Más corruptos que nadie

Por José A. Delgado / jdelgado@elnuevodia.com WASHINGTON – En ningún estado de Estados Unidos hubo más convicciones por corrupción gubernamental durante 2011 que en Puerto Rico, según la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia federal. Las 130 convicciones ocurridas en la Isla en 2011 marcaron, además, el total más alto en un distrito de la Fiscalía federal durante cualquier año de la pasada década. El total de casos en Puerto Rico en 2011 supera incluso el de los cuatro distritos de California ese año, a pesar de que en ese estado residen más de 37 millones de personas, una población 10 veces mayor que la de la Isla. Entre las cuatro oficinas de California, el pasado año hubo 52 convicciones federales por corrupción gubernamental, menos de la mitad que en la Isla. En su informe anual al Congreso, la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia indicó que el análisis de convicciones por corrupción logradas por las 93 oficinas de distrito de la Fiscalía federal precisa que solo Nueva Jersey tuvo más que Puerto Rico entre 2002 y 2011 (429 a 396). “Ofensa” a la democracia “La corrupción en cualquier nivel del Gobierno ofende los ideales bajo los cuales nuestra democracia se construye. No podemos permitir que el aprovechamiento de su cargo por parte de los oficiales electos quede impune”, indicó ayer la fiscal federal de San Juan, Rosa Emilia Rodríguez, en una declaración escrita, al divulgar el informe. El exfiscal federal Ignacio Rivera, abogado y analista radial, indicó que, como director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Luis Fraticelli -ahora asignado a Washington- puso en marcha “un task force” a gran escala para combatir la corrupción. “Fraticelli encontró que la corrupción gubernamental era espantosa. Esas semillas que sembró Fraticelli están dando frutos. Son casos que son producto de varios años de investigación en torno a la corrupción rampante de empleados públicos que existe en Puerto Rico”, dijo Rivera, en entrevista telefónica. En 2011, el estudio de la organización alemana Transparencia Internacional ubicó a Puerto Rico como el país número 39 más propenso a la corrupción. Ese mismo año, después de haber arrestado en 2010 a 133 agentes policiales en un operativo contra el narcotráfico, la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia -en un informe en que denunció el funcionamiento de la Policía de la Isla- mantuvo que “el grado de corrupción y conducta criminal policiaca en Puerto Rico es elevado”. Peor que nunca Para el exrepresentante independentista David Noriega, quien fue uno de los copresidentes de la comisión anticorrupción del gobierno de Sila María Calderón, el nuevo informe de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia federal puede significar que la situación está peor que nunca. “No hay modelos a seguir en el Gobierno. Tenemos un gobernador que no cree en el Gobierno, que favorece a sus amigos con contratos. Eso sirve de incentivo para un alto índice de corrupción”, dijo Noriega. A Noriega le preocupa que las dependencias del Gobierno de Puerto Rico, como el Departamento de Justicia y la Oficina del Contralor, no parezcan estar combatiendo la corrupción con fuerza. Las 130 convicciones federales por corrupción en Puerto Rico en 2011 representaron más del 11% de todos los casos logrados por los fiscales en los 93 distritos que tiene el Departamento de Justicia de Estados Unidos, según se desprende del informe. En total, por medio de las 93 oficinas de Fiscalía federal fueron acusados en 2011 1,082 funcionarios federales, estatales y locales, así como ciudadanos, por delitos relacionados a la corrupción gubernamental. Los veredictos o aceptaciones de culpabilidad, que incluye casos sometidos en años anteriores, sumaron 1,107.

Palmadita en la mano a Piculín Ortiz

Por Limarys Suárez Torres / lsuarez1@elnuevodia.com

Un mes y ocho días más de prisión es lo que tendrá que cumplir el excentro de la Selección Nacional de Baloncesto, José Rafael ‘Piculín’ Ortiz y en diez meses podrá retomar su vida en la sociedad como si nunca hubiese tenido 218 matas de marihuana con la intención de distribuirlas.

Ayer, Piculín Ortiz recibió una favorable sentencia por parte de la jueza federal Carmen Consuelo Vargas de Cerezo, quien acogió la recomendación mínima de 18 meses de cárcel, aunque con la variación de que la mitad de la condena sea en encarcelamiento domiciliario y tomando tratamiento psiquiátrico, psicológico y de adicción a la cocaína en el Hogar Santísima Trinidad.

Desde su inicio, el caso de Piculín fue uno atípico, porque no es usual que la Fiscalía Federal someta cargos a personas que solo tienen matas de marihuana y tampoco es usual la recomendación de sentencia de 18 a 24 meses de cárcel.

Sin embargo, fue un factor clave en el caso la condición seria de adicción por la que atraviesa el excentro de la Selección Nacional, quien desde el pasado 8 de abril está preso en el Centro Metropolitano de Detención (MDC, por sus siglas en inglés) tras fallar a una sorpresiva prueba de dopaje el 4 de noviembre, día en que se declaró culpable por tener las 218 matas de marihuana.

“Le impuse una sentencia que le da una oportunidad... Usted cometió errores serios, pero siempre hay una oportunidad. Algunos pueden pensar que no es suficiente, pero esta es la sentencia de esta Corte. No regrese a esta Corte a pedir perdón. No haga eso. Viva sus palabras y Dios lo bendiga”, expresó Vargas de Cerezo a la exgloria del baloncesto nacional después de dictaminar su condena.

Vargas de Cerezo mencionó que tomó en consideración los 20 años que Piculín llenó de gloria a Puerto Rico, que carece de récord criminal previo y su condición crónica de adicción.

Asimismo, la juez federal le impuso a “El Concorde”, como también le apodaban por sus casi siete pies de estatura, a cumplir 600 horas de servicio comunitario durante las que tendrá que ofrecer charlas a la juventud en contra de las drogas y deberá cumplir también con cuatro años de libertad supervisada.

Si durante la libertad supervisada Piculín falla a una prueba de dopaje, tendrá entonces que regresar a prisión por el resto de los cuatro años que le falte por cumplir.

El pasado 4 de noviembre, el fiscal federal José Capó Iriarte, a cargo del caso, llegó a un acuerdo con Piculín y sus abogados de la Oficina del Defensor Público Federal Héctor Ramos y Vivian Marrero para recomendarle a Vargas de Cerezo una condena de entre un año y medio a dos años de prisión.

Pide perdón

“No soy perfecto. He llegado muy alto y a la vez muy bajo. Dios no ha terminado conmigo... Acepto mis actos no solo por lo ilegal de ellos, sino por el nefasto daño que hice a mi País... Hago un compromiso de llevar el mensaje de lo inaceptable que fue mi conducta. Ahora busco mejorar. La gente buena jamás fracasa. El que fracasa es el que se quita, el ganador, aún en la noche, resplandece”, expresó por su parte Piculín antes de escuchar la sentencia.

