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miércoles, 26 de octubre de 2011

Cámara de Representantes aprueba el proyecto de custodia compartida


por Nydia Bauzá / Primera Hora

Después de enfrentar una fuerte oposición, la Cámara de Representantes aprobó finalmente ayer el controvertible proyecto del senador Carmelo Ríos que establece como primera opción la custodia compartida de menores cuando la pareja está divorciada o separada.

La medida se aprobó con 43 votos de representantes de ambos partidos y cuatro en contra de los populares, Carmen Yulín Cruz Soto, Charlie Hernández, Víctor Vasallo y Jorge Colberg Toro, quien se abstuvo, pero como no lo anunció a tiempo, se le anotó como voto en contra.

“Como país tenemos que evitar la tentación de la politiquería, de decir que los que están en contra de la medida están en contra de la familia. Eso es falso. Yo soy una mujer divorciada que crié a mi hija con la corresponsabilidad de mis padres. Eso no es una familia tradicional, sin embargo, mi hija es un ser humano extraordinario”, dijo la representante Cruz Soto.

“Yo voy a hacer todo el esfuerzo posible para que esta medida, si concurrimos con las enmiendas, la llevemos a la consideración de la firma del Gobernador. Ésta para mí, de todas las reformas que he hecho, es el inicio de muchas soluciones a los problemas de la familia puertorriqueña del siglo XXI”, dijo el senador Ríos.

La medida fue aprobada con enmiendas básicamente para eliminar el concepto de presunción de que en todos los casos aplicaría la custodia compartida, informó la representante penepé Elizabeth Casado, quien preside la Comisión de Comunidades y Familia.

“En el análisis del proyecto, entendimos que se debe analizar caso a caso tomando como fundamento o norte el interés de los menores”, sostuvo.

En otro asunto, la Cámara devolvió a la Comisión de Educación, por discrepancias en fechas, un informe que recomienda referir al Departamento de Justicia al ex presidente de la Junta de Directores de la Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas (Cossec) y comisionado de Cecoop, Melvin Carrión Rivera, por alegadas “violaciones éticas, así como otras de naturaleza criminal”.

El informe sostiene que el asesor legal de Cossec, el ex representante penepé Ángel Cintrón, incitó a Carrión Rivera a destruir evidencia en medio de la investigación legislativa de la Comisión sobre supuestas irregularidades en el manejo de estas corporaciones.

El informe dice que Carrión Rivera destruyó grabaciones que le fueron requeridas por la comisión legislativa, el 17 de diciembre de 2010.

“A nuestro juicio, el asesoramiento del licenciado Ángel Cintrón y el mero asomo de la posible destrucción de una evidencia requerida por una comisión legislativa resulta en una afrenta y un menoscabo a los poderes constitucionales que nos fueran conferidos”, dice el representante Bernardo “Betito” Márquez en el informe. “Dicha falta de respeto por parte del licenciado Ángel Cintrón, otrora representante a la Cámara, debe ser repudiada desde lo más profundo de nuestro ser”, sostiene.

La Cámara baja acordó también investigar el funcionamiento, operaciones y los servicios de los party buses cuando haya menores de edad.

“Ha llegado a nuestro conocimiento que, en los casos en que los menores de edad utilizan los party buses, se distribuye alcohol y sustancias controladas, entre otras cosas”, dice la resolución que da paso a la investigación legislativa.

jueves, 11 de agosto de 2011

No llegan los casos

Por Maricarmen Rivera Sánchez,


El aumento en la violencia y en la cantidad de asesinatos se palpa en las calles y se refleja en las estadísticas de la Policía. En los tribunales, la realidad es otra. Según el juez presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton, este año el ministerio público ha radicado miles de casos menos que en años anteriores.

Hernández Denton insistió en que la responsabilidad de combatir el crimen no recae en la Rama Judicial, sino en agencias de ley y orden como la Policía y el Departamento de Justicia. Esas agencias, dijo, están radicando menos casos en los tribunales del país a pesar del evidente aumento en el crimen. La administradora de los Tribunales, Sonia Vélez describió la baja en la radicación de casos como “dramática”.

Entre 2009 y 2010 los tribunales atendieron 29,482 casos criminales graves radicados por Justicia. Entre 2010 y 2011 el número bajó a 26,348 – una reducción de 11%.

En los casos criminales menos graves que radica la Policía, la cantidad bajó de 24,418 a 18,879. Los datos estadísticos de la Administración de Tribunales corresponden a año fiscal.

Los datos de la Policía apuntan a que hasta el 8 de agosto de 2011 se habían registrado 687 asesinatos y más de 36,400 delitos como violaciones, robos, agresión agravada, escalamientos, apropiación ilegal y hurto de carros. Las estadísticas de la Policía se dividen en delitos Tipo I contra la persona, delitos Tipo I contra la propiedad y delitos Tipo II. Los delitos Tipo I contra la persona son: asesinatos, tentativa de asesinato o agresión agravada, violación y robo. En ese renglón la Policía admite un aumento de casi 18% en los asesinatos y 3.1% en tentativa de asesinato o agresión agravada, mientras que reclaman una disminución de 21% en violación y de 5.7% en robo. Al sumar todos los delitos Tipo I contra la persona reclaman una disminución de 1.4%. Los delitos Tipo I contra la propiedad son: escalamiento, apropiación ilegal y hurto de auto. En este renglón la Policía también reclama una reducción de 6.4%.

Las estadísticas de radicaciones en salas penales de los Tribunales se miden por casos criminales graves y casos criminales menos graves. Todos los delitos Tipo I caerían bajo el renglón de casos criminales graves. La comparación entre la totalidad de los delitos Tipo I reportados por la Policía y los casos criminales graves radicados en los tribunales es de unos 37,000 versus 26,000. Estos números reflejan que 70% de los casos llegan a los tribunales y 30% no se radican. Los datos de la Policía son hasta principios de semana, mientras los de Tribunales son del año fiscal que culminó en junio pasado.

La reducción de casos que llegaron a los tribunales también se ha visto en los pleitos civiles. Entre 2009 y 2010 se radicaron 182,334 mientras que en 2010-11 fueron 155,578. Incluyendo casos civiles, criminales, querellas contra menores, relaciones de familia y tránsito, a los tribunales llegaron 46,587 casos menos que el año fiscal anterior.

“La Rama Judicial no tiene la responsabilidad de combatir el crimen. La Rama Judicial tiene la responsabilidad de juzgar los casos que trae el Estado para procesar a las personas que han sido imputadas de delitos y tenemos además la responsabilidad de asegurarnos que a las personas que se les impute algún delito se le garanticen unos derechos constitucionales”, dijo Hernández Denton. “Es un fino y delicado balance el que tiene que hacer la Rama Judicial”.

Refirió a Justicia y a la Policía la pregunta de por qué se están radicando menos casos. No fue posible obtener ayer una respuesta de la Policía.

El secretario de Justicia, Guillermo Somoza Colombani, dijo que una de las razones por las que hay menos casos es porque se están radicando más a nivel federal. No ofreció las estadísticas de la cantidad de casos que se han radicado en la Corte Federal.

La portavoz de Fiscalía federal, Limarie Llovet indicó que no llevan las estadísticas de la cantidad de casos que se radican junto al Gobierno, sino de todos los casos radicados.

“Se están radicando más casos en la Fiscalía federal porque vamos a radicar donde sea más rápido el caso para ventilarse, donde haya circunstancias que favorezcan al ministerio público y donde las penas sean más disuasivas”, dijo Somoza Colombani. “Así se va a hacer. Tengo 23 agentes y tengo fiscales estatales en la Fiscalía federal para radicar los casos”.

Negó que esto implique una desconfianza en el sistema de justicia estatal.

“Confiamos, pero la explicación que te doy es que a veces radicamos primero a nivel federal. Vamos a radicar donde sea más rápido, la pena sea más disuasiva. Ahí se va a radicar”, contestó. “Los casos de armas es más probable que los radiquemos acá porque las penas son mayores”.

Al cierre de esta edición, se habían registrado 692 asesinatos. En 2010 mataron a 588 personas. EL VOCERO publicó en mayo pasado información que apunta a un pobre esclarecimiento de casos criminales. De 102 asesinatos ocurridos en San Juan entre enero y mayo, sólo 17 habían sido esclarecidos en mayo.

Hernández Denton participó ayer en un conversatorio sobre ideas para mejorar el sistema judicial. A preguntas de la prensa, negó que haya impunidad en los tribunales y dijo que los jueces imponen las penas establecidas en la legislación.

“Nuestra función constitucional es juzgar esos casos con la mayor imparcialidad y a la luz de la prueba que trae el ministerio público”, indicó el Presidente del máximo foro judicial del país. Más tarde, mencionó que muchas sentencias que pueden parecer pequeñas son apeladas y luego revocadas en tribunales de mayor instancia.

En los casos criminales atendidos, se ha visto una reducción en las convicciones de culpabilidad al compararlo con el año pasado. Entre junio y 2010 y principios de junio de 2011 hubo 3,155 convicciones de culpabilidad. El año anterior, hubo 3,580. En el caso de las absoluciones en los casos criminales también se ha registrado una reducción. Entre 2010 y 2011 hubo 1,742 absoluciones comparado con 2,689 el año anterior y 3,169 entre 2008 y 2009. También se registró una merma en las alegaciones de culpabilidad en estos casos. En 2010, hubo un total de 21,512 mientras el año anterior hubo 26,687.

Casos presentados ante los tribunales de primera instancia

Criminal grave
2007-08: 34,444
2008-09: 29,294
2009-10: 29,482
2010-11: 26,348

Criminal menos grave
2007-08: 27,599
2008-09: 25,566
2009-10: 24,418
2010-11:18,879

Civil
2007-08: 187,505
2008-09: 182,958
2009-10: 182,334
2010-11: 155,578

Tránsito
2007-08: 25,310
2008-09: 22,552
2009-10: 20,780
2010-11: 16,504

Total de casos radicados
(civil, criminal grave, criminal menos grave, querellas contra menores, relaciones de familia, tránsito)

2007-08: 317,383
2008-09: 301,307
2009-10: 298,122
2010-11: 251,535*

*Datos preliminares al 3 de junio 2011

Fuente: Oficina de Administración de los Tribunales
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viernes, 29 de julio de 2011

Gobernador firma ley que amplía licencias por maternidad

San Juan- El gobernador Luis Fortuño, acompañado de la primera Dama Lucé Vela, legisladores y jefes de agencias, firmó hoy una ley para ampliar la licencia de maternidad y paternidad a los empleados públicos que adopten niños.

