Sube el telón para Pesquera

Por Eugenio Hopgood Dávila / ehopgood@elnuevodia.com

El nombramiento del nuevo superintendente de la Policía, Héctor Pesquera, no responde a instrucciones ni recomendaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, indicó ayer un portavoz de La Fortaleza.

“No, pero ciertamente lo conocen y han trabajado con él cuando estaba en Puerto Rico”, fue la respuesta de Edward Zayas, al preguntársele si Justicia federal lo había recomendado o había tenido un papel directo en su designación.

Un blog de Miami (nelsonhortareporta.com) había indicado el 26 de marzo que Pesquera, quien se desempeña como subdirector a cargo de seguridad del puerto de Miami, había sido nombrado asesor de seguridad del gobernador Fortuño por iniciativa de Justicia federal.

El miércoles el gobernador anunció que aceptaba la renuncia del general Emilio Díaz Colón a la superintendencia y el mismo día se filtró la información de que Pesquera sería su sucesor. Ayer Fortuño hizo el anuncio formalmente en un comunicado de prensa.

“Me complace anunciar el nombramiento de un gran puertorriqueño y un gran servidor público para dirigir nuestra Uniformada”, dijo el gobernador. Agregó que Pesquera “tiene el conocimiento, la experiencia, el liderato, el compromiso y la trayectoria de resultados probados para dirigir con éxito nuestra Policía”.

El comunicado oficial incluyó declaraciones del propio Pesquera, en las que hace énfasis en las “iniciativas de prevención y detección temprana”.

“Es con enorme sentido de compromiso que acepto este reto. Comparto plenamente la visión del gobernador de que no es suficiente combatir el crimen, tenemos que ir a la raíz del problema fortaleciendo nuestras iniciativas de prevención y de detección temprana. Y para esto es indispensable contar con el apoyo de todas nuestras comunidades”, declaró Pesquera.

Pesquera fue el número dos del FBI en Puerto Rico entre 1992 y 1995 y a finales de ese último año fue nombrado director de la oficina local, cargo que ejerció hasta 1998 cuando fue puesto a cargo de la oficina del Buró en Miami.

Como parte de su gestión en el liderato del FBI en Puerto Rico, participó en la coordinación de la llamada política de “mano dura” del entonces gobernador Pedro Rosselló, en medio de la cual se produjeron cifras de asesinatos que fueron un récord en ese renglón negativo, solo superados por los dos pasados años.

La Fortaleza informó que Pesquera, nacido en Santurce en 1946, estuvo 27 años en el FBI y se retiró en 2003.

En una acción sin precedentes, el comunicado del gobernador incluyó declaraciones elogiosas acerca de Pesquera por parte de varios funcionarios federales y estatales de condados de Estados Unidos, incluido el exdirector nacional del FBI Louis Freeh.

“Siempre ha tenido todo el apoyo del FBI y su reputación como un profesional de carrera es incuestionable”, declara Freeh, según el comunicado. “Es el líder de orden público por excelencia”, dijo por su parte el excomisionado de la Policía de Florida James Moore.

SENTIMIENTOS mixtOs

En la Policía, la reacción a la designación de Pesquera fue mixta. Oficiales de alto rango que hablaron con la condición de que no se revelaran sus identidades dijeron que no tenían problema alguno con que otra persona “de afuera” de la agencia viniera a dirigirla.

Mientras, otros no solo mencionaron que no lo conocían sino que entendían que era un buen momento para nombrar a un oficial de carrera. “Lo importante aquí es que venga a hacer el trabajo”, dijo un jefe de Homicidios del área norte.

Otro oficial de la rama investigativa mencionó que hubiese preferido que se nombrara a un policía como nuevo superintendente y dijo que no importa si Pesquera trae buenas intenciones, la clave para que pueda dirigir con efectividad será “domar” a los coroneles.

“Esos individuos, si estás de malas con ellos, te sacan sin ningún problema”, dijo un teniente, quien opinó que Díaz Colón ya se estaba “acoplando”.