Asimismo, Piculín pidió perdón a sus familiares por haberlos puesto en vergüenza y agradeció a sus amigos que siempre estuvieron a su lado.

“Pido perdón a mi Patria por haberlos defraudado después de tantos triunfos juntos”, añadió.

Varias figuras del deporte como el exgerente general de la Selección Nacional de Baloncesto Salvador ‘Salvi’ Vilella; el exbaloncelista Jerome Mincy; el vicepresidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, Ricardo Carillo; el secretario general emérito de FIBA América, Genaro ‘Tuto’ Marchand, y el exapoderado de los Atléticos de San Germán Armandito Torres se expresaron complacidos con la sentencia impuesta a Piculín y esperanzados en su rehabilitación.

En picada los fondos federales

Por Maricarmen Rivera Sánchez,

Puerto Rico está perdiendo fondos federales supuestamente porque el comisionado residente Pedro Pierluisi pone sus esfuerzos en impulsar un proyecto de estatus. Al menos esta es la interpretación del candidato popular a este puesto, Rafael Cox Alomar.


A juicio del opositor de Pierluisi, el hecho de que Puerto Rico no sea un estado no se puede dar como excusa para que la Isla haya recibido menos fondos federales. Según dijo, otros territorios como Guam y Samoa Americana vieron un aumento en los fondos que recibieron.

El estimado del candidato popular es que Puerto Rico perdió $1,200 millones en fondos que llegan a través de propuestas o ‘grants’.

“Per cápita hemos tenido una merma mayor que la que han visto otros territorios como Samoa y Guam”, dijo. “La curva de ellos (estos territorios) sigue en ascenso, mientras que la nuestra está en descenso”.

Según las tablas que presentó Cox Alomar en una conferencia de prensa ayer, en el 2009 Guam recibió $213 millones mientras que en el 2010 recibieron $408 millones. Para estos mismos años, la Samoa americana recibió $387 millones en uno y $450 millones en el 2010. En el 2009, Puerto Rico recibió $7,526 millones; mientras que este año la asignación fue de $6,313 millones.

Esto implica –según dijo el candidato popular– que Puerto Rico recibe $5,688 en fondos federales per cápita; mientras lugares como Guam reciben $11,118 per cápita.
“Por lo tanto, el argumento de que Puerto Rico recibe menos fondos por no ser un estado, se cae”, indicó.

Cox Alomar insistió en que estos fondos se redujeron porque Pierluisi “malgastaba tiempo y fondos públicos para cabildear por el proyecto HR 2499 que no tenía posibilidad alguna de convertirse en ley”.

Entre sus promesas de campaña está conseguir un nuevo incentivo para Puerto Rico para que los dividendos corporativos de las empresas foráneas se repatrien a una tasa preferencial.

“Es una ecuación en la que gana Estados Unidos y ganamos nosotros porque se fomenta la creación de empleos”, indicó.

Pierluisi, por su parte, dijo en declaraciones escritas que Puerto Rico ha recibido la mayor cantidad de fondos federales desde principios del 2009.

“El programa de estímulo económico federal (ARRA) llegó en el momento más oportuno y como resultado de mis gestiones, no solo nos incluyó en las subvenciones federales, sino también nos concedió los reembolsos contributivos que recibieron nuestros trabajadores”, dijo Pierluisi en declaraciones escritas.

Con pasaje en mano

Falta casi un año para las elecciones, pero Cox Alomar aseguró que está tan confiado en que prevalecerá, que ya tiene el pasaje para la Capital federal.

“Sí, yo voy a ser el próximo comisionado residente”, dijo cuando este rotativo le preguntó si ya tenía pasaje.

Esta era una de las frases claves del excandidato a comisionado residente por el Partido Popular, Alfredo Salazar, quien a cada momento aseguraba tener en el bolsillo de su chaqueta el pasaje a Washington.
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Peligran fondos de la ATM

Por Yamilet Millán Rodriguez,

La Administración Federal de Tránsito (FTA, por sus siglas en inglés) dio un ultimátum a la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), de que perderá fondos federales si no cumple con la entrega de un formulario que detalla la cantidad de pasajeros que transporta.

Así lo dijo a EL VOCERO el director de la ATM, Ferdinand Cedeño, quien explicó que hace tres años la agencia no cumple con el requerimiento federal. La ATM recibe $20 millones de fondos federales y $24 millones estatales al año.

Cedeño indicó que el incumplimiento de la agencia se debe a la falta de reglamentos y formularios necesarios para el control fiscal y administrativo. Dichos documentos nunca han existido a pesar de que la ATM se creó en el 2000.

Dijo que necesitarán de dos a tres años para normalizar la operación administrativa de la agencia, pero aseguró que el servicio de lanchas se resolverá totalmente a finales de este año.

“Actualmente están listos 15 formularios necesarios para el control fiscal de la Autoridad que ayudarán a defender un presupuesto el próximo año fiscal”, expresó el funcionario.

“Ahora mismo no podemos decir cuánto se ha gastado en reparaciones por cada embarcación… tardaría cinco meses en saberlo porque hay que buscar papel por papel”, agregó Cedeño, quien lleva cinco meses frente a la agencia.

Este año la ATM ha gastado $7 millones en la reparación de las lanchas que brindan el servicio entre Fajardo, Vieques y Culebra. Mientras, pagan $8 mil diarios por alquilar una lancha que les permite resolver el problema de manera temporal.

Cedeño indicó que la situación se complica cuando además tienen que pagar miles de dólares por mantener una embarcación en un varadero mientras identifican recursos para repararlas.

Explicó que en el caso de la lancha ‘Cayo Norte’ –con una capacidad de 205 pasajeros– pagaron $39 mil por mantenerla en el puerto de Saint Thomas durante un año sin que realizaran los trabajos de reparación. Ésta entrará en función a finales de mes tan pronto se termine de pintar y pase la inspección federal.

“No había el dinero para repararla, pero cobran por mantenerla allá”, dijo Cedeño luego de destacar que la reparación solo duró siete días.

A finales de la semana pasadaLa lancha Cayo Blanco transportaba a los residentes y turistas mientras un ‘ferry’ ofrecía el servicio de carga. CayoLargo sufrió el viernes una avería mecánica. Según Cedeño, seis lanchas en función y cuatro en reserva es la cantidad idónea para mantener la operación de servicio marítimo sin problemas.

La ATM firmó un contrato con dos compañías privadas para que den mantenimiento preventivo a las embarcaciones y capaciten a los empleados que están encargados de realizar este trabajo. Cedeño dijo que para este año se separaron $8 millones para la reparación y mantenimiento de las lanchas.

Destacó que para finales de este mes esperan recibir $15 millones de fondos legislativos para adquirir dos lanchas. Además, $2.5 millones, que asignó el representante Johnny Méndez, les permitirá hacer arreglos al muelle de Culebra.

