Sube el telón para Pesquera

Por Eugenio Hopgood Dávila / ehopgood@elnuevodia.com

El nombramiento del nuevo superintendente de la Policía, Héctor Pesquera, no responde a instrucciones ni recomendaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, indicó ayer un portavoz de La Fortaleza.

“No, pero ciertamente lo conocen y han trabajado con él cuando estaba en Puerto Rico”, fue la respuesta de Edward Zayas, al preguntársele si Justicia federal lo había recomendado o había tenido un papel directo en su designación.

Un blog de Miami (nelsonhortareporta.com) había indicado el 26 de marzo que Pesquera, quien se desempeña como subdirector a cargo de seguridad del puerto de Miami, había sido nombrado asesor de seguridad del gobernador Fortuño por iniciativa de Justicia federal.

El miércoles el gobernador anunció que aceptaba la renuncia del general Emilio Díaz Colón a la superintendencia y el mismo día se filtró la información de que Pesquera sería su sucesor. Ayer Fortuño hizo el anuncio formalmente en un comunicado de prensa.

“Me complace anunciar el nombramiento de un gran puertorriqueño y un gran servidor público para dirigir nuestra Uniformada”, dijo el gobernador. Agregó que Pesquera “tiene el conocimiento, la experiencia, el liderato, el compromiso y la trayectoria de resultados probados para dirigir con éxito nuestra Policía”.

El comunicado oficial incluyó declaraciones del propio Pesquera, en las que hace énfasis en las “iniciativas de prevención y detección temprana”.

“Es con enorme sentido de compromiso que acepto este reto. Comparto plenamente la visión del gobernador de que no es suficiente combatir el crimen, tenemos que ir a la raíz del problema fortaleciendo nuestras iniciativas de prevención y de detección temprana. Y para esto es indispensable contar con el apoyo de todas nuestras comunidades”, declaró Pesquera.

Pesquera fue el número dos del FBI en Puerto Rico entre 1992 y 1995 y a finales de ese último año fue nombrado director de la oficina local, cargo que ejerció hasta 1998 cuando fue puesto a cargo de la oficina del Buró en Miami.

Como parte de su gestión en el liderato del FBI en Puerto Rico, participó en la coordinación de la llamada política de “mano dura” del entonces gobernador Pedro Rosselló, en medio de la cual se produjeron cifras de asesinatos que fueron un récord en ese renglón negativo, solo superados por los dos pasados años.

La Fortaleza informó que Pesquera, nacido en Santurce en 1946, estuvo 27 años en el FBI y se retiró en 2003.

En una acción sin precedentes, el comunicado del gobernador incluyó declaraciones elogiosas acerca de Pesquera por parte de varios funcionarios federales y estatales de condados de Estados Unidos, incluido el exdirector nacional del FBI Louis Freeh.

“Siempre ha tenido todo el apoyo del FBI y su reputación como un profesional de carrera es incuestionable”, declara Freeh, según el comunicado. “Es el líder de orden público por excelencia”, dijo por su parte el excomisionado de la Policía de Florida James Moore.

SENTIMIENTOS mixtOs

En la Policía, la reacción a la designación de Pesquera fue mixta. Oficiales de alto rango que hablaron con la condición de que no se revelaran sus identidades dijeron que no tenían problema alguno con que otra persona “de afuera” de la agencia viniera a dirigirla.

Mientras, otros no solo mencionaron que no lo conocían sino que entendían que era un buen momento para nombrar a un oficial de carrera. “Lo importante aquí es que venga a hacer el trabajo”, dijo un jefe de Homicidios del área norte.

Otro oficial de la rama investigativa mencionó que hubiese preferido que se nombrara a un policía como nuevo superintendente y dijo que no importa si Pesquera trae buenas intenciones, la clave para que pueda dirigir con efectividad será “domar” a los coroneles.

“Esos individuos, si estás de malas con ellos, te sacan sin ningún problema”, dijo un teniente, quien opinó que Díaz Colón ya se estaba “acoplando”.

Mientras, una oficial reconoció desconocer por completo el trasfondo de Pesquera. “Cuando estás a este nivel te das cuenta que tus jefes son aves de paso, aunque les tienes una lealtad”, manifestó.

Mientras, Jaime Morales y Diego Figueroa, líderes sindicales de la Policía, se expresaron cautelosos.

“No sé nada de él, solo que dirigió el FBI en los noventa. Lo ideal era que quien viniera haya sufrido el dolor de la Policía”, dijo Morales, director ejecutivo de la Corporación Organizada de Policías y Seguridad (COPS).

Figueroa, presidente del Frente Unido de Policías Organizados (FUPO), dijo que espera que Pesquera, de ser confirmado, se convierta en un motivador. “La Policía lo que necesita es que venga alguien a motivar”, dijo.

Procesados 177 mediante la iniciativa estatal y federal

Por Javier Colón Dávila / jcolon@elnuevodia.com

Cinco meses después de implementarse la iniciativa para procesar a nivel federal los crímenes violentos cometidos con armas de fuego, 177 personas han sido detenidas bajo el acuerdo y 15 ya han resultado convictas.