Junto a varias familias que pasaron por el proceso de adopción, Fortuño explicó que el estatuto, que enmienda la Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público, permite un período de 15 días para papá y mamá por la licencia que corresponda, para el ajuste familiar, en caso de menores de cinco años.

Antes, sólo la madre adoptante tenía ese beneficio.

Aquellos que adopten menores de más de cinco años, que ya están en la escuela, tendrán también los 15 días de licencia para ambos padres, a discreción del patrono.

Fortuño recordó que los padres “tenían que tomar tiempo de su periodo de vacaciones” para estar con el menor adoptado.

“Estos padres nos inspiran historias de amor, las que nos ayudan a seguir trabajando por esto que creemos que es la adopción”, dijo Vela.

El Gobernador instó a los ciudadanos que lo deseen a adoptar uno de los 110 niños mayores de siete años que esperan por tener una familia estable.

“En los casos de esos niños que no han logrado integrarse a una familia, sabes que hay un por ciento alto que acaba con problemas con la justicia. (La adopción) es un ahorro no un gasto, es una inversión no es un gasto”, indicó Fortuño.

Añadió que “es cierto que con los niños mayores un poco más difícil (la adopción) pero no imposible. Hay casos en que la familia se ha conformado, son niños modelo, llenan un vacío que quizás la familia no sabía que tenía”.

Betsy Díaz Pérez, madre soltera adoptante de un menor que hoy tiene 12 años, aseguró que el proceso “no fue difícil. El niño, desde el primer momento, se acopló en casa es súper cariñoso, no me ha dado problemas. No puse edad, me enfoqué en que es un regalo de Dios”.

Por otro lado, Nelly García y Alex Zullas adoptaron un pequeño de cuatro años porque se dieron cuenta que “estos niños necesitan, están faltos de amor, quieren conocer una estructura familiar. (El menor adoptado) no sabía lo que era tener una mamá o un papá, abuelito o abuelita, no sabía lo que era eso”.

Existen 284 esperando un hogar adoptivo y el proceso se puede iniciar al solicitar una cita para orientación en el Departamento de la Familia al 787 523-2323.

“Antes hacían ferias, le ponían número a los niños y paseaban los niños frente a los papás. Ahora hay un comité de profesionales que entrevistan a papá o a mamá… y logran establecer el perfil ideal para que el niño o niña tenga ese hogar que es idóneo para que entonces comience el proceso de adopción. La insensibilidad de lo que se hacía antes es imperdonable”, indicó Fortuño.

Se espera que las adopciones este año superen las de 2010, que alcanzó 378, pues hasta hoy se han adoptado 224 menores bajo los procedimientos que establece la Ley 186.
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jueves, 10 de marzo de 2011

Expertos expresan reservas hacia el nuevo Código Penal

10 Marzo 2011

Expertos expresan reservas hacia el nuevo Código Penal
Expertos no creen que se hayan hecho estudios suficientes



Algunos expertos creen que el alza en las penas llevará a un aumento en la población penal cuyo efecto no se ha evaluado. (Archivo )Por Miguel Díaz Román / mdiaz2@elnuevodia.com

El aumento de penas de cárcel como agente disuasivo contra los criminales que el martes anunció el gobernador Luis Fortuño fue “un espectáculo mediático que no logrará reducir el crimen” y que podría causar “un aumento en la población penal que muy bien justificaría la construcción de más cárceles y la privatización del sistema correccional del País”, sostuvieron ayer varios criminólogos y sociólogos.

Los expertos, quienes fueron entrevistados con relación al nuevo Código Penal bajo la consideración de la Legislatura, levantaron reservas sobre si el gobierno ha realizado estudios que justifiquen el aumento de penas y cuestionaron si la iniciativa contempla oportunidades de rehabilitación para los confinados, más allá de las alternativas actuales.

“Para mí fue un espectáculo mediático sin trascendencia alguna. En el pasado las leyes de drogas y narcóticos y de armas han sido enmendadas para aumentar las penas y ¿qué ha pasado? Nada. Sigue el tráfico de drogas y cada día hay más armas en las calles y la gente se sigue matando. Aumentar las penas no va a lograr nada”, dijo Joel Villa, sociólogo y profesor de criminología en la Universidad Interamericana.

Villa agregó que el gobierno opera de forma contradictoria, lo cual atenta contra la misión disuasiva de la altas penas. “Mientras se pretende aumentar las penas, la Policía sólo puede esclarecer menos del 30% de los delitos y continuamente los fiscales llegan a acuerdos de inmunidad con la defensa que permiten que criminales queden en libertad. ¿Entonces para quién son esas altas penas?”, cuestionó Villa.

El experto dijo que la filosofía detrás del aumento de penas es la misma estrategia de Castigo Seguro y Mano Dura Contra el Crimen, puestas en vigor por pasadas administraciones de gobierno, y que no lograron reducir la criminalidad. Villa reclamó que, para detener el crimen, el gobierno elabore estrategias efectivas de rehabilitación y utilice medidas de tratamiento para adictos que sean efectivas. “Se ha probado que la metadona y la buprenorfina (dos drogas usadas por Salud para tratar adictos) no aparta a los adictos de otras drogas porque la reincidencia es alta. Hay otras drogas donde no hay reincidencia como la hidromorfina, que se ha usado con éxito en Inglaterra y Canada”.

Ambiente para privatización

El criminólogo Víctor Iván García del Toro, coordinador del Observatorio Correccional de la Comisión de Derechos Civiles, sostuvo que el aumento de penas podría causar un alza en la población correccional “que es muy preocupante porque esto ocurre en el contexto de que el actual gobierno favorece la privatización de los servicios públicos porque, alegadamente, es más barato”.

“¿Cuál es la necesidad de aumentar las penas? ¿Cuál es la base de esta propuesta? ¿Dónde están los estudios que indiquen que una alta pena es necesaria en estos delitos y cuál será en efecto en la población penal si llega más gente a la cárcel? Si se sobrecarga el sistema carcelario será necesario construir más penales. Ya he escuchado al secretario de Corrección anunciando que va a construir un gran penal como un Oso Blanco. Eso no se recomienda ya. Pero como está la situación fiscal del gobierno, esto causa sospechas de que se quiera justificar la construcción de más penales para dárselos a las APP, porque sale más barato” , dijo García del Toro.

Sostuvo que tenía reservas con la privatización de los penales porque la responsabilidad de rehabilitar es del Estado, cuyo fin es el bien común.

“El fin de las APP es el lucro. Además, no sé cómo se integra un modelo de privatización de cárceles con la responsabilidad de rehabilitación en operadores privados, y qué efectos va a tener eso en la población penal y en la política pública. Aquí está cuestionada la política pública de seguridad del gobierno”, indicó García del Toro.

Por su parte, el sociólogo y ex secretario de Educación, César Rey, sostuvo que lo primero que hay que cuestionar es cuáles son los elementos que anteceden esta alza de penas, después de que se hubiera puesto en vigor un nuevo Código Penal en el 2004.

“Habrá el gobierno analizado el alza de las penas dentro del marco de múltiples y complejas variables que producen la criminalidad. En Puerto Rico hay 1,500 escuelas y 1,500 puntos de drogas. El 80% de los desertores escolares son jóvenes menores de 18 años. Y la mayoría de los jóvenes que trabajan en puntos de drogas tienen menos de 18 años. Es fácil concluir que los jóvenes que dejan la escuela terminan trabajando en puntos de drogas. ¿Qué dice todo esto con relación a las penas más altas y la política pública del gobierno sobre los menores?”, dijo Rey.

El sociólogo también cuestionó si el gobierno ha evaluado los efectos que sobre la rehabilitación de los confinados tendrá un sistema de penas más altas.

El nuevo Código Penal establece sentencias fijas y más altas para determinados delitos y, además, contiene una nueva modalidad de asesinato en primer grado que es cuando una persona dispara un arma de fuego en un lugar público, abierto al público o desde un vehículo.

La pena propuesta para este nuevo delito será de 99 años por víctima y 15 años si no hay víctimas.

lunes, 28 de febrero de 2011

Prohibición de bebidas energizantes ya está de camino

28 de febrero de 2011
Prohibición de bebidas energizantes ya está de camino
Maricarmen Rivera Sánchez,
EL VOCERO

Mientras el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) está por concluir la autopsia del joven José Hernández Cordero –quien murió presuntamente luego de tomar una bebida energizante– en la Legislatura está pendiente un proyecto para prohibir la venta de estas bebidas a menores de 18 años.

El proyecto del vicepresidente cameral Gabriel Rodríguez Aguiló ya fue aprobado en la Cámara y podría aprobarse en el Senado con enmiendas a los efectos de que también las prohiban en las máquinas de venta de bebidas o ‘vending machines’.

“Para mí esto representa un peligro. Si un adulto quiere consumir estas bebidas, es su decisión, pero que sea una decisión informada”, dijo Rodríguez Aguiló, quien propuso además, que se obligue a poner una advertencia en las latas. “Estas bebidas se promocionan como hidratantes y no lo son, de hecho, pueden deshidratar. Han comenzado a promocionarse en eventos deportivos de menores, en campeonatos de soccer y esto nos preocupa”.

En las vistas públicas que realizó la Comisión cameral de Salud, organizaciones como la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), el Centro Unido de Detallistas y la Cámara de Comercio objetaron el proyecto argumentando en parte, que estas bebidas tienen el mismo contenido de cafeína que una taza de café. Por su parte, la Cámara de Comercio argumentó que es responsabilidad de la Administración federal de Drogas y Alimentos regular las envolturas y empaques de los alimentos. Insistieron en que este proyecto afectaría a la larga a los pequeños y medianos comerciantes.

El Representante admitió que son muchos los cabilderos que han llegado al Capitolio tratando de paralizar la medida, radicada a principios de 2009. Mencionó como ejemplo que cuando fue a hablar de su medida a una emisora radial, le cancelaron la entrevista porque el segmento era auspiciado por una de estas bebidas.