Mientras, una oficial reconoció desconocer por completo el trasfondo de Pesquera. “Cuando estás a este nivel te das cuenta que tus jefes son aves de paso, aunque les tienes una lealtad”, manifestó.

Mientras, Jaime Morales y Diego Figueroa, líderes sindicales de la Policía, se expresaron cautelosos.

“No sé nada de él, solo que dirigió el FBI en los noventa. Lo ideal era que quien viniera haya sufrido el dolor de la Policía”, dijo Morales, director ejecutivo de la Corporación Organizada de Policías y Seguridad (COPS).

Figueroa, presidente del Frente Unido de Policías Organizados (FUPO), dijo que espera que Pesquera, de ser confirmado, se convierta en un motivador. “La Policía lo que necesita es que venga alguien a motivar”, dijo.

Le llegó la hora a Emilio Díaz Colón

Por Javier Colón Dávila / puertoricohoy@elnuevodia.com

Emilio Díaz Colón, superintendente de la Policía durante casi nueve turbulentos meses en los cuales nunca pareció plenamente en control del cargo, salió ayer de manera abrupta de su posición, luego de que el gobernador Luis Fortuño, quien lo sacó de un apacible retiro el pasado verano, le pidiera la renuncia.

Díaz Colón al parecer se levantó ayer sin saber que era su último día en la Policía. Pero en la tarde tuvo una extensa reunión con Fortuño y varios líderes del Partido Nuevo Progresista (PNP), incluido el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y ahí se selló su destino, dijo a una estación de radio (WKAQ) el senador Carmelo Ríos.

La Fortaleza hizo el anuncio en un parte de prensa difundido a las 7:32 de la noche. “Díaz Colón nos dejo saber que no desea afectar los planes de trabajo actuales de la Uniformada, ni las reformas esenciales que se están llevando a cabo en ese cuerpo”, dijo Fortuño.

Fortuño designó anoche al coronel José Luis Rivera como superintendente interino y destacó que en los próximos días anunciará un posible sustituto.

Varias fuentes dijeron a El Nuevo Día que el sustituto es Héctor Pesquera, quien dirigió la oficina del FBI en San Juan entre 1996 y 1998, tras lo cual encabezó la oficina de dicha dependencia en Miami, donde reside ahora.

Lo sacaron del retiro

Pesquera, de 65 años, se retiró del FBI en diciembre de 2003, tras lo cual trabajó como asesor en la Oficina del Alguacil del Condado de Broward. Recientemente, trabajaba como director de puertos en Miami, dijeron fuentes.

Díaz Colón, un exjefe de la Guardia Nacional, vivía retirado hasta que en los primeros días de julio, su amigo Fortuño lo llamó para que sustituyera a José Figueroa Sancha, a quien también se le pidió la renuncia por su incapacidad para manejar la histórica ola criminal que ha vivido el País durante los pasados tres años.

Díaz Colón asumió el reto de buen ánimo. Pero nunca pareció estar en control del cuerpo y fueron múltiples las ocasiones en que no podía responder con precisión a preguntas básicas sobre el funcionamiento de la Policía, sobre pesquisas en proceso o sobre los sucesos policiacos de los que los periodistas lo preguntaban continuamente.

Muchos alcaldes, incluidos del PNP, pedían continuamente su renuncia. Uno de ellos, Abel Nazario, de Yauco, dijo hace un par de meses que no iba a hablar más del tema por petición de Fortuño, pero que seguía pensando igual sobre Díaz Colón.

Muchos sorprendidos

El anuncio de la renuncia sorprendió a muchos. Por ejemplo, varios jefes regionales dijeron desconocer la noticia en momentos en que ya era del dominio del todo el País.

Miguel Colón March, de la región de Guayama, dijo que no haría comentarios porque el gobierno no había confirmado la noticia y se cantó sorprendido.

El martes Díaz Colón había reunido a los jefes de región. “Nos felicitó por el plan de trabajo y porque se habían dado muchas intervenciones por tintes en los vehículos”, dijo Colón March.

