Siguen los problemas para la Policía

Francisco Rodríguez-Burns / Primera Hora
Mientras la administración de Luis Fortuño solicita varios años para implementar las recomendaciones presentadas por Justicia federal para reformar la Uniformada, los casos contra ex policías acusados a nivel federal continúan ocupando los titulares.






Tan reciente como ayer, un ex policía arrestado durante el histórico operativo realizado por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) contra la corrupción pública en Puerto Rico fue sentenciado a ocho años y un mes de cárcel por el juez federal Juan Pérez Giménez.

El acusado, identificado como Rafael Rodríguez Valentín, figuró entre los 133 arrestados en octubre del año pasado por cargos de Ley de Armas y conspiración para distribuir sustancias controladas. Según el pliego acusatorio, los acusados participaron y protegieron transacciones encubiertas en que medió droga falsa y en que los principales protagonistas eran agentes encubiertos o subcontratistas de la agencia federal.

Entre los arrestados, figuraron 61 agentes de la Policía de Puerto Rico, 16 oficiales municipales de varios municipios, 12 oficiales de custodia y dos soldados del Ejército de Estados Unidos.

La Fiscalía Federal lleva un récord perfecto de convicciones en el caso, luego que muchos de los acusados se declararan culpables. La mayoría enfrenta sentencias de 15 años de cárcel.

El informe de la División de Derechos Civiles de Justicia federal aseguró que la Policía ha incurrido en un patrón sistemático de violaciones a la Constitución de Estados Unidos, en particular a la Primera Enmienda, que protege el derecho a la libre expresión, y a la Cuarta Enmienda, que protege a la ciudadanía contra investigaciones o arrestos arbitrarios.

A raíz de las investigaciones que se hicieron contra los policías arrestados en el operativo Caseta de Guardia (Guard Shack), los federales revelaron detalles que pusieron en relieve los atropellos y actos de corrupción que ocurren en las filas de la Uniformada.

Durante sus conversaciones con agentes encubiertos de la Policía de Puerto Rico que trabajaban para el FBI, algunos de los acusados hablaron sobre incidentes en que uniformados plantaron evidencia, ofrecieron testimonios falsos en corte abierta e, incluso, mataron a otros ciudadanos.

Los uniformados también hablaron sobre el reemplazo de cañones de armas para despistar investigaciones, el robo de armas y radios portátiles de la Policía, la compra de balas tipo cop killers en el bajo mundo, entre otros asuntos que serán referidos a las autoridades estatales.

Mucho antes de su nombramiento como subdirector de la división que maneja incidentes críticos a nivel mundial (CIRG, por sus siglas en inglés), el antiguo director del FBI en Puerto Rico, Luis Fraticelli, pidió una reforma en la Policía cuando anunció los arrestos de Guard Shack.

“La evidencia disponible no podría ser más contundente. Se necesitan hacer cambios radicales para sacar de raíz el serio problema de corrupción”, indicó.

La criminalidad no es un espejismo

por Ivelisse Rivera Quiñones

Justo el día después de que el nuevo superintendente de la Policía, Emilio Díaz Colón, asegurara que su plan anticrimen está funcionando y que los resultados se ven en la reducción que, a su juicio, ha habido en la criminalidad, en menos de 24 horas se reportaron siete asesinatos y la muerte de un asaltante.

Entre los asesinatos se destaca el caso del joven de 38 años Guillermo Picó, quien enfrentó a un pillo que entró a su residencia en Las Cumbres y murió a consecuencia de los dos disparos que le hizo el asaltante, quien murió también.

“Está bajando”, dijo Díaz Colón recientemente refiriéndose a la criminalidad. “La diferencia que había del año anterior a éste... ha bajado ese margen de 100 que tenía”.

Pero, la realidad es otra a la que percibe el Superintendente. Hasta ayer, en Puerto Rico se habían registrado 722 asesinatos, exactamente 101 más que los de la misma fecha en el 2010.

Expertos en el tema, como el ex secretario de Corrección Miguel Pereira, insisten en que ésta es una batalla que la Policía y el Gobierno no ganan solos. Todos deben involucrarse.

El miedo, dijo, no puede apoderarse de nosotros.

“Como ciudadanos, tenemos que rehusarnos a entregarnos al miedo. Nosotros tenemos que apoyar la gestión de la Policía. Siempre que uno sea testigo de una situación, hay que informarle a la Policía”, manifestó Pereira enfatizando el deber de la ciudadanía.

“El combatir el delito no le toca sólo al Gobierno, aunque la Policía no está haciendo todo lo que puede hacer, pero la ciudadanía no pude quedarse de brazos cruzados”, agregó el también ex superintendente.

Pero, para el psicólogo Salvador Santiago Negrón, ex presidente de la Comisión para la Prevención de la Violencia, el grave problema de la criminalidad en la Isla no mejorará hasta que se desarrolle y ejecute un plan integral que trabaje con los problemas de violencia desde la raíz.

“Si no hay un plan integral que atiendas las necesidades como los adolescentes fuera de la escuela y sin trabajo, además de los puntos de droga, la situación seguirá igual”, dijo al agregar que el plan debe ser abrazado por todas las ideologías políticas y debe ser uno al que se le permita la consistencia.

