por Bárbara J. Figueroa Rosa / Primera Hora
Los oficiales correccionales que tenían la responsabilidad, ante todo, de velar por la vida de los confinados que fueron víctimas de un accidente que aparentemente se pudo haber evitado podrían ser destituidos de sus funciones y enfrentar cárcel por cargos de homicidio si se corrobora que incurrieron en negligencia durante los hechos que culminaron con la muerte de ocho reos y otros dos confinados con heridas.
Así lo confirmó enérgicamente el secretario de Justicia, Guillermo Somoza, al indicar que por órdenes del gobernador Luis Fortuño se inició una investigación “exhaustiva” de lo sucedido y “si hay que imponer responsabilidades, se hará a la brevedad posible”. Paralelamente, se corren dos pesquisas: una por parte de Corrección, ante posibles violaciones administrativas, y otra por Justicia, para confirmar si hubo negligencia criminal.
“Murieron ocho personas y puede ser que (el accidente) haya ocurrido en circunstancias negligentes… si esto se confirma en la responsable investigación que realizamos, estaríamos hablando de radicar posibles cargos de homicidio negligente -por cada una de las muertes- en dos modalidades: negligencia o negligencia crasa o por imprudencia”, agregó el secretario de Justicia, al explicar que el primero de los cargos es un delito menos grave de cuarto grado con una pena de entre seis meses y tres años de cárcel; mientras que el segundo es un delito grave, de tercer grado y la pena impuesta sería de entre tres y ocho años de prisión. Este último delito tomaría en consideración que los oficiales hayan puesto en riesgo la seguridad de los confinados mientras conducían un vehículo de motor.
Fichas de los confinados fallecidos .Las palabras de Somoza -quien asignó el caso a los fiscales Wilson González Antongiorgie e Israel Chico Juarbe, ambos de la región de Arecibo- hacen referencia a la versión de que los oficiales de custodia Héctor y Ángel Cruz hayan incurrido en alguna negligencia cuando decidieron desafiar las inclemencias del tiempo en un área inundada (aun cuando alegadamente fueron advertidos) y a una posible inacción por no haber accedido a abrir el vehículo para que liberaran de los grilletes en las manos y las cadenas en los pies a los confinados que murieron ahogados y pillados ante la mirada atónita y de impotencia de tres ciudadanos que trataron de auxiliar a los fallecidos que, una y otra vez, suplicaban que los salvaran.
Sobre este posible escenario, el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Jesús González, también hizo su veredicto, uno que sin embargo, aclaró, era su opinión e independiente de las investigaciones paralelas que realizan su agencia, así como Justicia.
“Separando la investigación que lleva Justicia y haciendo un aparte, en mi opinión, si le pedimos a la ciudadanía cuando hay un cuerpo de agua fuera de su cauce que tome precauciones y no lo cruce, imagínate lo que debió hacer un oficial de custodia que tiene el deber de velar y custodiar por las vidas de esos confinados… creo que la pregunta se contesta por sí sola”, dijo cuando se le preguntó si consideraba negligente la acción desafiante que tuvieron los oficiales al querer cruzar en el vehículo oficial de la agencia un puente inundado en el barrio Sabana Hoyos de Arecibo. Esto provocó que una correntía se llevara el vehículo en el que viajaban los presos que eran transportados a la cárcel que ubica, precisamente, a varios minutos del lugar de la tragedia.
Mientras, ambos funcionarios aseguraron que sendas pesquisas comenzaron a correr el mismo día de los hechos y que ya cuentan con varias entrevistas, incluidas las realizadas a los testigos oculares de lo ocurrido: los vecinos que auxiliaron a los sobrevivientes e intentaron socorrer a los fallecidos.
De igual forma, fueron entrevistados los dos reos que milagrosamente se salvaron Jason Santiago López y Carlos Díaz Santiago. También, se utilizarán como prueba unos vídeos que tomaron algunos vecinos.
Somoza aclaró que “es muy prematuro” indicar si de los interrogatorios realizados surgió la versión de que los oficiales de Corrección se negaron a entregar las llaves del auto para que los rescatistas pudieran salvar a los reos.
“Apenas van varias horas desde lo ocurrido y eso está bajo investigación”, dijo sobre la pesquisa que incluiría una recreación de la escena con la ayuda de técnicos del Instituto de Ciencias Forenses (ICF).
Sin embargo, el titular de Corrección indicó que había escuchado que sí hubo una negativa por parte de sus empleados para entregar las llaves, “pero en cambio, uno de ellos trató de él mismo abrir el vehículo y fue entonces cuando se le cayeron las llaves al agua”.
Aun así, no anduvo con paños tibios y dijo que el protocolo establecido en el reglamento de transporte a confinados indica que en casos de emergencia debe sopesar salvaguardar la vida de una persona.
“En situaciones de emergencia, está por encima de todo la vida. Si ocurriera un terremoto, por ejemplo, se deben liberar las celdas y el riesgo de fuga queda en un segundo plano. En este caso, había que pensar en liberar a las personas...”, expresó González al hacer hincapié en que si se demuestra que hubo alguna violación administrativa, la medida disciplinaria inmediata sería la destitución de los oficiales penales.
Parte de la pesquisa de Corrección incluye evaluar también el hecho de que los oficiales tomaron una ruta alterna a la que acostumbran para llegar ala cárcel. Esto sin una aparente notificación a la agencia.