“Yo no sabía eso”, agregó, por su parte, el comandante Carlos Miranda, jefe de Carolina, quien precisamente el martes divulgó un comunicado en que elogiaba la labor de su ahora exjefe.

Carlos Colón Alsina, de Humacao, dijo que se enteró por la prensa.

El presidente del Frente Unido de Policías Organizados, Diego Figueroa, aseguró que no le sorprendía la noticia.

“No dio pie con bola, no pudo engranar y no tenía conocimiento administrativo de la Policía. En ocasiones (bajo Díaz Colón) la Policía se quedó sin su líder y otros tomaban las decisiones y tenían el poder. Ahora la Policía esta totalmente desmoralizada”, dijo.

Nombramiento inexplicable

El exsuperintendente de la Policía y ahora candidato al Senado por el opositor Partido Popular Democrático, Miguel Pereira, se cuestionó no por qué lo sacan ahora sino por qué lo nombraron en un principio. “Este señor no tenía ninguna experiencia en nada que tuviera que ver con actividades investigativas”, dijo Pereira.

Sobre Pesquera, Pereira dijo que lo considera su amigo, y que le tiene afecto personal. “Le deseo bien y que triunfe, pero en los ocho meses que restan no puede cambiar nada en la Policía”, dijo Pereira.

Irónicamente, Díaz Colón tuvo ayer el que quizás fue su momento de mayor lucidez en público.

Logró explicar sin mayores problemas el esquema de una pandilla detenida ayer por clonación de tarjetas de crédito, fue amable, le leyó a los periodistas los nombres borrosos del organigrama ya que estaba cerca del cartelón) y hasta soltó una sonrisa.

Regresan las “patrullas fantasmas”

viernes, 9 de diciembre de 2011
Maribel Hernández Pérez / Primera Hora
Desempolvan las patrullas fantasmas.

Como una medida para prevenir los tiroteos entre autos y las muertes en las carreteras, el superintendente Emilio Díaz Colón anunció que integrará a su plan de seguridad patrullas sin rotular, las cuales tendrán sus biombos azules apagados, al acecho de los delincuentes que violen la Ley de Tránsito.

Sostuvo que los policías que transiten en las patrullas fantasmas vestirán su uniforme y deberán estar debidamente identificados.

El anuncio se hizo durante una conferencia de prensa en la que el funcionario reveló que creará el Negociado de Patrullas de Carreteras para que lleve a cabo patrullaje preventivo para reforzar la vigilancia en las autopistas y carreteras principales en coordinación con las policías municipales, que estarán a cargo de las carreteras secundarias.

“Este nuevo plan de patrullaje y vigilancia preventiva en las autopistas y carreteras de Puerto Rico fue creado en respuesta a la nueva modalidad que estamos viendo de tiroteos en las vías principales por donde transitan miles de personas a diario, incluyendo a personas inocentes y niños, con el propósito de proveer más prevención y aumentar la seguridad para nuestros conductores y pasajeros que día a día utilizan las carreteras”, detalló Díaz Colón.

El plan se estará revisando constantemente en caso de que requiera algún cambio de estrategia.

El patrullaje se llevará a cabo con una flota de más de 500 patrullas y alrededor de 1,000 agentes del referido negociado reforzarán el plan durante la época navideña.

Al justificar la integración nuevamente de las llamadas “patrullas fantasmas”, Díaz Colón insistió en que la medida es necesaria, ignorando las críticas ciudadanas a su nuevo plan. En el pasado, éstas se utilizaron para expedir boletos por exceso de velocidad.

“Las condiciones cambian constantemente y queremos darle el servicio que el pueblo necesita; hay personas que se molestan porque se tenga los llamados automóviles fantasmas, nosotros creemos que son necesarios y se van a utilizar. En Puerto Rico sabemos que pasan muchas cosas y la gente se queja, pero tenemos que dar un servicio; lo vamos a hacer bien profesional y lo vamos a lograr”, insistió al ser cuestionado en torno a la medida.