De esos, solo el 6.06% de los detenidos estaban bajo fianza al momento de cometer el delito, 47.88% tenían convicciones previas en su expediente, y 10.91% estaba bajo probatoria.

Las cifras las reveló ayer el gobernador Luis Fortuño previo al inicio de una reunión con representantes de las regiones judiciales, el liderato policiaco y los jefes de agencias federales de Ley y Orden, previo a una reunión en la que se discutiría el balance del acuerdo.

Al anunciar la iniciativa en septiembre pasado, uno de los beneficios que destacaron Fortuño y los directivos de las agencias de Ley y Orden era que el hecho de procesar a estos acusados a nivel federal les permitiría sacarlos de la calle, debido a que las leyes federales permiten negar el derecho a la fianza de un acusado.

De los 177 procesados desde que el plan entró en vigor a inicios de octubre, 171 han quedado presos sin fianza. “Estamos logrando sacar de circulación individuos violentos con armas”, comentó ayer Fortuño.

Preguntado sobre si la cifra de 6.06% de reincidencia entre individuos bajo fianza a nivel estatal no contradecía su propuesta de enmendar la Constitución, el primer mandatario prefirió recordar que también ha presentado un paquete de medidas que, por ejemplo, prohíben las revisiones de fianzas en ciertos delitos y otra que fija montos mínimos específicos en la fianza para ciertos delitos.

Desde que Fortuño anunció su propuesta de enmienda constitucional para limitar el derecho a la fianza en ciertos casos de muertes violentas, el Gobierno aún no ha ofrecido estadísticas sobre imputados de asesinato que delinquen estando libres bajo fianza.

El acuerdo con las autoridades federales que el gobernador destacó ayer permite que se procesen con estatutos federales a detenidos que actuaron armados en la comisión de delitos como carjacking, robo domiciliario, atentado desde auto en marcha, secuestro, robo a comercio. También le aplica a detenidos con armas alteradas o mutiladas.

En la actividad Fortuño reveló otros datos, como que se han ocupado 150 armas de fuego y 4,247 municiones.

“Estamos atendiendo los tres problemas: la rehabilitación, la probatoria y la fianza. El que piensa que logras la rehabilitación en tres años está equivocado. Ninguna administración ha hecho lo que ha hecho esta en el área de la rehabilitación”, dijo Fortuño.

Durante la vigencia de este acuerdo el área de San Juan ha reflejado una disminución de 25 asesinatos en comparación con la misma fecha el año anterior, pero en otras tres regiones donde se implanta el acuerdo: Carolina, Ponce y Caguas la reducción ha sido mínima.

La otra región policiaca donde se refleja un descenso significativo en asesinatos es Bayamón.

Fortuño dejó la puerta abierta ayer para que se expanda el alcance del acuerdo a otras regiones policiacas.

Informe federal no puede ser evidencia

Por Yennifer Álvarez Jaimes,

El secretario de Justicia, Guillermo Somoza Colombani, insistió en que el informe del Departamento de Justicia federal, que concluyó que la Policía de Puerto Rico ha violentado los derechos constitucionales de amplios sectores de la población, no debe ser considerado como evidencia en el Tribunal federal.


Somoza Colombani opinó que “el informe, en términos jurídicos, es una prueba de referencia” en el que se entrevistó a los denunciantes y no a los miembros de la Uniformada.

“Es prueba de referencia debido a que es a base de entrevistas de personas con conocimiento de ciertas circunstancias, pero no incluye las dos caras de la moneda. No se entrevistó, ni se le dio la oportunidad, ni al Gobierno ni a sus funcionarios de ser escuchados y considerados para hacer ese informe. Por consiguiente, no cumple con los requisitos para ser admitida”, aseguró.

Según el Titular de Justicia, “el estándar de prueba en lo federal es preponderancia de la evidencia”.

La controversia surge luego que el Departamento de Justicia se opuso a que la abogada de los estudiantes golpeados en la escalinatas del Capitolio el año pasado utilizara el informe para demostrar que las reclamaciones de sus clientes son justificadas.

De otro lado, el Secretario de Justicia informó que hoy retirará la moción de 15 páginas en la que expresa su rechazo a que el informe sea admitido como evidencia, por entender que el lenguaje que se utilizó no es el apropiado.

La moción que se presentó a nombre del Departamento de Justicia establece que el informe federal de 116 páginas no es confiable, es erróneo y sesgado, y dice que la metodología utilizada para llegar a su conclusión fue “bastante oscura”.

Somoza Colombai reconoció que la moción de 15 páginas está repleta de adjetivos inapropiados y que el escrito debe basarse estrictamente en Derecho.

A preguntas de EL VOCERO, Somoza Colombani dijo que tras el incidente se instruyó nuevamente al cuerpo de abogados de la agencia para que redacten los escritos basados estrictamente en Derecho y aseguren dejar de lado sus opiniones.
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Patrón de violencia en caso de policía municipal que mató a su hija y se suicidó

Wilma Maldonado Arrigoitía / Primera Hora


El carácter violento del sargento Elías Abolafia Morales hacia sus parejas e hijas venía manifestándose desde hacía años, según reflejan las querellas de la Policía en poder de la Unidad de Violencia Doméstica en Arecibo.