De otra parte, informó que para fines de este año los turistas y ciudadanos podrán comprar sus boletos por Internet o desde la agencia en San Juan.

Asimismo, dijo que evalúan junto al Departamento de Desarrollo Económico iniciar viajes desde Hato Rey hacia Vieques y Culebra los fines de semana.
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Piculín falla otra vez

Por Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO

Una prueba de dopaje realizada de forma sorpresa a José ‘Piculín’ Ortiz, ex jugador de los Cangrejeros de Santurce, dio positivo a sustancias controladas, lo que pondría en riesgo la libertad del ex atleta.


A cuatro días de haberse declarado culpable de cargos de sustancias controladas, Ortiz tendrá que regresar a las 9:00 am de hoy al Tribunal federal para comparecer a una vista ante la magistrada federal Camille Vélez Rivé, para mostrar causa por la cual no se le debe revocar sus condiciones de libertad bajo fianza.

Ello, luego de que el fiscal del caso, José Capó radicó una moción sellada en la que solicitó a la jueza Carmen Vargas de Cerezo que emitiera una orden de arresto contra Ortiz, debido a que el oficial de probatoria, Jeffrey Semidey, le informó sobre violaciones a su libertad bajo fianza.

En su orden, Vélez Rivé advierte que si Ortiz no comparece, emitiría de forma inmediata una orden de arresto.

EL VOCERO supo que el convicto acudió a una cita con su Oficial de Probatoria y que durante la misma, tuvo que someterse a una prueba de dopaje, que supuestamente dio positivo.

Personal del Tribunal federal explicó que las pruebas de dopaje se pueden hacer de forma programada o sorpresivamente durante las entrevistas con los oficiales de probatoria. La Oficina de Probatoria cuenta con personal adiestrado y las facilidades para la realización de estas pruebas.

El pasado viernes, Ortiz hizo alegación de culpabilidad de poseer 218 plantas de marihuana en su residencia, ubicada en Cayey.

Ortiz permanece en libertad bajo fianza. Todo acusado o convicto le está prohibido hacer uso de sustancias controladas mientras permanezca en libertad bajo fianza. El convicto se expone a una sentencia de entre cinco a 40 años de cárcel.

El ex atleta llegó a un acuerdo con la Fiscalía federal para que el gobierno recomendara una sentencia de entre 18 a 24 meses de prisión y cumplir 600 horas de servicio comunitario.

El 30 de junio del año en curso, Ortiz fue arrestado en su residencia en Cayey. Este admitió a los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que era el dueño de las 218 plantas de marihuana, valoradas en $150 mil. De igual forma, reconoció que eran suyas las municiones de un rifle AR-15 que le fue ocupado.

El ex atleta fue acusado por un Gran Jurado de cargos de posesión con intención de distribuir marihuana y de mantener y rentar una residencia con el propósito de manufacturar sustancias controladas. La residencia está ubicada en el camino Las Parras, en Cayey.

Durante el allanamiento, los agentes le incautaron 40 balas para un arma calibre 5.56, compatible para un rifle AR-15. A su vez, se le ocupó un documento en el que se daban instrucciones detalladas sobre el cultivo de marihuana.

Ortiz estuvo recluido durante varias semanas en el Hogar Santísima Trinidad en donde recibió un tratamiento antidrogas.
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“Piculín” sufre recaída en su adicción a drogas

por Francisco Rodríguez-Burns / Primera Hora


El fondo de “Piculín” es largo y profundo.

La ex estrella de baloncesto José “Piculín” Ortiz Rijos deberá comparecer esta mañana a la sala de la magistrada federal Camille Vélez para una vista de revocación de fianza solicitada por la Fiscalía Federal y, de no acudir a la audiencia, se podría emitir una orden de arresto en su contra de manera inmediata.

Según una fuente consultada por Primera Hora, una prueba de dopaje que se le realizó a Ortiz Rijos el pasado viernes dio positivo a cocaína, el mismo día que la leyenda del baloncesto, de 48 años de edad, se declaró culpable de poseer 218 plantas de marihuana. Su acuerdo con la Fiscalía Federal sugiere una pena entre 18 y 24 meses de cárcel, pero queda a discreción de la jueza federal Carmen Consuelo Vargas de Cerezo si podría enfrentar una sentencia mucho más severa. La pena máxima por la posesión de la droga alcanza los 40 años de cárcel.

Ortiz Rijos pidió perdón el pasado viernes ante los medios de comunicación que cubrieron la vista.

La misma magistrada que presidirá la vista de hoy refirió a Piculín a un programa de rehabilitación, ya que éste había reconocido tener una adicción a sustancias controladas. Prominentes figuras del deporte que acudieron a la vista confirmaron que Ortiz tenía un problema de drogas y agradecieron que su amigo fuera referido a tratamiento. A pesar de las recaídas que puede sufrir un adicto, el resultado positivo de la prueba de dopaje no dejó de afectar a las personas que se han mantenido al lado del ex atleta. “Hablaba con Piculín dos veces a la semana para preguntarle cómo estaba. Para mí, sonaba bien y no sé por qué el fiscal le quiere levantar la fianza”, indicó el vicepresidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, Ricardo Carrillo.

Aumenta la cantidad de puntos de drogas

Francisco Rodríguez-Burns / Primera Hora
A pesar de los grandes avances que las autoridades proclaman en la lucha contra el narcotráfico con el arresto de importantes cabecillas del mundo de la droga y la desarticulación de sus organizaciones criminales, las agencias policiales han detectado un aumento considerable en la cantidad de puntos de drogas que, en muchos de los casos, son controlados por pandillas pequeñas que intentan ocupar espacios de poder.

El aumento en la violencia también coincide con un reposicionamiento de Puerto Rico como uno de los puentes principales para el envío de drogas a Estados Unidos, mientras las autoridades federales les aprietan el cerco a organizaciones que operan en la frontera entre México y Estados Unidos. La nueva ofensiva de las empresas criminales también ha servido como uno de los motores para la violencia que experimenta el país.

Todo apunta a que el 2011 se finalizará como el año más violento en la historia de Puerto Rico, pero gran parte de los atentados se relaciona con la guerra entre las gangas. No obstante, las autoridades estatales y federales fundamentan sus logros en sus megaoperativos y en el alto nivel de convicciones que, irónicamente, se vincula a la gran cantidad de asesinatos.

“Sí hay una correlación, seguro que lo hay. Pero, ¿por eso vas a dejar de hacer tu trabajo? ¿Vamos a permitir que se continúe contaminando nuestros niños en la calle? No”, indicó el secretario de Justicia, Guillermo Somoza Colombani.