Aunque algunos insisten en que se trata de un “campo ocupado”, Rodríguez Aguiló recordó que algunos estados ya han prohibido o regulado el uso de estas bebidas. Insistió en que las bebidas son peligrosas para los menores y, más aún cuando se mezclan con alcohol.

“Yo comencé esta investigación después de unas fiestas de la Calle San Sebastián, cuando una joven nos narró su experiencia con una de estas bebidas. Entendemos que no podemos prohibir la venta de estas bebidas porque interviene con el comercio interestatal”, dijo Rodríguez Aguiló.

Mencionó que estas bebidas se utilizan muchas veces para neutralizar los efectos del alcohol y permitir así que la persona siga consumiendo sin darse cuenta de que está ebrio.

En el Senado, el presidente de la Comisión de Salud, Ángel ‘Chayanne’ Martínez dijo que el informe está “casi” listo y que pronto podría ir a votación. Esto, aunque no hicieron vistas públicas sobre el proyecto. Se supo que la medida podría ser enmendada para prohibir la venta de bebidas en las máquinas porque de lo contrario, no habría manera de controlarlo.

Por concluir la autopsia del ICF
A principios de noviembre del año pasado, la muerte de Hernández Cordero, de 24 años, sacó a relucir la práctica de los estudiantes de utilizar estas bebidas para mantenerse despiertos. Aunque varios amigos de Hernández Cordero dijeron que el joven había consumido una de estas bebidas poco antes de morir, los resultados de la autopsia todavía no están listos.

La portavoz del ICF, Betsy Rivera, dijo a este rotativo que el patólogo José Vicente Torres está por concluir el protocolo de la autopsia.

“Se le informará a la familia del joven la conclusión del patólogo sobre la causa de muerte”, dijo. “Posteriormente, la doctora María Conte Miller divulgará la información del caso que sea de interés público”.

No hay estudios en Puerto Rico
El Departamento de Salud no ha realizado un estudio sobre el efecto de estas bebidas en la población. Los estudios disponibles en Estados Unidos apuntan a que estas bebidas pueden ser peligrosas para menores. De hecho, en el Senado está pendiente un proyecto que obligaría a Salud a estudiar el asunto.

La expresión más reciente fue publicada por la Academia Americana de Pediatras que el 14 de febrero reseñó un estudio sobre los efectos de estas bebidas en niños y adolescentes. El mismo indica que estas bebidas pueden representar un riesgo de salud para algunos menores, particularmente los que padecen de diabetes, convulsiones, irregularidades cardiacas y desordenes de comportamiento. Determinó además, que estas bebidas no tienen ningún efecto terapéutico en los menores y que algunos de los ingredientes de estas bebidas podrían significar un riesgo de salud por los altos niveles de estimulantes como la cafeína, taurina y guaraná.

El doctor Víctor Toraño, asesor del área de tratamiento de la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMCA) dijo que el peligro más evidente de estas bebidas es cuando se mezclan con alcohol.

“Hay estudiantes que lo pueden usar para tener más energía, para poder estudiar más, pero sí sabemos que hay otros que lo usan para poder beber más alcohol”, dijo Toraño. “De por sí, la bebida, si se usa adecuadamente, no necesariamente es un riesgo para la salud de las personas”.

Mencionó que las bebidas podrían tener el mismo efecto en un menor que varias tazas de café, por lo cual sugirió evaluar la prohibición de las bebidas con más detenimiento.

“En ese sentido, también tendríamos que prohibir el uso de café en jóvenes o del chocolate, que también tiene cafeína”, dijo. “Esto hay que evaluarlo con detenimiento y ver que esto realmente es un argumento similar al de las personas que están en contra de las armas. Los que matan no son las armas de fuego, son las personas. Tal vez la bebida para jóvenes puede ser mal utilizada al mezclarla con alcohol, pero si se usa de forma moderada, quizá no tenga un efecto nocivo”.

miércoles, 16 de febrero de 2011

Aval a la extension de las ordenes ejecutivas

16 Febrero 2011

Aval a la extension de las ordenes ejecutivas
La medida permitirá ampliar el estado de emergencia energética en el País



La medida sostiene que Puerto Rico está en una posición “sumamente” vulnerable a las fluctuaciones en el costo del petróleo. (Archivo)Por Yaritza Santiago Caraballo / end.ysantiago1@elnuevodia.com

El Senado aprobó ayer el controversial proyecto que permitirá al Gobernador -mediante orden ejecutiva- extender el estado de emergencia energética en la Isla durante su incumbencia.

La medida -P. del S. 1953- fue avalada con 20 votos a favor y ocho en contra de la minoría popular.

El proyecto enmienda la Ley 76 para extender la vigencia de las órdenes ejecutivas que declaran estados de emergencia, las cuales hoy día caducan en seis meses.

La legislación justifica la enmienda al destacar que Puerto Rico está en una posición “sumamente” vulnerable a las fluctuaciones en el costo del petróleo, por lo que se requiere tomar acciones urgentes para solucionar la situación.

No obstante, el portavoz de la minoría popular en el Senado, José Luis Dalmau, dijo que esa extensión no es necesaria pues no existe tal emergencia.

El legislador advirtió que este proyecto permitirá pasar “por encima” a las reglas y a los procedimientos de subastas.

“Se otorgarán permisos, subastas a quien quiera. Eso se presta para violaciones que atenten contra el ambiente porque no se harán vistas públicas”, dijo el senador popular.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, resaltó, por su parte, que lejos de quitarle poder a la Asamblea Legislativa, la medida le permite detener las órdenes ejecutivas en el momento que entienda que debe revisarlas, antes del periodo de seis meses o de que concluya el periodo del mandato.

Por otro lado, el Senado confirmó los nombramientos de Virgilio Ramos González, del Partido Nuevo Progresista (PNP), y del ex alcalde popular de San Juan, Héctor Luis Acevedo, para un nuevo término como miembros de la Junta Constitucional de Revisión de Distritos Electorales Senatoriales y Representativos.

Otro asunto medular en la sesión fue el informe final de la Resolución del Senado 244, que determina que el Departamento de Hacienda fue “negligente” durante los años 2006-2008 en el proceso de establecer el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) al no tener los recursos para detectar a los evasores contributivos y no orientar correctamente a los comerciantes.

Sobre este asunto, Dalmau criticó que esta administración desee resolver el problema de evasión con el proyecto del Ivu Loto, sin conocer si ha funcionado el proyecto piloto en Ponce.

martes, 15 de febrero de 2011

Algunos bancos dejan pasar la gorra

15 Febrero 2011

Algunos bancos dejan pasar la gorra
Orientan a clientes sobre nuevo código de vestimenta


Por Andrea martínez / amartinez@elnuevodia.com

El nuevo código de vestimenta para los bancos, que entró en vigor ayer, se aplicó laxamente en algunas sucursales, lo que quedó evidenciado luego de un recorrido.

Si bien se observaron rótulos en tres de los cuatro bancos visitados, no en todos se aplicó la regla de cero gorras, gafas o capuchas en sus instalaciones. Tampoco se observó que se interviniera con personas hablando por teléfono celular.

A Luis Varona, de Guaynabo, le pidieron que se quitara su gorra en el First Bank de Galería San Patricio. Pero Varona no acató la orden, sino que preguntó por la fila especial que se supone habría para los que lucían gafas, gorras o capuchas. Varona dijo que “desde chamaquito estoy acostumbrado a usar gorra”, y agregó que la política no es cónsona con la alegación de que todos los delitos, menos los asesinatos, arrojaron mermas en la Isla.

“Estamos en un periodo de orientación de unas dos semanas”, manifestó el vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Bancos, Arturo Carrión.

Carrión rechazó que se vaya a crear una fila especial para las personas con gorras o gafas, y sostuvo que lo que se hará es que se le “dará atención especial y se le harán ciertas preguntas”. Indicó, además, que es un programa voluntario, que no implica prohibir la entrada a los bancos de personas con estas indumentarias.

En el Oriental Bank, en Galería San Patricio, se notó que se entregaban avisos a los clientes en el mostrador de información, junto con dulces por el Día de San Valentín. En esta sucursal, un cliente entró con gafas y se le pidió que se las quitara, pero otro entró hablando por teléfono celular con sistema “hands free” y no le llamaron la atención. En el Banco Popular, también en el área de San Patricio, se notó que no había afiches pegados como en los restantes bancos advirtiendo la nueva política, y una persona con gorra entró y utilizó el cajero automático dentro de la instalación sin que se le llamara la atención. Carrión dijo que, como el Banco Popular tiene tantas sucursales, ésta en particular está programada para iniciar la campaña este jueves.

Raymond Hernández, propietario de Raymond Hernández Personal Trainer Gym, dijo que es cliente desde hace 15 años de First Bank; sin embargo, le pidieron que se removiera las gafas a lo que accedió. “A pues chévere”, respondió a la empleada que se lo pidió.

Juan González, un mensajero que acudió a la sucursal de R-G Premier Bank, en San Patricio, dijo que entró sin problemas a la sucursal a pesar de lucir con la cabeza cubierta con un pañuelo negro. Dijo que entendía que el problema era el uso de gorras con visera.

Víctor Nieves, un guardián en el estacionamiento del mismo Centro Comercial, dijo que entró varias veces al banco y se quitaba la gorra cada vez que entraba a la sucursal.

Algunos bancos dejan pasar la gorra

15 Febrero 2011

Algunos bancos dejan pasar la gorra
Orientan a clientes sobre nuevo código de vestimenta


Por Andrea martínez / amartinez@elnuevodia.com

El nuevo código de vestimenta para los bancos, que entró en vigor ayer, se aplicó laxamente en algunas sucursales, lo que quedó evidenciado luego de un recorrido.

Si bien se observaron rótulos en tres de los cuatro bancos visitados, no en todos se aplicó la regla de cero gorras, gafas o capuchas en sus instalaciones. Tampoco se observó que se interviniera con personas hablando por teléfono celular.

A Luis Varona, de Guaynabo, le pidieron que se quitara su gorra en el First Bank de Galería San Patricio. Pero Varona no acató la orden, sino que preguntó por la fila especial que se supone habría para los que lucían gafas, gorras o capuchas. Varona dijo que “desde chamaquito estoy acostumbrado a usar gorra”, y agregó que la política no es cónsona con la alegación de que todos los delitos, menos los asesinatos, arrojaron mermas en la Isla.

“Estamos en un periodo de orientación de unas dos semanas”, manifestó el vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Bancos, Arturo Carrión.