Sin embargo, nadie pareció darle importancia al comportamiento de este sargento de la Policía Municipal, denunciado por la madre de su primera hija y de quien estaba separado pero a la que, según las querellas, celaba, amenazaba e insultaba.

Aunque no existen querellas de violencia con su actual compañera, Vicmaries Pérez Rivera, el miércoles en la tarde este hombre, de 34 años, la intentó asesinar. En el incidente, el sargento mató de un disparo en la frente a la más pequeña de sus hijas, Yerianis Abolafia Pérez, una infante de 16 meses de nacida, y después se suicidó.

Sin embargo, en el 2008 y en el 2010, la anterior pareja de Abolafia Morales presentó querellas ante la Policía. En las dos ocasiones, los fiscales que analizaron la prueba determinaron no presentar cargos contra el oficial de la Policía Municipal y tampoco se expidieron órdenes de protección, indicó la directora de la Unidad de Violencia Doméstica de Arecibo, Magaly Rivera Román.

El sargento Frank Pérez, de Homicidios, dijo que alrededor de una semana antes del incidente del miércoles, Abolafia Morales le pidió perdón a la madre de su hija mayor y le solicitó que cuidara mucho a la menor.

Del expediente de la Unidad se desprende que el 24 de mayo de 2008, esta mujer se querelló porque el hombre supuestamente le dijo palabras soeces y ofensivas. Parte de esos insultos fueron su respuesta a la negativa de la hija, que en ese entonces tenía tres años, a besarlo.

El 20 de diciembre de 2010, la mujer, quien no fue identificada por la Policía, volvió a recurrir a la Policía porque la trabajadora social donde estudiaba su hija supuestamente le advirtió que la niña manifestó llorosa que su papá le había dicho que mataría al novio de su madre y también a su mamá, explicó la directora de la Unidad de Violencia Doméstica.

Como parte del protocolo, Abolafia Morales fue desarmado en ese momento pero a las pocas semanas, la Policía Municipal le devolvió el arma de reglamento y tampoco se le refirió a evaluación psicológica, reconoció el comisionado de la Policía Municipal de Arecibo, Rafael Cruz Prater.

Este teniente defendió la conducta que hasta el miércoles había tenido el sargento suicida y homicida, a quien describió como “una persona tranquila, una persona callada”.

“Él estaba luchando la custodia de su hija (la mayor) y en el transcurso de esa etapa surge una Ley 54, parece que para afectar la situación”, concluyó el jefe de la Policía Municipal de Arecibo sobre el presunto verdadero interés que perseguía la querellante. “Se lleva a fiscalía y se consulta con la fiscal Marien Vélez y no habían los elementos para radicarle Ley 54. Después se hace un seguimiento completamente y vuelve y se arma al compañero”, añadió.

Cruz Prater también justificó que rápidamente se le devolviera el arma de reglamento al oficial amparado en que la fiscalía no radicó cargos. Abolafia Morales usó la pistola calibre.40 de reglamento para disparar contra su hija y contra su compañera.

El Comisionado entró en varias contradicciones sobre el tiempo en que estuvo desarmado Abolafia Morales y lo que duró la investigación administrativa. El Comisionado dijo que el policía estuvo desarmado “dos semanas como mucho” y que la pesquisa había tomado alrededor de un mes.

Al preguntársele, entonces, si se armó antes de concluir la investigación, dijo que no y que entonces el arma debió devolvérsele más tarde.

A este oficial no sólo se le devolvió el arma. Cinco meses después lo ascendieron a sargento porque, según el Comisionado, aprobó el examen y su expediente estaba clear.

A pesar de la violencia exhibida el miércoles por Abolafia Morales cuando mató a su hija, atentó contra la vida de su compañera y se suicidó, el Comisionado sostuvo que la determinación de devolverle el arma fue la correcta.

“Nunca, con este matrimonio que llevaba ahora, hubo una Ley 54. Ni querella alguna de Ley 54 con ella”, señaló Cruz Prater. “Él no presentaba violencia. Los mismos vecinos lo dicen, que él no era una persona violenta, era una persona tranquila, pausada, callada”, insistió.

Así también se mostró conforme con la pesquisa realizada por el oficial investigativo de la Policía Municipal, Aracelio Cortés, a pesar de que afirmó ayer que se enteró por la prensa sobre el contenido de las querellas por violaciones a la Ley 54.

A ESCLARECER EL CRIMEN
Tras conocerse la querellas anteriores, la directora del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC), de Arecibo, Mayda Ortiz Ramírez, dijo que se investigará si existía un patrón de violencia doméstica en el hogar actual del sargento Abolafia Morales.

“Estamos indagando toda información. Estamos recopilando información que nos están trayendo los familiares y estamos corroborando”, dijo Ortiz Ramírez.

