 8 de julio de 2010
Rosita Marrero / Primera Hora

La explosión en la Caribbean Petroleum Corporation ocurrida el 23 de octubre de 2009 no sólo dejó cicatrices físicas y emocionales entre los residentes de las comunidades vecinas, sino también daños estructurales en sus viviendas, para cuyos arreglos algunos recibieron ayuda, pero otros se quedaron en el olvido.

Todavía es la hora, afirman varios afectados, que ni el Departamento de la Vivienda del Municipio de Cataño, ni del Gobierno central han asomado su cara por sus hogares para ofrecer ayuda, según reclaman.

“No han terminado de arreglar mi casa, ni el Gobierno estatal, ni el municipal. Hay más de 30 casas que no han terminado y otras a las que nunca han ido. Han hecho uno que otro arreglito”, dijo Martha Sánchez, quien vive en una de las casas más cercanas a la refinería.

“Mi casa fue una de las que explotó. Estábamos viendo un juego cuando de momento todo comenzó a moverse. Un aire acondicionado salió disparado hacia dentro y mi esposo se asomó por el hueco y vio una bola de fuego que venía hacia nosotros”, recordó con angustia.

“Todo se cubrió de anaranjado. Cuando miramos para elcielo estaba todo anaranjado. El calor era como si estuviéramos quemándonos”, rememoró.

Bernice Sánchez, quien recuerda cómo todos en la comunidad corrían y gritaban con histeria, huyéndole a la bola de fuego; reconoce las marcas que les ha dejado la experiencia a niveles físicos, emocionales y también estructurales.

“A pesar de todas las “ayudas”, entre comillas, que hemos tenido, nos han dejado abandonados en muchos aspectos. Enfrentamos problemas de contaminación, problemas respiratorios, alergias y asma. Todavía hay muchos hogares que no fueron reparados y casas que no fueron a visitar”, mantuvo.

Daniel Rosario, de Puente Blanco, 218 interior, quien se quedó ciego a consecuencia de la diabetes, no tiene quejas en ese sentido y su casa es de las que explotaron en cantos.

“ Yo estaba soñando en la otra explosión que ocurrió hace 40 años y cuando me levanto el aire acondicionado empezó a hacer ¡bum!, ¡bum!, ¡bum! Quité los breakers de inmediato. Cuando los estoy bajando, el plafón cayó pa' abajo y los palos del techo pa'arriba. En el baño, se arrancó la pared completa. Me tiré pa la cama, debajo. Como es alta, me escondo. No podía hacer más na'. ¡Pasé un susto...!”

“Me arreglaron la casa. Me la pusieron nueva. Me dieron dos camas, nevera, estufa y muebles. Conmigo vivían tres nenas, una de 26, otra de 21 y una de 14, pero no quieren volver. Cogieron miedo. Vienen, me limpian la casa y se van...”

“No podía ver. No sabía por dónde salir. Pasaba por entremedio de los palos”, recordó.

¿Capeco les ha dado ayuda?

Esa gente no ha bregao nada. No nos han dado cara.

El matrimonio constituido por Emily Fernández y Harry Luis Claudio, como muchos, pasó tremendo susto, unido a la angustia de salvar a Jadrián, su bebé recién nacido.

“Estaba lactando a mi bebé de un mes cuando todo empezó a temblar. Me resbalé con el bebé. Mi esposo salió pa fuera para ver qué pasaba y todo el mundo estaba corriendo, porque decían que iba a explotar Puente Blanco. Yo estaba en bata. Recogí la leche del nene y me fui”, relató.

Departamento de la Familia deberá devolver niño de cuatro a personas que lo criaban

miércoles, 7 de julio de 2010
Actualizado hace 17 horas

(creado 01:23 p.m.)
Bárbara J. Figueroa Rosa / Primera Hora
El niño de cuatro años que fue removido por el Departamento de la Familia (DF) del hogar de crianza que lo cobijó por los pasados dos años y medio -con fines de que otra familia lo adoptara- tiene que ser devuelto hoy, antes de las 12:00 del mediodía, a sus padres sustitutos.

Así lo determinó en una vista de desacato el juez Héctor Clemente Delgado, del Tribunal de Bayamón, quien dispuso que se cumpliera de inmediato con la orden que había emitido el pasado 30 de junio la jueza Grisel Robles Ortiz, quien dijo en aquel entonces que se entregara la custodia del menor en 24 horas a Alberto Nieves y Yanira Torres, padres de crianza del pequeño que fue rescatado por la pareja de un hogar de niños maltratados.