“Anticipo que la criminalidad seguirá en ascenso porque, entre otras cosas, la Policía tiene un comportamiento acrítico y burocrático”, agregó Santiago Negrón, un estudioso de la materia y quien ha viajado a países como Colombia, y estados como Oregón, para conocer estrategias de prevención.

Arrancan las clases a policías sobre uso de fuerza

06 Abril 2011

Arrancan las clases a policías sobre uso de fuerza
Es un requisito impuesto por Justicia federal



Figueroa Sancha (centro) y el titular de Justicia, Guillermo Somoza, participaron ayer de la reunión del Consejo de Seguridad con el Gobernador. (El Nuevo Día / J. Ismael Fernández)Por Eugenio Hopgood Dávila / ehopgood@elnuevodia.com

La Policía comenzó ayer unos adiestramientos sobre el uso de fuerza que son parte de las acciones remediativas que le impuso el Departamento de Justicia de Estados Unidos, como parte de la investigación que realiza sobre las violaciones de derechos civiles imputadas a la Uniformada boricua.

Así lo informó ayer el superintendente José Figueroa Sancha, quien calificó los adiestramientos como “uno de los primeros requisitos” de la División de Derechos Civiles de Justicia federal hacia la Policía de Puerto Rico.

“Hoy (ayer) comenzamos con 42 instructores llevando ese currículo, que conlleva 40 horas-contacto”, dijo el jefe policiaco en una conferencia de prensa en La Fortaleza antes de la reunión del Consejo de Seguridad con el gobernador Luis Fortuño.

Figueroa Sancha sostuvo que ese primer grupo de oficiales, seleccionados por su historial y experiencia, se convertirá en el equipo que adiestrará al resto de los 17,000 policías.

Agregó que el adiestramiento es parte de “las iniciativas para la nueva reglamentación del uso responsable de fuerza y la cultura de supervisión”.

Los entrenamientos van dirigidos al uso de fuerza, reporte e investigación de incidentes, armas de impacto, dispositivo eléctrico de control, como armas taser, órdenes generales de agentes químicos y de persecución vehicular, entre otras, dijo el jefe policial.

El Superintendente fue evasivo al responder sobre qué otros requisitos le había impuesto Justicia federal.

“Hay otras cosas sobre las cuales estamos en diálogo con ellos. Una vez terminen estos adiestramientos se comenzará a llevar una estadística real de todos los incidentes de uso de fuerza, cada vez que se usa un rotén, que se desenfunda un arma”, manifestó.

A preguntas de este diario, Figueroa Sancha aseguró que no hace falta que exista un querellante para que la Policía inicie una pesquisa administrativa sobre abuso de fuerza.

“La información puede surgir de vídeos, testimonios... una foto puede dar base a una investigación”, dijo.

No obstante, hasta el momento la Policía no ha anunciado ni una sola sanción administrativa por las agresiones graves por parte de agentes policiales contra manifestantes estudiantiles y sindicales en el último año y medio, las cuales han sido documentadas en vídeo por los noticiarios de televisión.

Éstas incluyen golpes de rotén a la cabeza contra personas desarmadas en actitud pacífica, en violación a normas policiales vigentes, entre otras.

Fuertes lazos con policías corruptos

CAGUAS– Un agente de la Policía acudió en la noche del sábado a la celda en la que estaba detenido Osvaldo Ramos Concepción y lo increpó por no haber estado atento y enfrentar a los individuos que asesinaron en el residencial Raúl Castellón a dos de los secuaces del temido narcohampón Jaime ‘Peluche’ Dávila Reyes.

Algunos agentes que supieron de la acción del policía denunciaron el acto a sus superiores, en una muestra de que hay vergüenza contra la corrupción.

De acuerdo a diversas versiones obtenidas por EL VOCERO, ‘Peluche’ posiblemente había estado en el Residencial Castellón supervisando a sus secuaces en la operación del punto.

Poco antes de que entraran los sicarios ‘Peluche’ se había ido. Los matones a los que fuentes aseguran se les ofreció una paga de $50 mil por la muerte de ‘Peluche’, entraron al área de la cancha y sin contemplación alguna mataron a Michael Lozano ‘Colie’ Pérez, de 34 años de edad, lugarteniente de ‘Peluche’ y a otro de sus secuaces Noel David ‘Bebé Maraco’ Guzmán Guzmán, de 26 años de edad.

En el lugar se celebraba un torneo de baloncesto y una fiesta de cumpleaños de un niño.

Al ocurrir la balacera a eso de las 5:48 de la tarde del sábado, Ramos Concepción había dejado su puesto de vigilancia para recortarse, por lo que no pudo proteger a ‘Colie’ y a ‘Bebé Maraco’.

Tras la intensa balacera llegaron al lugar decenas de agentes y detectaron a Ramos Concepción, asustado y medio aturdido, que llevaba una pistola Glock calibre .40 cargada con 18 balas y lo arrestaron.

El agente que lo increpó en la celda lo culpó por las muertes de ‘Colie’ y ‘Bebé Maraco’, por no haberlos protegido.

Ramos Concepción fue acusado y salió en libertad bajo fianza.

La noche de los hechos se estima que al menos otros agentes fueron hasta Gurabo para darle escolta a ‘Peluche’, llevándolo a uno de sus escondites.