El horario de mayor patrullaje será en horas de la noche cuando ocurren los accidentes de tránsito y los tiroteos.

Al defender su nuevo plan, Díaz Colón dijo que al reforzar las carreteras con más personal, lo que busca es bajar la incidencia de muertes de tránsito.

Según las estadísticas que presentó, en el 2007 ocurrieron 452 muertes de tránsito; en el 2008 se redujeron a 406; en 2009 disminuyeron a 366; el año pasado se reportaron 340 y en lo que va del 2011 han ocurrido 321.

“Estamos nosotros ahora yendo a las áreas donde más problema hemos tenido y poniendo más personal durante las horas de noche que las horas de día, por tal razón vamos a tener más personal durante ese tiempo. Estamos tratando de darle duro en los sitios o en las horas que más incidencia hay, incluyendo los accidentes”, indicó durante la conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el director del Negociado de Patrullas de Carreteras, coronel Miguel Rosado.

En lo que va de año, se han llevado a cabo 10,269 bloqueos de carreteras, diez más que durante el 2010, en los cuales se han expedido alrededor de 780 mil boletos por infracciones de tránsito, de los cuales 156 mil han sido contra conductores por manejar a exceso de velocidad.

Anunció que próximamente que se reunirá con los alcaldes de San Juan y Guaynabo para depurar su plan preventivo de patrullaje en las carreteras secundarias.

Motín a bordo en la Policía

por Maribel Hernández Pérez / Primera Hora

En momentos en que las cifras apuntan hacia un año récord en la criminalidad, una pugna por ajustes de salarios adeudados a miles de uniformados amenaza con un paro de brazos caídos.

Si se consuma la advertencia, agravaría un panorama que, de por sí, ya es crítico.

Varias organizaciones policíacas han advertido que, de no resolverse el asunto, podría comenzar un plan de protesta tan pronto como en noviembre, a días de la época de Navidad.

Sin embargo, el superintendente de la Policía, Emilio Díaz Colón, se reafirmó ayer en el compromiso advenido por el Gobierno para otorgar el ajuste salarial una vez concluya una auditoría de alrededor de 22,000 expedientes.

La auditoría está a cargo de la firma Sherrer, Hernández y Co., que fue contratada en mayo por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) por $1 millón. El proceso debería estar listo para junio de 2012.

“Yo confío en la Policía de Puerto Rico, confío en nuestros agentes y oficiales, yo sé que tienen el compromiso de darle un servicio a nuestro pueblo, no vislumbro a nuestros policías en brazos caídos”, aseveró Díaz Colón al ser confrontado con esa posibilidad, tras asistir a la reunión semanal con el Gabinete de Seguridad en La Fortaleza en donde no se discutió ese tema.

El Gobierno está seguro de que, con su acción, se tornaría en académico un pleito judicial radicado en el 2007 por el Frente Unido de Policías Organizados (FUPO) en reclamo del pago del dinero no sólo para los miembros activos, sino para los pensionados , cadetes y agentes encubiertos.

Ante el retraso de la Policía en completar la evaluación de los expedientes, portavoces del FUPO hicieron un llamado a su matrícula en el tribunal a “las trincheras de lucha”. Sin embargo, la organización no estuvo disponible para abundar sobre su llamado.

“Yo honestamente entiendo que aquí se ha hecho un compromiso por parte de Gobernador de que se va a hacer el reajuste salarial a los policías y ese compromiso demuestra que hay una buena intención. Originalmente, se habían asignado unas 20 personas; después se aumentó a 43 personas para analizar los expedientes, así que hay una intención genuina del Gobierno a hacerse el reajuste salarial”, se reafirmó Díaz Colón.

Según su análisis, la evaluación de un expediente toma unas seis horas en completarse y, a razón de los 6,000 de un total de 22,000 aproximadamente que se tienen que examinar, el trabajo no se completaría hasta junio de 2012.