La directora del CIC de Arecibo dijo que Abolafia Morales llegó hasta la casa de su compañera, de quien hacía un mes que estaba separado, para llevarle un detergente ya que ella le lavaba la ropa y que en ese momento “hubo reclamos”. La pareja llevaba tres años de relación.

PRESENTA MEJORíA
La víctima de violencia doméstica se encuentra en el Centro Médico, en Río Piedras, en estado de cuidado, luego de recibir una herida en el cuello y otra en el brazo.

El director de la institución, doctor Ernesto Torres, reveló que Vicmaries Pérez Rivera, tiene buenos vitales, pero aún permanece sedada y respirando mediante un ventilador mecánico, luego de ser intervenida quirúrgicamente por un cirujano maxilofacial, ya que la bala le entró por el lado izquierdo del cuello y salió por el lado derecho de la mandíbula.

“Presenta buen pulso, se le mandó a hacer una prueba de hemoglobina porque ella perdió sangre y en el hospital donde la atendieron no la transfundieron, a ver cómo ha seguido la hemoglobina, para decidir si se transfundirá”, indicó Torres.

“Le están bajando niveles de sedación para ver cómo responde. Hasta ahora esta inconsciente, está en un ventilador, no la hemos entubado. Posiblemente una vez que se disminuya la sedación tengamos que entubarla, pero ahora mismo no, porque está en un ventilador mecánico”, agregó el galeno, que no se aventuró a ofrecer un pronóstico aún sobre el tiempo que tardará en recuperarse.

Esta mujer de 35 años de edad es enfermera del Hospital Dr. Susoni, en Arecibo. En ese mismo centro hospitalario fue estabilizada el miércoles y luego trasladada en ambulancia aérea.

La directora de enfermeras del hospital, Carmen Fuster, describió a Pérez Rivera como una persona eficiente en su trabajo y de buen trato a los pacientes.

Fuster dijo que esta enfermera era muy reservada y al menos, al personal administrativo no le manifestó preocupación por su seguridad. La Directora señaló que de haberlo hecho le hubiesen provisto ayuda.

“Nosotros como institución tenemos un programa de apoyo a casos de violencia doméstica en los empleados”, dijo la jefa de las enfermeras. “Yo desconocía que ella tuviera algún tipo de problema”, agregó.

Medidas correctivas a la Policía

Medidas correctivas a la Policía
Por Yennifer Álvarez Jaimes, EL VOCERO el 8 de septiembre de 2011 en Ley y Orden · 8 comentarios



El Departamento de Justicia de Estados Unidos revelará en la mañana de hoy los hallazgos de una investigación sobre las alegadas violaciones a los derechos civiles contra la población por parte de la Policía de Puerto Rico.

La investigación comenzó durante el verano de 2008 luego que miembros de la comunidad dominicana denunciaron un patrón de allanamientos ilegales y persecución contra la comunidad inmigrante en la Isla por parte de la Uniformada durante la administración del ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá.

Se espera que en la rueda de prensa Thomas E. Pérez, fiscal general adjunto de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia federal, anuncie al gobernador Luis Fortuño los hallazgos de la pesquisa. Además, se anunciará un acuerdo colaborativo para desarrollar un plan correctivo para las actuaciones de la Policía.

Una fuente de EL VOCERO aseguró que el Gobierno local establecerá un acuerdo con el Departamento de Justicia federal luego que se identificaron 130 asuntos que debe mejorar la Uniformada en el tema de los derechos civiles.

“Las medidas son correctivas, no conllevan multas”, aseguró la fuente a este rotativo.

Se supo que entre las áreas de atención se enfatizará en el establecimiento de entrenamientos sistemáticos en la Uniformada, la revisión de manuales de la Policía, la formación académica de los agentes y la optimización del área administrativa.

También la Policía tendrá que trabajar mano a mano en un acuerdo colaborativo con Justicia federal para delimitar las guías aplicables en el uso de fuerza.

En el pasado, el gobernador Fortuño designó al ex juez asociado del Tribunal Supremo, Efraín Rivera Pérez como monitor de la Policía para atender la revisión del currículo de los cadetes y las fallas administrativas de la Uniformada luego que trascendió la investigación federal. La Fortaleza ha insistido en que durante el período de transición entre la administración de Acevedo Vilá y Fortuño nunca se divulgó la existencia de la pesquisa.
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Pase misín en lucha anti crimen

Por Yennifer Álvarez Jaimes,

El desfase de 30% entre las estadísticas de la Policía y los casos criminales que llegan a los tribunales fue el pie forzado ayer para el debate sobre a quién corresponde la lucha contra el crimen. Al mismo tiempo que datos provistos por las autoridades federales pusieron en entredicho la justificación de que hay más casos que se trabajan en conjunto con ellos, pues el promedio de radicación de la Fiscalía federal es de 400 casos anuales.