Carrión rechazó que se vaya a crear una fila especial para las personas con gorras o gafas, y sostuvo que lo que se hará es que se le “dará atención especial y se le harán ciertas preguntas”. Indicó, además, que es un programa voluntario, que no implica prohibir la entrada a los bancos de personas con estas indumentarias.

En el Oriental Bank, en Galería San Patricio, se notó que se entregaban avisos a los clientes en el mostrador de información, junto con dulces por el Día de San Valentín. En esta sucursal, un cliente entró con gafas y se le pidió que se las quitara, pero otro entró hablando por teléfono celular con sistema “hands free” y no le llamaron la atención. En el Banco Popular, también en el área de San Patricio, se notó que no había afiches pegados como en los restantes bancos advirtiendo la nueva política, y una persona con gorra entró y utilizó el cajero automático dentro de la instalación sin que se le llamara la atención. Carrión dijo que, como el Banco Popular tiene tantas sucursales, ésta en particular está programada para iniciar la campaña este jueves.

Raymond Hernández, propietario de Raymond Hernández Personal Trainer Gym, dijo que es cliente desde hace 15 años de First Bank; sin embargo, le pidieron que se removiera las gafas a lo que accedió. “A pues chévere”, respondió a la empleada que se lo pidió.

Juan González, un mensajero que acudió a la sucursal de R-G Premier Bank, en San Patricio, dijo que entró sin problemas a la sucursal a pesar de lucir con la cabeza cubierta con un pañuelo negro. Dijo que entendía que el problema era el uso de gorras con visera.

Víctor Nieves, un guardián en el estacionamiento del mismo Centro Comercial, dijo que entró varias veces al banco y se quitaba la gorra cada vez que entraba a la sucursal.

miércoles, 9 de febrero de 2011

Cambian las reglas bancarias

09 Febrero 2011

Cambian las reglas bancarias
Usted no podrá entrar a las sucursales con gorras o gafas


Por Joanisabel González / joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com

El próximo 14 de febrero, además de recordar el llamado día del amor y la amistad, tenga presente que no podrá visitar una sucursal bancaria utilizando gafas, gorras o capuchas.

El nuevo código de vestimenta en los bancos es resultado de una decisión de la Asociación de Bancos de Puerto Rico (ABPR), organización que se ha visto obligada a recurrir a la prohibición de ciertas prendas de vestir en un intento por atajar el hurto de identidad, información financiera y los robos a bancos, indicó Arturo Carrión, vicepresidente ejecutivo de la organización.

Según Carrión, a los clientes que padezcan alguna condición de salud o que, por motivos religiosos, utilicen alguna de las prendas de vestir prohibidas en el nuevo código no se les impedirá el uso de la indumentaria.

Los clientes tampoco podrán utilizar sus teléfonos celulares mientras efectúan transacciones con los oficiales bancarios.

Carrión anunció la determinación de la ABPR en una conferencia de prensa, a la que también asistieron el superintendente de la Policía, José Figueroa Sancha, y oficiales del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en la Isla.

“Esto (los requisitos de vestimenta) es una decisión de la ABPR y no hay ningún requerimiento por parte de la Policía en cuanto a esa decisión, pero cualquier iniciativa que se tome para evitar que las personas utilicen algún método de disfraz va a prevenir que pueda cometerse un delito o que se identifique a la persona”, dijo Figueroa Sancha.

En lo que va de año, se han cometido dos asaltos a instituciones bancarias y ambos casos ya fueron esclarecidos, manifestó el líder de la Uniformada.

Lo que motivó la movida

En el 2010, se produjeron 39 robos a instituciones bancarias, diez menos que en el 2009. Todos los casos fueron esclarecidos, agregó, por su parte, el capitán Jesús Rivera Colón, a cargo de la División de Robos a Bancos y quien alegó que del total de casos cuatro penden por la radicación de cargos.

En todos los casos esclarecidos se produjo una convicción, explicó.

Los atracos redundaron en una pérdida de unos $339,562, de los cuales, la Uniformada recuperó $256,875.

Si bien el trabajo de esclarecimiento de casos de robo a bancos por parte de la Uniformada se ha llevado a cabo sin la existencia del nuevo código de vestimenta que cobra vigencia el 14 de febrero, Rivera Colón que señaló que la situación resulta más difícil en los casos de robo de identidad, por lo que la prohibición podría facilitar la identificación de potenciales perpetradores de este delito.

Hasta mediados del 2010, la incidencia de casos de hurto de identidad y fraude por tarjetas de crédito se había duplicado con relación al número de casos registrados en el 2009.

lunes, 31 de enero de 2011

Todo listo para la firma

31 Enero 2011

Todo listo para la firma
La Reforma Contributiva hoy se convierte en Ley


Por Yanira Hernández Cabiya / yhernandez@elnuevodia.com

En un acto que simboliza la importancia que tendrá para esta Administración el nuevo Código de Rentas Internas, el gobernador Luis Fortuño convertirá hoy en la mañana el proyecto de la Cámara 3070 en el Ley número 1 del 2011.

En la actividad, a la que fueron invitados empleados de los municipios de Bayamón, Toa Baja y Guaynabo, se espera que Fortuño estampe su firma en lo que se convertirá el Código de Rentas Internas, medida que fue aprobada anoche tras un extenso debate en el Senado.

La medida fue aprobada con 21 a favor de la mayoría legislativa y la oposición de los nueve senadores populares tras cuatro horas de debate.

El proyecto que promete alivios contributivos para todos los contribuyentes por $1,200 millones al cabo de los seis años que dura su implantación, es el principal compromiso de campaña de la Administración Fortuño.

“Esta reforma representa un precedente histórico donde se benefician todos los contribuyentes de manera sustancial, pero de manera muy particular para la clase trabajadores y los menos afortunados económicamente”, comentó el presidente senatorial Thomas Rivera Schatz en una conferencia de prensa realizada previo a la discusión de la medida.

Rivera Schatz aprovechó su mensaje para informar oficialmente que el Gobernador firmaría hoy mismo la medida y que ésta se convertiría en la primera ley de este año.

Para que la firma de la medida fuera posible, Rivera Schatz consignó que el proyecto sería aprobado tal y como fue avalado el sábado en la Cámara de Representantes.

“Lo que se trabajó en la Cámara se trabajó en conjunto con el Senado. Los quipos estuvieron trabajando de manera íntegra junto con la gente de La Fortaleza y en efecto lo que vino de la Cámara es lo que va a aprobarse aquí”, puntualizó Rivera Schatz.

Curiosamente, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Migdalia Padilla no había terminado de dar su informe sobre el proyecto cuando el Gobernador ya anunciaba por Twitter, que la Legislatura había aprobado el proyecto.

Sin palabras

En varias ocasiones durante el debate, los legisladores populares cuestionaron a Padilla detalles sobre las garantías que tenían de que los ingresos para pagar los alivios estarían disponibles, sin obtener respuesta.

Una más de una ocasión, Padilla refirió las preguntas al proyecto.

La delegación del Partido Popular en el Senado reclamó además que el informe que les entregó la Comisión de Hacienda del Senado 20 minutos antes del comienzo de los trabajos, no especificaba las enmiendas realizadas al proyecto por la Cámara el día anterior.

El senador popular Cirilo Tirado solicitó a la presidencia que se les proveyera el detalle de las nuevas enmiendas previo a la votación, pero Rivera Schatz argumentó que todos los senadores tenían el documento final con las enmiendas y que era su responsabilidad compararlo con la versión original para observar los cambios.

“La pretensión de que se les identifique cada enmienda no procede porque ese nunca ha sido el caso y esta no será la excepción”, dijo Rivera Schatz.

Tirado, portavoz popular en la Comisión de Hacienda del Senado argumento que la medida “no es una reforma contributiva de verdad”.

“Estos alivios no están garantizados”, dijo Tirado al exigir que se le entregara una certificación de que los $1,200 millones que se esperan recibir del impuesto del 4% a las corporaciones foráneas, ingresos necesarios para financiar los beneficios prometidos.


plataforma de candidaturas

El debate del nuevo código también sirvió para hablar de las candidaturas a la gobernación en el 2012.

Durante su exposición el senador Alejandro García Padilla destacó que si este ha sido el cuatrienio del desempleo, “el próximo será el cuatrienio del empleo, si este ha sido el cuatrienio de los problemas el otro será el de las soluciones”.

Ante esos planteamientos, Rivera Schatz asumió un turno que terminó diciéndole a García Padilla “que las elecciones no se ganan maquillándose y posando en fotos”.

“Las elecciones se ganan arrollándose las manos y poniéndose a trabajar... yo me someto al escrutinio público”, recalcó.

Junto con el nuevo Código, el Senado debatió de forma conjunta otro proyecto que en efecto enmienda el impuesto del 4% a las corporaciones foráneas. era algunas empresas manufactureras.

miércoles, 19 de enero de 2011

El nuevo Codigo sera la primera ley del 2011

19 Enero 2011

El nuevo Codigo sera la primera ley del 2011
La Fortaleza y la Legislatura afinaron las enmiendas



Silva (izquierda) admitió que el Gobernador le pidió que acelerara la aprobación del proyecto que crea el nuevo Código de Rentas Internas. (Archivo / Jorge A. Ramírez)Por Yanira Hernández Cabiya / yhernandez@elnuevodia.com

Como símbolo de la importancia que tiene para la Administración Fortuño la aprobación del proyecto que crea el nuevo Código de Rentas Internas, la legislación podría convertirse en la primera ley del año 2011.

El secretario de la Gobernación, Marcos Rodríguez Ema, confirmó que al día de hoy el gobernador Luis Fortuño no ha firmado ninguna legislación en lo que va de año. La presente sesión legislativa comenzó el 11 de enero pasado.

Las rebajas contributivas que contempla el nuevo código, cuyo impacto en el primer año se estima en $1,200 millones, son la principal promesa de campaña del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Ayer terminó el proceso de vistas públicas sobre el proyecto, que se estimaba que duraría hasta finales de este mes.

Pero, a comienzos de año Fortuño solicitó al liderato legislativo que acelerara el paso para que la medida quedara aprobada lo antes posible.

El Gobernador incluso autorizó al Secretario de Hacienda para que desde mediados de diciembre emitiera una carta circular en la que establecía las nuevas tasas de retención basadas en los cambios que establece el proyecto efectivas al 1 de enero, aun cuando la medida no ha sido aprobada.