“Se está hablando del ajuste salarial, de pasos de administraciones anteriores y ascensos (a los) que no se les había asignado el dinero. Nosotros estamos sacando la cara por lo que otras administraciones prometieron y no hicieron”, aseguró. “Una cosa es los retroactivos desde que le dieron los pasos y ascensos, y otra la revisión de la escala salarial. De ahí en adelante, se le paga ese salario; lo que pudiera ser retroactivo, eso es otra cosa, de esa cantidad de dinero yo no he escuchado hablar todavía”.

Anuncian protesta
El director ejecutivo de la Corporación Organizada de Policías y Seguridad (COPS), Jaime Morales, reveló que el 15 de noviembre llevarán a cabo una protesta pacífica frente a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para reclamar el desembolso del dinero.

“Yo quiero pedir al Gobernador que cumpla su promesa que hizo al expresarse por ellos a través de la frecuencia de que en diciembre les iba a ajustar los salarios y, a su vez, estaríamos convocando para el 15 de noviembre a todos nuestros asociados, familiares y amigos frente a la oficina de OGP, a las 11:00 de la mañana, a exigir lo que es nuestro”, puntualizó.

Agregó que el viernes pasado el Superintendente se comprometió a hablar con Luis Fortuño para aclarar si la partida presupuestaria, de $20 millones, sería pagada a mediados de diciembre, como les prometió a los policías hace un mes mediante un mensaje enviado a través de la frecuencia interna, o en junio de 2012, como alegó Díaz Colón. Sin embargo, el funcionario informó que durante la reunión en La Fortaleza no se habló del tema.

“Esto ha provocado o va a provocar una acción, que no creemos que es la correcta, de brazos caídos, ya que como el policía, por ley o constitución, no tiene derecho a unionarse ni a negociar convenios colectivos, ésa es la única gestión que el policía podría hacer para hacer sentir su pedido”, comentó Morales.

Según la información circulada a través de medios electrónicos, se ha escogido la fecha del 23 de diciembre de 2011 al 7 de enero de 2012 para comenzar el movimiento de protesta.

Por su parte, Nydia Ramos, portavoz del movimiento Policía, reclama tus derechos con respeto, declaró que los policías han sido discriminados por la agencia, que otorgó el reajuste de manera selectiva a algunos miembros de la alta oficialidad por favores políticos.

“El Gobierno no sólo limita el derecho al ajuste de sueldo a los policías, sino que han aumentado la deducción de contribuciones”, declaró Ramos.

Policía da primeros pasos a la reforma

Maritza Díaz Alcaide / Primera Hora


El Gobierno de Puerto Rico ha ido estructurando un plan de reforma para la Policía de Puerto Rico en atención a los hallazgos del Departamento de Justicia federal sobre abuso por parte de los miembros de la Uniformada contra ciudadanos que residenden en la Isla.

Las medidas que se están tomando o se pondrían en ejecución, según un resumen de iniciativas presentado por el gobernador Luis Fortuño, son las siguientes:

Con respecto a las investigaciones administrativas de los policías, se habla de una reestructuración completa del proceso, reduciendo el término para concluir las investigaciones en un plazo de 90 días.

También se le notificará al ciudadano sobre el estatus de su queja.

La fase de implantación de eso debe completarse para el primer trimestre de 2012 y se agilizará el proceso de investigación mediante la compra de grabadoras y cámaras digitales.

El cúmulo de las 2,405 querellas pendientes quedaría eliminado el segundo trimestre del año que viene.

Para el cuarto trimestre de 2011 debe estar listo un protocolo dirigido a erradicar la acumulación de las querellas atrasadas.

Las querellas administrativas se van a manejar por medio de un programa electrónico.

La reforma de la Policía también incluye cursos de mejoramiento para los agentes con tres o más querellas durante un periodo de 12 meses.

Se informa que sobre 400 agentes han sido referidos a ese programa.

Para el cuarto trimestre del 2012, ya debe estar creado un proyecto de mentoría para cadetes que salen de la academía y recién llegan a los cuarteles de toda la Isla.

