En venta tierras de lo que fue la base Roosevelt Roads en Ceiba

Antonio R. Gómez / Primera Hora


La Marina de Guerra de Estados Unidos inició los trámites para la venta de sobre 2,000 cuerdas de lo que fue la Base Roosevelt Roads en Ceiba mediante subasta pública, pero el hecho no preocupa al director ejecutivo de la agencia encargada del “redesarrollo” de dicha base, Erwin Kiess.

“Originalmente la Marina iba a vender la totalidad de la base. Ellos en el pasado trataron de subastar y la subasta no prosperó”, recordó el funcionario. Expresó dudas de que en esta ocasión sea diferente.

“Ellos están empezando. Nosotros entendemos que no van a subastar eso”, dijo el titular de la Autoridad para el Redesarrollo de la Base Roosevelt Roads.

Recalcó, no obstante, que recientemente la Autoridad sometió ante la Junta de Planificación el Plan de reúso de terrenos para la base completa y que “contempla las parcelas que ellos van a subastar” .

Eso quiere decir, advirtió, “que el licitador que compita tendría que ajustarse al plan de uso de terrenos y a las zonificaciones”.

La Marina tiene su plan
El anuncio de la venta mediante subasta está acompañado por la Marina con una página electrónica que contiene todos los detalles de la misma.

Allí se informa que la subasta se hará en línea, que se trata de dos parcelas que suman 2,036 acres (2,097 cuerdas) y que se iniciará en el otoño del 2011.

El área en venta, se indica, “cuenta con increíbles atractivos naturales y un considerable inventario de 800 residencias ya existentes y una variedad de edificios comerciales”.

El calendario que se publica en la página indica que la subasta comenzará en noviembre de este año y cerrará en febrero de 2012, cuando se anunciaría el comprador.

Gobierno espera la transferencia
“Estamos esperando recibir las tierras a fines de septiembre”, afirmó Kiess. “Lo que nos van a transferir a nosotros es el área que está cerca del muelle. Son sobre 1,300 acres. Lo que van a llevar a subasta pública no es parte de lo que van a transferir”, indicó.

Explicó que, hasta ahora, se transfirieron al Gobierno de Puerto Rico el hospital que tenía la base, los 1,646 acres que “configuran el aeropuerto”, un campo para uso de la Guardia Nacional y la reserva de ejercito, sobre 3,000 acres al Departamento de Recursos Naturales para conservación y otros 141 acres que pasaron al Municipio de Ceiba y que es donde está la playa Los Machos.

“Estamos en negociaciones con la Marina. Existe la posibilidad de que el Gobierno (de Puerto Rico) pueda obtener esos terrenos”, afirmó en referencia a los que el Gobierno federal está subastando.

“Cada parcela tiene un tipo de desarrollo distinto. Aquí el valor del reúso de la base es el de la sinergia que tengan estos componentes”, recalcó Kiess al insistir en que la venta por parte de la Marina no debe tener efecto adverso en los planes del Gobierno.

“Nosotros entendemos que no debe dificultar. Eso es parte del proceso y lo han hecho en otras bases”, dijo.

El plan del Gobierno
“Nosotros lo que hicimos fue que cogimos el plan de reúso del 2004, que estaba basado 14.1 millones de pies cuadrados para industrias, y le hemos dado un giro más turístico y comercial y menos residencial”, explicó el funcionario.

El plan de zonificación que presentó la Autoridad a la Junta de Planificación el pasado 30 de junio divide los 8,600 acres que componen el área de la antigua base en 17 zonas, 12 de las cuales se dedicarán a proyectos turísticos, comerciales, residenciales y recreativos. Otras cuatro serían zonas protegidas y la restante se mantendría bajo jurisdicción del Gobierno federal.