El gobernador Luis Fortuño opinó que la lucha contra el crimen es responsabilidad de todos los sectores y no sólo de la Policía y el Departamento de Justicia. EL VOCERO/Luis Alberto López

El gobernador Luis Fortuño opinó que la lucha contra el crimen es responsabilidad de todos los sectores y no sólo de la Policía y el Departamento de Justicia. El Primer Ejecutivo hizo las declaraciones luego que el presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton, divulgara que el ministerio público ha radicado miles de casos menos que en años anteriores. Al presentar los datos estadísticos de la Administración de Tribunales el pasado miércoles, el Juez Presidente dijo que “la Rama Judicial no tiene la responsabilidad de combatir el crimen.

La Rama Judicial tiene la responsabilidad de juzgar los casos que trae el Estado para procesar a las personas que han sido imputadas de delitos y tenemos además la responsabilidad de asegurarnos que a las personas que se les impute algún delito se le garanticen unos derechos constitucionales”.


Fortuño coincidió con el análisis del secretario de Justicia, Guillermo Somoza Colombani, quien justificó que la baja en la presentación de casos por parte del ministerio público se debe a que las autoridades locales están radicando más casos en el ámbito federal. “Hay ocho tipos de crímenes que se envían al sistema de justicia federal y hemos duplicado el número de casos que se envían al sistema federal en comparación con el 2008”, aseguró el Primer Ejecutivo.
 Agregó que se el Estado envía estos casos al sistema federal “porque si alguien le falla a la sociedad queremos que cumpla la pena mayor”.

Según cifras de la Administración de Tribunales, en el período que comprende el año fiscal 2010/2011, se presentaron 26,348 casos criminales graves, mientras que en ese mismo renglón para el 2000-2001, la estadística reflejaba un total de 37,056. Si se compara la totalidad de los delitos Tipo I reportados por la Policía en lo que va de año -unos 37,000- versus los casos criminales graves radicados en los tribunales para el año fiscal 2010/2011 –unos 26,000- hay una diferencia de 11,000. Sin embargo, los casos que radica la fiscalía federal apenas supera la marca de los 400 anuales. No todos los casos criminales que se radican en el Tribunal Federal corresponden a iniciativas conjuntas con las autoridades estatales.

Las estadísticas provistas por la Fiscalía federal reflejan que en el año fiscal 2008 se radicaron 415 casos contra 1,204 acusados; en el 2009 fueron 409 casos contra 1,044 acusados y en el 2010 se radicaron 415 casos contra 1,462 acusados. A junio del 2011, la cifra de casos radicados iba por 300 contra 980 acusados.

Específicamente sobre los Strike Force no se llevan estadísticas por año, pero la fiscalía federal estima que desde el 2006 hasta el 2011 se han acusado a 2,055 individuos como parte de estos esfuerzos en conjunto al gobierno estatal.

En cuanto a las expresiones del Juez Presidente, Fortuño dijo que “me chocan esas palabras, no me hace sentido, la responsabilidad no es solamente de Justicia, la Policía y los tribunales, es de todos los ciudadanos y me preocupa en el contexto por ejemplo de una jueza de Carolina esta semana en un caso de violencia doméstica donde en mi apreciación la decisión del tribunal no parece tener una correlación con el crimen del que estamos hablando”.

Por su parte, el Titular de Justicia hizo un llamado a la ciudadanía para que coopere con las autoridades y brinden su testimonio para nutrir la prueba y así poder tener éxito en el encausamiento. Somoza Colombani admitió que la Policía ha presentado menos casos ante el Departamento de Justicia.

Multa y cárcel para el que no sople

por Leysa Caro González

Cuidado con negarse a soplar, que podría terminar en la cárcel o pagando una multa de hasta $5,000.

El Departamento de Justicia, así como el de Transportación y Obras Públicas (DTOP), endosaron ayer un proyecto de ley que busca convertir en delito el negarse a someterse a la prueba de alcohol o sustancias controladas en la sangre.

La medida, radicada en el 2009 por un grupo de representantes populares, busca enmendar la Ley de Vehículos y Tránsito para disponer que negarse a someterse a la prueba constituirá un delito menos grave con una multa de entre $1,000 y $5,000, y reclusión de entre 30 y 90 días, además de suspensión de la licencia de conducir por un año a partir de la sentencia.

El proyecto establece además que, al negarse al análisis, la persona será conducida inmediatamente ante un magistrado para una vista de causa probable para su arresto, o citación. De encontrarse causa en ese momento, el tribunal retendrá la licencia y la conservará hasta la disposición final del caso, por lo que se considerará “provisionalmente suspendida”.

Mientras, en los casos en que “la detención de la persona fuere resultado de un accidente en el que se hubiere causado grave daño corporal o la muerte de otra persona, negarse a someterse a los análisis se considerará delito grave de cuarto grado que acarreará la pena dispuesta por el Código Penal para tal delito”. En estos casos, la suspensión de la licencia podría ser hasta por cinco años.

Durante el proceso de vistas públicas, el secretario del DTOP, Rubén A. Hernández, sostuvo que la medida “será una herramienta adicional para erradicar de las carreteras a los conductores irresponsables que se atreven a conducir un vehículo de motor bajo los efectos de sustancias controladas o alcohol”.