Los abogados del DF, capitaneados por el licenciado José Vargas, trataron de convencer al juez de que no se llevara a cabo la entrega del nene, amparados en un recurso de certiorari presentado el martes en la tarde ante el Tribunal Supremo, esto luego que dos peticiones de auxilio de jurisdicción fueran denegadas por el Tribunal de Apelaciones.

“Si ustedes no tienen una orden del Tribunal Supremo dejando sin efecto la orden del Tribunal de Apelaciones, tienen que entregar al menor”, le repitió el juez en varias ocasiones a la batería de abogados.

Los licenciados insistieron nuevamente diciendo que la decisión del magistrado podría afectar el bienestar del nene que se encuentra en un hogar preadoptivo en Caguas “en donde ha establecido lazos afectivos” con unas personas que, desde que lo conocieron hace poco más de 30 días, desean quedarse con él de por vida.

El padre de crianza del menor -identificado por sus siglas MDDJ- reaccionó a esta expresión diciendo que le da pena con la familia de Caguas, “pero no podemos pensar en el dolor de ellos, tenemos que pensar en el dolor de nuestro hijo, que es a nosotros a quienes ve como su mamá y su papá”.

“Les aconsejo que busquen otra opción de adopción en alguno de los miles de niños que la secretaria Yanitsia Irizarry dice que hay disponibles”, destacó quien luchará junto a su esposa para lograr adoptar al niño.
Por su parte, anoche, la secretaria del DF, Yanitsia Irizarry, dijo en declaraciones escritas que, “ser padre adoptivo, significa amar a nuestros niños en todo momento. Poder ofrecerles estabilidad, más allá de cualquier consideración, o conveniencia. Para adoptar, hay que renunciar a la parte económica, que ofrece el ser hogar de crianza. Tengo la certeza que al final del camino, prevaleceremos, el tiempo nos dará la razón. Nuestros niños agradecerán, el que dejen de ser un número más y se les de estabilidad. Por respeto a la autoridad judicial y que el presente caso está vivo en el Tribunal Apelativo e Instancia, no nos expresaremos sobre sus interioridades".

Piden arresto de la secretaria de la Familia

miércoles, 7 de julio de 2010
Mariana Cobián / Primera Hora

En su empeño por recobrar al menor que desean adoptar y a quien consideran como su hijo desde hace dos años y medio, Yanira Torres y Alberto Nieves acudieron ayer nuevamente al Tribunal de Bayamón.

Allí su abogada Lianabel Villafañe sometió una moción titulada: Urgente tercera solicitud de desacato y orden de arresto a la Secretaria del Departamento de la Familia.

La misma detalla que en la vista en su fondo del 30 de junio, el tribunal ordenó al Departamento entregar la custodia del menor –identificado por sus siglas MDDJ– en 24 horas a la familia toabajeña, orden que no se cumplió.

“Que el DF mediante su secretaria Yanitsia Irizarry se ha negado rotundamente a cumplir dicha orden desde el 30 de junio y una pareja de Caguas de apellidos Suya y García tienen ilegalmetne al menor”, lee la moción radicada ayer.

Lee la sentencia Lee la moción de confiscación de expedientes Lee la resolución del tribunal El documento resalta que a más de una semana desde que se emitió la orden, no se ha cumplido con la misma, “causando esto graves daños y perjuicios tanto al menor objeto de controversia como a los menores y familia demandante”.

Recordó que la solicitud de desacato se paralizó por un recurso solicitado por la agencia ante el Tribunal de Apelaciones, que determinó que no procedía su intervención.

“Enfatizamos que la mera radicación de un escrito ante un tribunal no exime del cumplimiento de la orden”, se manifiesta en la moción.

“Que ante el craso menosprecio, negativa e incumplimiento con las órdenes de este honorable Tribunal por parte de la Secretaria de Familia la cual además es abogada y conoce las consecuencias de un desacato desde el 1 de julio, solicitamos el 2 de julio por segunda vez el desacato de la orden mencionada”, agrega.

Se solicitó “por tercera vez” que se halle incursa en desacato a la Secretaria por “negarse a cumplir la orden” y que “se le ordene el arresto a la licenciada Yanitsia Irizarry por su craso incumplimiento con la orden del Tribunal y no se deje en suspenso esa orden por la mera radicación de un escrito porque la mera radicación no da ni quita derecho”.

La representante legal de los “padres” del niño de cuatro años solicitó además la confiscación de expedientes del caso, ya que en la vista funcionarios dijeron que se perdieron documentos relacionados, incluyendo el certificado de que son padres preadoptivos.