La Policía ofrecerá además un examen para acceder al rango de sargento y se fija para eso el primer trimestre del año entrante.

Acerca de las comunidades marginadas, como la dominicana, deambulantes y lésbica, gay, bisexual, transgenero y transexual, (LGTTB) se planificó que durante este mes de septiembre estaría constituido un comité de interacción ciudadana, que tendría acceso directo al Superintendente y a los directores regionales.

También se establecerían subcomités regionales con la misma misión.

En cuanto al adiestramiento, hay interés en descentralizar el mismo.

Se señaló que hay 1,200 supervisores adiestrados al día de hoy y que los adiestramientos se están realizando en las regiones sin afectar el patrullaje y trabajo policiaco. Se espera culminar ese proceso durante los primeros tres meses de 2012.

A fines de este año, el Gobierno de Puerto Rico ya también contaría con un nuevo código de conducta para sus agentes y con una guía de disciplina progresiva.

Para esa fecha está previsto un nuevo reglamento de querellas administrativas que proveerá “un proceso transparente, justo y expedito”.

La rectora del Colegio Universitario de Justicia Criminal, Zulma Méndez, dijo que allí ya están en curso varias estrategias.

“Hemos estado trabajando en unos esfuerzos académicos previos al informe de Justicia federal. Recientemente certificamos cadetes en el área de violencia doméstica. También les hemos dado adiestramiento a altos oficiales”, dijo Méndez, quien mencionó que en ello ha colaborado la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.

La Rectora indicó que SER de Puerto Rico también ha ayudado en el adiestramiento acerca del trato que se les debe dar a los autistas.

“También hemos tenido a miembros de la comunidad LGBTT y de la comunidad dominicana en los adiestramientospara los altos oficiales y cadetes”, agregó.

La Rectora señaló que en enero se firmó un memorando de entendimiento entre Justicia federal, Justicia estatal, la Policía, la Comisión de Derechos Civiles y el Colegio y hace tres semanas a través de Justicia federal se coordinaron unos adiestramientos sobre derechos civiles.

En estos participaron miembros de la comunidad dominicana y de la LGBTT.

En este caso, el entrenamiento fue tanto para altos oficiales como para la docencia y cadetes.

Sobre el aspecto de educación continua, la Rectora dijo que la Ley 103 obliga a ello, que se exigen doce horas anuales, pero la institución ofrece 16 horas, divididas en dos días.

Por el momento, han recibido el mismo sobre 4,700 policías.

El proceso se inició en 2010.

En la escuela de investigación criminal, afirmó que se recrean escenarios “reales” donde los policías se entrenan en investigación criminal y también en first response o respuesta rápida, que en este caso se coordina a través de Ciencias Médicas.

La jefa de la academia resaltó que también por primera vez se les está dando a los guardias municipales un grado asociado en el Colegio.

Acerca de los mentores, Méndez dijo que con eso se está trabajando y que se les conocerá como oficiales de supervisión operacional.

Ese mentor también recibirá instrucción en la academia para fungir como tal.

Méndez dio a conocer que pronto se anunciará el plan completo, con el que trabajan varios comités en la Uniformada, para dar respuesta al informe de Justicia federal sobre abuso policiaco.

Ese esfuerzo lo dirige el superintendente asociado José Luis Rivera.

Siguen los problemas para la Policía

Francisco Rodríguez-Burns / Primera Hora
Mientras la administración de Luis Fortuño solicita varios años para implementar las recomendaciones presentadas por Justicia federal para reformar la Uniformada, los casos contra ex policías acusados a nivel federal continúan ocupando los titulares.






Tan reciente como ayer, un ex policía arrestado durante el histórico operativo realizado por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) contra la corrupción pública en Puerto Rico fue sentenciado a ocho años y un mes de cárcel por el juez federal Juan Pérez Giménez.

El acusado, identificado como Rafael Rodríguez Valentín, figuró entre los 133 arrestados en octubre del año pasado por cargos de Ley de Armas y conspiración para distribuir sustancias controladas. Según el pliego acusatorio, los acusados participaron y protegieron transacciones encubiertas en que medió droga falsa y en que los principales protagonistas eran agentes encubiertos o subcontratistas de la agencia federal.

