El secuestro, un rompecabezas

Por Marga Parés y Ricardo Cortés / puertoricohoy@elnuevodia.com Un trabajador social forense estuvo hasta tarde, en la noche de ayer, entrevistando al niño de 6 años Alfrey Infante Pérez en las oficinas del Negociado de Investigaciones Federales (FBI), en un intento por armar el rompecabezas de su secuestro, que mantuvo en jaque por más de diez horas a las autoridades locales y estadounidenses.

El niño fue encontrado confundido, con hambre y buscando a su padre, a eso de las 4:40 de ayer, en la intersección entre la calle Segarra y la avenida Ponce de León, frente al edificio Mercantil Plaza, en Santurce. El mismo menor se acercó corriendo a una mujer que cruzaba la avenida, identificada como Nélida Muñoz, de 67 años. “Estoy perdido. Estoy buscando a mi papá”, le dijo el pequeño a Muñoz, según dijo la hija de esta, Margarita Frontera. Muñoz llevó al menor hasta uno de los guardias de seguridad del Mercantil Plaza quien -por el uniforme del niño- lo identificó como el secuestrado en la mañana de ayer en Barrio Obrero. El coronel Reynaldo Bermúdez, director de la Región Norte de la Policía, señaló que los agentes del cuartel de Hato Rey Este, que llegaron al lugar, encontraron al niño en buen estado de salud. “Solo dijo que tenía hambre”, dijo Bermúdez. Según Frontera, el menor le indicó a Muñoz que los secuestradores supuestamente le dieron donas y que, al dejarlo en libertad en los predios del edificio, le dijeron que su papá lo recogería allí. “El nene estaba como perdido porque no veía a su papá”, dijo Frontera. El niño fue llevado primero al cuartel de Hato Rey Este y luego, hasta las oficinas del FBI en la calle Chardón. En el edificio federal, el menor sería examinado por médicos, como usualmente se hace en estos casos. “Él estaba bien tranquilo, aunque no había comido nada desde por la mañana”, dijo el sargento Tomás González, del cuartel de la Policía de Hato Rey Este. Según dijo, el menor estaba preocupado porque los secuestradores le habían llevado su bulto escolar. “Le mandamos a buscar comida porque tenía mucha hambre”, dijo. Enmascarados El secuestro acaparó la atención pública poco después de las 6:15 de la mañana. Justo frente a la casa de la víctima en la avenida Borinquen, en Barrio Obrero, el padre del menor, José Alberto Infante Tronilo, montaba al chico y a su hermanito, de 4 años, en un vehículo para llevarlos a la escuela, cuando fue interceptado por los secuestradores. Eran cuatro; estaban enmascarados y llevaban guantes puestos. Se desconocía si los individuos estaban armados. Los sujetos golpearon al hombre en la cabeza y se llevaron a su hijo mayor a bordo de una guagua Jeep, Cherokee, de color oscuro. La madre de los menores, identificada como Frinett Pérez Vargas, de 33 años, se encontraba en la residencia al momento del secuestro. Un familiar del menor recibió una llamada una hora después del secuestro, presuntamente de los secuestradores, pero no le solicitaron dinero. Ayer, gran parte de los trabajos de recuperación de evidencia se concentraron en el negocio El Canasto del Caribe, propiedad del padre del menor. Esta familia reside en los altos del local. Abbas Khorsandi, socio iraní de Infante Tronilo, recordó que este había sido secuestrado en el 2004, pero que logró escapar de sus raptores. Ayer, en una entrevista inicial, el padre del niño reveló dicho rapto. En esa ocasión los delincuentes lo llevaron hasta un cajero automático para que retirara dinero. Sin embargo, hasta ayer no había reportado el incidente a las autoridades. Empleados del colegio Cupeyville School, donde el niño secuestrado cursa el primer grado, coincidieron ayer en que tanto el niño como su familia son buenas personas. “Son gente bien trabajadora”, dijo Raquel Luciano, empleada de la cafetería La Nueva Ingrid. De manera similar se expresaron los vecinos de la familia. Según Jordan Sebastián, Infante Pérez y su hermano son unos niños “muy estudiosos”. Tras el hallazgo del menor, las autoridades se concentraron en la captura de los cuatro secuestradores. El móvil del rapto no estaba claro ayer, según precisó Bermúdez. El FBI dirige la pesquisa. Diana Rosa, portavoz alterna del FBI, señaló que todavía es muy pronto para informar cómo procederán en la investigación del secuestro. “Hasta el momento, estamos recuperando información y trabajando con confidencias. Las llamadas (confidencias) son muy importantes”, dijo Rosa. Los reporteros Álex Figueroa Cancel, Lymaris Suárez, Frances Rosario, Alba Muñiz García, Rebecca Banuchi y Maribel Hernández colaboraron en esta historia.