El superintendente de la Policía, Emilio Díaz, también favoreció el proyecto de ley por entender que ayuda a la Policía en su misión de salvar vidas, siempre y cuando Justicia y el DTOP también favorecieran el estatuto. Reconoció que son muchos los casos que no prosperan en los tribunales ante la ausencia de una prueba científica que certifique el estado de embriaguez en el que manejaba el acusado.

“Yo creo que definitivamente hay que poner un detente en diferentes áreas y ésa es una de ellas, porque imagínese cuántas personas han tenido problemas bajo los efectos del alcohol y cuántos se han logrado llevar a los tribunales respecto a eso”, comentó el Superintendente a Primera Hora.

De hecho, durante el proceso de vistas públicas, el senador Larry Seilhamer, presidente de la Comisión de Urbanismo e Infraestructura, hizo alusión al reciente caso del juez Miguel Rosario Reyes, quien aparentemente se negó a realizarse el examen tras ser intervenido por la Policía el sábado en la noche, según el relato del agente Carlos Báez Rivera.

“El caso reciente de un miembro de la Rama Judicial envía un mensaje erróneo a la ciudadanía: pueden negarse y salir absueltos; y no debe ser así, la atención y legislación sobre este tema es necesaria”, sostuvo el senador en claro apoyo a la medida.

Por su parte, Justicia propuso a través de una ponencia escrita que cuando la detención de la persona fuera resultado de un accidente en el que hubiera causado daño o muerte a otra persona, debería sentenciarse por separado cada delito, en tercer grado.

No hay duda de que las campañas educativas presentes en los medios de comunicación han logrado surtir un efecto, indicó Díaz, pero aún siguen siendo numerosos los casos.

La radicación de la medida descansa también en que la National Highway Traffic Safety Administration ha promovido que los estados establezcan sanciones a los conductores que se rehúsan a someterse a las pruebas químicas o físicas requeridas. Esto es para evitar que la conducta proscrita de negarse a someterse a las pruebas requeridas por el ordenamiento quede impune.

Medidas similares para evitar el tránsito de conductores ebrios en la calle se han radicado, como lo es la ubicación de un aditamento en los carros de personas convictas, el cual éstas tienen que soplar antes de iniciar la marcha del vehículo.

Información de ofensores vía Internet

por Maritza Díaz Alcaide


Las víctimas de delito ya tienen acceso vía electrónica a información sobre el paradero exacto y privilegios, tales como la libertad bajo palabra, que obtienen sus ofensores.


El programa, conocido como Saver, es auspiciado por el Departamento de Corrección y llegó a fines de la semana pasada a Plaza Las Américas, lugar a donde las víctimas podrán acudir para que se les notifique sobre el estatus de los reos que Corrección tiene bajo su custodia.

El secretario de Corrección, Carlos Molina, dijo que las víctimas pueden acceder también a la página electrónica www.saverpr.com para obtener información más general sobre los convictos.

Para datos más específicos, como las gestiones que el confinado realiza ante la Junta de Libertad Bajo Palabra, pases y otros, se requiere el registro en Saver.

Este servicio es exclusivo para las víctimas de delito y sus familiares cercanos.

Por teléfono o a través de correo electrónico, se les avisa a las víctimas si el preso fue excarcelado, murió, se integró a un programa de desvío, fue trasladado o se fugó.

El intercambio de datos es confidencial, es decir, que el ofensor no sabrá que las víctimas solicitaron dicho contacto.


A partir de septiembre, las notificaciones se realizarán también a través de mensaje de texto.

Cada llamada o mensaje se producirá automáticamente cuando el estatus del ofensor cambie.

A cada víctima se le solicitará que proporcione un número de identificación personal, de cuatro dígitos (PIN), para confirmar que recibió el aviso de Corrección.

Si la víctima no responde, el sistema continuará llamando hasta que el usuario ingrese su PIN o hasta que hayan transcurrido 48 horas.

La base de datos está disponible para el registro de todos los confinados del sistema carcelario de Puerto Rico.

El registro también se puede tramitar por teléfono al número 1-877-778-4631.

Bala loca acaba con la vida de joven nutricionista

jueves, 8 de julio de 2010
Ivelisse Rivera Quiñones / Para Primera Hora

Verónica Santiago compartió con su mamá hasta las 7:00 p.m. del pasado martes. Dos horas después encontró la muerte.

La joven nutricionista, de 27 años, se encontraba en la residencia de su amigo Michael Uscennowics Simpson, en el condominio Fountainbleu Plaza. Allí, Uscennowics Simpson sacó un rifle de asalto para mostrárselo a su amigo Pedro Serrano y, según su testimonio, el arma se le disparó. La bala alcanzó a Verónica en la mejilla derecha y le salió por la nuca. Técnicos de emergencias médicas llegaron a la escena, pero ya la joven se encontraba sin vida.

En la escena se ocupó un casquillo calibre 5.56 x 45. En el lugar también había tres pistolas y una Colt .45 Ranger Spirit Tribute pertenecientes a Uscennowics Simpson.

Ayer el padre de la joven, Andrés Santiago, no salía de su asombro tras el triste final de su niña.