Según aseguró una fuente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), la caída de los grandes hampones de la droga, como Ángel Ayala Vázquez (“Angelo Millones”), Elvin Torres Estrada, mejor conocido como “Muñecón”, y José “Coquito” López puede vincularse a un aumento en la violencia. De hecho, la alta tasa de asesinatos puede reflejar la desorganización de las gangas que intentan llegar al poder. “Cuando cortas la cabeza, siempre habrán otras personas dispuestas a ocupar ese espacio. Eso sucedió, por ejemplo, con Angelo Millones”, aseguró el funcionario consultado.

El alto nivel de violencia que se está registrando en el país también es indicativo de las estructuras de las bandas, su radio de acción y su capacidad operacional. Estructuras como la de Angelo Millones y López, aunque capaces de actuar con violencia extrema, también mantenían un control relativo sobre sus comunidades. Está ampliamente documentado en páginas cibernéticas que éstos establecieron un grupo llamado “Organización de Narcotraficantes Unidos (ONU)”, que insistía en un cese al fuego entre las principales organizaciones de la zona metropolitana. Del mismo modo, surgió “Los Rompeonu”, otro grupo que consideraba que los grandes capos monopolizaban el negocio ilícito.

Pero igual que sucedió durante los años 90, con la ocupación de los residenciales por la Policía y la Guardia Nacional, versiones extraoficiales apuntan a que se ha intensificado la violencia a raíz de organizaciones que se han visto desplazadas por acciones policiales.

A diferencia de Estados Unidos, donde existen gangas que se pueden formar por la ascendencia de sus integrantes o su credo urbano, en Puerto Rico las pandillas tienden a ser más territoriales. En un mismo residencial, por ejemplo, puede haber más de una ganga, que se clasifica como tal por tener, por lo menos, cinco miembros. Según precisó un supervisor de la Unidad Antigangas de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), José Fernández Lopategui, se han identificado gangas cuyos tentáculos se extienden al exterior. “Siempre hay alguien que está dispuesto a llenar el vacío de liderato, pero esto no es un ejercicio en futilidad. Hay lugares donde la organización sí ha sido desmantelada y no ha vuelto a crecer”, indicó el funcionario.

El Departamento de Justicia encaminó un plan de trabajo para contener el narcotráfico, como Golpe al punto y Golpe al usuario. La primera iniciativa, trabajada en conjunto con la Fiscalía Federal, ha culminado con el arresto de 1,828 sujetos. El récord de convicción hasta ahora no ha tenido precedente en los tribunales locales. Según se desprende de las estadísticas más actualizadas de Justicia, se ha encontrado causa probable a 777 de los arrestados en vista preliminar, mientras que 560 han sido sentenciados a cárcel. Sólo 36 casos se han caído en vista preliminar desde que comenzó el operativo, que ha contado con grabaciones de los arrestados.

La otra iniciativa tiene el propósito de detener y procesar a suplidores de drogas, pero pese a todos los avances, las autoridades estatales también han detectado un aumento en puntos pequeños. “Tú le cierras este cerco y ellos te buscan otro”, indicó Somoza Colombani.

Según el director de la División de Crimen Organizado de Justicia, Jorge Colina, nunca se podrá decir que las autoridades “están ganando la guerra contra el narcotráfico”. “Ayer era Angelo Millones, pero hoy es alguien que aún no conocemos, pero que campea. Estamos enfocados en atacarle el negocio”, dijo Colina

Empresario en lío federal por esquema fraudulento

por Francisco Rodríguez-Burns / Primera Hora

El abogado dijo que su cliente se sentía nervioso, y así parecía mientras el acusado comenzó a contestar las preguntas de un magistrado federal con un mero “Ok”. Sin embargo, se necesitaban respuestas afirmativas, contundentes, mientras el empresario Pedro A. Mora Mora se declaraba culpable de un cargo de fraude de valores en el que más de 200 inversionistas pudieron haber perdido $1.4 millones.

El empresario después comenzó a contestar las preguntas del magistrado Marcos E. López con un “sí, señoría”, aunque a veces su voz temblaba, delatando su nerviosismo.

A diferencia de su ademán en sala, el cargo que pesa en su contra refleja un nivel de planificación que contrasta diametralmente con el semblante y el estado emocional del estafador. Como muchos crímenes financieros, la acusación incluye términos técnicos, pero detrás de la frialdad del delito se esconden la calculación, las mentiras y mucha avaricia.

Según las autoridades federales, Mora, junto a individuos de una compañía identificada como Euro International Group, Inc., prometieron ganancias mensuales o trimestrales mediante la compra de productos en Europa y China, que nunca se materializaron. Los inversionistas recibieron pagarés que certificaban sus ganancias, pero el dinero provenía de sus propias inversiones. Los criminales se lucraron del fondo generado por las inversiones.

Ante el magistrado federal, Mora se declaró culpable de un cargo de fraude de valores. Firmó un acuerdo presentencia que sugiere una pena de cárcel de 51 a 63 meses, y accedió a la confiscación de $1.4 millones, producto de las ganancias ilegales obtenidas a través de la operación criminal. Accedió, además, a identificar dinero y bienes que puedan cubrir la pérdida, y aceptó que la confiscación pueda incluir propiedades en la urbanización Ciudad Universitaria, en Trujillo Alto, y en la urbanización Monte Mar, en Hatillo.

Se acabaron los chavos

Como muchos otros esquemas tipo Ponzi, los estafadores fueron descubiertos luego que se agotaran los fondos de las inversiones. El esquema se extendió entre agosto de 2004 y diciembre de 2007, pero en julio de este año los inversionistas dejaron de recibir sus pagos.

De hecho, en diciembre de 2007, los miembros de la conspiración enviaron cheques por correo de una cuenta de Washington Mutual que no tenía suficientes fondos para cubrir los pagos. Se estima que los inversionistas pagaron un total de $4.8 millones, y algunos pudieron recuperar parte de su dinero.

Mora salió del Tribunal Federal en Hato Rey luego de asegurar el pago de una fianza de $10,000. El magistrado sólo le permitió viajar al estado de Florida, donde hace negocios, y le ordenó que no incurriera en ninguna otra transacción.

A su salida del Tribunal Federal, el sujeto intentó tapar su rostro con su chaqueta mientras salía por la puerta principal, y no contestó ninguna pregunta de un fotoperiodista. Luego, volvió a tapar su rostro cuando se montó en su vehículo deportivo, de marca europea.

Las autoridades aseguran que la investigación contra Mora y EIG continúa. Varios intentos por contactar a un representante de la compañía resultaron infructuosos.

Ristra de fraudes
El esquema en el que Mora se vio implicado es sólo uno de muchos que se están detectando en Puerto Rico. Según indicó el coordinador de la División de Fraude Corporativo de la Fiscalía Federal, Charles R. Walsh, quien representa al Gobierno de Estados Unidos en el caso, los esquemas comparten características al prometer ganancias rápidas y, en ocasiones, un elemento de secretividad que sirve como un doble propósito: evitar la detección del estafador y prolongar la estafa.