Sube el telón para Pesquera

Por Eugenio Hopgood Dávila / ehopgood@elnuevodia.com

El nombramiento del nuevo superintendente de la Policía, Héctor Pesquera, no responde a instrucciones ni recomendaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, indicó ayer un portavoz de La Fortaleza.

“No, pero ciertamente lo conocen y han trabajado con él cuando estaba en Puerto Rico”, fue la respuesta de Edward Zayas, al preguntársele si Justicia federal lo había recomendado o había tenido un papel directo en su designación.

Un blog de Miami (nelsonhortareporta.com) había indicado el 26 de marzo que Pesquera, quien se desempeña como subdirector a cargo de seguridad del puerto de Miami, había sido nombrado asesor de seguridad del gobernador Fortuño por iniciativa de Justicia federal.

El miércoles el gobernador anunció que aceptaba la renuncia del general Emilio Díaz Colón a la superintendencia y el mismo día se filtró la información de que Pesquera sería su sucesor. Ayer Fortuño hizo el anuncio formalmente en un comunicado de prensa.

“Me complace anunciar el nombramiento de un gran puertorriqueño y un gran servidor público para dirigir nuestra Uniformada”, dijo el gobernador. Agregó que Pesquera “tiene el conocimiento, la experiencia, el liderato, el compromiso y la trayectoria de resultados probados para dirigir con éxito nuestra Policía”.

El comunicado oficial incluyó declaraciones del propio Pesquera, en las que hace énfasis en las “iniciativas de prevención y detección temprana”.

“Es con enorme sentido de compromiso que acepto este reto. Comparto plenamente la visión del gobernador de que no es suficiente combatir el crimen, tenemos que ir a la raíz del problema fortaleciendo nuestras iniciativas de prevención y de detección temprana. Y para esto es indispensable contar con el apoyo de todas nuestras comunidades”, declaró Pesquera.

Pesquera fue el número dos del FBI en Puerto Rico entre 1992 y 1995 y a finales de ese último año fue nombrado director de la oficina local, cargo que ejerció hasta 1998 cuando fue puesto a cargo de la oficina del Buró en Miami.

Como parte de su gestión en el liderato del FBI en Puerto Rico, participó en la coordinación de la llamada política de “mano dura” del entonces gobernador Pedro Rosselló, en medio de la cual se produjeron cifras de asesinatos que fueron un récord en ese renglón negativo, solo superados por los dos pasados años.

La Fortaleza informó que Pesquera, nacido en Santurce en 1946, estuvo 27 años en el FBI y se retiró en 2003.

En una acción sin precedentes, el comunicado del gobernador incluyó declaraciones elogiosas acerca de Pesquera por parte de varios funcionarios federales y estatales de condados de Estados Unidos, incluido el exdirector nacional del FBI Louis Freeh.

“Siempre ha tenido todo el apoyo del FBI y su reputación como un profesional de carrera es incuestionable”, declara Freeh, según el comunicado. “Es el líder de orden público por excelencia”, dijo por su parte el excomisionado de la Policía de Florida James Moore.

SENTIMIENTOS mixtOs

En la Policía, la reacción a la designación de Pesquera fue mixta. Oficiales de alto rango que hablaron con la condición de que no se revelaran sus identidades dijeron que no tenían problema alguno con que otra persona “de afuera” de la agencia viniera a dirigirla.

Mientras, otros no solo mencionaron que no lo conocían sino que entendían que era un buen momento para nombrar a un oficial de carrera. “Lo importante aquí es que venga a hacer el trabajo”, dijo un jefe de Homicidios del área norte.

Otro oficial de la rama investigativa mencionó que hubiese preferido que se nombrara a un policía como nuevo superintendente y dijo que no importa si Pesquera trae buenas intenciones, la clave para que pueda dirigir con efectividad será “domar” a los coroneles.

“Esos individuos, si estás de malas con ellos, te sacan sin ningún problema”, dijo un teniente, quien opinó que Díaz Colón ya se estaba “acoplando”.

Mientras, una oficial reconoció desconocer por completo el trasfondo de Pesquera. “Cuando estás a este nivel te das cuenta que tus jefes son aves de paso, aunque les tienes una lealtad”, manifestó.

Mientras, Jaime Morales y Diego Figueroa, líderes sindicales de la Policía, se expresaron cautelosos.

“No sé nada de él, solo que dirigió el FBI en los noventa. Lo ideal era que quien viniera haya sufrido el dolor de la Policía”, dijo Morales, director ejecutivo de la Corporación Organizada de Policías y Seguridad (COPS).

Figueroa, presidente del Frente Unido de Policías Organizados (FUPO), dijo que espera que Pesquera, de ser confirmado, se convierta en un motivador. “La Policía lo que necesita es que venga alguien a motivar”, dijo.