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Antonio “Toñito” Silva, admitió ayer que el Gobernador le pidió que agilizara la aprobación de la medida.

“Nuestra reunión más reciente fue el sábado pasado, fue una reunión muy productiva en la que acordamos las enmiendas que habrá de sufrir el proyecto”, indicó Silva.

En el encuentro, que duró cerca de seis horas, estuvieron presentes Silva, los presidentes legislativos Thomas Rivera Schatz y Jenniffer González, la presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, Migdalia Padilla, la directora del comité ejecutivo de reforma contributiva Xenia Vélez, Rodríguez Ema y el gobernador Fortuño.

“Acordamos cuáles cambios vamos a hacer, ahora estamos en el intercambio del lenguaje que será incluido en la medida que finalmente baje a aprobación”, explicó Silva.

No comparece Justicia

Las vistas públicas convocadas para ayer fueron suspendidas debido a que el Departamento de Justicia solicitó que se le excusara porque no tuvo tiempo para prepararse. No obstante, envió un memorial con sus comentarios.

Mientras, la Coalición Sindical ni siquiera se comunicó con la comisión conjunta para enviar sus comentarios sobre la medida, pese a ser invitada en dos ocasiones a través de su portavoz, Federico Torres Montalvo.

ajustes a granel

No obstante, la Comisión continuó ayer la redacción del informe que bajarán a votación entre miércoles y viernes de la próxima semana.

Entre los cambios que se vislumbran está la eliminación de la moratoria al crédito por exportaciones de artículos manufacturados en Puerto Rico, que disponía el proyecto del Ejecutivo.

Además, se mantendrá el lenguaje del código actual en torno a la deducción por gastos médicos, pero se aumenta la misma de 3% a 7%, incluidos los gastos en medicamentos.

Por otro lado, aunque se mantiene la eliminación de las sociedades especiales a partir de la aprobación de la ley, el estatuto permitirá la permanencia de aquéllas que al momento tengan proyectos activos.

En el caso de los desarrolladores, éstos podrán mantener la estructura contributiva actual sólo para aquellos proyectos que hayan comenzado antes del 22 de noviembre del 2010.

También se incluirá una enmienda para que las corporaciones que lo deseen puedan escoger si radican bajo el código actual o bajo el nuevo régimen.

Los que radiquen bajo el nuevo código deberán mantenerse en esa estructura por los próximos 10 años.

viernes, 12 de noviembre de 2010

Fortuno firmo la ley que aumenta el Supremo

12 Noviembre 2010

Fortuno firmo la ley que aumenta el Supremo
En los próximos días, el máximo foro judicial tendrá dos nuevos integrantes



Horas antes de firmar la ley, el Gobernador compartió con el comisionado residente, Pedro Pierluisi, en la actividad de los veteranos. (El Nuevo Día / José Ismael Fernández Reyes)Por Frances Rosario / frosario1@elnuevodia.com

A una semana de que el Tribunal Supremo solicitara que se aumente a nueve el número de jueces en el máximo foto judicial, el gobernador Luis Fortuño convirtió en ley la controvertible pieza legislativa que le da el poder de escoger sus dos nuevos integrantes.

“Con la firma de este proyecto de ley buscamos mayor eficiencia en el ejercicio de hacer justicia. El Tribunal tendrá la oportunidad de resolver los casos con más rapidez, como la justicia amerita”, dijo el Gobernador en el comunicado de prensa que hizo el anuncio.

Se espera que en los próximos días Fortuño anuncie quiénes serán los juristas que ocuparán las nuevas plazas. Suena con insistencia en el Partido Nuevo Progresista (PNP) que los nombramientos podrían recaer en los jueces del Apelativo, Sol de Borinquen Cintrón, Roberto Filiberti o Jorge Lucas Escribano, quien es impulsado por el sector religioso. También se rumora con insistencia el nombre del abogado Luis Estrella, quien es asesor del Senado.

La firma de la ley que aumenta de siete a nueve los jueces del Supremo responde a una resolución que aprobaron el pasado viernes los cuatro jueces nombrado por Fortuño en el último año y medio. Dicha resolución aduce a que es necesario el aumento, ya que hay 792 casos pendientes de resolver.

Siguiendo la recomendación, la Legislatura aprobó a principios de semana y por la vía rápida un proyecto de ley que cumple los deseos de los juristas.

La legislación llegó a manos de Fortuño el lunes y no fue hasta ayer que se anunció que la convirtió en ley.

Al estampar su rúbrica, Fortuño expuso que este paso “le permite al Tribunal reorganizarse para que opere de manera más eficiente y tendrá mayor flexibilidad para ejercer su facultad de operar dividido en salas para atender así los asuntos ante su consideración con excepción de las decisiones que requieran uniformidad y la participación de todos los integrantes del Tribunal”.

En la última semana, esta movida ha creado gran malestar en sectores de la oposición política, el Colegio de Abogados y otros líderes de la sociedad civil, además de los jueces vinculados al Partido Popular Democrático (PPD), quienes rechazaron al movida y la tildaron de injustificada.

Los sectores que se oponen sostiene que la movida se hace con la intención de desplegar el dominio del PNP en el Supremo. La situación llegó a tal grado que el reconocido pintor puertorriqueño, Antonio Martorell solicitó que le entregaran las obras que exhibe en la sede del Tribunal en Puerta de Tierra.

Crítica popular a Fortuño

Ante la firma de la medida, el senador y potencial candidato popular a la gobernación, Alejandro García Padilla, dijo que Fortuño “no tuvo la oportunidad de crecerse”, porque decidió convertir en ley la medida. “Esto es a lo que él nos tiene acostumbrado. Le va a tomar décadas al País volver a creer en el Tribunal”, sostuvo.

Reiteró que no cree en la justificación de exceso de trabajo que se ha dado para aumentar el número de jueces, porque alegó que los magistrados sólo atienden 22 casos anuales.

“Esto ilustra que ellos anticipan que van a perder las elecciones, que el país los va a castigar electoralmente y necesitan tener el control político de esa rama porque van a perder las otras dos, el Ejecutivo y el Legislativo”, puntualizó García Padilla.

Con esta oportunidad, Fortuño nombraría en este cuatrienio a seis jueces al Supremo. En el 2009, nombró a Mildred Pabón, Erick Kolthoff y Rafael Martínez. Mientras, en verano pasado impulsó a Edgardo Rivera.

Los otros miembros del Supremo son el presidente, Federico Hernández Denton y las juezas asociadas Anabelle Rodríguez y Liana Fiol Matta.

lunes, 1 de noviembre de 2010

Adultos desde los 18 ó desde los 21?

Adultos desde los 18 ó desde los 21?
Un nuevo proyecto de ley pretende rebajar por tres años la edad para que los jóvenes puedan regirse por su cuenta. Mira el vídeo

Vídeo: Menores se emancipan
(FOTOS / Especial / Dennis M. Rivera Pichardo )Por Yaritza Santiago Caraballo / end.ysantiago1@elnuevodia.com

El año pasado, tras perder su auto en un accidente, Julianni Lacoronte descubrió la parte inconveniente de no ser mayor de edad.

La muchacha necesitaba otro carro para trabajar y estudiar. Pero sus padres no podían asumir una nueva cuenta. Y la joven sólo tenía 20 años, lo cual le impedía obtener un préstamo.

Así que Julianni optó por la emancipación: el recurso jurídico que libera a un hijo de la patria potestad de sus padres, ampliando su capacidad como mayor de edad.

“No tenía otra solución. No podía sacar un carro a nombre de mis padres. Me acordé de una amiga que se había emancipado y notifiqué esa alternativa a mis padres”, sostuvo la recepcionista, ahora de 21 años, que labora y estudia a tiempo completo.

El Código Civil de Puerto Rico dispone que la mayoría de edad se alcanza a los 21 años.

En otros países, la mayoría de edad llega antes. En casi todos los estados estadounidenses es a los 18; en Albania a los 14; y en Irak, a los 15.

En Puerto Rico, ser menor de edad no libera de grandes responsabilidades. A los 18 años, los jóvenes pueden votar en las elecciones, beber alcohol, fumar e ir a la guerra. Y desde los 16 años, están autorizados a conducir vehículos.

Pero, un menor de 21 años no puede obtener tarjetas de crédito, préstamos, casarse, comprar un auto o celular, ni recibir tratamiento médico, sin el consentimiento de sus padres o tutores.

Panorama confuso

La Legislatura evalúa un proyecto de ley que busca establecer la mayoría de edad a los 18 años. El proyecto 2772, del representante Rolando Crespo, autorizaría al joven de 18 años a regir su persona y sus bienes y eliminaría del Código la emancipación. Enmendaría la Carta de los Derechos del Niño.

“Cada día son más los jóvenes que emprenden el desarrollo de su persona a temprana edad con el sueño de independizarse personal y económicamente”, expone el legislador en la medida. De aprobarse la medida, los padres no tendrían que responder por los daños que un joven de 18 a 20 años causen a otra persona, ni dar permiso para que establezcan un negocio, o responder por demandas ante la Corte. El joven sería responsable de eso.

El sociólogo Michael González ve justicia en la iniciativa. “Sería justo que a las personas de 18 años que participan del proceso electoral se les reconozcan sus derechos y obligaciones a que advienen con la mayoría de edad”, dijo. Opinó que, gracias a la tecnología, la juventud está bien informada del acontecer político, económico y cultural.

Hay jóvenes que apoyan económicamente a la familia. “Cuando vemos a esos jóvenes trabajando, votando, capaces de irse a la guerra porque no consiguen empleo, lo menos que debemos hacer es reconocerle la personalidad jurídica”, resaltó González.

Este proyecto no es el primer esfuerzo en esa dirección. La Ley 289 del primero de septiembre del 2000 estableció la mayoría de edad a los 18 años, tomando como modelo la Declaración de los Derechos del Niño de 1989 de la Organización de las Naciones Unidas.

La ley fue derogada en el 2001 con el argumento de que traería consecuencias sociales y judiciales negativas. Por ejemplo, quitaba a la Administración para el Sustento de Menores (Asume) la jurisdicción sobre la pensión de los hijos de 18 a 21 años.