“El motor principal es la avaricia. Se prometen grandes ganancias y, en muchas ocasiones, los propios inversionistas, las víctimas, se convierten, indirectamente, en los principales promotores del esquema. Al creer que es legítimo, contactan a familiares, a feligreses de su iglesia, la voz se corre y más personas caen en la estafa. Lógicamente, la gente descubre que han caído víctimas de un esquema cuando el dinero se agota”, indicó.

A pesar de que las autoridades federales no pueden hacer ningún comentario relacionado con una investigación en curso, la Isla también se ha convertido en un escenario para otros fraudes tipo Ponzi.

En un esquema conocido como “Prime Bank”, el estafador promociona una inversión a través de fondo especial o un banco secreto. Como en el Ponzi, las víctimas en ocasiones reciben pagos, pero el dinero se genera a través de las mismas inversiones.

“Si la persona tiene que tomar prestado para invertir, cuidado, esto podría ser una señal de que algo puede andar mal” , señaló Walsh.

Estudiantes quieren aprender de forma más amena

por Sara M. Justicia Doll / Primera Hora


Los estudiantes hablaron... Habrá que esperar para ver si fueron escuchados.

El secretario de Educación federal, Arne Duncan, sostuvo ayer un conversatorio con estudiantes del décimo y undécimo grado de la escuela University Gardens.

A pesar de que el secretario de Educación, Jesús Rivera, aseguró que la escuela había sido seleccionada aleatoriamente, fue evidente que el grupo que conversó con Duncan domina el inglés muy bien y está rodeado de buenos recursos educativos, a diferencia de muchos alumnos del sistema público.

La conversación entre el funcionario federal y los estudiantes fue moderada por el comisionado residente, Pedro Pierluisi, y fue dirigida a que los estudiantes le hablaran a Duncan sobre qué les hace falta en las escuelas, así como las cosas que dan resultado.

Varios jóvenes, que fueron desertores escolares pero ahora forman parte del programa Nuestra Escuela, a través del cual lograrán obtener su diploma de cuarto año, hablaron muy claro sobre lo que los llevó a abandonar las clases.

“Abandoné la escuela en el octavo grado porque las maestras estaban allí por la paga. Estuve seis meses fuera de la escuela y fue muy difícil para mí, pero ahora estoy enfocado en obtener mi diploma e ir a la universidad”, dijo en inglés Yancy Otero.

Su compañera en el programa, Erika González, señaló que fue estudiante de honor hasta el noveno grado, cuando sufrió varios problemas emocionales por situaciones familiares y, al parecer, los maestros y el personal en su escuela no la entendieron, por lo que bajó las notas y por poco se cuelga.

La estudiante del séptimo grado, de la escuela República del Perú, Milagros Margarita Carrasquillo, quien fue la única que habló español y en un tono muy bajito, a todas luces intimidada por los demás jóvenes que dominaban el inglés, pidió a Duncan que en su escuela haya más clases de música, arte y teatro.

En ese momento, el titular de Educación se levantó y aclaró que en dicho plantel sí hay maestros de esas disciplinas en ciertos grados. Primera Hora se acercó a la niña y ésta aseguró que en el séptimo grado no toma ninguna de estas disciplinas.

Duncan reiteró que hay que despolitizar la educación y que los asuntos educativos deben ser discutidos de una forma bipartita. Además, subrayó que Puerto Rico recibe muchos fondos federales y que se debe asegurar que éstos lleguen a manos de los maestros.

“Puerto Rico está en una encrucijada. Es momento de que se asuma liderazgo y las riendas de la educación. La despolitización es algo que ha tomado demasiado tiempo y que no ha pasado aquí, todavía es mucha la burocracia y la lucha ideológica”, dijo Duncan.

Por su parte, el secretario de Educación se inclinó a responsabilizar a los maestros de la situación.

“Tenemos que girar nuestro esfuerzo en beneficio del estudiante, planificar efectivamente, conocer a los estudiantes. Que los maestros tengan a los estudiantes como norte y no nos sigamos quejando con manifestaciones de personas que tienen otros intereses”, declaró Rivera.

Respecto al reclamo estudiantil por un mayor ofrecimiento de arte, música y teatro, el titular de Educación confirmó que “el énfasis son obviamente en las materias básicas; las bellas artes y la educación física son importantes, pero tenemos que ver las prioridades teniendo en mente las pruebas de aprovechamiento”.

Pierluisi, por su parte, pidió visitar la escuela República del Perú para indagar en el reclamo de la niña.

Pesquisa federal contra MCS es por fraude

Por Melissa Correa Velázquez,


La jefa de la Fiscalía Federal, Rosa Emilia Rodríguez informó que la pesquisa llevan a cabo las autoridades federales a la aseguradora MCS, está relacionada a un esquema de fraude al Medicare, el cual no tiene que ver con Mi Salud.

“Son violaciones a las leyes federales, como fraude al Medicare, no está relacionado con Mi Salud”, afirmó Rodríguez durante una rueda de prensa sobre los arrestos de una organización en el residencial Luis Llorens Torres.

Indicó que la pesquisa, efectuada por el Departamento de Salud Federal, la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) y el Servicio Secreto, se inició hace algún tiempo.

MCS reacciona

La gerencia de MCS indicó que estaba sorprendida por el allanamiento realizado esta mañana, ya que la política de la compañía siempre ha sido cooperar totalmente con cualquier tipo de investigación. La empresa señaló que las autoridades llegaron para recopilar información y expedientes.

“Nos sorprendió la visita, ya que la política de MCS ha sido cooperar totalmente con cualquier tipo de investigación. Si las autoridades necesitaban cualquier tipo de información de nuestra parte, nuestra compañía la hubiera provisto voluntariamente y hubiera cooperado cabalmente con la investigación, tal y como lo hemos hecho siempre”, dijo Maritza Munich, Principal Oficial Legal de MCS.

“Hasta el momento aún estamos obteniendo detalles sobre la naturaleza de esta investigación, pero sin embargo, estamos brindándoles la información solicitada”, añadió Munich, al reiterar que la compañía colaborará con las autoridades.

Clausuran la ‘Calle 4′

Por Melissa Correa Velázquez,


La violenta y principal organización de narcotraficantes del residencial Luis Llorens Torres, conocida como ‘Calle 4’, la cual controlaba el 80 por ciento de las ventas de droga allí y es responsable de 25 asesinatos, fue desarticulada en la madrugada de ayer por unos 600 agentes federales y estatales.


