por Nydia Bauzá / Primera Hora
El aborto en Puerto Rico es legal según la jurisprudencia federal y estatal. Sin embargo, el Senado no sólo lo volvió a proscribir ayer en el Código Penal, sino que le aumentó las penas.
En votación partidista, la Cámara alta aprobó un nuevo Código Penal que, como el vigente, mantiene la prohibición del aborto, pero fue más lejos, al imponer una pena fija de reclusión de dos años a las mujeres que incurran en dicha práctica.
El proyecto de ley, de ser avalado en la Cámara de Representantes y firmado por el gobernador Luis Fortuño, entrará en vigor el primero de enero de 2012.
La medida se aprobó tras un extenso debate, pero sólo los legisladores de la minoría popular abordaron el tema del aborto.
“Esto es un acto de inconstitucionalidad, es ilegal aprobar un código así. Esto es un revolú”, dijo el portavoz alterno de la delegación roja, Eduardo Bhatia.
“Traerlo así es únicamente para satisfacer presiones de los grupos en contra del aborto. Ésta es legislación para las gradas”, dijo otro senador popular, Eder Ortiz
El legislador dijo que la sanción será letra muerta porque recordó que el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en el caso Roe versus Wade (1973), y el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el caso del Pueblo versus Duarte (1980), reconocen el aborto como un derecho a la intimidad.
El Código Penal aprobado ayer dispone en su Artículo 99 que “toda mujer que procure de cualquier persona alguna medicina, droga o sustancia y la tome, o que se someta a cualquier operación o a cualquier otra intervención quirúrgica o a cualquier otro medio, con el propósito de provocarse un aborto, excepto el caso de que fuere necesario para salvar su salud o su vida, será sancionada con una pena de reclusión por un término fijo de dos años”.
La líder feminista Alana Feldman, del Taller Salud, dijo que “es totalmente ridículo aprobar un Código Penal nuevo que ya, de por sí, es inconstitucional”.
“En 2004 no quisieron eliminarlo (el aborto) a pesar de que era inconstitucional; ahora es peor, le subieron las penas, habiendo cosas más importantes que discutir”, dijo Feldman. Indicó que aunque el aborto es legal, las que sufren son las mujeres más pobres porque no tienen acceso a los servicios. “Ahora mismo es legal, pero es caro, y sólo hay accesibilidad a clínicas en algunos lugares”, dijo.
El abogado constitucionalista Eudaldo Báez Galib dijo que la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos y de Puerto Rico va por encima del Código Penal, y cualquier delito que choque contra esas opiniones es inconstitucional.
“Cuando redactamos el otro Código, en 2004, las iglesias estaban empeñadas en mantener el delito contra natura y ya el Supremo federal había resuelto que era inconstitucional. Yo mantuve la posición de que se tenía que eliminar y una iglesia llegó a colocar un letrero que decía: ‘Báez Galib, anticristo’”, recordó.
El presidente de la Pastoral Unida a Favor de la Familia, César A. Vázquez Muñiz, dijo que el Senado “dejó la ley como está” para la interpretación. “Realmente no pienso que esto vaya a hacer mucha diferencia en la accesibilidad para la práctica del aborto. Básicamente, se prohíbe que personas que no sean médicos lleven a cabo el aborto”, sostuvo el pastor.
Por su parte, el relacionista de la Fraternidad Pentecostal (Frape), Amós Díaz, dijo que su presidente, el reverendo William Hernández, “iba a buscar el proyecto para estudiarlo y emitir una opinión”.