Empresario en lío federal por esquema fraudulento

por Francisco Rodríguez-Burns / Primera Hora

El abogado dijo que su cliente se sentía nervioso, y así parecía mientras el acusado comenzó a contestar las preguntas de un magistrado federal con un mero “Ok”. Sin embargo, se necesitaban respuestas afirmativas, contundentes, mientras el empresario Pedro A. Mora Mora se declaraba culpable de un cargo de fraude de valores en el que más de 200 inversionistas pudieron haber perdido $1.4 millones.

El empresario después comenzó a contestar las preguntas del magistrado Marcos E. López con un “sí, señoría”, aunque a veces su voz temblaba, delatando su nerviosismo.

A diferencia de su ademán en sala, el cargo que pesa en su contra refleja un nivel de planificación que contrasta diametralmente con el semblante y el estado emocional del estafador. Como muchos crímenes financieros, la acusación incluye términos técnicos, pero detrás de la frialdad del delito se esconden la calculación, las mentiras y mucha avaricia.

Según las autoridades federales, Mora, junto a individuos de una compañía identificada como Euro International Group, Inc., prometieron ganancias mensuales o trimestrales mediante la compra de productos en Europa y China, que nunca se materializaron. Los inversionistas recibieron pagarés que certificaban sus ganancias, pero el dinero provenía de sus propias inversiones. Los criminales se lucraron del fondo generado por las inversiones.

Ante el magistrado federal, Mora se declaró culpable de un cargo de fraude de valores. Firmó un acuerdo presentencia que sugiere una pena de cárcel de 51 a 63 meses, y accedió a la confiscación de $1.4 millones, producto de las ganancias ilegales obtenidas a través de la operación criminal. Accedió, además, a identificar dinero y bienes que puedan cubrir la pérdida, y aceptó que la confiscación pueda incluir propiedades en la urbanización Ciudad Universitaria, en Trujillo Alto, y en la urbanización Monte Mar, en Hatillo.

Se acabaron los chavos

Como muchos otros esquemas tipo Ponzi, los estafadores fueron descubiertos luego que se agotaran los fondos de las inversiones. El esquema se extendió entre agosto de 2004 y diciembre de 2007, pero en julio de este año los inversionistas dejaron de recibir sus pagos.

De hecho, en diciembre de 2007, los miembros de la conspiración enviaron cheques por correo de una cuenta de Washington Mutual que no tenía suficientes fondos para cubrir los pagos. Se estima que los inversionistas pagaron un total de $4.8 millones, y algunos pudieron recuperar parte de su dinero.

Mora salió del Tribunal Federal en Hato Rey luego de asegurar el pago de una fianza de $10,000. El magistrado sólo le permitió viajar al estado de Florida, donde hace negocios, y le ordenó que no incurriera en ninguna otra transacción.

A su salida del Tribunal Federal, el sujeto intentó tapar su rostro con su chaqueta mientras salía por la puerta principal, y no contestó ninguna pregunta de un fotoperiodista. Luego, volvió a tapar su rostro cuando se montó en su vehículo deportivo, de marca europea.

Las autoridades aseguran que la investigación contra Mora y EIG continúa. Varios intentos por contactar a un representante de la compañía resultaron infructuosos.

Ristra de fraudes
El esquema en el que Mora se vio implicado es sólo uno de muchos que se están detectando en Puerto Rico. Según indicó el coordinador de la División de Fraude Corporativo de la Fiscalía Federal, Charles R. Walsh, quien representa al Gobierno de Estados Unidos en el caso, los esquemas comparten características al prometer ganancias rápidas y, en ocasiones, un elemento de secretividad que sirve como un doble propósito: evitar la detección del estafador y prolongar la estafa.

“El motor principal es la avaricia. Se prometen grandes ganancias y, en muchas ocasiones, los propios inversionistas, las víctimas, se convierten, indirectamente, en los principales promotores del esquema. Al creer que es legítimo, contactan a familiares, a feligreses de su iglesia, la voz se corre y más personas caen en la estafa. Lógicamente, la gente descubre que han caído víctimas de un esquema cuando el dinero se agota”, indicó.

A pesar de que las autoridades federales no pueden hacer ningún comentario relacionado con una investigación en curso, la Isla también se ha convertido en un escenario para otros fraudes tipo Ponzi.

En un esquema conocido como “Prime Bank”, el estafador promociona una inversión a través de fondo especial o un banco secreto. Como en el Ponzi, las víctimas en ocasiones reciben pagos, pero el dinero se genera a través de las mismas inversiones.

“Si la persona tiene que tomar prestado para invertir, cuidado, esto podría ser una señal de que algo puede andar mal” , señaló Walsh.