“Verónica estuvo compartiendo con su mamá hasta las siete de la noche. Siempre hemos sido una familia unida. Jamás nosotros pensamos que nos iba a tocar una cosa como ésa”, comentó el padre visiblemente afectado por el deceso de su hija.

“Sólo Dios nos mantiene de pie. Sin Dios esto no se puede pasar porque cuando uno no hace daño uno no espera que se lo hagan a uno y ella no hacía daño ni tenía vicios algunos”, agregó el padre.

Santiago indicó que no conoce a los jóvenes que acompañaban a Verónica al momento del incidente, pero que entiende no son malas personas, ya que de ser así su hija no les hubiera brindado su amistad.

“No conozco al muchacho, pero conociendo a Vero, yo no creo que le interesara ser amiga de una persona mala, yo no creo eso”, dijo Santiago.

No obstante, Santiago aclaró que su hija conocía hace poco a Uscennowics Simpson.

“Entiendo que era una relación prematura, estaban comenzando a conocerse; posiblemente ella no conocía cualquier aspecto negativo de él”, continuó Santiago.

Sin embargo, más allá de señalar culpables, Santiago responsabilizó a los tiempos de violencia que se viven en el país por la muerte de su hija.

“A veces nosotros aportamos a tener un país como el que tenemos. Estamos viviendo equivocadamente. Estamos viviendo con un interés por las armas, con un interés por la vanidad, por las películas, por el cine, y estamos dejando lo más importante, que es la vida espiritual. Entonces ella, ahora mismo es víctima”, dijo Santiago.

En horas de la mañana de ayer Serrano fue entrevistado en el CIC de San Juan.

Entrada la tarde, Uscennowics Simpson no se había presentado al CIC. Primera Hora supo que el joven padeció un ataque de nervios tras los hechos y que su madre lo había llevado a recibir asistencia médica con un profesional de la salud mental.

Una fuente adelantó a Primera Hora que el incidente será tratado como un homicidio involuntario.

A prisión policías con “uniforme deshonrado”

miércoles, 7 de julio de 2010
Nydia bauzá / Primera Hora

Tres de los policías que fueron arrestados en el operativo “Uniforme deshonrado” en 2006 fueron sentenciados ayer a varios años de cárcel.

Omar J. Mora, quien era policía estatal, y los guardias municipales de San Juan, Edwin Rosario Román y Osvaldo Candelario Martínez, fueron convictos de soborno agravado por aceptar dinero a cambio de dar protección a cargamentos de drogas en San Juan, Carolina y Fajardo.

Mora y Rosario Román, presuntos cabecillas del grupo, fueron condenados a 13 años y medio de prisión. Candelario Martínez fue sentenciado a seis años y medio de presidio.

Las sentencias se las impuso el juez del Tribunal de Apelaciones, Abelardo Bermúdez, quien el año pasado presidió el juicio en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

Otros dos policías estatales, Rolando Ortiz Rivas y Juan C. Ortiz Alcázar, convictos de violar la Ley de Ética Gubernamental, ya habían sido sentenciados a pagar una multa de $1,000.

Los cinco policías, que estaban suspendidos de empleo y sueldo, fueron encontrados culpables el 22 de noviembre de 2009.

Los fiscales Francelis Ortiz Pagán y José Esteban, de la División de Crimen Organizado, presentaron como parte de la prueba de cargos tres vídeos en los que se observaba a dos de los acusados cargar fardos simulados de heroína de un bote a una guagua, en el sector Las Croabas, en Fajardo. La cinta muestra, además, cuando llegan con “el cargamento” a un almacén en Carolina, lo depositan allí y cobran por sus servicios.

En otro de los vídeos aparece otro de los imputados vestido con el uniforme de policía municipal y con su arma de reglamento, dando protección a otra transacción simulada de un kilo de droga, explicó la fiscal.

Ortiz Pagán dijo que el caso fue producto de una investigación del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) que comenzó el 6 de septiembre de 2006, cuando un informante le presentó a Mora a un agente encubierto del NIE.

A los acusados se les imputó dar escolta y protección a transacciones simuladas, bajo el entendido de que se trataba de droga, los días 19 y 20 de septiembre, 3, 5 y 11 de octubre y 7 de noviembre de 2006. Se alega que los policías participaron en uno u otro de los eventos y que en una de las transacciones se utilizó un bote.

Los policías estuvieron representados por los abogados Luis Valle Brenes, Francisco Adams, Jorge Gordon Meneses y Víctor Otero.

Crítico déficit de policías

Crítico déficit de policías
La escasez de supervisores agrava el problema



De acuerdo con un experto en criminología y ex investigador de la Policía, las bajas de agentes fluctúan entre las 800 y 1,000 por año, muchas más que las cerca de 500 estimadas por la Uniformada.Por Ricardo Cortés Chico / rcortes@elnuevodia.com

En momentos en que los asesinatos en el País rondan los 380 casos, un alza que representa alrededor de un 3.3% en comparación con el año anterior, la cantidad de uniformados poco a poco disminuye, al punto que, según cifras oficiales, actualmente cuentan con alrededor de 17,100 miembros.