Para ejecutar todos los arrestos, los autoridades tuvieron que intervenir en 39 de los 140 edificios que tiene el complejo de vivienda pública. EL VOCERO/Tania Dumas

La pandilla había sido dirigida por Luis R. Rodríguez Isaac, mejor conocido como ‘El Chacal’, asesinado en febrero del 2010 durante una masacre en la Baldorioty de Castro. El único sobreviviente de ese crimen, Christopher Cruz Morales, apodado ‘Tuti’, es parte de los 82 acusados. Hasta ayer la ganga era liderada por Malvin Nacer Ayala, primo de ‘El Chacal’.

Durante una rueda de prensa, la jefa de la Fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, señaló que la organización generó sobre $10 millones en los cuatro años que operó.

El grupo enfrenta cargos de conspiración para poseer con la intención de distribuir cocaína, ‘crack’, heroína, marihuana y Percocet.

Cincuenta y uno de los imputados enfrentan cargos de poseer y utilizar armas de fuego durante y en relación a la comisión de crímenes de trasiego de drogas. Los integrantes de la organización utilizaban armas de fuego para protegerse y proteger la droga. Durante la pesquisa, las autoridades confiscaron rifles, pistolas y ayer ocuparon un AK-47.

La organización contaba con tres líderes, 14 gatilleros, seis suplidores, 21 dueños de drogas, 12 corredores, 53 vendedores y cuatro facilitadores.

“Vecinos del residencial indican que miembros de la organización caminaban con armas largas por la noche, aterrorizando a los residentes de Llorens Torres… los miembros de la organización se caracterizan por su violencia y son responsables de cometer varios asesinatos, así como robos a mano armada en el área de Santurce y Condado”, apuntó la fiscal Rodríguez.

El superintendente de la Policía, Emilio Díaz Colón, destacó que los agentes intervinieron en 39 de los 140 edificios que tiene el complejo de vivienda pública. Mencionó que algunos de los acusados se habían mudado de sus residencias a otros apartamentos en el complejo de vivienda. “Hay que incursionar en diferentes áreas porque estas personas buscan otras áreas para esconderse”, indicó Díaz Colón.

Informó que personal del Departamento de la Familia y otras agencias del Gobierno estatal, acudieron al residencial para prestar ayuda, debido a que algunos de los arrestados eran parejas consensuales.

“Con el arresto de este grupo de narcotraficantes violentos estamos tratando de devolver la tranquilidad a los residentes de San Juan. Las autoridades de ley y orden, federales y estatales, seguiremos trabajando en conjunto y luchando contra el crimen violento y el narcotráfico. Vamos a llegar a donde sea necesario para sacar a estos criminales de nuestras comunidades”, acotó Rodríguez.

Entretanto, el director del FBI, Joseph Campbell, señaló que la ganga tenía la intención de asesinar a miembros de organizaciones rivales que también están involucradas en la venta y distribución de drogas.

“Otra táctica utilizada por esta organización de narcotráfico era robarle la droga de forma violenta a otras gangas de tráfico de drogas y luego vender las mismas en sus puntos. Estas formas de operar de la ganga Calle 4, provocaba que las gangas a quienes ellos le robaban eventualmente se desquitarían, poniendo en riesgo la seguridad de la ciudadanía”, apuntó.

En el operativo liderado por el FBI, participaron agentes de la Oficina de los Alguaciles federales, del Negociado de Inmigración y Aduanas (ICE), del Negociado Federal Antidrogas (DEA), de la Policía de Puerto Rico, de la Policía Municipal de San Juan y del Departamento de Corrección.

Los acusados, quienes se exponen a sentencias máximas de entre 10 años a cadena perpetua, sin bonificaciones, acudieron a la vista inicial ante la magistrada federal Silvia Carreño. El caso está a cargo de las fiscales Carmen Márquez e Ilianys Rivera.

Federales adiestran a uniformados en Ponce

Darisabel Texidor Guadalupe / Para Primera Hora

Ponce. El superintendente de la Policía, general Emilio Díaz Colón, anunció el inicio de los adiestramientos que ofrece la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de fuego y Explosivos de los Estados Unidos (ATF por sus siglas en inglés) a los miembros de todas las unidades.

Una treintena de altos oficiales de la Policía de la zona sur fueron los primeros en participar de los talleres que iniciaron ayer en la Comandancia de Área, de Ponce.

Díaz Colón dijo que durante esta semana también estarán en las regiones de Caguas, Carolina, Bayamón y San Juan para brindar los talleres sobre armas de fuego ilegales, jurisdicción federal, cargos federales y elemento del delito.

Asimismo, indicó que los oficiales son adiestrados en cómo entrevistar a los acusados, admisión de culpa, intervenciones vehiculares y la comunicación entre las agencias federales y estatales.

El Superintendente destacó que estos adiestramientos forman parte de la reciente iniciativa presentada por el gobernador Luis Fortuño, denominada Illegal Firearms and Violent Crimes Strikes Force.

Bajo esta iniciativa se creó un grupo interagencial dirigido a contrarrestar el tráfico de armas ilegales y combatir el alza en los crímenes violentos, aumentando las penas para éstos.

El funcionario aseguró que en los pasados dos años la Policía ha establecido una estrecha relación con agencias federales de seguridad.

“Seremos un solo equipo, no tendremos protagonismo de ninguna clase”, aseguró.

Sobre si esta estrategia es parte de sus planes para resolver de alguna manera los señalamientos de un informe del Departamento de Justicia federal, que concluyó que la Policía de Puerto Rico ha violentado los derechos constitucionales de amplios sectores de la población , éste dijo que lo utilizará como herramienta.

“Vamos a cumplir con ese informe responsablemente y pronto publicaremos el status del mismo”, dijo el Superintendente, quien les dijo a los oficiales que asistieron al encuentro que “responderemos con la frente en alto”.

“Nos uniremos por la seguridad de nuestra gente y nuestras familias”, sentenció Díaz Colón

Chemo Soto no es el único alcalde que ha tenido un hijo en problemas

por Arys L. Rodríguez Andino


El alcalde de Canóvanas no ha sido el único ni será el último funcionario que tenga que enfrentar, públicamente, las equivocadas andanzas de alguno de sus hijos.

Lo que ahora vive José “Chemo” Soto lo padeció también el ex superintendente Pedro Toledo, cuyo hijo José fue arrestado por narcotráfico en 1999, cuando él dirigía la Policía durante la administración de Pedro Rosselló.

“Él tuvo que enfrentar la justicia. Como padre, fue un golpe fuerte y yo, desde la posición que tenía... Como padre le di el apoyo de padre”, expresó Toledo sobre un capítulo de su vida que le causó un gran dolor.

Arrestan al hijo de Chemo Soto Como muchos padres y madres, no querer creerlo fue parte de su proceso.

“¡Claro que sí! Uno no está preparado para eso, pero viniendo yo de la esfera federal”, dijo al confesar que la evidencia era contundente.