Movida contra la pensión

María de Lourdes Guzmán, abogada de casos de familia, explicó que la Ley 289 quitaba el derecho a pensión alimentaria a los hijos mayores de 18 años que no estudiaran. Un aluvión de padres procuraron que se les relevara de la pensión.

El estatuto amenazó con traer una nueva confrontación en el seno de muchas familias: hijos enfrentados a sus padres en las cortes. Y, a juicio de esta togada, el escenario no está lejos de repetirse.

“Cuando reduces a los 18 años la mayoría de edad propicias que los jóvenes que no tienen recursos para ser autosuficientes, se vean obligados a ir al tribunal. Pero la realidad es que la mayoría de los jóvenes no acuden, no se quieren meter en esos rollos con sus padres. Esa fue una de las causas por la que se derogó la pasada ley, porque la experiencia no fue buena”, sostuvo.

La legislación de Crespo asegura que las disposiciones del artículo 143 del Código Civil, que rige los alimentos entre parientes, quedarían vigentes.

No obstante, los jóvenes podrían perder otros derechos, alertó el licenciado Eric Quetglas. En cuanto a los sistemas de retiro, cuestionó si quedarían afectados los derechos y beneficios cuando falleciere el retirado, y le sobrevivieren hijos mayores de 18 años que no hubieren cumplido los 21.

Madurez emocional

También preguntó si las aseguradoras de salud podrían sacar de las cubiertas del asegurado principal a los hijos con 18 años. ¿Aumentarían sus primas? Estos aspectos, de acuerdo a togados entrevistados, deben analizarse con cautela.Para Quetglas, la legislación de Crespo no hace falta pues existe la emancipación. Además, a los 18 años, por lo general, no se tiene la madurez emocional ni la solvencia económica para manejar asuntos jurídicos, como disponer de bienes, herencia, hipotecar bienes, demandar y ser demandado, dijo.

En el caso de Lacoronte, sus padres estuvieron de acuerdo con emanciparla.

“Me sentaron y me dijeron que desde ese tiempo en adelante me tenía que hacer cargo de mí misma. Que no me iban a abandonar en el proceso, pero que ahora era dueña de mis propios actos. Para mí era como cortar ese cordón umbilical”, apuntó la joven, quien vive independiente en San Juan y desde el año pasado disfruta de su Honda.

La legislación de Crespo, según la sicóloga juvenil Sandra Colón, “es como ponerle a ese joven una pistola en las manos”. Precisó que los menores de 20 años están aún en la adolescencia, buscando su identidad, aprendiendo a desarrollar madurez emocional para poder tomar decisiones. De acuerdo con el biólogo Héctor Joel Álvarez, los lóbulos frontales del cerebro, que son los que se encargan de los aspectos cognitivos, es decir, de permitir al ser humano tener un pensamiento crítico y reflexivo, no terminan de madurar hasta los 25 años. Lo que significa que antes de esa edad, la mayoría de las veces los individuos no toman decisiones adecuadas.

“La recompensa que se espera obtener por las cosas que uno hace es inmediata, y la capacidad de inhibir ciertos comportamientos se dificulta. Si a un joven adulto le dan una bofetada, esa persona lo piensa antes de actuar. En el joven de 17,18, 19 años, el sistema emocional no está maduro y no puede inhibir sus ideas”, dijo el experto.Por ejemplo, comprar una casa sin tener un trabajo estable o tomar prestado a los bancos sin tener un sólido ingreso económico, serían las decisiones que tomarían muchos jóvenes si se les da alas con esta legislación, según los entrevistados. “Es darle control de una vida que no tiene”, sostuvo la sicóloga Colón, al resaltar que aunque en otros países la mayoría de edad es menor, la cultura boricua no es igual. Aquí, según ella, muchos padres son más protectores de sus hijos, y los niños no crecen con esa necesidad de tomar decisiones ni de cuidarse porque sus padres lo hacen por ello.“Entiendo que los 21 años es la edad correcta para ser mayor de edad porque la persona ha pasado su proceso de adolescencia, ha estado más expuesta a la educación, y empieza a tomar responsabilidades. A los 18 años, muchos no tienen idea de qué quieren hacer con su vida, ni tienen seguridad de su futuro. Para qué te sirve tener la mayoría de edad sino puedes sacarle provecho”, puntualizó la sicóloga Sandra Colón.

Para Lacoronte, independizarse antes de los 21 años no ha sido fácil, por lo que también opina que la Ley no debe cambiar. “Para mí ha sido cuesta arriba tener que estudiar y trabajar 'full time'. Me tengo que limitar en salir porque tengo responsabilidades de trabajo y deudas. Entiendo que tuve la madurez para emanciparme a los 20, pero muchos jóvenes no. Y antes de asumir grandes responsabilidades, deben pasar por el proceso que requiere su edad”, destacó.

jueves, 28 de octubre de 2010

Onerosa la venta de alcohol a menores

28 Octubre 2010

Onerosa la venta de alcohol a menores
Radicarán proyecto a fin de aumentar la edad para ingerir bebidas de 18 a 21 años



En los pasados 10 años unos 286 jóvenes de entre 16 a 21 años murieron en accidentes de auto ocurridos en la Isla, a causa del alcohol. (Archivo / Lino Prieto)Por Daniel Rivera Vargas / end.drivera2@elnuevodia.com

El consumo de alcohol por menores de edad en Puerto Rico ha costado cientos de vidas y sobre $400 millones, según un informe de la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara.

El documento sometido ayer en la sesión cameral revela que en los pasados 10 años unos 286 jóvenes de entre 16 a 21 años murieron en accidentes de auto a causa del alcohol.

Además, el informe señala que se han perdido $170 millones en fondos federales para carreteras y otros $258 millones por conceptos médicos y de calidad de vida ya que, contrario a los 50 estados de Estados Unidos, Puerto Rico no cumple con la Ley Nacional sobre la Edad Mínima para el Consumo de Alcohol de 1984.

El estatuto impone una retención del 10% de los fondos del Departamento de Transportación federal asignados a cualquier jurisdicción que no cumpla con esa ley. En Estados Unidos la edad para beber comienza a los 21 años, mientras que en Puerto Rico es a los 18 años.

Amparado en esos hallazgos el presidente de la Comisión de Transportación e Infraestructura, el representante novoprogresista Jorge “Borgie” Ramos, anunció que radicará un proyecto de ley en la próxima sesión ordinaria para prohibir la venta de alcohol a menores de edad.

“Lo que perseguimos nosotros es que podamos crear conciencia y que se pueda aprobar en Puerto Rico legislación para subir la edad a los jóvenes para ingerir alcohol de 18 a 21 años para atemperarla a la legislación federal. Primero para que pueda Puerto Rico recibir los fondos que se están perdiendo para mejoras en las carreteras y, segundo, para que sirva de disuasivo”, sostuvo el legislador.

“El 14% de las muertes en las carreteras de Puerto Rico son de jóvenes entre los 16 a 21 años”, puntualizó Ramos.

No es la primera vez que Ramos radica ese proyecto. La versión anterior recibió un informe negativo de la Comisión de Hacienda, que preside Antonio “Toñito” Silva.

En ese informe negativo se rechazó la medida porque, entre otras razones, impediría a los menores trabajar en negocios donde vendan alcohol; bajarían las ventas de ciertos negocios y también los recaudos del Departamento de Hacienda.

Además, se negó que Puerto Rico sea uno de los primeros 10 países del mundo en consumo de alcohol, ya que en realidad ocupa la posición 50.

jueves, 21 de octubre de 2010

Falla Familia en el caso de Mayagüez

21 Octubre 2010

Falla Familia en el caso de Mayagüez
Experta dice que el DF no indagó tras embarazo inicial de Paola, acusada de asesinar a su bebé

Vídeo: Suspenden vista de custodiaPor Ricardo Cortés Chico / rcortes@elnuevodia.com

Mayagüez - El Departamento de la Familia (DF) falló en sus gestiones ministeriales al no profundizar su investigación en torno al primer embarazo de la adolescente Paola Rodríguez Acosta hace poco más de dos años, especialmente en lo referente a la identidad del padre del bebé y la posibilidad de que se haya incurrido en algún tipo de maltrato por negligencia de alguno de los padres.

Según la profesora de Trabajo Social y directora del Instituto de Terapia Familiar, Rita Córdova, desde finales del cuatrienio pasado existe un protocolo interagencial para trabajar con los casos de abuso sexual a través de profesionales de la conducta, para que las víctimas enfrenten la situación, superando la intimidación que usualmente ejerce el victimario en este tipo de casos.

La secretaria de la Familia, Yanitsia Irizarry, sin embargo, en lo que lleva en el cargo no ha puesto en vigor el protocolo, según denunció Córdova. En el caso específico de Rodríguez Acosta, la ausencia de estos servicios, en cierto modo, dio el espacio para que la agresión sexual contra la adolescente continuara, al punto de que ésta resultó embarazada en una segunda ocasión.

La gestación culminó el pasado viernes con un parto en la bañera de la casa que Rodríguez Acosta compartía con su abuela en la comunidad Valle Seco en Mayagüez, y el asesinato de la criatura recién nacida por parte de la adolescente, según versiones ofrecidas por las autoridades. Por estos hechos fue imputada de asesinato en primer grado y destrucción de evidencia. Carlos Torres Viada, abogado de la joven, indicó que la familia alega que la gestación en el segundo embarazo no culminó y que lo que ocurrió fue un aborto natural.

Indicó que la confesión dada por Rodríguez Acosta a la Policía será impugnada, entre otras cosas, porque la menor en ese momento estaba medicada.

EL PROTOCOLO QUE NO SE SIGUIÓ
Según las versiones iniciales de la Policía y del Departamento de la Familia, las respectivas investigaciones de estas agencias en torno al primer embarazo de la adolescente se vieron frustradas por la falta de cooperación de la menor y de sus padres. Estos, supuestamente, no quisieron revelar quién era la persona que la embarazó.

Córdova explicó que el protocolo nunca puesto en vigor por Irizarry establecía que, ante la negativa de una víctima de abuso sexual a denunciar la situación, se activa un grupo integrado por sicólogos, siquiatras y trabajadores sociales, entre otros profesionales de la conducta humana, para promover el ambiente necesario para que la perjudicada tenga la confianza de declarar.