En total, según cifras ofrecidas por el superintendente José Figueroa Sancha, en la Policía hay un total de 3,839 vacantes, la mayoría en puestos de supervisión inmediata a los agentes que rondan las calles del País. En su punto pico, a finales de la década de 1990, la Policía llegó a contar con más de 21,000 uniformados.

“Esto no es un problema de ahora. Desde hace unos años vienen aumentando las vacantes”, explicó el superintendente auxiliar de Operaciones de Campo, el coronel Leovigildo Vázquez.

Precisamente, Vázquez indicó que la dificultad mayor que la limitación de personal implica es en la supervisión de las tareas policiales. De las vacantes, 174 puestos corresponden a tareas de alto mando. Del mismo modo, 2,338 de las vacantes son para puestos de supervisión inmediata a los agentes.

“Es algo de lo que estamos conscientes. Hay cuarteles que, por ejemplo, no cuentan con un supervisor auxiliar y eso dificulta la supervisión porque una persona no lo puede hacer todo... La necesidad existe. El volumen de trabajo es alto”, reconoció Vázquez.

Según el profesor de criminología y ex investigador de la Policía, José Luis Pacheco, quien dudó de que en efecto la Policía cuente con 17,100 miembros, lo ideal es que la Policía cuente con un sargento por cada seis agentes.

“La realidad es que nunca se ha llegado a eso... Yo creo que ese es un problema principal en la Policía. Un solo supervisor, por ejemplo, en un turno no puede salir para verificar que todos los agentes estén haciendo el trabajo. Eso se refleja en cómo trabajan en las calles. Es normal ver a los policías hablando largo rato por un celular sin estar pendiente a nada más. Eso no debe pasar”, dijo Pacheco.

Clave los sargentos

El ex superintendente de la Policía, Miguel Pereira, por su parte, coincidió con la importancia de los sargentos en la cadena de supervisión. Actualmente, la Policía cuenta con 1,282 vacantes en este rango. “A nivel de sargento, ninguna plaza debe estar vacía. Los sargentos son el instrumento de gerencia crítico porque es la supervisión inmediata, porque son los que verifican los trabajos de los agentes en las situaciones que ocurren”, dijo Pereira.

Vázquez, por su parte, señaló que se trata de una situación complicada, pero que trabajan para atender, puesto que en el pasado han detectado una correlación entre bajas en la cantidad de delitos y mejorías hechas a la cadena de supervisión en la Policía. Indicó que la solución no puede ser, por ejemplo, ascender 1,282 agentes a sargento porque eso disminuiría demasiado la cantidad de policías en las calles.

“Esta situación es una de las prioridades que tenemos. Los exámenes de ascenso se están ofreciendo y los rangos se están dando, pero de una manera que no haya un desbalance y que vaya acorde con las necesidades que tenemos en todos los niveles”, dijo.

No obstante, la suma y resta en la Uniformada entre las proyecciones de reclutamiento en la Policía y la salida de los miembros de la fuerza no es del todo alentador.

Figueroa Sancha, en las vistas de presupuesto de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, señaló que actualmente alrededor de 244 uniformados se encuentran realizando trabajos propios de personal civil, lo que reduce la cantidad de miembros con funciones en las calles.

reclutamiento insuficiente

Vázquez, por su parte, señaló que desde el 2006 se han reclutado 447 cadetes y se trabaja en un plan para reclutar unos 1,000 nuevos agentes.

Según el coronel, anualmente se registran alrededor de 500 bajas en el cuerpo, la mayoría por jubilaciones, despidos y renuncias.

No obstante, según Pacheco, esta cifra es conservadora. Señaló que la salida de uniformados ronda entre 800 y 1,000 por año. De ser así, en esencia en la Policía se reclutan menos policías de los que salen de la fuerza.

Vázquez explicó que el reclutamiento es un proceso que en ocasiones puede demorar, ya que por instrucciones de Figueroa Sancha están siendo muy cuidadosos en la selección de los cadetes. “Inclusive, hasta les estamos haciendo pruebas de polígrafo”, señaló el coronel.

Pereira, por su parte, opinó que la disminución en el total de miembros en la Policía no necesariamente es negativa, si se invierten los recursos económicos en adiestramientos y equipo que ayude al esclarecimiento de casos.

“Aquí hay alrededor de un policía para cada 235 personas. Eso es por la visión de que la presencia de la Policía en un lugar previene que ocurran delitos. Esto es falso. Eso lo que hace es dilatar el delito; lo pospone. Yo creo que la Policía debe estar orientada completamente al esclarecimiento de delitos. Es únicamente la certeza de arresto y castigo lo que va a alterar el comportamiento delictivo en Puerto Rico”, dijo Pereira.

Pacheco, por su parte, coincidió en la necesidad de reforzar la rama investigativa de la Policía. Sin embargo, discrepó en cuanto a la efectividad de los esfuerzos de prevención.

Señaló que una numerosa presencia policiaca en las calles, en gran parte de los casos, previene que los delincuentes se expongan a cometer una fechoría y ser arrestados.

“Muchos al final desisten (de cometer el delito)”, dijo Pacheco.