Al igual que Chemo, Toledo se distanció del proceso inicial. Emocionalmente, era demasiado.

“Mi hijo hizo lo que hizo y yo dije que nadie está por encima de la ley y tenía que enfrentar la justicia, pero como padre lo iba a apoyar en la cuestión legal. Yo inmediatamente le conseguí un abogado”, recordó.

Aunque no por narcotráfico, las drogas también han tocado a la alcaldesa de Cabo Rojo Perza Rodríguez, cuyo hijo ha sido presa de la adicción en múltiples ocasiones.

“Para nosotros, es como arrancarnos parte del cuerpo. Nosotros, mi familia, ni una sola vez fuimos a ver a mi hijo. Él se lo buscó y tuvo que enfrentarlo solo”, sostuvo.

Precisamente porque ha entendido que la adicción es una enfermedad, la Alcaldesa piensa que es imperdonable que alguien se dedique a vender las drogas que dañan a jóvenes como su hijo.

De Chemo, se compadece.

“Tiene que estar pasando por el dolor más grande del mundo, por la desilusión más grande. ¿Tú sabes lo que es eso? Chemo está actuando en este momento como padre y yo, como madre, hice lo mismo. Yo me solidarizo con él y me uno a la pena que le embarga porque él está como si estuviera en un velorio. Esto es como una condolencia. Estoy segura de que Chemo debe estar diciendo lo que digo yo, que no hemos criado a nuestros hijos para esto”, expresó Rodríguez.

El alcalde de Fajardo, Aníbal Meléndez, también tuvo “que dar cara” por la admisión de uso de marihuana de uno de sus hijos. Aníbal Meléndez, hijo, era sargento de Armas de la Cámara de Representantes y, antes de que llegaran los resultados de la prueba de dopaje, renunció. Anticipaba que sería positivo.

Otro que sufrió el arresto de uno de los suyos fue el ex senador Antonio “el Chuchin” Soto, cuyo hijo, Anthony, violó las condiciones de su libertad bajo palabra y se lo llevaron los federales. El Chuchin dijo que él no patrocinaba a los que se metían en líos.

Chemito Soto: “Líder de ganga”

por Francisco Rodríguez-Burns

El hijo del alcalde de Canóvanas, José “Chemo” Soto, ocupó posición de liderato dentro del organigrama criminal de una poderosa organización de narcotráfico que ayer fue desarticulada por las autoridades con operativos que se realizaron en Puerto Rico y Los Ángeles, California.


El vástago del Ejecutivo Municipal figura en la sexta posición del pliego acusatorio que emitió el Gran Jurado federal el pasado 23 de septiembre contra 28 individuos, algunos de ellos de ascendencia mexicana. Según las autoridades federales, Christian Soto Mujica, mejor conocido como “Chemito” o “Che”, era uno de tres líderes puertorriqueños de la pandilla que mantenía una cadena de distribución de marihuana entre México, California, Florida y Puerto Rico.

La acusación federal recoge las operaciones de la banda durante el 2010 y, según algunos estimados conservadores, ésta generó cerca de $5,000,000 mediante la venta de marihuana en ese periodo. Las autoridades aseguran que la organización criminal estuvo en funciones antes de los hechos alegados en la acusación del Gran Jurado.

Arrestan al hijo de Chemo Soto
Pero los cabecillas del grupo son mexicanos con vínculos en carteles de ese país. Éstos coordinaban gran parte de los cargamentos de drogas que se enviaban a los Estados Unidos.

“Es una organización poderosa y sofisticada y muy peligrosa. Se desmanteló el grupo que enviaba la marihuana a Puerto Rico desde México”, sostuvo el director de la Administración federal Antidrogas, Javier Peña, al detallar que se incautaron $185,000 entre las personas que se arrestaron, entre California y Puerto Rico, y 60 libras de marihuana.

Como muchas otras organizaciones criminales, la ganga estaba dispuesta a recurrir a la violencia para proteger su negocio. Chemito, quien tenía aspiraciones políticas y quería ocupar un escaño en la Cámara de Representantes por el PNP, fue arrestado con una AK-47 y dos pistolas. Las autoridades investigan si éste tenía una licencia para algunas de las armas incautadas.

“Los acusados poseían y cargaban armas de fuego como parte de sus actividades narcodelictivas. De hecho, en una ocasión, varios acusados discutieron la posibilidad de secuestrar y asesinar a un individuo, quien ellos creían les había robado uno de los paquetes de marihuana”, sostuvo la jefa de la Fiscalía Federal, Rosa Emilia Rodríguez Vélez.

Veintitrés de los 28 acusados, incluyendo el cabecilla de la organización de la banda, Tony Godines Lupián, fueron arrestados durante el día de ayer. El hijo de Chemo, junto con otros acusados, desfilaron ante el magistrado federal Bruce McGiverin, quien ordenó su ingreso inmediato al Centro Metropolitano de Detención de Guaynabo y fijó la vista de fianza y lectura de acusación para el próximo viernes.

La banda utilizaba el Servicio Postal de Estados Unidos para el envío de paquetes, algunos de los cuales llegaron a residencias de la urbanización Flores de Montehiedra. De hecho, varias de las casas estaban desocupadas y, en otras, sus dueños estaban de viaje cuando arribaba el cargamento.

El director de la División Doméstica de Narcóticos de la Fiscalía Federal, José Capó Iriarte, indicó que los narcos “interceptaban” los paquetes antes de que los residentes del complejo pudiesen reclamarlos.

“Los residentes de Montehiedra no tienen nada que ver con esta conspiración. Meramente las personas acusadas utilizaban sus direcciones para poder enviar los paquetes”, aclaró.

Mucha de la droga que llegaba a otros destinos privados se distribuía en la zona norte del país y en residenciales públicos, incluyendo Manuel A. Pérez. Los acusados también enviaban grandes cantidades de dinero en efectivo a sus compinches en California. En ocasiones, algunos de los acusados viajaban a Estados Unidos para entregar el dinero personalmente.

Los acusados enfrentan un mínimo de 10 años de cárcel y un máximo de condena perpetua por cargos de conspiración de poseer con intención de distribuir “no menos de mil kilogramos de marihuana en Puerto Rico”. Los mismos también enfrentan otro cargo por conspirar para utilizar el Servicio Postal para distribuir sustancias controladas.

Dos sujetos que presuntamente formaban parte de la organización criminal, Alex J. Ramos Mediavilla, quien fue identificado como otro de los líderes puertorriqueños, y Javier Torres, mejor conocido como “Barra”, también enfrentan otro cargo por someter información falsa a la DEA. Según el pliego, éstos certificaron a la agencia que $42,342 que fueron confiscados el pasado 26 de junio “no era producto de actividades ilegales a sabiendas de que eran producto del narcotráfico”.