Según expuso en una comunicación reciente el Comisonado Residente en Washington, Pedro Pierluisi, los proyectos que se planifican allí, incluyen “un desarrollo portuario y recreacional, un desarrollo turístico de primera clase, un proyecto eco-turístico que integre El Yunque y sus áreas aledañas, campos de golf con desarrollos residenciales limitados, un campamento de actividades ecológicas que utiliza las tierras del Fideicomiso de Conservación, servicios y comercios relacionados al desarrollo turístico, una zona urbana y comercial que redesarrolla la infraestructura existente de tiendas, bolera, supermercado y hoteles, un área de actividades deportivas y comunitarias, una zona de paradores, un área residencial variada, y una zona acuática recreativa en el área playera que incluye una posible villa pesquera y otras actividades costeras”.

Afirmó que “este proyecto emblemático tiene el potencial de cambiar radicalmente el panorama económico de nuestra Isla y de todo el Caribe”.

El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico estima que el desarrollo programado traerá una inversión de sobre $2,400 millones y debe crear cerca de 24,700 empleos directos durante los 20 a 25 años que tomará completarlo.

Establece como objetivo “atraer inversiones privadas, crear empleos y estimular la economía en los pueblos de Ceiba y Naguabo; las islas municipio de Vieques y Culebra; pero también, en todo Puerto Rico, estableciendo nuevas empresas como la base comercial, así como también proyectos de energía renovable, mediante esfuerzos de conservación en la zona”.

Kiess indicó que ya se iniciaron las gestiones para buscar los inversionistas. “Estamos empezando a hacer presentaciones a desarrolladores. Estamos en el proceso de ir identificando personas y corporaciones para entonces solicitar propuestas específicas. Entendemos que ya durante el segundo semestre del año que viene podamos tener propuestas”, dijo.

Opuesta la Comunidad
La confianza del Gobierno no la comparte la comunidad de Ceiba. Tanto el nuevo plan de reúso de la base como el plan de uso de terrenos fueron impugnados.

En cartas que envió a los oficiales federales a cargo de este proceso, el abogado Ramón Figueroa afirma que ambos documentos carecen de validez porque se radicaron sin las consultas a la comunidad que obliga la ley.

“Entendemos que ni el Supplemental Environmental Assessment, ni el apéndice (addendum) del 2010 al Plan de Reúso, ni el Plan Maestro (de uso de terrenos) del 2011 toman en cuenta de manera apropiada las necesidades de las comunidades vecinas de la instalación para el redesarrollo económico y otros desarrollos, como lo requiere la Ley para el Cierre y Realineamiento de Bases de Defensa de 1999, según enmedada”, afirmó.

Impugnado el plan de redesarrollo de la antigua base Roosevelt Roads

por Antonio R. Gómez

El proceso utilizado por el Gobierno de Puerto Rico para obtener autorización federal a sus planes de redesarrollo de la antigua base Roosevelt Roads fue impugnado ante esas mismas autoridades por representantes de las comunidades vecinas.

El copresidente de la Junta de Restauración Ambiental de lo que era la base, el abogado Ramón David Figueroa, envió sendas cartas a la oficina de Cierre y Realineamiento de Bases de la Marina (BRAC) y al Departamento de Vivienda de Estados Unidos en las que detalla las violaciones de ley en que incurrió el Gobierno.

En su extensa exposición, Figueroa enumera las ocasiones en que la Autoridad para el Redesarrollo de la base obvió los procesos de consulta con las comunidades a los que viene obligada por ley.

“Se está impugnando el proceso por no cumplir con unos requisitos procesales ante la HUD, de hacer disponibles los documentos, llevar a cabo vistas públicas y someter comentarios escritos de la comunidad sobre las enmiendas al plan original”, explicó Figueroa a Primera Hora.

Ante la oficina de BRAC, cuestionó también el proceso seguido por la Autoridad cuando presentó el documento que pretende recoger el impacto ambiental que tendrán los cambios que propone esta administración al proyecto original, así como el documento que contiene esas enmiendas. El plan original de redesarrollo se presentó en el 2004 y ya había sido evaluado por los federales.