Entre los arrestados, figuraron 61 agentes de la Policía de Puerto Rico, 16 oficiales municipales de varios municipios, 12 oficiales de custodia y dos soldados del Ejército de Estados Unidos.

La Fiscalía Federal lleva un récord perfecto de convicciones en el caso, luego que muchos de los acusados se declararan culpables. La mayoría enfrenta sentencias de 15 años de cárcel.

El informe de la División de Derechos Civiles de Justicia federal aseguró que la Policía ha incurrido en un patrón sistemático de violaciones a la Constitución de Estados Unidos, en particular a la Primera Enmienda, que protege el derecho a la libre expresión, y a la Cuarta Enmienda, que protege a la ciudadanía contra investigaciones o arrestos arbitrarios.

A raíz de las investigaciones que se hicieron contra los policías arrestados en el operativo Caseta de Guardia (Guard Shack), los federales revelaron detalles que pusieron en relieve los atropellos y actos de corrupción que ocurren en las filas de la Uniformada.

Durante sus conversaciones con agentes encubiertos de la Policía de Puerto Rico que trabajaban para el FBI, algunos de los acusados hablaron sobre incidentes en que uniformados plantaron evidencia, ofrecieron testimonios falsos en corte abierta e, incluso, mataron a otros ciudadanos.

Los uniformados también hablaron sobre el reemplazo de cañones de armas para despistar investigaciones, el robo de armas y radios portátiles de la Policía, la compra de balas tipo cop killers en el bajo mundo, entre otros asuntos que serán referidos a las autoridades estatales.

Mucho antes de su nombramiento como subdirector de la división que maneja incidentes críticos a nivel mundial (CIRG, por sus siglas en inglés), el antiguo director del FBI en Puerto Rico, Luis Fraticelli, pidió una reforma en la Policía cuando anunció los arrestos de Guard Shack.

“La evidencia disponible no podría ser más contundente. Se necesitan hacer cambios radicales para sacar de raíz el serio problema de corrupción”, indicó.

La criminalidad no es un espejismo

por Ivelisse Rivera Quiñones

Justo el día después de que el nuevo superintendente de la Policía, Emilio Díaz Colón, asegurara que su plan anticrimen está funcionando y que los resultados se ven en la reducción que, a su juicio, ha habido en la criminalidad, en menos de 24 horas se reportaron siete asesinatos y la muerte de un asaltante.

Entre los asesinatos se destaca el caso del joven de 38 años Guillermo Picó, quien enfrentó a un pillo que entró a su residencia en Las Cumbres y murió a consecuencia de los dos disparos que le hizo el asaltante, quien murió también.

“Está bajando”, dijo Díaz Colón recientemente refiriéndose a la criminalidad. “La diferencia que había del año anterior a éste... ha bajado ese margen de 100 que tenía”.

Pero, la realidad es otra a la que percibe el Superintendente. Hasta ayer, en Puerto Rico se habían registrado 722 asesinatos, exactamente 101 más que los de la misma fecha en el 2010.

Expertos en el tema, como el ex secretario de Corrección Miguel Pereira, insisten en que ésta es una batalla que la Policía y el Gobierno no ganan solos. Todos deben involucrarse.

El miedo, dijo, no puede apoderarse de nosotros.

“Como ciudadanos, tenemos que rehusarnos a entregarnos al miedo. Nosotros tenemos que apoyar la gestión de la Policía. Siempre que uno sea testigo de una situación, hay que informarle a la Policía”, manifestó Pereira enfatizando el deber de la ciudadanía.

“El combatir el delito no le toca sólo al Gobierno, aunque la Policía no está haciendo todo lo que puede hacer, pero la ciudadanía no pude quedarse de brazos cruzados”, agregó el también ex superintendente.

