Nueva ley da más poderes a la policía municipal

30 Julio 2010

Nueva ley da más poderes a la policía municipal
La nueva ley les concede un sinnúmero de atribuciones a los alcaldes y sus cuerpos policiales



Los agentes municipales ya no necesitarán órdenes judiciales para realizar arrestos y podrán hacer investigaciones de delitos como agresiones, robos y escalamientos.Por Ricardo Cortés Chico / rcortes@elnuevodia.com

A simple vista podría verse como nuevos recursos para combatir el crimen en la Isla. No obstante, las facultades otorgadas a los cuerpos policiacos municipales por el gobernador Luis Fortuño, con la firma del Proyecto de la Cámara 2072, lo que podría es complicar más las gestiones contra los delincuentes.

Uno de los problemas principales que se vaticinan con la implantación de esta enmienda a la nueva Ley de la Policía Municipal (Ley 19 del 12 de mayo de 1977) es que se duplicarán los esfuerzos de los cuerpos policiacos, y se confundirán las jurisdicciones entre la Policía Estatal y los municipios.

“Si se inicia una investigación a nivel municipal y crece, y el Estado reclama jurisdicción, un resultado que se podría esperar es que la investigación se dañe. Esto claramente puede afectar el procedimiento de los casos”, expresó Arturo Hernández, presidente del Colegio de Abogados.

Es una posibilidad, aun cuando la propia enmienda establezca que en los casos en controversia prevalecerá la jurisdicción estatal, explicó el profesor de criminología José Raúl Cepeda.

Sin embargo, lo más preocupante es que la enmienda abre el camino a la creación de unidades especializadas en los cuerpos policiacos municipales, similares a la Unidad de Operaciones Tácticas y las Fuerzas Unidas de Rápida Acción.

“Las que se van a crear de seguro que no serán unidades de tránsito. Probablemente sean fuerzas de choque o tácticas. Es una forma más de intimidar al pueblo... Esto pudiera ser una ley bien intencionada pero muy mal pensada”, opinó el ex superintendente Miguel Pereira.

El presidente del Colegio de Abogados señaló que teóricamente podríamos terminar con 78 unidades de operaciones tácticas en los municipios y una a nivel estatal.

“¿En un acto multitudinario quién tendrá el control de todos los agentes, o estará dividido entre los estatales y los municipales?”, cuestionó Hernández.

Fortuño, durante la ceremonia en que anunció la firma de la enmienda, señaló que “aunque está facultado (para los municipios) para establecer la división que quieran” probablemente ningún ayuntamiento quiera establecer una unidad de operaciones tácticas.

El Gobernador defendió la ley diciendo que “marcará un nuevo hito en la historia de la autonomía municipal y representa una contribución concreta del Gobierno en la búsqueda de soluciones para prevenir la incidencia delictiva en Puerto Rico”.

Con esta ley y sus enmiendas, los cuerpos policiacos municipales están facultados para investigar casos de violencia doméstica, acecho, escalamiento, agresión, apropiación ilegal, sustancias controladas y delitos menos graves.

El estatuto establece que los agentes municipales no podrán tener encubiertos ni intervenir en conflictos huelgarios u obrero patronales. La enmienda, además, extiende la protección legal de la cual gozan los agentes estatales a los municipios.

Esta protección, según el ex superintendente Pereira, es limitada ya que los municipios comoquiera son responsables de las acciones de sus empleados, por lo que asumen el riesgo económico de ser demandados por acciones indebidas de los agentes municipales.

Según el presidente de la Comisión de Derechos Civiles, José Irizarry Yordán, quien recordó las críticas hechas contra los uniformados en el motín reciente en el Capitolio, esto se evita con buenos entrenamientos de los oficiales.

Pereira anticipó aumentos en los costos de entrenamientos para los municipios.

Cepeda, por su parte, comentó que con “la politiquería” que en ocasiones se observa en los municipios resultan peligrosos los poderes que se les conceden a los alcaldes.

De hecho, el presidente del Colegio de Abogados señaló que los poderes sobre la Policía sólo recaen sobre el gobernador según la constitución. “Esto al fin del camino podría traer algún cuestionamiento constitucional”, dijo Hernández.

Los expertos consultados coincidieron en que esta iniciativa no adelanta la lucha contra el crimen en la Isla.

“Si intentamos resolver el problema del crimen con más de lo mismo, no esperemos que haya resultados porque no se van a resolver los problemas”, dijo Irizarry Yordán.

El proyecto que ayer se convirtió en ley fue aprobado por la Legislatura durante los días en que expulsaron a la prensa del Capitolio, y fue firmado por la presidenta cameral y el presidente senatorial el día que se produjo el motín frente al Capitolio.