Los acusados enfrentan una alegación de confiscación de $5 millones. Los federales retienen una propiedad de Chemito en el condominio Alborada, de Canóvanas, entre otras residencias y negocios en Loíza, Carolina y Río Grande.

Referidos por irregularidades en Educación

Rosita Marrero / Primera Hora

Los traqueteos en el Departamento de Educación no paran, y ejemplo de eso es que el propio secretario Jesús Rivera Sánchez, refirió en días, recientes, una situación a la Oficina del Inspector General en Puerto Rico y a la oficina de auditoría interna de la agencia, al detectar en el sistema de controles un movimiento irregular.

Rivera Sánchez declinó precisar de qué irregularidad se trata, la cuantía de fondos, personas involucradas y el esquema, si alguno.

El titular de Educación hizo esta revelación a Primera Hora, al preguntársele si ha hecho algún referido a las autoridades federales, a lo que contestó que no.

“En días recientes referí a la Oficina del Inspector General, al Gobierno de Puerto Rico y a la auditoría interna de Educación un caso”, dijo Rivera Sánchez en una entrevista vía telefónica, desde Panamá.

¿Por qué hizo los referidos?

Los nuevos controles internos han levantado sospechas en un área particular, lo que yo entiendo suficiente para que se haga una investigación ,y así lo hemos hecho.

“Hemos visto algo que no responde a los controles establecidos e, inmediatamente, lo referí ,y todo lo que veamos que se aleje de las normas, lo estaré refiriendo”, acotó.

Rivera Sánchez indicó que no le tomó por sorpresa la acusación por corrupción del Gran Jurado, ni tampoco los arrestos de empleados de Educación y contratistas.

“Teníamos conocimiento, desde febrero del año pasado, que la investigación estaba en curso y estuvimos colaborando con las agencias federales y estaremos haciéndolo en cualquier investigación que esté en curso”, apuntó.

¿Usted despidió al director de compras, Luis Conde Rosas?

No. Él presentó su renuncia el pasado año, por asuntos personales.

En torno al fraude a un programa federal de educación especial, Rivera Sánchez aseguró que “esos fondos no están en riesgo”. Dijo que “los únicos fondos que se afectaron de educación especial son los del programa de transportación en la región educativa de Bayamón por señalamientos, según éste, en la pasada administración.

“Eso nos obligó a dar los servicios con fondos estatales”,

¿Por qué se afectaron?

No se estaban llevando los procesos como lo requieren las normas y reglamentos, pero eso no implicó la pérdida de fondos o riesgo. Simplemente que no se podía utilizar fondos federales en esa región y tuvimos que cubrirlo con fondos estatales.

siguen los traqueteos
Linda Ramos, intercesora entre los padres de estudiantes de Educación Especial y la agencia, anticipó que vendrán más investigaciones, porque los traqueteos con esos fondos son notables.

Indicó que, a través de los facilitadores, está llegando información de que se podrían estar usando nombres de estudiantes fallecidos por muerte natural para hacer compras para alguien que, evidentemente, ya no existe.

“Ya va empezar a fluir información sobre esto. Nos está llegando la información de las escuelas. Hay casos donde han recibido en sus escuelas cheques por becas de transportación que han tenido que devolverlos, porque ese servicio nunca fue solicitado por ese padre y tampoco aparece en el Plan Educativo Individualizado (PLI) de su hijo”, sostuvo.

“Hay un caso en Mayagüez y eso se supone que esté bajo investigación del DE hace más de un año. Sí, porque nosotros devolvimos un cheque que le mandaron a una madre de educación especial”.

La madre, según Ramos, se cuestionó cómo iban a darle un cheque de transportación, “si yo vivo al lado de la escuela y yo nunca he pedido este dinero ni ese servicio”.

Eso sucedió, dijo, en la segunda unidad de Río Cañas, abajo de Mayagüez.

¿Ustedes temen que se repita?

Tengo una mamá que Educación no le paga la beca de su hija hace más de un año, y ayer recibió un cheque por $24. Si el pago es semestral, ¿cómo se tramita esa nómina? ¿Dónde está el otro dinero?

Aprueban medida de Pierluisi

El Comité de lo Jurídico de la Cámara de Representantes federal aprobó el miércoles una medida del comisionado residente Pedro Pierluisi, que busca que el Departamento de Justicia federal establezca programas dirigidos a reclutar, asignar y retener oficiales en zonas de alta incidencia criminal.

La medida fue aprobada a viva voz y sin la objeción de miembro alguno del comité.

“La evidencia sugiere que el reclutamiento y la retención de oficiales federales de ley y orden representa un reto mayor. La lucha por llenar estas posiciones y mantenerlas llenas es particularmente complicada en muchas jurisdicciones que experimentan un alto nivel de asesinatos y crímenes violentos. De hecho, la alta incidencia criminal con frecuencia representa un disuasivo para que los oficiales federales soliciten ser asignados a estas jurisdicciones”, explicó Pierluisi ante el Comité.

Por otro lado, destacó que en Puerto Rico, una jurisdicción con un nivel inaceptable de asesinatos, el Departamento de Justicia y sus componentes tienen vacantes que varían entre un 15 y un 57 por ciento.

En los estados, hay una relación promedio de 36 agentes federales de ley y orden por cada 100 mil habitantes, contrario a Puerto Rico donde hay 31 agentes por la misma cantidad de habitantes.

“Puerto Rico no está sólo en este escenario. Louisiana, Maryland y Carolina del Sur, los tres, tienen niveles que exceden el promedio nacional de crímenes violentos y todos tienes menos agentes asignados que el promedio a nivel federal”, expresó Pierluisi.

“A la luz de estos retos, sería prudente que el gobierno federal desarrolle un plan comprensivo para reclutar, asignar y retener oficiales en esas jurisdicciones que tienen altos niveles de violencia. El gobierno federal no puede ser pasivo en este asunto”, agregó el comisionado residente.

Durante la vista, varios congresistas, republicanos y demócratas, urgieron a sus colegas a aprobar la medida del comisionado residente, entre estos, el presidente del comité, Lamar Smith (R-Texas), quien manifestó que “el señor Pierluisi siempre está velando por los intereses de Puerto Rico”.

El portavoz demócrata en el Comité, John Conyers (D-Michigan) destacó que Pierluisi “tiene la valentía de señalar los problemas existentes en nuestras comunidades” y Bobby Scott (D-Virginia), agradeció el trabajo del comisionado residente.

Pierluisi radicó la medida en abril pasado, en compañía del congresista Michael Grimm (R-NY), un exagente del Negociado de Investigaciones Federales (FBI), los congresistas José Serrano (D-NY), Eleanor Holmes Norton (D-DC), Madeleine Bordallo (D-GU) y Michael Quigley (D-IL), un ex fiscal auxiliar de distrito.