Pero, para el psicólogo Salvador Santiago Negrón, ex presidente de la Comisión para la Prevención de la Violencia, el grave problema de la criminalidad en la Isla no mejorará hasta que se desarrolle y ejecute un plan integral que trabaje con los problemas de violencia desde la raíz.

“Si no hay un plan integral que atiendas las necesidades como los adolescentes fuera de la escuela y sin trabajo, además de los puntos de droga, la situación seguirá igual”, dijo al agregar que el plan debe ser abrazado por todas las ideologías políticas y debe ser uno al que se le permita la consistencia.

“Anticipo que la criminalidad seguirá en ascenso porque, entre otras cosas, la Policía tiene un comportamiento acrítico y burocrático”, agregó Santiago Negrón, un estudioso de la materia y quien ha viajado a países como Colombia, y estados como Oregón, para conocer estrategias de prevención.

El Superintendente de la Policía le pide ayuda al pueblo

por Nydia Bauzá

El general retirado de la Guardia Nacional, Emilio Díaz Colón fue confirmado ayer por unanimidad, con 28 votos de senadores penepés y populares, como superintendente de la Policía y comisionado de Seguridad Pública en una sesión especial en la que no faltaron los ataques partidistas.

Los senadores emitieron el voto de forma electrónica, mientras Díaz Colón aguardaba cerca del hemiciclo el resultado anticipado.

Poco después, en una conferencia de prensa en el Capitolio, el recién confirmado jefe de la Policía agradeció el voto de confianza que le dieron los legisladores y apeló al pueblo para crear un “frente ciudadano contra la violencia”.


“Nuestra sociedad experimenta una gran preocupación por los índices de violencia, intolerancia y criminalidad en Puerto Rico. Lamentablemente, para ese problema no existe una solución mágica. Para vencer la delincuencia, el narcotráfico y crimen organizado, tenemos que hacerlo todos”, dijo rodeado por la alta oficialidad de la Uniformada.

Se le cuestionó que esa misma estrategia, de insistir en que la ciudadanía también es responsable de ayudar a combatir el crimen, la utilizó sin éxito su antecesor, José Figueroa Sancha, pero dijo que es una idea que hay que implantar.

“Yo no quisiera tener comparaciones con superintendentes anteriores porque cada uno tuvo su oportunidad. Yo les garantizo a ustedes que esto va a funcionar, porque estoy convencido de que va a funcionar. Ya está funcionando, nos vamos a organizar. La gente en la calle quiere ayudar a la Policía”, sostuvo.

Atribuyó la creciente actividad criminal a una crisis social de pérdida de valores, principios morales y educativos y, en menor grado, a problemas de índole económica.

Durante el debate, el portavoz alterno de la minoría popular, Eduardo Bhatia, dijo que, aunque su delegación tenía dudas fundamentales sobre el nominado, emitirían un voto unánime para “enviarle un mensaje al país de que estamos todos unidos en la lucha contra la criminalidad”.

El presidente del PPD, Alejandro García Padilla, dijo que el país requiere unidad de propósito y que no usarían su voto como balón político. Sin embargo, indicó que “la realidad es que la Policía está desmoralizada, no hay dinero, no les pagan las horas extras y llega un súper y dice que no hay un plan anticrimen”.

“ Hoy son víctimas del crimen todos los puertorriqueños. Van más de 600 asesinatos este año y son puertorriqueños de todos los partidos”, sostuvo García Padilla, mientras abogó por un enfoque salubrista para atender la drogadicción.

El presidente del Senado acusó a los populares de cometer irregularidades en redadas y de manipular estadísticas del crimen. Responsabilizó al ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá y al ex superintendente Pedro Toledo por la investigación que realiza el Departamento de Justicia federal sobre violaciones de derechos de civiles cometidas por policías en Puerto Rico.

La senadora penepé Melinda Romero Donelly dijo que “por décadas, el PPD jamás ha apoyado el trabajo de la Policía”.

La senadora Norma Burgos dijo que Díaz Colón “es un hombre disciplinado, exitoso como padre, abuelo y esposo”.