Ayer la fiscalía interrogó a Hernán Rodríguez, el primo de la menor. Ésta lo identificó como el progenitor en sus dos embarazos. Si el sujeto es, en efecto, el padre de las criaturas, podría ser acusado de agresión sexual, delito que comenzó a investigar la fiscalía al conocer, con el asesinato de la recién nacida, que la adolescente tuvo un hijo a los 14 años.

Al parecer, ni el DF ni la Policía notificaron al Departamento de Justicia del caso hace dos años. El sujeto podría ser sometido próximamente a un examen de ADN.

Ayer, la fiscal Blanca Portela afirmó que no le leyeron los derechos al interrogado, como se hace con los sospechosos de cometer un delito.

CUSTODIA AL DF
También ayer, en el Tribunal de Ponce, hubo una vista ante la jueza María Negrón, en la que se otorgó la custodia provisional del primer hijo de Rodríguez Acosta al Departamento de la Familia. Olga Longoria Vélez, abogada de la familia de la adolescente, indicó que el lunes continuará el caso ante un pedido suyo de tiempo para prepararse, ya que fue contratada antes de ayer.

La secretaria del DF añadió, a través de su portavoz de prensa, Rossy Santiago, que “tras el parto del primer niño el Departamento comenzó a ofrecerle ayudas a través del programa Nido Seguro”.

En este programa a los participantes se les brindan orientaciones sobre la crianza de un bebé, la abstinencia sexual, el síndrome del bebé sacudido, la prevención del dengue y el virus AHIN1. Añadió que, durante la prestación de estos servicios, no notaron que Rodríguez Acosta estuviera nuevamente preñada.

En ningún momento, Irizarry hizo referencia en torno a algún plan para conocer al progenitor de la criatura, quien por los 14 años que tenía la menor entonces, implícitamente cometió abuso sexual. Tampoco, al parecer, se investigó la supervisión de la menor por sus padres ante un posible escenario de negligencia.

“Entiendo que, en este caso, puede haber ocurrido un maltrato por negligencia. La falta de supervisión de un menor implica negligencia”, dijo la experta en trabajo social.

Córdova explicó que el protocolo debe ponerse en vigor inclusive en casos anteriormente conocidos como violaciones técnicas, porque se trata de menores que, por su edad, no pueden consentir una relación sexual.

Córdova explicó que en muchos de estos casos las autoridades deben investigar a fondo el supuesto “consentimiento”, ya que en gran parte de los casos lo que se esconde de fondo es algún tipo de intimidación por parte del agresor.

“Es muy típico que las víctimas estén intimidadas. Todo apunta a que el DF lo ha manejado en desconocimiento”, añadió.

Aumentan las demandas contra capeco

21 Octubre 2010

Aumentan las demandas contra capeco
Unas 4,000 personas reclaman más de $500 millones a la refinería ya otras 37 empresas



Las demandas aumentaron de 1,023 a 4,000, en parte porque el Gobierno no atendió los reclamos de los afectados. (Archivo / Wanda Liz Vega)Por Gerardo E. Alvarado León / galvarado@elnuevodia.com

La cantidad de demandantes en el pleito legal que los vecinos de las comunidades aledañas a la Caribbean Petroleum Corporation (Capeco) entablaron luego de la explosión e incendio del pasado 23 de octubre ascendió a 4,000, quienes le reclaman más de $500 millones a la antigua refinería y a otras 37 empresas.

Sin embargo, la demanda -que está ante la consideración del juez federal Francisco Besosa- está prácticamente paralizada, luego de que Capeco se acogiera a la quiebra en agosto pasado en el estado de Delaware.

Así lo informó el licenciado Eric Quetglas, representante legal de casi todos los vecinos, quien señaló que la cantidad de demandantes aumentó de 1,023 a 4,000 durante los pasados 12 meses, en parte porque las agencias estatales y municipales no atendieron todos los daños sufridos en las comunidades.

Vecinos consultados por El Nuevo Día dijeron que las propias agencias les indicaron que su única opción para conseguir fondos y reparar los daños era unirse a la demanda.

Así las cosas, los más de $500 millones reclamados compensarían por los daños físicos, emocionales y a la propiedad que sufrieron los residentes de Cataño, Bayamón, Guaynabo, San Juan y Toa Baja. Algunos aseguran que, tras un año de la explosión, aún los padecen.

Según Quetglas, además de Capeco, están siendo demandados los dueños de la barcaza que descargaba combustible desde la bahía de San Juan cuando ocurrieron la explosión y el incendio, aseguradoras como Mapfre y petroleras como Esso y British Petroleum.

“A la luz de que Capeco se acogió a la quiebra, presentó ante el Tribunal Federal la paralización automática de los procedimientos en lo que se tramita su petición en el Tribunal de Quiebras”, dijo el licenciado al explicar por qué la demanda está casi paralizada.

Si el juez Besosa acoge la petición de paralización de Capeco, entonces los demandantes tendrían que acudir al Tribunal de Quiebras para solicitar seguir con el caso. “Si Capeco obtiene la paralización, la demanda puede continuar en el Tribunal Federal contra las otras 37 empresas”, indicó.

Quetglas informó que, cobijados bajo la Ley Marítima federal, los dueños de la barcaza -que no pudo identificar- también presentaron una petición que los exoneraría del caso.

La petición también dispone que, si no son exonerados, su responsabilidad se limitaría sólo al valor de la barcaza. Esto significa que, si los demandantes ganan el caso, el dinero que les repartirían los dueños de la barcaza ascendería al valor de la embarcación.

“Todos estos asuntos pendientes están aguantando los procedimientos”, dijo.

Los demandantes radicaron la demanda contra Capeco y las otras 37 empresas a pocos días de la explosión e incendio. El grupo alega que, tanto Capeco como las demás entidades, violaron la Ley Marítima federal.

Una pesquisa reveló que la explosión se originó porque uno de los tanques que recibía aceite desde una barcaza en la bahía de San Juan se sobrellenó. Los demandados debían saber que las instalaciones de Capeco no eran seguras, estipulan la demandantes.

miércoles, 20 de octubre de 2010

Fuertes lazos con policías corruptos

CAGUAS– Un agente de la Policía acudió en la noche del sábado a la celda en la que estaba detenido Osvaldo Ramos Concepción y lo increpó por no haber estado atento y enfrentar a los individuos que asesinaron en el residencial Raúl Castellón a dos de los secuaces del temido narcohampón Jaime ‘Peluche’ Dávila Reyes.

Algunos agentes que supieron de la acción del policía denunciaron el acto a sus superiores, en una muestra de que hay vergüenza contra la corrupción.

De acuerdo a diversas versiones obtenidas por EL VOCERO, ‘Peluche’ posiblemente había estado en el Residencial Castellón supervisando a sus secuaces en la operación del punto.

Poco antes de que entraran los sicarios ‘Peluche’ se había ido. Los matones a los que fuentes aseguran se les ofreció una paga de $50 mil por la muerte de ‘Peluche’, entraron al área de la cancha y sin contemplación alguna mataron a Michael Lozano ‘Colie’ Pérez, de 34 años de edad, lugarteniente de ‘Peluche’ y a otro de sus secuaces Noel David ‘Bebé Maraco’ Guzmán Guzmán, de 26 años de edad.

En el lugar se celebraba un torneo de baloncesto y una fiesta de cumpleaños de un niño.

Al ocurrir la balacera a eso de las 5:48 de la tarde del sábado, Ramos Concepción había dejado su puesto de vigilancia para recortarse, por lo que no pudo proteger a ‘Colie’ y a ‘Bebé Maraco’.

Tras la intensa balacera llegaron al lugar decenas de agentes y detectaron a Ramos Concepción, asustado y medio aturdido, que llevaba una pistola Glock calibre .40 cargada con 18 balas y lo arrestaron.

El agente que lo increpó en la celda lo culpó por las muertes de ‘Colie’ y ‘Bebé Maraco’, por no haberlos protegido.

Ramos Concepción fue acusado y salió en libertad bajo fianza.

La noche de los hechos se estima que al menos otros agentes fueron hasta Gurabo para darle escolta a ‘Peluche’, llevándolo a uno de sus escondites.

sábado, 9 de octubre de 2010

Cocinan ley estatal para franquicias

09 Octubre 2010

Cocinan ley estatal para franquicias
Al igual que en otras jurisdicciones, ofrecería ciertas garantías a operadores



El representante Chico Vega, dijo que la ley de franquicias sería de corte general debido a la diversidad de empresas que utilizan dicho modelo. (Archivo)Por Joanisabel González / joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com

Las penurias de un grupo de franquiciados de McDonald’s en Puerto Rico, sirvieron ayer para que la Cámara de Representantes comience a trabajar en una ley de franquicias.

“Nos parece urgente y necesario”, dijo el representante José Chico Vega, tras presidir una vista pública de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Comercio, Industria y Telecomunicaciones que busca conocer las supuestas prácticas injustas por parte de Arcos Dorados hacia los operadores independientes de estos establecimientos de comida rápida en la Isla.

Allí, Pedro Malaret Falbe y Luis Moyett Roldán, en representación de unos ocho operadores independientes de McDonald’s en Puerto Rico, alegaron que desde que la multinacional vendió su negocio en América Latina a Arcos Dorados, incluyendo a Puerto Rico, tal empresa no ha renovado los contratos de franquicias y les ha amenazado con quitarles los restaurantes, por éstos denunciar las supuestas prácticas injustas a la prensa.

También denunciaron que Arcos Dorados, es una “empresa en papel” que no participa de la cooperativa regional de operadores para efectos de publicidad y compras por volumen y que han establecido restaurantes cercanos a aquellos de los operadores independientes, afectando sus ventas.

Tales alegatos se ventilan en un pleito legal en el Tribunal Superior de la capital.

La empresa -que en Puerto Rico, está bajo la dirección de Nino Rotondi y que aparece autorizada para hacer negocios en Puerto Rico desde 1995- negó los alegatos en un parte de prensa.

Mientras, en una ponencia de la asesora legal Yuisa Jiménez, Arcos Dorados indicó a la Legislatura que “no debe afectar” procesos que se ventilan en el foro judicial, cosa a la que Chico Vega, al igual que los representantes Jorge Colberg Toro, Lisa Fernández y Antonio Silva, parecieron apegarse durante la audiencia.

Empero, el legislador dijo que comenzará a trabajar el nuevo estatuto, ya que ha recibido otras quejas de operadores de otras empresas. El esfuerzo sería bipartita, mencionó.