Chemito Soto: “Líder de ganga”

por Francisco Rodríguez-Burns

El hijo del alcalde de Canóvanas, José “Chemo” Soto, ocupó posición de liderato dentro del organigrama criminal de una poderosa organización de narcotráfico que ayer fue desarticulada por las autoridades con operativos que se realizaron en Puerto Rico y Los Ángeles, California.


El vástago del Ejecutivo Municipal figura en la sexta posición del pliego acusatorio que emitió el Gran Jurado federal el pasado 23 de septiembre contra 28 individuos, algunos de ellos de ascendencia mexicana. Según las autoridades federales, Christian Soto Mujica, mejor conocido como “Chemito” o “Che”, era uno de tres líderes puertorriqueños de la pandilla que mantenía una cadena de distribución de marihuana entre México, California, Florida y Puerto Rico.

La acusación federal recoge las operaciones de la banda durante el 2010 y, según algunos estimados conservadores, ésta generó cerca de $5,000,000 mediante la venta de marihuana en ese periodo. Las autoridades aseguran que la organización criminal estuvo en funciones antes de los hechos alegados en la acusación del Gran Jurado.

Arrestan al hijo de Chemo Soto
Pero los cabecillas del grupo son mexicanos con vínculos en carteles de ese país. Éstos coordinaban gran parte de los cargamentos de drogas que se enviaban a los Estados Unidos.

“Es una organización poderosa y sofisticada y muy peligrosa. Se desmanteló el grupo que enviaba la marihuana a Puerto Rico desde México”, sostuvo el director de la Administración federal Antidrogas, Javier Peña, al detallar que se incautaron $185,000 entre las personas que se arrestaron, entre California y Puerto Rico, y 60 libras de marihuana.

Como muchas otras organizaciones criminales, la ganga estaba dispuesta a recurrir a la violencia para proteger su negocio. Chemito, quien tenía aspiraciones políticas y quería ocupar un escaño en la Cámara de Representantes por el PNP, fue arrestado con una AK-47 y dos pistolas. Las autoridades investigan si éste tenía una licencia para algunas de las armas incautadas.

“Los acusados poseían y cargaban armas de fuego como parte de sus actividades narcodelictivas. De hecho, en una ocasión, varios acusados discutieron la posibilidad de secuestrar y asesinar a un individuo, quien ellos creían les había robado uno de los paquetes de marihuana”, sostuvo la jefa de la Fiscalía Federal, Rosa Emilia Rodríguez Vélez.

Veintitrés de los 28 acusados, incluyendo el cabecilla de la organización de la banda, Tony Godines Lupián, fueron arrestados durante el día de ayer. El hijo de Chemo, junto con otros acusados, desfilaron ante el magistrado federal Bruce McGiverin, quien ordenó su ingreso inmediato al Centro Metropolitano de Detención de Guaynabo y fijó la vista de fianza y lectura de acusación para el próximo viernes.

La banda utilizaba el Servicio Postal de Estados Unidos para el envío de paquetes, algunos de los cuales llegaron a residencias de la urbanización Flores de Montehiedra. De hecho, varias de las casas estaban desocupadas y, en otras, sus dueños estaban de viaje cuando arribaba el cargamento.

El director de la División Doméstica de Narcóticos de la Fiscalía Federal, José Capó Iriarte, indicó que los narcos “interceptaban” los paquetes antes de que los residentes del complejo pudiesen reclamarlos.

“Los residentes de Montehiedra no tienen nada que ver con esta conspiración. Meramente las personas acusadas utilizaban sus direcciones para poder enviar los paquetes”, aclaró.

Mucha de la droga que llegaba a otros destinos privados se distribuía en la zona norte del país y en residenciales públicos, incluyendo Manuel A. Pérez. Los acusados también enviaban grandes cantidades de dinero en efectivo a sus compinches en California. En ocasiones, algunos de los acusados viajaban a Estados Unidos para entregar el dinero personalmente.

Los acusados enfrentan un mínimo de 10 años de cárcel y un máximo de condena perpetua por cargos de conspiración de poseer con intención de distribuir “no menos de mil kilogramos de marihuana en Puerto Rico”. Los mismos también enfrentan otro cargo por conspirar para utilizar el Servicio Postal para distribuir sustancias controladas.

Dos sujetos que presuntamente formaban parte de la organización criminal, Alex J. Ramos Mediavilla, quien fue identificado como otro de los líderes puertorriqueños, y Javier Torres, mejor conocido como “Barra”, también enfrentan otro cargo por someter información falsa a la DEA. Según el pliego, éstos certificaron a la agencia que $42,342 que fueron confiscados el pasado 26 de junio “no era producto de actividades ilegales a sabiendas de que eran producto del narcotráfico”.

Los acusados enfrentan una alegación de confiscación de $5 millones. Los federales retienen una propiedad de Chemito en el condominio Alborada, de Canóvanas, entre otras residencias y negocios en Loíza, Carolina y Río Grande.