“Es importante señalar que la autoridad local para el redesarrollo de Roosevelt Roads nunca ha presentado el addendum (las enmiendas) del 2010 al Plan de Reúso a los residentes de los municipios de Ceiba y Naguabo”, dice Figueroa en su carta a BRAC.

“Esto es contrario a los requisitos de la Ley para el Cierre y Realineamiento de Bases de Defensa de 1999, según enmendada, que dispone que la Autoridad tiene que proveer oportunidad al público para comentar sobre un plan de redesarrollo antes que el mismo se someta al secretario de Defensa y al secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (HUD)”, agrega.

Documentos contradictorios
“Hay contradicciones en lo que ellos explican en el plan maestro (de zonificación o uso de terrenos) y lo que está en el documento ambiental”, explicó Figueroa a Primera Hora.

La diferencia, indicó, está en los desarrollos propuestos y la proyección de concentración urbana que contienen ambos documentos.

En su misiva expresa, además, su preocupación porque “hay documentos de planificación distintos bajo consideración de las autoridades locales y las federales” y explica que “el suplemento o cambio en la evaluación de efecto ambiental presentado por el US Navy BRAC Program está basado en el addendum del 2010 al Plan de Reúso. Mientras, las autoridades locales, particularmente la Junta de Planificación, están evaluando en estos momentos el Plan de Uso de Terrenos del 2011 para la antigua base naval, el cual es totalmente diferente”.

Agrega Figueroa que los distritos zonales que establece el Plan de Uso de Terrenos del 2011 permiten un desarrollo más intensivo y más denso que el que se presentó conceptualmente en el documento que enmienda el Plan de Reúso.

“Por tanto”, reclama, “respetuosamente solicitamos que la Marina de Estados Unidos, mediante un suplemento de efecto ambiental enmendado, analice los impactos ambientales significativos que tendrá el Plan de Uso de Terrenos de 2011 en vez del addendum al Plan de Reúso del 2010”.

Burlada la consulta
En ambas cartas se explica en detalle la forma en que el Gobierno incumplió con los requisitos de ley para que se consulte y se informe a las comunidades vecinas.

“En mayo de 2010, la Autoridad hizo una presentación del documento final del addendum (las enmiendas) del 2010 al Plan de Reúso, donde no se permitieron las preguntas y los comentarios del público. Por tanto, la Autoridad nunca ha presentado oficialmente copias impresas del documento para revisión o comentario público, en violación de la ley”, señala.

“Para hacer las cosas aún peores, agrega, los comentarios, recomendaciones e ideas presentados por los representantes de la comunidad en talleres celebrados en el mes de febrero de 2010 no están siquiera reflejados en los usos proyectados que se incluyen en el addendum del 2010”.

“Respetuosamente solicitamos que el US Navy BRAC Program solicite a la Autoridad que presente ese documento a revisión y comentarios públicos antes que el borrador del suplemento a la evaluación de impacto ambiental se considere final”, dice Figueroa.

En su carta a HUD amplía la denuncia, “este documento no cumple con los estándares legales mínimos que establecen los reglamentos federales. Las disposiciones legales requieren cumplimiento con los procedimientos que son requisitos de ley, y éstos han sido ignorados o incumplidos por la autoridad local para el redesarrollo”, sostiene.

Amenaza Ambiental
“La Autoridad simplemente ha desarrollado un Plan de Uso de Terrenos que no incluye un plan de zonas especiales, ni reglamentación para éstas. Por lo tanto, el suplemento de efectos ambientales (SEA) no puede utilizar esta declaración como medida de mitigación”, afirma en otra parte del documento.

“El desarrollo económico futuro de los municipios de Ceiba y Naguabo no puede estar basado en un documento conceptual como el addendum del 2010 al Plan de Reúso. Necesitamos instrumentos de planificación serios y de calidad que no abran estas tierras para ningún tipo de desarrollo que promueva mayor desparramamiento urbano y más urbanizaciones de acceso controlado, donde el desarrollo económico es mínimo”, advierte.