Explicó que el estatuto daría ciertas consideraciones a los operadores, según sucede en otras jurisdicciones estadounidenses.

sábado, 14 de agosto de 2010

Una peición que mortifica

14 de agosto de 2010
El Nuevo Día
Por Marian Díaz / mdiaz1@elnuevodia.com

Si usted es uno de los consumidores a los que le incomoda que le soliciten el boleto de compra a la salida de un establecimiento comercial, sepa que la Cámara de Representantes evalúa un proyecto que pretende prohibir esa práctica o, en su defecto, reglamentar claramente cómo los comercios podrían hacerlo.

Se trata del Proyecto de la Cámara 2555 de la autoría de 11 representantes, entre ellos Antonio (Toñito) Silva, Jorge Navarro y Ángel Pérez.

Dicho proyecto busca crear la “Ley sobre la prohibición de registros en los establecimientos comerciales”, la que impediría que representantes o empleados de los comercios “detengan, exijan o requieran el recibo de compra para el registro de las mercaderías adquiridas en dicho comercio a los consumidores que hayan adquirido las mismas dentro de sus predios o facilidades en forma propia y legítima”, lee parte del proyecto.

Ésta no es la primera vez que la Legislatura busca prohibir tal práctica. En el 2000 presentó un proyecto similar, que fue aprobado por ambas cámaras, pero el gobernador Pedro Rosselló le dio un veto de bolsillo para sorpresa de algunas legisladores.

Al igual que entonces, la medida cuenta con la oposición de las cadenas de comercios, representadas en esta ocasión por la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) y por la Asociación de Comercio al Detal, Inc. (ACD) Esta última es una organización de reciente creación que agrupa a Walmart, Macy's, JC Penney, Home Depot, Sears, Kmart, Farmacias Plaza, Home Depot, El Amal y Walgreens.

En una vista pública celebrada ayer, la ACD expuso que la solicitud del recibo de compra responde a una política de prevención de hurtos y al afán de los comercios por disminuir los costos asociados a la ratería. La vista fue presidida por el representante Navarro, quien dirige la Comisión de Asuntos del Consumidor.

Justifica su oposición

Para sostener su argumento, Edwin Rodríguez, ejecutivo de Walgreens y presidente de la ACD, presentó estadísticas de los Estados Unidos que apuntan a que el hurto de mercancía asciende a $13,000 millones anuales.

Aunque señaló que en Puerto Rico no existen estadísticas que cuantifiquen las pérdidas ocasionadas por robos en las tiendas, Rodríguez extrapoló las cifras de Estados Unidos -preparadas por la Universidad de Florida en el 2008- y estimó que en Puerto Rico las pérdidas pueden ascender a $521 millones anuales. El porcentaje que usó para la extrapolación dijo que proviene de la National Retail Security Survey.

“Este proyecto es detrimental porque generaría pérdidas y el daño que causaría sería, no sólo a los negocios, sino al Estado porque dejaría de devengar impuestos”, aseveró el ejecutivo.

Señaló además que hay unos 27 millones de rateros en la nación, incluyendo Puerto Rico, y que no existe un perfil único del ratero, ya que estos pueden ser jóvenes, niños, adultos, envejecientes, hombres o mujeres.

Modalidades de robo

Según Rodríguez, hay rateros que toman un artículo de la tienda, no lo pagan y se dirigen hacia el empleado que está en la salida y le dicen que van a devolver la mercancía. Cuando el empleado le explica que necesita el recibo de compra para efectuar la devolución, la persona le contesta que no lo tiene y que entonces regresará después, y sale de la tienda con el artículo sin pagar.

Contó que hay otros casos, que incluyen a profesionales -incluso a personas con grados doctorales- y algunos que cometen la fechoría en combinación con empleados de la tienda o con carreros que entregan mercancía.

De acuerdo a Rodríguez, el 73% de los adultos y el 72% de los adolescentes que roban en los comercios no planificaron dicho acto, sino que lo hicieron de forma espontánea.

“La ratería es un crimen no premeditado, sino de oportunidad por lo que solicitar el recibo a la salida de la tienda puede reducir significativamente la oportunidad de dicho acto y disuadir al actor de dicha práctica a no cometer el delito”, sostuvo el líder de la ACD.

Por su parte, Edgardo Bigas, vicepresidente ejecutivo de la CCPR, concurrió con Rodríguez en que la solicitud del boleto es “un disuasivo para reducir la cantidad de ratería”.

A preguntas de la representante Lourdes Ramos de cuánto ha disminuido el hurto de mercancía en las cadenas que solicitan el recibo de compra, Bigas dijo que es difícil determinar eso, ya que ésa es una de las tantas medidas que usan las cadenas para protegerse del hurto.

Ni Rodríguez ni Bigas pudieron contestar si la práctica de revisar los recibos de compra es exclusiva de las cadenas que operan en Puerto Rico y en los mercados latinos, o si lo hacen en el 100% de sus localidades.

Entre las cadenas que en Puerto Rico piden el recibo a la salida, figuran Walmart, Kmart, Home Depot, Sam's Club y Costco.

Mientras, Noris Rodríguez, quien compareció en representación del secretario de Justicia Guillermo Somoza Colombani, aclaró que solicitar el recibo de compra al cliente no viola su intimidad; pero señaló que las cadenas no pueden solicitar que abran las bolsas de compra ni contar el número de los artículos adquiridos.

“Para registrar los paquetes tiene que haber motivos fundados. Si la tienda lo hace sin tener esos motivos, eso no es correcto”, advirtió la funcionaria, quien aclaró que en el caso Castro Cotto vs. Tiendas Pitusa el Tribunal Supremo no se expresó sobre la razonabilidad de dicha práctica; sólo determinó que el pedido del recibo no violenta el derecho a la intimidad del cliente.

Justicia no avala el Proyecto de la Cámara 2555 tal y como está redactado, pero sí está dispuesta a favorecerlo si el legislador le hace enmiendas.

En particular, Somoza Colombani sugirió que se incluya en el proyecto la definición de “registro”, y que se consulte con el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) si podrá supervisar este estatuto a la luz de la limitación de sus recursos fiscales.

Otra recomendación de Somoza Colombani es que en el caso de los clubes de membresía donde media un contrato entre la tienda y el cliente, cualquier prohibición de que se registren los paquetes y bolsas de compra debe hacerse de manera prospectiva, y no retroactiva.

Enmendarán la medida

Ante esos planteamientos, Navarro dijo que se propone enmendar el proyecto para adoptar las sugerencias de Justicia y específicamente incluir que si un negocio va a exigir el recibo de compra a la salida, tiene que anunciarlo antes, de manera que los clientes sepan de antemano la política de la cadena.

Asimismo, indicó que de aprobarse la medida, con las sugerencias de Justicia, los clubes de membresía no podrán revisar la mercancía comprada a la salida del establecimiento, aún cuando el contrato lo establezca. Esto salvo que la cadena divulgue públicamente que su política es revisar la mercancía.

Para evitar que la Legislatura apruebe la medida, Bigas manifestó que la CCPR preparará un protocolo con el objetivo de uniformar entre sus socios la manera en que requerirán el recibo de compra. Señaló que la entidad prefiere autorregularse, en vez de que el gobierno sea el que le imponga las regulaciones.

De igual manera Rodríguez recalcó que los consumidores deben ver con buenos ojos la revisión de los recibos, porque ayuda a reducir los costos y, por ende, los precios y además es señal de que la cadena se preocupa por servir a sus clientes.

“El tener empleados a la salida del local, es sinónimo de “un buen servicio. Son medidas de atención al cliente, y de paso, el que va con malas intenciones, sabe que allí a la salida hay alguien pendiente”.

viernes, 25 de junio de 2010

Presenta enmiendas a Ley 54

Presenta enmiendas a Ley 54 Por Yennifer Álvarez Jaimes
EL VOCERO
Jueves 24 de Junio de 2010 04:00


EL VOCERO / Luis Alberto López
El gobernador Luis Fortuño presentó un proyecto para enmendar la Ley 54 de Violencia Doméstica para que el estatuto obligue al agresor o agresora a tomar talleres de orientación sobre la violencia por género una vez se emita una orden de protección.


Además, la enmienda incluye que por separado la persona agredida participe de talleres similares y se le oriente sobre sus derechos.


En lo que va de año, 12 mujeres han muerto en casos de violencia por género y de acuerdo al Primer Ejecutivo, se han registrado 7 mil casos de violencia por género; 82% de los casos son contra mujeres. Además, 846 mujeres han sido víctimas de agresión sexual.


"Es totalmente inaceptable el nivel de violencia que hay contra la mujer", sentenció el Mandatario en rueda de prensa.


Fortuño aprovechó para informar que durante el año pasado, más de 80 mil personas participaron de charlas en programas comunitarios para promover la integración de los padres en el proceso educativo de los estudiantes y que sirve para reforzar las lecciones sobre los valores.


"Mediante la relación que crea el programa Promesa de Hombre, los niños sabrán respetar a las mujeres y a todos los seres en la comunidad", sostuvo el Gobernador.


Al mismo tiempo, Fortuño aseguró que el programa Promesa de Hombre mantiene la separación de Iglesia y Estado ya que se discuten "valores universales".


"Aquí no tiene que ver nada con alguna Iglesia en particular y de hecho, este programa es un programa que se ha implementado en diversas ciudades y condados de Estados Unidos porque son valores universales y han pasado el crisol de todos los tribunales", indicó el Gobernador a preguntas de EL VOCERO.


Ante, esto la activista por lo derechos de la mujer, Ana Irma Rivera Lassen destacó que existen muchas interrogantes sobre cuál es el enfoque que se le da a los talleres cuando se habla de valores debido a que en Estados Unidos existe un programa impulsado por el movimiento de hombres evangélicos y cristianos llamado 'Promise Keepers' o Guardianes de la Promesa.


El programa se basa en la lectura de la Biblia y sostiene que los hombres no han sido suficientemente responsables como proveedores y padres y que tienen que encaminarse para cumplir dignamente con este papel y así superar la "crisis moral" que está atravesando la sociedad.


De acuerdo a la portavoz de Feministas en Marcha, este tipo de enfoque es erroneo debido a que promueve roles esteriotipados del hombre como protector de la mujer.